Reformar la constitución ha sido una práctica recurrente de nuestros gobernantes para perpetuarse en el poder. Esta práctica inició en el siglo XIX y se prolonga hasta hoy, y pocas veces, por no decir nunca, el pueblo salvadoreño y la democracia han ganado algo con ello. Todo lo contrario; de esas prácticas se han nutrido el autoritarismo, la corrupción y la intolerancia política. Doroteo Vasconcelos, Gerardo Barrios, Francisco Dueñas, Santiago González, Francisco Menéndez y Maximiliano Hernández Martínez; son algunos de los que usaron ese recurso.
De esa larga lista vale la pena considerar con más detalle a Rafael Zaldívar, que llegó a la presidencia en 1876, en el marco de una revolución que depuso al presidente Andrés Valle y separó a Santiago González del mando del Ejército. Una junta de personas notables reunida en Santa Ana nombró a Zaldívar como presidente provisional con el compromiso de convocar a elecciones. El reacomodo político fue rápido. El 3 de junio se estableció la nueva Asamblea Legislativa y el 19 Zaldívar asumió como presidente constitucional.
A instancias del presidente Zaldívar, en marzo de 1877, la Asamblea Legislativa dio un decreto que mandaba reformar la constitución de 1872. El primer considerando del decreto decía que dicha constitución “no satisface las aspiraciones del pueblo salvadoreño, ni es conforme a los principios republicanos”. Lo primero era cuando menos discutible, lo segundo totalmente absurdo, pues la carta magna del 72 estaba en consonancia con el republicanismo vigente desde 1824. El único artículo del decreto establecía “que es necesaria la revisión y reforma de la Constitución de 1872. En consecuencia publíquese esta resolución para que la próxima legislatura lo considere” (Gaceta Oficial, 02/03/1877: p. 205). Pero la siguiente Asamblea dilató el tema y la iniciativa no prosperó. Zaldívar, sin embargo, insistió en su empeño. En enero de 1879 se retomó el tema de las 'deficiencias' de la Constitución, agregándose otras en el campo de la instrucción pública y el Ejército; la Asamblea autorizó al Ejecutivo para que convocara a una constituyente que reformara la constitución (Diario Oficial, 07/02/1879: p 177).
En realidad, lo que el presidente buscaba era reelegirse, lo cual logró sin mayores problemas. La nueva constitución fue sancionada el 18 de febrero de 1880 y aunque su objetivo principal era la reelección de Zaldívar también incorporaba temas que apuntaban hacia la consolidación del proyecto liberal, con lo cual se reducían los recelos que algunos pudieran tener. Esta fórmula se usó repetidamente en el siglo XIX y en el XX; las reformas constitucionales o la nueva constitución facilitaban la prolongación del ejercicio del poder, pero hacían algunas concesiones a la oposición y al final todos quedaban contentos.
En junio de 1883 Zaldívar y el grupo que lo rodeaba comenzaron a preparar otra jugada. En el Diario Oficial circularon artículos que ensalzaban los méritos del presidente y trabajo en pro del país. Por supuesto, primero pintaban el más negro panorama de los gobiernos anteriores (solo que no los llamaban “los mismos de siempre”, como hoy en día), luego magnificaban los logros de Zaldívar: “Tuvo, puede decirse, que crearlo todo de nuevo, reconstruir el Estado; poner desde las bases hasta la cúspide cuánto existe hoy en la República por él constitucionalmente gobernada”. Y es que se acercaban las elecciones. El articulista lo sabía, y sabía además que Zaldívar trabajaba en ello. “El señor presidente ha invitado a las primeras autoridades y a muchas otras personas notables de los departamentos… con el fin de conferenciar amistosamente sobre asunto tan importante” (Diario Oficial, 13/06/1883: p. 570).
Más de sesenta ciudadanos se reunieron con Zaldívar en Casa Presidencial. Después de “largas deliberaciones” concluyeron que lo mejor era que Zaldívar continuara en el poder y así se lo dijeron. Zaldívar expresó sus agradecimientos pero aclaró: “Yo no exijo ni impongo una candidatura oficial; yo no pretendo ni aún dar dirección al movimiento electoral: mis convicciones y los principios republicanos que profeso, me hacen comprender claramente que toda ingerencia (sic) del poder público en esta materia, es un ataque a la libertad de los electores, sobre la cual descansa la verdadera soberanía de los pueblos.” (Diario Oficial, 16/06/1883: p. 581) Y no obstante las profundas convicciones democráticas y republicanas de Zaldívar, la junta “logró convencerlo” de que se sacrificara por el país y gobernara un periodo más. Poco después comenzó una intensa campaña que trataba de demostrar cuán necesario era que Zaldívar continuara en el gobierno y los peligros que podrían surgir si dejaba la silla presidencial.
En octubre de 1883 se convocó de nuevo a otra constituyente alegando que la Constitución ya no se adaptaba a las necesidades nacionales. Al parecer el país avanzaba demasiado a prisa. La Asamblea decretó la nueva constitución el 8 de diciembre y el 23 se realizaron las elecciones presidenciales. Todavía no se habían dado a conocer los resultados cuando el Diario Oficial decía: 'Ya es un hecho que el señor Dr. Rafael Zaldívar, actual presidente de la República, ha sido elegido por el unánime, entusiasta y numerosísimo voto de sus conciudadanos para regir en el próximo periodo los destinos del Salvador (sic). De todos los departamentos recibimos noticias acerca de la gran animación que ha reinado en los comicios, atestiguando el perfeccionamiento de nuestras costumbres políticas' (Diario Oficial, 27/12/1883: p. 1241). Los resultados de las elecciones fueron contundentes; no podía ser de otra manera, pues la oposición había sido totalmente anulada en los meses previos. Zaldívar escribió orgulloso al General Justo Rufino Barrios para informarle de su victoria. 'En estos momentos he tomado posesión de la República, para el nuevo periodo de 1884 a 1888, habiendo obtenido 62,324 votos, contra 351 divididos entre 26 candidatos. (Leistenscheneider, 1977. Dr. Rafael Zaldívar, Tomo II, p. 15). El uno de febrero de 1884 Zaldívar inició un nuevo periodo presidencial.
Y no obstante que el presidente decía contar con el “unánime, entusiasta y numerosísimo voto de sus conciudadanos” ese año tuvo que reprimir varios levantamientos en su contra. Además, en Guatemala, Justo Rufino Barrios trabajaba por “reunificar a Centroamérica”; llamó al resto de países de la región a unirse a su proyecto sin resultados. El 28 de febrero de 1885 emitió un decreto que forzaba a la reunificación bajo el liderazgo guatemalteco. Zaldívar sometió a discusión de la Asamblea el decreto de Barrios; esta lo rechazó y autorizó al ejecutivo para organizar la resistencia armada. En poco tiempo se movilizó al ejército hacia la frontera. Barrios invadió el 30 de marzo, pero fue muerto el dos de abril en los alrededores de Chalchuapa, con lo que el proyecto unionista se vino abajo. Cuando se supo la muerte de Barrios, la Asamblea de Guatemala pidió la suspensión de las hostilidades y el 19 de abril se firmó un acuerdo de paz.
Sin embargo, las cosas no fueron mucho mejor para Zaldívar. Aunque había salido bien librado en la guerra contra Guatemala, la situación anormal fue aprovechada por sus enemigos para movilizarse en su contra. El general Francisco Menéndez, que junto con un considerable número de salvadoreños había invadido el país en apoyo de las fuerzas de Barrios —supuestamente siguiendo el ideal morazánico de la reunificación— decidió continuar la guerra; esta vez para deponer a Zaldívar. Otros importantes movimientos se habían levantado en el interior. Hubo levantamientos en la región de Zacatecoluca y Nonualco, los indios de Nahuizalco que tenían cuentas pendientes con Zaldívar también se incorporaron a la revolución conducidos por el general Gutiérrez. Los indígenas de Cojutepeque, al mando del general José María Rivas, serían determinantes para el triunfo de los rebeldes. Así las cosas, los días de Zaldívar en el poder estaban contados.
El 21 de abril de 1885 Zaldívar convocó extraordinariamente al cuerpo legislativo para presentar su renuncia. El 14 de mayo llamó al ejercicio de la presidencia al segundo designado, general Fernando Figueroa, argumentando que tenía que ausentarse 'del territorio de la Nación'. Aunque Figueroa intentó controlar la revolución no tuvo éxito. El 19 de junio se firmó un convenio para poner fin al conflicto. Pocos días después Francisco Menéndez tomaba el poder como presidente provisorio. Inmediatamente se comenzó una investigación contra Zaldívar por actos de corrupción. Se estableció que las defraudaciones al Estado alcanzaban casi cuatro millones y medio de pesos, vale decir que el presupuesto de 1886, apenas llegaba a un poco más de dos millones de pesos. El juicio se prolongó por largo tiempo. Pero en 1896 se concedió a Zaldívar una 'amnistía especial y absoluta' por todos los delitos cometidos durante su administración (Diario Oficial, 20/04/1896). La impunidad no es nada nuevo en El Salvador.
Zaldívar es solo uno de muchos presidentes que han reformado constituciones o creado otras nuevas aduciendo que la vigente ya no responde a los nuevos tiempos. Ninguno de ellos reparó que la constitución de los Estados Unidos tiene tantos años y apenas ha necesitado enmiendas. En realidad, la constitución estorbaba sus ambiciones de perpetuarse en el poder. En el siglo XIX, esta situación provocó una especie de círculo vicioso. Desde Francisco Dueñas en 1863, hasta Carlos Ezeta en 1890, los presidentes asaltaron el poder por medio de revoluciones armadas. Todos derribaron al presidente en ejercicio por su pretensión de perpetuarse en el poder, pero todos terminaron haciendo lo mismo. Es claro que el problema no estaba en las constituciones sino en las ambiciones de los gobernantes y en su desprecio al marco constitucional.
Entre 1841 y 1886, El Salvador tuvo 8 constituciones (incluyendo la frustrada de 1885). ¿Cómo se explica esta sobreabundancia de textos constitucionales? ¿Es que, como afirmaban los serviles diputados de Zaldívar, el país avanzaba tan rápido que la Constitución se volvía obsoleta en un par de años? El problema no estaba en las constituciones; de hecho desde la independencia las del país figuraban entre las más progresistas, al menos en lo que a derechos políticos tocaba. Lo que sucedía era que los gobernantes no ajustaban sus actos a sus prédicas de liberalismo y republicanismo. La distancia entre la normativa establecida en la constitución y la práctica política cotidiana era abismal. La forma en que los gobernantes violaban los preceptos constitucionales y las maniobras políticas con las que pretendían disimular tales violaciones rayaban en el cinismo. En resumen, en nuestro país la razón más frecuente para derogar o reformar la constitución ha sido la pretensión del presidente de perpetuarse en el poder.
PD: cualquier parecido con lo que vivimos hoy en día, es pura casualidad histórica.
