El mapa actual de la violencia en Guatemala parece un déjà vu. Las tasas de homicidio departamentales más altas en la frontera con Honduras y el noroccidente de El Salvador, y en la costa sur en Escuintla, replican un panorama que lleva repitiéndose desde hace diez años, aunque hay algunas diferencias fundamentales. Si bien el país entero ha vivido una reducción sostenida en sus homicidios desde hace años, estos departamentos se han estancado en números que, por mucho, superan al promedio nacional.
Izabal ha estado en el top cinco de tasas de homicidio departamentales más altas desde al menos 2011, pero nunca fue la más alta del país hasta 2020 —un año atípico, el primero de la pandemia —. Según la Unidad de Análisis del Instituto para la Enseñanza del Desarrollo Sostenible (Iepades), en un cotejo estadístico preliminar, con datos policiales, para julio de 2021, Izabal mantenía la tendencia con una tasa de 43.23 por cada 100,000 habitantes (44.5 el año pasado), que casi triplica la nacional: 16. ¿Por qué es significativo? Porque Izabal, cuya frontera con Honduras llega hasta la Bahía de Omoa, concentra sólo el 3% de la población guatemalteca.
El departamento de Guatemala cumple diez años de no tener la tasa departamental de homicidios más alta. La última vez la tuvo en 2011. Luego desapareció del top cinco y reapareció en 2017. No ha superado el cuarto lugar, aunque el departamento de Guatemala concentra la quinta parte (la mayor concentración) de los 18 millones de habitantes en el país.
En 2020, la tasa de homicidios del departamento de Guatemala bajó al sexto lugar. Fue un año atípico cuando se redujeron los homicidios por las restricciones de movimiento y la disminución temporal de extorsiones en los primeros meses de la pandemia, según las autoridades. “La pandemia bajó las cifras casi a la mitad en el departamento de Guatemala”, dice Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012). No obstante, después de los primeros siete meses de 2021, con una mayor normalización de la economía y del transporte público (el principal blanco de las extorsiones), el departamento de Guatemala solo subió al quinto lugar del nefasto podio.
Pese a la reducción de la tasa de homicidios nacional de 38.6 en 2011 a 15 en el primer año de la pandemia, y a 16 para julio 2021, según Iepades, no ha cambiado una constante: Izabal, Zacapa y Chiquimula en el oriente, y Escuintla en el sur, han estado entre los cinco departamentos más violentos en los últimos diez años. Es llamativo si se considera que esos cuatro departamentos solo concentran el 11.3% de la población nacional.
El impacto de los homicidios en el oriente del país no salta a la vista de inmediato. Se mezcla en el cóctel de violencia que azota a la región. Hace diez años, los departamentos en el suroccidente de Honduras y el noroccidente de El Salvador también tenían tasas altas de homicidio, y colindaban con departamentos de tasas altas en el oriente de Guatemala. Esa característica apuntaba a que las causas de la violencia posiblemente estaban en ambos lados de la frontera, como la captura y extradición de importantes jefes del narcotráfico y la atomización de sus organizaciones, entre otras. Sin embargo, para 2019 y 2020, solo algunos municipios en Honduras y El Salvador que colindan con municipios problemáticos en Izabal, Zacapa y Chiquimula, muestran alzas en la violencia. Además, la tasa solo aumentó levemente en Izabal y se redujo en los otros dos departamentos guatemaltecos.
Un fenómeno multicausal
“Todas las hipótesis [acerca de las razones] parten del supuesto de delincuencia organizada, pero no hay evidencia empírica”, dice Francisco Jiménez Irungaray, analista del Iepades y exministro de Gobernación (2008-2009). “Lo que hay son ciertos comportamientos sociales, permisibilidad hacia la violencia armada para la resolución de conflictos, más caracterizada por condiciones sociales. En ese espacio social, el narcotráfico y otros negocios ilícitos tienen más posibilidad de ejercerse, pero no son en sí la razón [de la violencia]”.
En 2018, Rootman Pérez, entonces jefe de la Secretaría de Política Criminal, el centro de análisis criminal del Ministerio Público (MP), dijo que las organizaciones de sicariato, que se convierten en brazos armados de otras estructuras, también son contratadas para perpetrar asesinatos por venganza y el móvil no necesariamente está vinculado al crimen organizado.
Según Jiménez, la violencia multicausal también depende de otros factores. “En los territorios donde hay ganadería y criminalidad, como en el oriente y en Escuintla, puede haber ganaderos organizados para actuar contra cuatreros que roban ganado, como mecanismos de limpieza social, por ese y otros factores”, dice el exministro. “[El trasfondo] es la utilización de las armas de fuego como un recurso de resolución en la vida cotidiana, y por eso me resisto a ver una sola causa”.
Pérez ofreció un ejemplo del arraigo y uso de las armas de fuego en el oriente del país cuando recordó que, en 2017, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó en el nororiente la cuarta parte de las armas de fuego que incautó a nivel nacional. Incautó la mayor parte del resto en el departamento de Guatemala.
No solo el narco
Jiménez se inclina a creer que la violencia en el oriente del país es multicausal, y no solo obedece al narcotráfico, porque la atención que genera la violencia es perjudicial para el trasiego de droga, porque llama la atención hacia rutas donde los traficantes necesitan mantener un bajo perfil para mover la droga sin problemas. No quiere decir que el narcotráfico no es violento, sino que la violencia que genera se manifiesta más en picos, con eventos esporádicos, y no de forma sostenida.
Los picos o repuntes de violencia ocurren cuando se irrespetan los códigos de conducta a los que responden las organizaciones criminales, según Pérez. A menor repunte de violencia donde hay narcotráfico, mayor equilibrio hay entre las estructuras criminales. Hace tres años, el MP señalaba que había narcotráfico en las fronteras con Honduras y México, pero que había más violencia en el oriente de Guatemala porque allí había grupos más atomizados que en el occidente, y una mayor posibilidad de conflictos. El exsecretario de Política Criminal afirmó que las estructuras en el occidente por lo general no necesitan enviar mensajes de violencia porque sencillamente controlan toda el área.
Una premisa es que la treintena de extraditables por narcotráfico, capturados este año, habrían dejado espacios en disputa. Menocal afirma que esas capturas dejaron estructuras fragmentadas, aun si las integran familiares del extraditado, en varias partes del país, pero no justifican por sí solas el nivel de la violencia, aunque contribuyen a que territorios como el oriente sean convulsos y explosivos. “Hay un empoderamiento de las estructuras criminales donde el crimen organizado controla el territorio en lugar del Estado”, señala el exfuncionario.
Sin embargo, Jiménez afirma que los grupos atomizados ya no siguen la lógica del cacicazgo. Si alguien tiene el control y desaparece (porque le capturaron o asesinaron), la estructura no sufre. El reemplazo está listo. “En un país donde el narcotráfico ha logrado meterse en el Estado para procurarse impunidad, por medio de la corrupción, no necesita de grandes estructuras que se protejan del combate de ese Estado, y eso hace las dinámicas más estables”, dice Jiménez, quien también fue secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala. De hecho, la corrupción en las zonas de narcoactividad es una constante, según el fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría.
En 2018, un funcionario de la Fiscalía de Narcoactividad señaló que, en el oriente del país, como en otras zonas, el narcotráfico y narcomenudeo tenían suficientes contactos en las comisarías y subestaciones para siempre filtrar información acerca de operativos de incautación y captura, e impedir resultados. No decía que todos los policías eran corruptos, pero que había suficientes policías filtrando información para obligarles a hacer operativos solo con unidades policiales de la capital. Notificaban a la policía local hasta el último momento.
El mismo año, el jefe de Operaciones, de la Comisaría en Chiquimula, Yuri Ramírez, había dicho que el departamento estaba limpio de narcotráfico, mientras que el funcionario de la fiscalía decía que Chiquimula era el principal punto de entrada terrestre de la cocaína transportada desde Sudamérica. Ese año, la cantidad de cocaína incautada en ese departamento no sumó ni un kilo. La fiscalía lo atribuía a la corrupción y a que Chiquimula solo era un lugar de tránsito para la droga.
Pérez dijo que un fuerte obstáculo es que la región—Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Izabal, y Chiquimula, con su doble frontera—es un lugar de paso para la droga transportada hacia Estados Unidos.
El exviceministro de Asuntos Antinarcóticos, Oscar Dávila, afirmó en 2017 que Chiquimula era el departamento con mayor conflictividad por narcotráfico en el oriente. Sin embargo, en Chiquimula, la PNC y el MP afirman que los conflictos de tierras y las venganzas personales figuran entre los principales móviles de las muertes violentas. Pérez disiente porque el tipo de arma utilizada en la mayoría de los casos y las cifras no respaldan esa conclusión.
“En Chiquimula, las muertes por la disputa de territorio, venganzas entre familias por terrenos, linderos, o usurpación, están asociadas a armas blancas”, afirma. No obstante, la mayoría de las muertes violentas involucra armas de fuego: pistolas o revólveres, o munición de perdigón (de escopetas o rifles), pero no hay un registro estadístico al respecto, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Un catedrático de Conflictividad Agraria en el Centro Universitario de Nororiente (Cunori), en Chiquimula, Carlos Humberto Ramírez, señala que las muertes por problemas de tierras no superan el 30%, lo cual coloca un gran signo de interrogación sobre el móvil del 70% restante.
También existe un tipo de muertes invisibilizadas: las que comienzan con una desaparición. En 2016, un analista de la Unidad de Análisis Criminal del MP dijo que sospechaba que en Chiquimula había un subregistro de homicidios, porque se tenía información extraoficial de que los narcotraficantes hacían desaparecer a sus víctimas.
Repuntes de violencia
Entre los eventos de violencia en la zona destacan el asesinato de Juan o “Juancho” León, a manos de los Zetas, en marzo de 2008, en Zacapa, una refriega en la que murieron otras diez personas. Supuestamente había sido una venganza por el robo de un cargamento de droga y el asesinato de dos Zetas en Honduras. Otros casos ocurrieron en Izabal y Zacapa en julio de 2017: dos personas incineradas en un vehículo en Morales, Izabal; el hallazgo de tres cadáveres junto a una camioneta agrícola con placas hondureñas, restos que fueron llevados a Honduras por hombres armados antes de que la PNC y el MP llegaran a la escena del crimen; un sujeto acribillado frente a una escuela y la mirada atónita de docenas de niños en Zacapa, y otro baleado sobre la carretera principal en el mismo departamento. Todo, en espacio de tres semanas. Ningún pronunciamiento oficial vinculó estos hechos con el narcotráfico, aunque Pérez señaló que este tipo de muertes tienen rasgos de la criminalidad organizada.
Hechos como los anteriores se repiten con el paso de los años. En marzo de 2021 hubo una balacera en plena carretera en Gualán, Zacapa, que acabó con dos personas muertas, una de ellas, un hondureño. No se confirmó si era guardaespaldas o agresor de la persona blanco del ataque: Ronald Salvador Orellana, quien en un proceso en 2014 fue vinculado con un asesinato en Chiquimula, pero no fue acusado formalmente. Orellana tenía protección policial. Consultado al respecto, un vocero de la PNC, Jorge Aguilar, indicó que la protección obedecía a que había recibido amenazas del crimen organizado. No explicó más.
En 2017, el primero de tres años consecutivos en que Zacapa tuvo la mayor tasa de homicidios por departamento, aunque solo tiene el 1.4% de la población nacional, el MP confirmó que las tasas departamentales en el oriente estaban entre las más altas “porque perduraba la dinámica de matar por disputa de territorio, ajustes de cuentas, y los rasgos de criminalidad de diferentes grupos en la región”, dijo Pérez. Este año, el fiscal Alegría asegura que esa fiscalía no registra homicidios relacionados con el narcotráfico en el oriente del país.
El ambiente se torna volátil porque los mercados ilícitos han crecido, como el contrabando de licor y cigarrillos, armas y municiones, según Menocal. El exministro señala que Chiquimula ya se compara con Tecún Umán, San Marcos, frontera con México en el Pacífico, en cuanto a actividad comercial que proviene del contrabando. “A Chiquimula e Izabal llega mucho contrabando de tabaco (cigarros), más que a Tecún Umán, y que provienen de India y África”, asegura. “Son cantidades exorbitantes, y la industria es multimillonaria, por eso hay enfrentamientos entre estructuras de contrabando y otros tipos de trasiego ilícito, que ha crecido bastante en los últimos diez años (en los puertos y fronteras)”.
Perfiles elusivos, promesas de violencia y caos
No hay datos que sustentan que el narcotráfico genera toda la violencia en el oriente. La PNC y el MP no generan cifras de delitos por móvil o perfil de victimario, solo por delito. Entonces, es imposible medir el porcentaje de muertes violentas atribuidas a pandillas, extorsiones, o narcotráfico. Los únicos porcentajes preliminares que produce la PNC indican que menos del 2% de los casos son atribuidos al crimen organizado. Son datos sustentados en el reporte que la policía hace el día del hecho.
En 2011, el entonces presidente Álvaro Colom dijo que el 60% de la violencia homicida provenía del narcotráfico, pero la PNC y el MP carecían de las cifras que sustentaran esa afirmación. Lo mismo ocurrió cuando en 2012 el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirmó que entre el 50% y 60% de los homicidios eran atribuibles a las pandillas (por conflictos entre sí, y por asesinatos por iniciación, o de víctimas de extorsión, o por balas perdidas en refriegas entre pandillas). No había cifras oficiales para sustentarlo.
Una ola delictiva constante apunta a que —en departamentos como Izabal— no hay un grupo dominante. Es un río revuelto con ganancias en delitos de oportunidad. En febrero de 2020, por ejemplo, la prensa reportó seis asaltos en diferentes municipios en Izabal. Uno de los hechos incluía el robo de 50 teléfonos celulares en una agencia bancaria.
La PNC vincula el robo de celulares a las extorsiones, especialmente las que se realizan desde el Centro Preventivo para Hombres en Puerto Barrios, Izabal, a cargo de pandillas y otros grupos de crimen organizado. “En una requisa decomisamos casi 600 chips y 150 celulares”, dijo un investigador policiaco, respecto a la citada cárcel.
En junio pasado, Fidias Nohe De León Orellana, inspector de Dipanda, la unidad contra las extorsiones de la PNC, fue asesinado durante un operativo contra extorsionistas en Puerto Barrios, Izabal. En la balacera, también murió un extorsionista. El jefe de Dipanda, David Boteo, atribuye la violencia en Izabal a un conjunto de delitos, incluyendo la extorsión, igual que en Escuintla. También habla de los robos, particularmente de motocicletas —unas para la venta de repuestos; otras, para su uso en hechos de sicariato—. Reportes de prensa destacan un incremento en delincuencia común en Puerto Barrios y confirman altas cifras de robos de celulares y motocicletas.
Pocas denuncias y justicia por mano propia
Un residente de Izabal, que pidió no ser identificado, dijo que hay poca cultura de denuncia, al menos en cuanto a los robos se refiere. “Prefieren tomar justicia por mano propia porque saben que la policía no actúa rápidamente”, dijo. Algunos de estos casos acaban en homicidios.
Desde hace tres años, Pérez decía que la cultura de hacer justicia por mano propia está muy arraigada en el oriente.
También figura la incidencia delictiva de los puertos. Jiménez menciona que los municipios donde hay puertos marítimos tienden a mostrar mayores índices de crimen, por la fluctuación de comunidades, alta actividad comercial, y delincuencia común. Además, este año, en contraste con 2020 y 2019, se ha registrado una mayor incautación de cocaína transportada por vía marítima hasta el Puerto Quetzal, o zonas vecinas, en Escuintla; o hasta el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal. Sin embargo, se desconoce si las incautaciones tienen relación con la violencia, aunque el fiscal Alegría dice que Escuintla tiene municipios claves para el tránsito internacional de drogas.
En el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el analista Walter Menchú señala que Izabal y Escuintla, contrario a la tendencia, también tienen municipios con tasas de homicidios más altas en relación con la cabecera, que concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del departamento. “Las cifras altas en otros municipios obedecen a otros factores logísticos”, afirma. “Por ejemplo, Morales, Izabal, es un punto logístico importante de oriente con el resto del departamento y la frontera con Honduras; hay una situación similar con Esquipulas, en Chiquimula”.
Un investigador de la PNC sostiene que en Zacapa y Chiquimula no es común escuchar casos de extorsión. Menocal señala que las estructuras fuertes de la Mara Salvatrucha 13 están en Jutiapa y Jalapa, que el narcotráfico emplea solo como lugares de paso. En Escuintla, en la costa sur, la complejidad es mayor. Tiene municipios que son focos de extorsión desde la cárcel Granja Penal Canadá, a manos de viejas estructuras de secuestro que tienen suficientes contactos en la calle para amedrentar y asesinar a sus víctimas.
Boteo afirma que de Escuintla parte una ruta importante que conecta las actividades de la Mara Salvatrucha 13 en ese departamento con Sacatepéquez y Chimaltenango, para extorsiones de transporte público y comercial.
Oportunidad e impunidad
El grupo criminal dominante también se abroga la persecución de cuanto percibe como una amenaza a su concepto de orden social. Entre enero y julio de 2020, de once personas LGBTIQ+ asesinadas en el país, cinco casos ocurrieron en Izabal, según datos de Carlos Romero, secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual y coordinador del Observatorio de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género. La impunidad en estos casos influyó en que los ataques continuaran, según dijo a la prensa Roberto Galindo, miembro de la Asociación Libertad Integral Izabal.
El oriente, en general, es una zona donde la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia también ha registrado altos índices de violencia contra la mujer. En Estanzuela, el MP reporta alta incidencia en casos de violencia intrafamiliar. En 2021, ocurrieron al menos tres casos de universitarias que fueron raptadas y asesinadas en Zacapa. Jiménez subraya que la lógica del uso de las armas de fuego para solucionar conflictos también aparece en casos de violencia contra la mujer.
En junio pasado, cinco hombres fueron acribillados en Teculután, Zacapa, en lo que la policía describió preliminarmente como un “ajuste de cuentas”. Los cinco eran familiares de un sujeto capturado en relación con el secuestro y asesinato en octubre 2020 de una de las universitarias, Litzy Cordón. El capturado era primo de la víctima.
Deudas mortales
Pérez asegura que en el narcomenudeo los consumidores que contraen deudas que no pueden pagar también firman una sentencia de muerte, como los distribuidores o proveedores de droga con cuentas sin saldar.
Un residente de Morales, Izabal, quien prefirió no ser identificado, atribuyó la violencia en ese municipio y en Los Amates a la disputa de rutas entre grupos de narcomenudeo. “Hay distribuidores que quieren acaparar el mercado local, y se pelean por la plaza, entonces de la nada matan a un tuctuquero (conductor de tuc-tuc), y resulta que había quedado debiendo la droga que iba a vender”.
Según el MP, el narcomenudeo prolifera en las rutas del narcotráfico, porque parte del transporte de la droga a gran escala se paga en especie —con kilos de cocaína que se quedan y venden en el mercado local—. “Para el crimen organizado, es más rentable el pago en especie, en droga, y particularmente también con armas”, explica Pérez. Son los ingredientes para que los conflictos por territorios acaben en violencia. A eso, se suman otros problemas.
En 2019, después del asesinato de tres soldados en El Estor, Izabal, la delegada departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Astrid Franco, dijo que el Estado tenía abandonadas a muchas comunidades del departamento, por falta de acceso a servicios básicos y empleo, y ser focos de violencia. Franco se rehusó a opinar acerca del impacto de la violencia en Izabal entre 2020 y 2021, y autoridades municipales de Los Amates y Puerto Barrios no respondieron a solicitudes de entrevistas, aunque el titular de la PDH, Jordán Rodas, observó que las altas tasas de homicidios en el oriente tienen relación con la operación impune de grupos de crimen organizado, desde narcotráfico hasta trata de personas, en el oriente.
Por ejemplo, Chiquimula es uno de los departamentos donde se presentan menos denuncias por trata, aunque Pérez señaló que Esquipulas es un gran foco de trata por la enorme afluencia de población migrante. Mientras tanto, en Zacapa, entre 2020 y febrero pasado, la PNC solo registró una denuncia por trata de personas, pero en julio de este 2021 las autoridades rescataron a nueve niños explotados sexualmente por un sujeto que los ofrecía a turistas extranjeros, y a quien capturaron.
El exsecretario de política criminal explicó que algunas estructuras se dedican al tráfico y trata de personas cuando quieren diversificar su mercado criminal. “Ya no hay exclusividad como antes, sino una diversificación de actividades criminales”, dijo Pérez.
Las tasas de homicidios seguirán expresando cómo los grupos criminales y las autoridades interactúan entre sí, como decía el sociólogo y politólogo Héctor Rosada. Y marcarán la historia de cada departamento. Por ahora, el dato hasta julio pasado sugiere que, en términos de violencia, el segundo año de la pandemia podría ser casi una réplica del 2020. No son buenos augurios. Tampoco son noticia.
