La Fiscalía ha puesto en la mira a miembros del FMLN, el partido con el que el presidente Nayib Bukele ingresó a la política primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego como alcalde de San Salvador en 2015. El 22 de julio, acusó a 10 exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes, entre ministros, viceministros, y hasta el vicepresidente de ese entonces, Salvador Sánchez Cerén, de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. La Fiscalía persigue a funcionarios que cobraron sobresueldos de la partida secreta de la Presidencia de la República.
El 22 de julio, a las 5 de la tarde, la exdiputada del FMLN Nidia Díaz denunció que la exministra de salud, Violeta Menjívar y Erlinda Handal, exviceministra de educación ciencia y tecnología, habían sido detenidas por la Policía sin darles ninguna explicación. “Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”, dijo en su cuenta de Twitter.
A las 7 de la noche, un familiar de Menjívar dijo a El Faro que a ella se la llevaron cuando salía de su casa, cerca de Planes de Renderos, en un pick up gris, con placas particulares, y también denunció que no le habían leído ninguna orden administrativa de la Fiscalía con los cargos sino hasta que arribó a la sede de la Policía. A esa hora Mario González, el abogado de la familia, todavía no había podido ingresar a hablar con su cliente. “Solo le dijeron que era un procedimiento rutinario y que la traían para acá. Ya acá le leyeron los derechos”, dijo González a la prensa dos horas después, cuando por fin le permitieron conversar con Menjívar.
Esa misma tarde también fueron arrestados el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores Hidalgo. Los cinco exfuncionarios detenidos ese día fueron exhibidos ante la prensa en la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, sin posibilidad de interactuar con los medios y con las manos esposadas.
A las 7:30 pm, el fiscal de facto Rodolfo Delgado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil presentaron a los cinco exfuncionarios y los acusaron de apropiarse de fondos públicos de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República. “A los exfuncionarios se les atribuyen los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían cometido entre los años 2009-2014”, publicó la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter.
Fuentes fiscales dijeron a El Faro que esta investigación se inició durante la administración del exfiscal Raúl Melara y que antes de su salida estaba a punto de ser presentada, a la espera de unas últimas pericias. Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, controlada completamente por legisladores afines al presidente Nayib Bukele. En esa jornada se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república, sin seguir el debido proceso. Ese mismo día los diputados oficialistas nombraron al nuevo fiscal y a los nuevos magistrados.
En la conferencia, el fiscal de facto Rodolfo Delgado admitió que este caso, denominado “Desfalco”, inició en 2019.
“Desfalco” se ha centrado en funcionarios que recibieron sobresueldos de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República, en la administración 2009-2014. En total, lo dado a conocer en la conferencia de prensa es que a una decena de funcionarios los señalan de sustraer $2.4 millones de la partida secreta. Se trata de una segunda fase del caso “Saqueo Público”, iniciado a mediados de 2018 por la Fiscalía que dirigía Douglas Meléndez y por el que está acusado el expresidente Mauricio Funes del desvío de $351 millones.
En la conferencia, la Fiscalía anunció que entre los acusados está el expresidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de haber obtenido $530,000 de la partida secreta durante su periodo como vicepresidente. A Cáceres lo acusan de haberse enriquecido de forma ilícita por un monto de $210,00; a Calixto Mejía, por $208,000; a Hugo Flores, por $174,000; a Violeta Menjívar por $177,000 y a Erlinda Handal, por $162,000. Anunciaron que van a interponer una difusión roja internacional para capturar a la exviceministra de Medio Ambiente Lina Pohl, por haber recibido $177,000; al exministro de Agricultura y expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez, por $565,000; y al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por $290,000. Un día después, la Fiscalía reveló que han pedido la captura de Manuel Melgar, quien fue ministro de Seguridad, del 1 de junio de 2009 hasta noviembre de 2011.
El Faro reveló hace ocho años la existencia de los sobresueldos, un mecanismo utilizado para ocultar la remuneración real que reciben ministros, viceministros y algunos titulares de instituciones descentralizadas y de autónomas con fondos de la partida secreta de Casa Presidencial, un complemento en efectivo por el cual no pagaron impuesto sobre la renta.
Las capturas suceden un día después de una reunión de una de las comisiones de la Asamblea bukelista que investiga los sobresueldos, una práctica que ha sucedido al menos desde la administración de Armando Calderón Sol (1994-1999). El 21 de julio entrevistaron al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien negó haber recibido sobresueldos. “Yo nunca he recibido sobresueldos. No hicimos nada ilícito”, dijo.
Ese mismo día también recibieron al expresidente Antonio Saca (2004-2009) y al exsecretario privado, Elmer Charlaix (2004-2009) condenados a 10 años de cárcel en 2016 por el desvío de $300 millones de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República. Los dos exfuncionarios salieron de la cárcel de Mariona para asistir a la comisión donde compartieron una lista de funcionarios que recibieron sobresueldos, nombres que desde hace 4 años son de conocimiento público por investigaciones de la prensa y por la investigación de la Fiscalía iniciada en 2016.
'Se debe reconocer que Elías Antonio Saca, se quedó en el país y está afrontando las consecuencias de sus actos. No es posible afirmar lo mismo de otros ex funcionarios que andan huyendo…", dijo la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas el 21 de julio en Twitter. Saca no tuvo otra opción que permanecer en la cárcel; él fue capturado en la madrugada del 30 de octubre de 2016 durante la boda de uno de sus hijos y ha permanecido en prisión desde entonces.
Desde el 21 de julio, el presidente Bukele y diputados de Nuevas Ideas han posicionado en redes sociales el tema de los sobresueldos con el hashtag #Laverdaderalista. La estrategia propagandística parece responder a la divulgación de inicios de julio de la Lista Engel, donde aparecen personajes cercanos a Bukele mencionados como actores corruptos o que con sus acciones han debilitado la democracia y el estado de derecho en El Salvador.
El 1 de julio el Departamento de Estado, de Estados Unidos, incluyó en la Lista Engel al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura Rogelio Rivas y Pablo Anliker. En la misma lista también aparecen Walter Araujo, ex candidato a diputado del partido Nuevas Ideas; los exdiputados Carlos Reyes (Arena) y Sigfrido Reyes (FMLN); el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Wellman; los empresarios Adolfo ‘Fito’ Salume y Enrique Rais; y el exalcalde de La Unión Ezequiel Milla, también del partido Arena pero cercanos al gobierno de Bukele en los últimos meses.
*Con reportes de Gabriela Cáceres
