La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este martes 31 de agosto reformas de ley que jubilan de manera automática a un tercio de los jueces del país, y a una cantidad no determinada de agentes auxiliares de la Fiscalía General de la República. Las reformas aprobadas con 64 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC obligan a la separación inmediata de los jueces y fiscales que tienen más de 60 años de edad, y de jueces que hayan cumplido 30 años de servicio.
Aunque ninguna parte de los proyectos de ley aprobados menciona la intención de remover jueces ni fiscales corruptos o afinar los mecanismos para detectar esa corrupción, el presidente Nayib Bukele marcó el discurso, que luego repetirían varios diputados, sobre la reforma aprobada por su Asamblea: 'La Asamblea Legislativa ha aprobado la depuración del Sistema Judicial. Que removerá a los jueces corruptos. Ahora, introducen una iniciativa de ley para depurar también a la Fiscalía General de La República. #NoMásJuecesCorruptos #NoMásFiscalesCorruptos', escribió en su cuenta oficial de Facebook durante la plenaria de este martes.
El silogismo oficial, en términos formales, expresaría que los funcionarios corruptos del sistema judicial son los mayores de 60 años o tienen más de 30 años de servicio. Pero en la plenaria no hubo mayor explicación de cómo exactamente la remoción de estos funcionarios ataca la corrupción o si habrá reformas que mejoren los filtros de contratación de fiscales y jueces. En el pleno, los diputados oficialistas aplaudieron de pie las reformas, pero nunca explicitaron por qué significan reducir la corrupción.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General las impulsaron siete diputados de Nuevas Ideas, encabezados por Caleb Navarro y Jorge Castro. Ambos pidieron la incorporación de las piezas de correspondencia durante la sesión plenaria, así como su dispensa de trámite para su aprobación, que ocurrió después de las 7 de la noche. Una vez más, como ocurrió en junio con la ley que legaliza la circulación de la criptomoneda Bitcoin, las reformas se aprobaron sin pasar por el análisis de ninguna comisión previo a llegar al pleno, y tras apenas unas horas de discusión parlamentaria. Los diputados de Arena, FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra.
Aún no está clara la cantidad exacta de operadores de justicia que saldrán afectados. Ningún diputado de Nuevas Ideas dio detalles al respecto. En febrero de 2020, había 690 jueces activos, de acuerdo a información entregada a un ciudadano particular por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema. La resolución está colgada en el sitio de transparencia del Órgano Judicial. El Faro consultó a un magistrado en funciones cuál era la cantidad de jueces mayores de 60 años y respondió que, aproximadamente, era el 35 %. Si asumimos que la cantidad de jueces no ha variado desde el año pasado, la reforma afectaría a unos 240 miembros de la judicatura. Para 2016, la cantidad de jueces con una edad mayor o igual a 55 años era de 257, según información recopilada por el Observatorio Judicial de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Un exmagistrado de la Corte que finalizó sus funciones en 2018 señaló que los afectados podrían rondar los 400.
Entre quienes tendrían que abandonar sus cargos está el juez Jorge Guzmán, a cargo de uno de los juicios por una de las masacres más emblemáticas de la guerra civil salvadoreña: El Mozote, donde casi mil personas fueron asesinadas por el Ejército. El Faro intentó contactarlo pero dijo que prefería no dar declaraciones.
Las reformas aprobadas este martes también incluyen una que autoriza a la corte plena a 'tomar las medidas pertinentes para cubrir las sedes judiciales que queden vacantes', y a 'verificar' que se le dé cumplimiento a lo establecido. Otra reforma habilita a la corte plena a efectuar 'traslados y nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables en las sedes que quedasen vacantes a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado'. En otras palabras, la Corte Plena y el Fiscal General que, desde el 1 de mayo de 2021 responden a Bukele, serán los encargados de llenar las vacantes que dejen los jueces y fiscales cesados. El 1 de mayo los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron a sus sustitutos.
La reforma al artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial establece la prohibición de que se efectúen traslados de jueces mientras no exista un acuerdo de la mayoría de los 15 magistrados de Corte Plena. La reforma también agrega una razón por la cual la Corte podría decidir el traslado de un juez o jueza: 'por la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten'. Anteriormente, lo único que establecía la ley era que la Corte tenía la atribución de hacer traslados y que estos podían ser 'por razones justificadas de conveniencia del servicio'. Es decir, el nuevo criterio para trasladar a un juez a otro juzgado solo depende de que la Corte Plena defina que hay necesidad de hacerlo. 'Jueces a la medida del régimen. Segundo acto, fiscales a la medida', dijo el diputado de Nuestro Tiempo Johnny Wright Sol para criticar las reformas.
Las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, básicamente, replican las modificaciones hechas para los jueces. Se incluye, por ejemplo, que el Fiscal General “por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad que se traten en una determinada unidad organizativa podrá obtener mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal”, según se lee en la reforma al artículo 46. La reforma también incluye la posibilidad de traslado como medida cautelar cuando un agente fiscal esté siendo investigado internamente por el auditor de la institución.
Tanto para jueces y fiscales que sean removidos las reformas establecen que si lo consienten expresamente podrán quedar “en régimen de disponibilidad”, por si la institución requiere de sus servicios más adelante. En ese caso, la institución deberá justificar su reincorporación. Este apartado contradice lo que aseguraron de manera general y ambigua los diputados de Nuevas Ideas como Caleb Navarro y Jorge Castro, quienes dijeron el martes que la destitución de jueces y fiscales mayores de 60 años equivalía 'depurar el sistema judicial' y purgar a 'grupos de jueces' que han tomado decisiones corruptas. Castro dijo que la separación del personal era una manera de 'fortalecer las instituciones' para que no hubiera más corrupción, lo cual es contradictorio si se deja la oportunidad para que alguno de los funcionarios cesados se mantenga en el cargo.
Bukele, por su parte, dedicó decenas de publicaciones en su Twitter a la misma idea y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, lo secundó: “Desde hoy, el Órgano Judicial cambia para siempre. No más jueces corruptos. No más justicia a la medida de grupos de poder”, escribió a las 5:26 de la tarde.
En el texto de las reformas nunca se hace mención al tema de la corrupción. Los considerandos de las leyes reformadas hacen alusión escuetamente a que el Órgano Judicial debe 'modernizarse' y a que la Fiscalía debe regular de manera adecuada 'el ingreso, promoción, traslado y egreso de la carrera fiscal'.
Las reformas ya han sido criticadas por organizaciones como Fusades y Cristosal, así como diversos especialistas en Derecho. Cristosal, mediante un comunicado, recordó que la Constitución establece que las reformas al Órgano Judicial solo son posibles por iniciativa de la Corte Suprema, es decir, que los diputados no tienen atribuciones para hacerlo, como ocurrió este martes. Esa prohibición también ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional. En una sentencia de inconstitucionalidad (6-2016/2-2016) emitida el 9 de febrero de 2018, la Sala declaró inconstitucional la Ley de Probidad que había sido aprobada a iniciativa de diputados pues, al regular materia relativa a la organización del Órgano Judicial, debía haber sido promovida por la Corte Suprema y no por los diputados.
Cristosal también mencionó que las reformas atentan contra el artículo 184 numeral 4 de la Constitución, que garantiza la estabilidad laboral de los jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados de cámaras de segunda instancia.
La directora de Estudios Legales de Fusades, Marjorie de Trigueros, aseguró que estas reformas 'son un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia', según fue citada por Diario El Mundo. “Se trata de un segundo golpe de gran envergadura contra la independencia judicial”, agregó, en referencia a la decisión tomada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado cuando removieron a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General Raúl Melara, y nombraron a sus sustitutos sin seguir el debido proceso.
“El régimen autocrático busca consolidarse [y] eliminar toda posibilidad de justicia independiente. Esta es la oportunidad para que jueces y magistrados se pronuncien contra el golpe del 1 de mayo y desconozcan a los partícipes en el golpe”, opinó el abogado Enrique Anaya, en su cuenta de Twitter.
Cristosal también señaló que las reformas vulneran “a uno de los casos de justicia transicional más importantes del continente en la actualidad”, en referencia al caso judicial de El Mozote que se libra actualmente en un juzgado del oriente del país. “El juez [Jorge] Guzmán tiene a la fecha 61 años (…), el recién aprobado decreto de reformas (…) lo apartaría ‘inmediatamente’ del ejercicio de su función jurisdiccional y del conocimiento del caso”, reza el comunicado de Cristosal.
Un juez que pidió anonimato por temor a represalias dijo a El Faro que las reformas a la carrera judicial son estratégicas para apartar a funcionarios independientes y colocar a juzgadores que resolverán bajo las directrices del partido Nuevas Ideas. Señaló que la reforma será usada por la Corte para trasladar a los jueces que consideran “incómodos” a sedes judiciales de menor rango. Otra fuente judicial, que también pidió no ser citada, cree que las reformas provocarán una ola de renuncias por el temor que han infundido.
Otro juez mencionó que las reformas no estaban basadas en “ningún estudio técnico o científico que indique la disminución de la capacidad para ejercer el cargo por parte de personas mayores de 60 años”, y que las reformas son “la estrategia idónea para controlar casos emblemáticos como El Mozote, quitando a los jueces que llevan los casos y poniendo a otros que favorezcan a la Fuerza Armada”.
*Con reportes de Gabriela Cáceres, Roxana Lazo y Nelson Rauda.
