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“Dar permisos por más de 15 años es una forma de privatizar el agua”

El abogado Luis González aplaude que en la Asamblea Legislativa se haya retomado la discusión sobre la Ley General de Aguas.  Lo considera un logro de las organizaciones sociales ya que, según dice, ni el agua, ni el medio ambiente han sido "una prioridad del Gobierno”.  En esta entrevista, González habla del proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Nayib Bukele y advierte los puntos que considera peligrosos. Dice que la ausencia de la contraloría ciudadana es la principal falencia. También señala como peligro "la conformación presidencialista del ente rector" y que se otorguen permisos por 15 años prorrogables. Este último, dice,  abriría la puerta a la privatización del agua. 

 
 

Luis González es abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) desde hace 15 años. Desde que empezó a trabajar formó parte del equipo jurídico al que se le encomendó trabajar en una propuesta de Ley General de Aguas. Colaboró en la creación de la primera iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa el 22 de marzo de 2006 por Cáritas de El Salvador y la UNES.   

Ha leído la propuesta presentada por el Gobierno de Nayib Bukele y dice algunas medidas pueden poner en riesgo el acceso al agua. Lanza una alerta muy explicíta: teme una privatización disfrazada de política pública. González señala del riesgo de que empresas o sectores abusen del agua.

Al hablar de esta ley hay que contextualizar: ni Arena ni FMLN se pusieron de acuerdo en las distintas iniciativas presentadas y la propuesta  de distintas organizaciones de la sociedad civil estuvo estancada por más de 10 años. El debate transcurrió por 3 legislaturas: 2012-2015, la 2015-2018 y la 2018-2021. Fue en esta última, cuando ya no tenían poder, que Arena y FMLN avanzaron en la aprobación de 111 artículos de los 160.“Hay fuertes sectores económicos que no les interesa que se apruebe una ley general de agua”, dice  González.La ausencia de una ley ha beneficiado a explotadores de agua, añade, ya que la falta de regulación impide que el Estado exija pagar lo que vale o simplemente pagar por ella.   

En la discusión de 9 años, se había tomado en cuenta lo propuesto por las organizaciones, aglutinadas desde 2018 como Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. Sin embargo, con la nueva Asamblea Legislativa, la Comisión de Medio Ambiente optó por enviar al archivo esa, como muchas otras propuestas en debate. “Lo cual sin duda es lamentable. Había propuestas buenas, como muy malas, pero también había otros temas importantes: ley de cambio climático, reformas a la ley forestal, revisión de agrotóxicos”, concluye. 

El 18 de junio pasado, el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa su propuesta de ley. El presidente Nayib Bukele dio 90 días para que el Legislativo los discuta y apruebe. Para esta entrevista, González se basa en un documento con 164 artículos que fue compartido ese mismo día de forma extraoficial. Este texto habla de una Autoridad Salvadoreña del Agua conformada por 11 instituciones del gobierno, pero sin la participación y contraloría de la ciudadanía.  "No es garantía de que su gestión será netamente pública", advierte. “¿Cómo vamos a poder monitorear que alguien a quien le den un permiso por 15 años para extraer más de 470 mil metros cúbicos (más de 473 millones de litros al año) no saca más? Eso no se puede garantizar. Si quitamos los órganos de participación ciudadana y de control, otro peligro de la ley es esto”, cuestiona. 

Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), insiste en que la participación y contraloría ciudadana no puede dejarse de lado en ninguna ley de agua que se apruebe. Para él, las juntas comunitarias de agua, por ejemplo, son imprescindibles. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), insiste en que la participación y contraloría ciudadana no puede dejarse de lado en ninguna ley de agua que se apruebe. Para él, las juntas comunitarias de agua, por ejemplo, son imprescindibles. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

¿Qué está discutiendo la Asamblea Legislativa? 

Cualquier ley que se discuta y se aprueba tiene que contener por lo menos cinco elementos infaltables para que sea una buena propuesta: el agua como bien público, que no debe ser sujeto a privatización, que la gestión del agua tiene que ser pública, con participación ciudadana, la gestión de cuencas. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento al derecho humano al agua y un régimen, financiero, justo y equitativo. El presidente de la República presentó una propuesta de ley que, como movimiento, consideramos, no reúne estas características, y que por tanto sería una propuesta perjudicial para la población.  

¿Es decir que los cinco puntos no negociables para las organizaciones de la sociedad civil no están presentes en la ley propuesta?

Están presentes de manera superficial, pero no se desarrollan y te voy a poner ejemplos concretos: la gestión pública con participación ciudadana. Si bien es cierto, y hay que reconocer, que la junta directiva del ente rector es pública, es una estructura centralizada, porque a todos los va a poner el presidente de la República. Desde el presidente la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que en nuestra propuesta era ANA (Autoridad Nacional del Agua), lo pone el presidente. Digamos que son puestos puestos por el presidente y tendrían carácter público, pero el tema de la participación ciudadana, que es como la colita de ese elemento infaltable, se elimina. Al final lo que queremos decir es que haya un espacio, no decisorio, de participación, que pueda dar opinión sobre las decisiones que toma el ente rector. Este espacio debería estar conformado por todos los sectores, y aquí estamos hablando de organizaciones sociales, mujeres, indígenas, juntas de agua, de la academia, incluso de la empresa privada.  Al eliminar la participación ciudadana, se pueden dar abusos. En el sentido de que esta empresa me cae mal, no le doy agua, esta junta de agua no me cae bien, no le doy agua, quiero hacer que quiebre Anda, no le doy agua o le doy muy poca para que cobre muy caro y quebrar a una autónoma. La estructura está hecha para que el presidente de la República decida sobre todo. En la ley de agua está ocurriendo un poco lo que ocurre en El Salvador.

Dentro de la conformación de la ASA, ¿es representativa la voz del único miembro de la sociedad civil? ¿Pesará lo que diga frente a todos los demás miembros?

No, porque ya de por sí, para comenzar, esa persona va a ser puesta por el presidente de la República, entonces, no sabemos a quién va a poner. Y si es una organización que no es representativa, que se la acaban de crear, que no sabe del tema, pues no nos va a representar. Lo otro es que para hacer quórum en las reuniones es de la mitad más uno. Igual y puede ser que no la convoquen, igual se pueden reunir y son seis, que serían solo los públicos; además de eso, el presidente de la ASA tiene voto doble. No necesitan para nada que lleguen las universidades, ni que esté la sociedad civil. 

También vemos al Ministerio de Turismo, la CEL y el Ministerio de Vivienda en el ente rector. ¿Qué implicaciones tendría su participación dentro de la Autoridad?

Hay que decirlo que también son sectores que tienen que ver con el agua. Incluso, en la propuesta original del 2006, se planteaba que al menos la CEL y Obras Públicas fueran parte de la junta directiva del ente rector, y es que hay que plantearlo: la CEL utiliza el agua para producir energía, al menos de las dos formas que tiene. Tiene sentido que forme parte del ente rector. Ahora, en el caso de Turismo, no lo siento tan así. Aunque si nos ponemos a pensar, vinculado al tema del Ministerio de Vivienda, todo el desarrollo urbano necesita agua. En ese sentido, es preocupante, porque sus aportes pueden ser para exigir agua o para permitir agua para esos sectores, más que para protegerla. Muestra de eso es lo que pasa en Valle El Ángel, en Paseo del Prado, en Sierra Verde, en donde se hacen construcciones en urbanizaciones que son de recarga hídrica o que son zonas vulnerables. También, hemos tenido hechos de privatización del agua, sin un marco legal, como lo que ocurrió con un convenio firmado entre Anda y la familia Dueñas para el proyecto urbanístico Valle El Ángel, que también es una forma de privatización, a nuestra lectura, e incluso consideramos que es ilegal, y por eso es que el Foro del Agua presentó un recurso de inconstitucionalidad de este convenio. 

¿Cómo debería ser la estructura del ente rector para que realmente se garantice la contraloría?

La propuesta de ente rector que presentó la Universidad de El Salvador en el 2018 planteaba una estructura interesante: tenés la ANA, que generaban una estructura de contraloría, como a la par. Casi como las juntas de vigilancia de las juntas de agua. Tenés la junta directiva, tenés una junta de vigilancia para la junta directiva. Toda una estructura como un espejo de vigilancia a lo que hacen. Pero, además, en medio estaba este consejo nacional del agua, como un espacio de participación ciudadana para todos los sectores. Esa podría ser una forma, que al final no se incluyó. Aunque esta participación no sea vinculante, con solo tener acceso a las decisiones que se toman, eso ya podría hacer un tipo de control.

Según esta propuesta de ley, habrá acceso a información pública.

Pero, claro, tenemos la actual Ley de Acceso a la Información Pública que no se cumple. Hay muchos aspectos de la ley que están planteados, pero no se dice cómo se van a operativizar. Si lo que van a dejar es que yo lo pida por medio de acceso a la información pública, pero previamente me lo han decretado reservado, ¿de qué me va a servir?  Aquí lo que necesitamos es que toda la información sea pública, toda la información hídrica esté colgada en una web y que la gente sepa: “en cada cuenca hidrográfica hay tanta agua”, “en esas cuencas hay tales usos”. Que la gente pueda decir: “Si aquí hay 100 mil metros cúbicos de agua que se producen en la cuenca y el 70 % de eso se ocupa para riego, para cultivos, y solo queda el 30 % para los demás uso y resulta que para consumo humano doméstico solo queda un 10 % y no alcanza, revisemos los otros usos. Ah, okay, el que más consume es la agricultura: un 70 %. Va, okay. Ah, pues, no, regulemos estos usos y si ya tenemos una cantidad, reduzcámosla a una cantidad que nos permita aumentar el consumo humano doméstico al doble. Ese tipo de análisis debería de ser público para que la gente opine y aporte. En un tema tan delicado como el agua no nos podemos dar el lujo de que las decisiones no puedan ser de alguna manera fiscalizadas, monitoreadas, darle seguimiento por parte de la sociedad civil. 

Si nos vamos al artículo 61, se habla de autorizaciones, pero no dice quiénes tendrán prioridad para el aprovechamiento del agua. ¿Cómo ven esto?

Exactamente, pone a todos en un solo guacal. Y es esto de “yo le puedo dar permiso a alguien que me lo solicite”, pero como yo no tengo estimado lo más importante, le puedo dar permiso a alguien que en realidad no lo necesite. En ese sentido, lo que plantea el artículo 61 es autorizaciones tipo 1 y autorizaciones tipo 2. Estas autorizaciones las va a dar la Autoridad Salvadoreña del Agua, o sea, va a decidir esta junta directiva nombrada por el presidente. Entonces, lo que se plantea es que aquellas autorizaciones tipo 1 son aquellas que van a pedir cantidades superiores a 473,040 metros cúbicos al año (39 mil pipas por año), por un periodo que puede ser renovable. Puede pedir mucho más. Es irresponsable dar autorizaciones para esta cantidad de agua en un país que sufre estrés hídrico, en un país en el que el agua no alcanza para darle de beber a su población, en un país que con el cambio climático tenemos fuertes impactos en nuestros ecosistemas y mantos acuíferos, y con esta cantidad de agua, asumiendo lo que dice la OMS, con lo que se le da en una empresa o una industria con esta ley, se le podría dar de tomar agua a 2 mil 629 familias. Además, dar ese tipo de permisos por más de 15 años es una forma de privatizar el agua.   

¿No se tiene claro de cuánto es el desabastecimiento de agua en la que estamos?

Eso es uno. Pero, en esto de los balances tenemos que saber cuáles son los usos, su demanda y disponibilidad, que va cambiando año con año. Plantear una cantidad de más de 473 mil metros cúbicos para 15 años, cuando tenemos una crisis hídrica, cuando tenemos un cambio climático que ya nos está impactando, es irresponsable. No responde a la crisis, no responde a los usos. Es una locura, para querer ser lo más coloquial en la respuesta.

¿Ustedes, en su propuesta, plantearon o determinaron una cantidad?

Lo que habíamos planteado, primero, es el tema de los usos. Y sí se planteó una cantidad. Se decía que para los sectores era bueno tener una cantidad, pero nosotros habíamos planteado periodos de uno a tres años para los permisos y habíamos hablado cantidades de litros por minuto. Ahora bien, eso probablemente no fue lo mejor, pero ya en la discusión, en la Asamblea Legislativa, en esto de los 112 artículos, lo que se habló y me parecía una propuesta bastante válida en la discusión de la comisión, era crear un transitorio: no se le va a poner la cantidad hasta que sepamos la disponibilidad de agua por cada una de las cuencas y tal vez sepamos cuál es la demanda por cada uno de los usos. 

¿Quiénes son los beneficiados de lograr permisos de grandes proporciones de agua? 

Creo que son los sectores que históricamente se han opuesto a que se apruebe una Ley General de Agua. ¿Cuáles son estos? El sector agroindustrial, principalmente, el productor de caña de azúcar, que son de los que utilizan grandes cantidades de agua. En estudios realizados por UNES, por hectárea de caña de azúcar, se pueden utilizar más de 5 mil metros cúbicos de agua por temporada. En El Salvador, según datos del MAG, hay entre 110 mil, 120 mil; si lo ponemos en hectáreas, digamos que son 100 mil hectáreas. Ahí hay un sector que utilizaría grandes cantidades de agua. Otro es el sector industrial, que utiliza el agua a granel, es decir, las industrias de bebidas carbonatadas, embriagantes o que la venden embotellada también son un sector que acá se va a ver “controlado-beneficiado”, porque también yo creo que estos sectores tampoco están de acuerdo con esta propuesta, porque creo que hay un temor de que no les van a autorizar lo que ellos quieren, o que solo van a autorizar a los que quiera el presidente. En los sectores privados, hay que decirlo, ellos quisieran que no hubiera ley o que hubiera una ley donde ellos fueran parte de la autoridad rectora. 

Aunque no hay una ley, hay prácticas sobre el agua que ya se hacen y que lo que buscarían algunos sectores es legitimarlas. 

Es correcto. Creo que en El Salvador, y lo he planteado en algunas entrevistas, el agua ya está privatizada de hecho. Por ejemplo, empresas que hacen un pozo que usan para extraer agua y hacer bebidas carbonatadas le pagan una cantidad risible a Anda, que no se acopla ni siquiera al monto que se les cobra a las familias. O, por ejemplo, en el caso de las agroindustrias que hacen riego lo que pagan es todavía más risible que lo que pagan las empresas que hacen uso del agua para hacer bebidas carbonatadas. Creería que estos sectores, en este río revuelto, han tenido ganancias y quisieran que las cosas siguieran igual o quisieran de alguna manera ellos definir qué pagar. En el caso de empresas que hacen bebidas carbonatadas, que tienen pozos privados y tienen algún tipo de medidor, ellos reportan la cantidad que consideran a Anda. No es que llegue Anda a verificar la cantidad de metros cúbicos que extrae, sino que mandan un correo y dicen: “bueno, te voy a pagar esta cantidad” y es casi voluntario.   

Nos preocupa que no está desarrollado el tema del control, el tema de las inspectorías. Y si en la actualidad están de hecho, con un permiso que no es monitoreado, ¿qué va a pasar cuando estén de derecho y tampoco se les va a monitorear? Y es que ahí voy a decir dos cosas: no ha existido voluntad política de Estado por regular ni por manejar el tema del agua, pero tampoco hay capacidad para hacerlo. Es decir, los bienes ambientales y su monitoreo no ha sido de la centralidad del funcionamiento del Estado a pesar de la importancia que tiene. 

¿Cuánto más puede soportar este país al hacer uso del agua de esta manera? ¿Hay estudios que indiquen de cuánto tiempo estamos hablando?

Fijate que en los últimos 30 años, todos los ríos de nuestro país han disminuido su caudal, de ahí, todos han ido transportando menos cantidad de agua, parte por el cambio climático que hace una concentración de lluvia; ha disminuido la cantidad de agua que cae en el país en lluvia. Lo demás, esta no se infiltra, todo lo que ya he comentado. Hay proyecciones, sin tomar en cuenta el riesgo climático, que el río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua, duraría, y son reportes de hace 10 años, entre 100 y 160 años. Ahora, esto sin tomar en cuenta el componente climático. Y esto se puede hacer para todos los demás ríos.  

Acá se plantea, con el tema del componente climático, que no se hacen las labores necesarias para que la temperatura a nivel global no sobrepasen esos dos grados que se hablan. Si en algún momento sobrepasa los 4 grados, eso en la región centroamericana podría llegar a ser seis grados y con seis grados nos habremos quedado sin agua y sin comida, por todo el tema del ciclo hídrico, aquí estamos hablando 2050, 2100. Pero, el punto es que cada vez nos está afectando más y aparte estamos tomando decisiones que afectan la sustentabilidad de las cuencas. Por eso es importante que el Ejecutivo, la pensada de la ley, la dé desde un enfoque biocéntrico. La ley no debe ser para el desarrollo económico. Una Ley General de Agua es para proteger el agua en el país, porque no tenemos agua, y porque la que tenemos está sumamente contaminada. Esta ley tiene que tener un enfoque de vida, no un enfoque mercantil.

¿Cómo debe de contemplarse el uso del agua para las comunidades?

Lo ideal es dándole en plenitud a la población el reconocimiento del derecho humano al agua. Cuando uno reconoce el derecho humano al agua o uno parte de que debe garantizar el agua en calidad y cantidad para la población, para una vida digna. Decimos que la OMS plantea que mínimamente debe recibir cada persona 100 litros y que hablamos que por familia deben ser 15 metros cúbicos mensuales (15 mil litros). Garantizar plenamente el derecho humano al agua es eso, primero agua para la gente, agua para la vida, y después para los demás usos si es que alcanza.

 Me lleva a pensar en las condiciones que pueden generarse en el país de aprobarse esta propuesta. ¿Cree que puede abrirse la puerta para una guerra declarada por el agua?

Sin duda, sin duda. La realidad de Bolivia fue similar en 2002 cuando la privatización del agua, es lo que se vive en Chile. El tema del aguacate, en Chile, las cuencas sin agua, los pueblos sin agua, les llevan pipas de otros lados; pero, el agua está ahí, en piscinas para riego de aguacates. La mayoría de esos aguacates se van para Alemania y la gente no tiene agua. En Chile es todavía más radical, porque estas concesiones de agua se heredan entre familiares. Ahí hablan de derecho humano al agua, pero no se garantiza. El derecho humano al agua no debe ser una palabra puesta en la ley, sino que tiene que ser algo que se desarrolle con acciones. De igual manera, para que se privatice el agua no tiene que decir que “el agua se va a privatizar”, sino que en la medida que se dé un permiso, una autorización, una concesión a un ente privado de un bien que es público, común, por larga data, eso es privatizar, sin engañarnos, sin querer darnos casaca entre nosotros y nosotras.


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