El viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de alimentos (arroz, azúcar y frijol) del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Los productos, valorados por la Fiscalía en $1,609,087.50, estaban destinados para los afectados por la pandemia de la Covid-19, pero Luna se encargó, junto a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, y un empleado de confianza, de vender los alimentos a un comerciante que tiene antecedentes por contrabando de mercadería.
Los detalles de las negociaciones entre la red de Luna Meza y el comerciante Ismael Oliverio Martínez Arévalo (Apastepeque, 1981) fueron documentados por la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de escuchas telefónicas, documentos oficiales sobre los controles de entrega de los paquetes PES, y seguimientos encubiertos a los picops y furgones usados para el trasiego de alimentos en la Granja Penitenciaria de Santa Ana y en el Centro de Detención Menor (CDM) del penal La Esperanza, conocido como Mariona. El Faro tiene documentos que componen parte de esa investigación (oficios fiscales y respuestas de instituciones de Gobierno, fotos de los furgones saliendo de Mariona y descargando los alimentos en dos locales particulares, hojas de control de bodegas estatales y un resumen de las llamadas telefónicas grabadas por la Fiscalía). Esta información fue contrastada con datos del Registro de Vehículos, del Centro de Documentación Judicial y con entrevistas a empleados de Centros Penales que confirman las irregularidades.
Las escuchas telefónicas comprometen, además, a otros dos altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele que facilitaron la corrupción del programa PES: la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete de Dubón, conocida como María Chichilco; y el exviceministro ad honorem de Gobernación y Desarrollo Territorial y, en ese momento, también coordinador ad honorem del PES, Franklin Alberto Castro Rodríguez. Los fiscales consideraron que ambos funcionarios son “autores directos” del delito de peculado por permitir que Luna se apropiara de bienes del Estado que estaban bajo su administración.
Según documenta la investigación, el 29 de septiembre de 2020, la ministra Chichilco regaló a Luna 500 quintales de arroz comprados con dinero del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Ese mismo día, la Fiscalía grabó llamadas telefónicas en las que Alma Yanira Meza Olivares (San Salvador, 1963), la madre de Luna, negociaba la venta de arroz al por mayor con el comerciante Martínez Arévalo. La Fiscalía determinó que Luna y su madre también cometieron el delito de peculado porque se apropiaron del arroz, el cual nunca llegó a los afectados de la pandemia como inicialmente se prometió.
Un segundo señalamiento de corrupción es el manejo irregular de 80,000 paquetes del PES. Esos alimentos (arroz, maíz, frijol, harina, leche en polvo y aceite) fueron entregados a Luna por Castro Rodríguez, entonces coordinador nacional del PES, para que fueran repartidos a familiares de los privados de libertad. El director de penales, sin embargo, utilizó a privados de libertad en fase de confianza para trasegar los alimentos a sacos sin distintivos del Gobierno. Luego, por medio de un empleado de confianza identificado como Wilfredo Ostorga Hernández (San Salvador, 1966) vendió los alimentos al comerciante Martínez Arévalo, quien llevó dos furgones al CDM de Mariona y a la Granja Penitenciaria de Santa Ana para recoger los alimentos, durante la tarde y la noche del 26 de octubre de 2020, según la investigación fiscal documentó incluso con fotografías. Los furgones descargaron los sacos en un local ubicado entre la 37 calle oriente y 5 avenida norte, cerca de la iglesia La Luz del Mundo, en San Salvador.
Esos alimentos habían sido comprados por el FISDL y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como parte del PES. Como parte de este caso, la Fiscalía pidió al Gobierno una certificación del PES, para determinar quiénes participaban en la distribución, cuáles eran las metas, cuál era el manual de operación y los criterios de reparto, pero el MAG respondió que ese documento nunca existió porque el PES era más bien una etiqueta comunicacional. En mayo de 2020, además, el MAG declaró como información reservada todas las compras durante la pandemia, por un plazo de dos años.
La investigación que compromete a Luna inició en agosto de 2020, durante la gestión del fiscal Raúl Melara, destituido por la Asamblea Legislativa que controla Nuevas Ideas el primero de mayo pasado. El exfiscal formó un equipo que investigaba la negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas y corrupción en compras millonarias durante la pandemia. Los fiscales a cargo de la investigación eran parte del Grupo Especial Antimafia, así bautizado por el exfiscal Germán Arriaza, y lo bautizaron ese expediente como Catedral. Desde hace cuatro meses, El Faro obtuvo, analizó y complementó varios documentos de ese expediente. El equipo de fiscales que investigaba este caso fue desmantelado por Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el oficialismo. Arriaza dejó la Fiscalía. El caso de Luna es solo uno dentro de esta investigación con más alcance.
El 17 de septiembre de 2021, en la mañana, El Faro escribió un correo electrónico al director Luna para solicitarle una entrevista. Al mismo tiempo, se gestionó una entrevista por medio de la unidad de comunicaciones de Centros Penales. A la 01:23 de la tarde, un empleado de esa dependencia solicitó las preguntas para poder gestionar la entrevista. Este periódico respondió que una de sus políticas informativas es no adelantar las preguntas a un entrevistado, pero se le explicó que nos interesaba conversar sobre unas escuchas telefónicas, unas fotografías y unos documentos de la Fiscalía que consignan que Luna vendió, por medio de terceros, granos básicos del PES al margen del Estado. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Aunque Luna no se ha pronunciado sobre la investigación en su contra, públicamente apoya que los delitos de corrupción no prescriban. “Con esta herramienta legal los corruptos estarán tras las rejas”, escribió en su cuenta de Twitter el 27 de julio de 2021, cuando el Gobierno propuso eliminar la prescripción de esos delitos.
El regalo de María Chichilco
Según documenta la investigación fiscal, el 29 de septiembre de 2020, Luna llamó por teléfono a la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, y le pidió que le regalara unos sacos de arroz. Ella prometió verificar cuántos tenía disponibles en bodega. Así quedó grabado en las intervenciones telefónicas que un juez autorizó aquel día.
María Chichilco, en efecto, tenía control sobre alimentos comprados durante la emergencia por la Covid-19. El 20 de abril de 2020, ella, en su calidad de directora del FISDL, firmó un convenio de cooperación para la compra de alimentos con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGDT), en ese momento dirigido por Mario Edgardo Durán Gavidia, actual alcalde de San Salvador.
El FISDL se comprometió en el convenio a erogar fondos de su presupuesto ordinario para comprar maíz blanco, frijol rojo, arroz blanco, aceite comestible, azúcar morena, sal yodada y espagueti. El Ministerio de Gobernación, por su parte, se comprometió a recibir, coordinar y organizar la entrega de las raciones a las familias afectadas.
El 24 de abril de 2020, el FISDL adjudicó el contrato P/013/2020 a la empresa Distribuidora de Alimentos Básicos (DISALI S.A de C.V) por un monto de $973,199.60. DISALI es una de las 16 compañías que, desde abril de 2017, está bajo administración estatal por sospechas de lavado de dinero y defraudación a la Hacienda Pública. DISALI es una empresa relacionada con Adán Salazar y Juan Umaña Samayoa, quienes fueron señalados e investigados como líderes del Cártel de Texis.
El FISDL compró a DISALI 6,925 quintales de arroz blanco por un monto de $346,250; es decir, a 50 dólares cada quintal. El FISDL compró el producto a sobreprecio porque el primero de abril de 2020, el Gobierno fijó el precio del quintal de arroz blanco en 42 dólares. Eso significa que el FISDL pagó ocho dólares más del precio oficial, que suma un sobreprecio total de $55,400.
La empresa DISALI entregó el arroz y los otros productos entre el 12 de mayo y el 23 de junio de 2020. Es decir, para el 29 de septiembre de 2020, cuando Luna llamó a la ministra Chichilco para pedirle arroz, el producto contratado ya estaba en una bodega de Zapotitán, ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera hacia Santa Ana.
Según las escuchas telefónicas de la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2020, la ministra Chichilco acordó regalarle 500 sacos de arroz a Luna. El director de Centros Penales recibió ese producto pese a que no firmó ningún acuerdo de cooperación y la entrega no quedó registrada en los documentos de control de la bodega del FISDL. “Osiris Luna sostuvo comunicación con la ministra María Chichilco, a quien le solicitó que le regalara unos sacos de arroz, comprometiéndose María a verificar cuántos tenía disponibles”, consigna un resumen de las escuchas telefónicas de la Fiscalía en poder de El Faro.
Horas después del acuerdo entre Luna y la ministra Chichilco, el 29 de septiembre de 2020, otro de los teléfonos intervenidos por la Fiscalía se activó. La voz de una mujer ofreció la venta de arroz a potenciales compradores. “Horas más tarde sostuvo comunicación con diversas personas a las cuales les ofreció arroz blanco al por mayor (…) estableciendo contacto con un sujeto que le manifestó que se dedicaba a la venta de granos básicos y que le podía comprar ese y otros productos”, consigna el documento fiscal.
El equipo de fiscales a cargo de la investigación Catedral identificó a aquella mujer como una excandidata a diputada suplente por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido que llevó a Bukele a la Presidencia. Ella se llama Alma Yanira Meza Olivares y es la madre de Luna.
La mamá de Osiris vende el arroz
Alma Yanira Meza Olivares, de 57 años, es abogada. A finales de la década de los noventa fue jefa de la unidad de patrimonio privado de la Fiscalía en la zona metropolitana de San Salvador. Luego, desde el 2003 hasta la actualidad, litigó casos con el bufete Córdova y Asociados, y ha trabajado como apoderada o administradora de empresas dedicadas a la comercialización de bienes raíces, la ingeniería o el préstamo de dinero con garantías hipotecarias.
El 7 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a la señora Meza Olivares como candidata a diputada suplente por GANA. Fue inscrita en la casilla nueve como la suplente de Cristopher Orsini Flores Barrientos, el hijo de un exfiscal de patrimonio que después de las elecciones tuvo problemas con la justicia. En el 2016, el excandidato fue condenado a nueve años de prisión por pertenecer a una banda de robacarros, caso en el que también salió involucrado su padre, el exfiscal Larry Ovidio Flores, quien logró burlar la orden de captura. En el 2017, La Prensa Gráfica reveló que Flores Barrientos intentó comprar, en el 2015, cinco kilos de cocaína a Douglas Ruiz Orantes, un expolicía que trabajaba en el sistema de emergencia 911 en Soyapango y quien fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de droga. La Fiscalía nunca procesó al excandidato de GANA por la negociación de los cinco kilos de cocaína.
Tras el fracaso en las elecciones 2012, la señora Meza Olivares trabajó para compañías de bienes raíces como Cambe, Grupo 503, Grupo Trébol y Rocas, de la cual sigue siendo administradora suplente, según el Registro de Comercio. Y, aunque ella no logró la diputación, uno de sus hijos, Osiris Luna Meza, egresado de derecho de la Universidad Nueva San Salvador, quien también fue “consultor” del bufete Córdova y Asociados, tuvo una carrera política ascendente en los últimos siete años: director de juventud de GANA, empleado de la Asamblea Legislativa y diputado electo en 2018. Un año después, dejó la curul para obtener un doble nombramiento con el Gobierno de Bukele: viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales.
En junio de 2019, al tomar las riendas de Centros Penales, Luna configuró una estructura de poder alterna al organigrama oficial. Es decir, aunque formalmente hay empleados responsables de la contratación de personal y de proveedores, en la práctica quiénes toman esas decisiones son personas que no están contratadas oficialmente por Centros Penales. Testimonios recabados por este periódico y las escuchas telefónicas de la Fiscalía confirman que una de esas personas es su madre. “Ella coordina directamente con personal de Centros Penales”, dice el documento fiscal que resume el caso Catedral.
Otra persona que integra el círculo de confianza del director de penales es Wilfredo Hernández Molina, conocido como Wilfredo Ostorga Molina, un comerciante que en el 2011 fue condenado a pagar $86,186.30 al Citibank, razón por la que tres años más tarde perdió un inmueble en la Hacienda Pasatiempo, en La Libertad. En 2014, año en que el Juzgado de lo Civil de Soyapango ordenó la subasta del inmueble, Ostorga Hernández ya era compañero político de Luna. “Estuvimos participando en el evento de la colonia Málaga organizado por nuestro director de la juventud Osiris Luna Meza, en apoyo a nuestros diputados Guillermo Gallegos, Wilfredo Guevara, Hugo Portillo, Xiomara Callejas, Irving Ortiz”, escribió en su cuenta de Facebook el 14 de diciembre de 2014.
En la campaña de 2018, Ostorga Hernández trabajó para Luna. Una vez que Luna ganó la diputación, Ostorga fue contratado por la Asamblea Legislativa como asistente I, asignado a la fracción de GANA. En un video de la Presidencia de la República, Ostorga Hernández aparece dando indicaciones a un grupo de jóvenes que reparten bolsas de alimentos en unas comunidades (Las Palmeras y Buena Vista). El video fue colgado en la página de Facebook “Nuevas Ideas San Salvador Distritos 2021”, el 26 de mayo de 2020.
En 2019, cuando Luna cambió de trabajo, Ostorga Hernández también: según las escuchas telefónicas, él se presenta como el “director general adjunto” (cargo que no existe en la estructura institucional) y se jacta de ser “hombre de confianza” y “mano derecha” del director de penales. “Ostorga es la persona de confianza de Osiris Luna. Él se presenta como director adjunto, pero ese puesto no existe. Durante algún tiempo estuvo bastante involucrado en el tema de las Tiendas Instituciones. Él tiene un gran poder, da órdenes, y el personal las cumple porque temen ser despedidos si las desobedecen”, cuenta una fuente que conoció de primera mano la influencia de la madre de Luna y de Ostorga en Centros Penales y que habló con El Faro a condición de anonimato por temor a represalias.
Estas dos personas, la señora Meza Olivares y el empleado Ostorga Hernández, tuvieron un rol clave en la venta de los 500 quintales de arroz que el FISDL compró durante la pandemia.
El 29 de septiembre de 2020, la señora Meza Olivares negoció la venta de 500 quintales de arroz con Martínez Arévalo. Según las escuchas telefónicas, ellos acordaron reunirse para el siguiente día en Asados Kelly, un negocio ubicado cerca de la iglesia la Luz del Mundo, sobre la quinta avenida norte, en la colonia Layco de San Salvador, donde le entregaría un anticipo por una cantidad no detallada en la investigación fiscal.
¿Quién es Ismael Oliverio Martínez Arévalo? Él es un motorista de 38 años, propietario de una comercial en Mejicanos llamada “Belén” y quien ha sido procesado dos veces por el delito de contrabando de mercadería. Contrabando de arroz, en específico.
La primera vez ocurrió en julio de 2003, cuando Martínez Arévalo intentó cruzar un punto ciego de la frontera (el desvío Colomoncagua, en el cantón Agua Zarca, en Torola, Morazán) con un furgón cargado con 300 quintales de miga de arroz, supuestamente comprado en Honduras, pero sin la documentación respectiva. Él fue procesado, pero al final un tribunal lo absolvió. Cinco años después, en abril de 2008, Martínez Arévalo volvió a ser procesado por contrabando de 750 quintales de arroz hondureño, pero el caso fracasó de nuevo en el Juzgado de Paz de San Luis Talpa, en La Paz.
Más de una década después de aquellos líos judiciales, Martínez Arévalo sigue en el negocio del arroz. El primero de octubre de 2020, el comprador realizó varios viajes a una de las bodegas de Centro Penales para recibir el arroz que negoció con la mamá de Luna. Los investigadores del caso Catedral no solo tenían intervenidas sus comunicaciones, sino que siguieron y fotografiaron a los camiones en algunos de sus viajes a las bodegas. Eran 500 sacos, pero como usó un camión al que solo le cabían 150 sacos tuvo que realizar más de un viaje. según la fiscalía, el encargado de entregar los sacos fue Ostorga, el empleado de confianza de Luna, quien además recibió el complemento del pago: $9,000.
El trasiego de los 500 sacos de arroz no solo quedó consignado en las escuchas telefónicas. Hay documentos oficiales del Gobierno de Bukele que confirman irregularidades en la bodega del FISDL, en Zapotitán. La Fiscalía revisó, por ejemplo, las órdenes de entrega de los productos y su “waybill” (hoja de transporte) y no encontró ninguna entrega oficial de alimentos para la Dirección General de Centros Penales.
Lo único documentado en la bodega de Zapotitán es que hay un faltante de 597 quintales de arroz. Según el contrato, el FISDL compró 6,925 quintales y, según los documentos, entregó 5,812 quintales, principalmente al Ministerio de Gobernación, durante ocho meses (del 20 de junio de 2020 al 20 de febrero de 2021). Eso significa que, de acuerdo a los documentos oficiales de entrega del FISDL, en la bodega de Zapotitán al 20 de febrero de 2020 debía haber 1,113 quintales de arroz blanco, pero en el informe que la Fiscalía recibió durante ese período el FISDL informó que solo habían 516. “Existe una diferencia de 597 quintales de arroz blanco, los cuales se desconoce el destino que le dieron”, consigna uno de los documentos fiscales consultados por El Faro.
Las escuchas telefónicas de la Fiscalía indican que 500 de los 597 quintales desaparecidos de la bodega del FISDL son los que la ministra Chichilco regaló a Luna el 29 de septiembre de 2020; los cuales fueron negociados posteriormente por la madre del director de Centros Penales. Según la Fiscalía, ella cometió el delito de peculado: “La señora Alma Yanira Meza Olivares, madre del viceministro de justicia, en calidad de cómplice no necesario por ser la tercera beneficiada de la apropiación, la cual se visualiza de forma inequívoca al materializarse la venta de arroz”, consigna un documento fiscal.
El viernes 17 de septiembre, por la tarde, El Faro llamó al celular de Alma Yanira Meza Olivares, quien tomó la llamada. Escuchó atenta cada uno de los detalles de la investigación fiscal en la que ella fue investigada, asintiendo ocasionalmente con un “ajá” y cerró la conversación: “Yo no hablo con periodistas porque tienen línea, así que no pierda su tiempo, siga con su investigación”. Y colgó.
Este periódico también intentó obtener una explicación del FISDL. En el despacho de la ministra Chichilco dijeron que la funcionaria no se encontraba en la institución, pero que al regresar le darían el mensaje. El Faro también llamó al celular de la funcionaria, le dejó un mensaje de voz y otro por WhatsApp, explicando los detalles de la investigación y solicitando una entrevista. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
En el caso del señor Wilfredo Ostorga, El Faro obtuvo su número de teléfono celular, proporcionado por una fuente vinculada a Centros Penales. Se llamó tres veces y en las tres ocasiones la llamada fue colgada después de los primeros timbres. Este periódico también dejó una solicitud de entrevista en su WhatsApp, pero al cierre de esta nota tampoco había respondido.
Los furgones llegan a Mariona
El MAG firmó convenios con 22 instituciones de Gobierno para la distribución de alimentos. Una de estas instituciones fue la Dirección General de Centros Penales, la que recibió 40,313 cestas. Centros Penales guardó 596 cestas en la Granja Penitenciaria de Santa Ana y otras 39,717 en el Centro de Detención Menor de Mariona.
No todos los alimentos entregados a Centros Penales llegaron a su destino. Escuchas telefónicas de la Fiscalía revelan que la red dirigida por Luna se dedicó a vender una parte al mejor postor. El 19 de octubre de 2020, por ejemplo, las autoridades grabaron llamadas entre Luna, su empleado Ostorga y el comerciante Ismael Martínez, en las que acordaron una reunión en la casa de Martínez. Un día después, el 20 de octubre de 2020, las mismas personas se reunieron en las oficinas de Centros Penales y “se desplazaron a los centros penales que estaban fungiendo como bodegas en la Granja Penitenciaria de Santa Ana y en el CDM de Mariona”, consigna el documento fiscal, que hace un resumen de lo escuchado y de los seguimientos.
El trasiego de alimentos ocurrió al siguiente día. El 21 de octubre de 2020, Ostorga coordinó con dos personas solo identificadas por la Fiscalía como “JC” y “Tony” la llegada de dos furgones al CDM de Mariona. El trasiego tuvo un contratiempo porque en ese momento llegaron 25 camiones con distintivos del PES para el traslado de alimentos, pero Ostorga les prohibió el ingreso. Así lo consignó la Fiscalía: “instruyendo Ostorga al personal que no los dejaran entrar y que los mandaran a esperar lejos de ahí”. Los camiones contratados para llevar alimentos a los afectados de la pandemia tuvieron que esperar porque, en ese momento, la prioridad era cargar los furgones de Martínez.
El Faro tiene nueve fotografías que los investigadores tomaron durante el trasiego de alimentos. En una de las fotos, tomada la tarde del 21 de octubre de 2020, un tráiler (cabezal de color rojo y remolque blanco) es captado sobre la calle a Mariona, justo frente al penal, cuando hace una maniobra para ingresar de retroceso. A un costado de la calle hay una pared, coronada con un alambre razor que tiene un rótulo con fondo amarillo y letras negras que indican el lugar exacto donde ingresará el tráiler: “Centro de Detención Menor La Esperanza”.
Tanto en el CDM de Mariona como en la Granja Penitenciaria de Santa Ana, Centros Penales tenía alimentos para los afectados de la pandemia en dos presentaciones: algunos estaban guardados en cajas de cartón y otros en bolsas plásticas de color blanco, ambos con distintivos del PES y del Gobierno. La investigación de la Fiscalía consigna que la red de Luna utilizó a privados de libertad en fase de confianza para trasegar los alimentos hacia sacos que no tuvieran ningún logo del Gobierno. Martínez, el comprador de aquellos alimentos, incluso llevó una máquina para sellar los sacos dentro del penal.
Ostorga no quería dejar ninguna pista de su operación en aquella bodega y, según los investigadores de Catedral, pidió a los empleados “que no hubieran bolsas (con logos del Gobierno) y que barrieran todo bien”. Los furgones salieron de Mariona a las 6:30 de la tarde del 21 de octubre de 2020. A esa hora se registró otra llamada entre Martínez y Ostorga en la que hablaban de dinero. “Expresándole Ostorga que su jefe (Osiris Luna) preguntaba si podía llegar ese mismo día por el pago”, según el documento de la Fiscalía. Martínez respondió que mejor llegara al siguiente día y aprovechó para quejarse de que 3,000 bolsas no llevaban aceite. Ostorga se comprometió a verificar qué había pasado.
Los dos furgones salieron de Mariona y se dirigieron hacia una bodega en la 37 calle oriente y 7 avenida norte, en las cercanías del colegio Marie Paul, en San Salvador. Los investigadores de Catedral fotografiaron la llegada de los furgones a ese lugar. En una de las imágenes está un muro en el que han pintado sobre un fondo blanco: “Colegio Marie Paul Oblatas del Corazón de Jesús” y unos metros más adelante están estacionados los dos furgones. Un segundo local donde descargaron los víveres está ubicado entre la 37 calle oriente y 5 avenida norte, a un costado de la iglesia La Luz del Mundo. El local tiene un portón negro y un muro de ladrillos blancos, tras el cual han colocado unas láminas para que no se pueda observar al interior.
Durante el recorrido desde Mariona hasta la bodega, el comerciante Martínez llamó por teléfono a su hermano Samuel Martínez Arévalo (San Miguel, 1983) y a otra persona solo identificada como “William”, para que preparan la descarga. Samuel fue procesado en el 2003 por contrabando de mercadería. Su detención ocurrió en el cantón Agua Zarca, en Torola, junto a su hermano Ismael, pero ambos fueron absueltos por un Tribunal de Sentencia de Morazán.
En las fotografías es difícil reconocer los números de placas de los vehículos que fueron usados para el trasiego de alimentos. Por el momento, El Faro solo ha logrado documentar que la placa de uno de los tráilers (cabezal rojo y remolque blanco) es la C118-812. Este periódico confirmó en el Registro de Vehículos que esa placa está registrada a nombre de Susana del Carmen Arévalo de Martínez, la madre de los hermanos Martínez. La mañana del 17 de septiembre de 2021, El Faro llamó al teléfono fijo de la familia Martínez, pero una contestadora repetía que el número está fuera de servicio. Además, se intentó contactar por su cuenta de Facebook a Ismael Martínez, pero al cierre de esta nota no había respondido a la solicitud. El Faro visitó, además, las dos bodegas que según el seguimiento de la Fiscalía servían para almacenar los víveres robados, ubicadas ambas cerca de la iglesia La Luz del Mundo. Sin embargo, en la tarde del sábado 18 de septiembre, ambos locales estaban cerrados. Este periódico dejó una carta en la que se explicaba los detalles de esta investigación y se pedía al señor Martínez que se comunicara al celular de uno de los reporteros.
El comerciante Ismael Martínez regresó a Mariona al siguiente día, el 22 de octubre de 2020. Las autoridades grabaron otra llamada telefónica en la que confirmaba que recogería otras 3,080 bolsas de alimentos del programa PES. Y aún le faltaba comprar más.
Los 80,000 paquetes
Los investigadores de Catedral seguían escuchando las conversaciones de Luna. Durante una conversación telefónica del 26 de octubre de 2020, el coordinador nacional del PES, Franklin Castro, prometió a Luna entregarle 80,000 paquetes de alimentos, valorados en tres millones de dólares. En teoría, los alimentos eran para familiares de los privados de libertad. En aquella conversación grabada por la Fiscalía se denota que a Castro no le preocupaba que los alimentos llegaran a los afectados por la pandemia. Al menos, así lo consigna un documento fiscal: Castro dijo a Luna “que hiciera lo que quisiera” con los paquetes. “(Franklin Castro) le daría 80 mil bolsas y que (Osiris Luna) le diera 80 mil nombres y que era cuestión suya lo que iba a hacer con ellas”, remata otra parte del documento.
El exviceministro Castro ahora trabaja en el Plan de Rescate Agropecuario del MAG. El 17 de septiembre de 2021, El Faro intentó contactarlo por dos vías: por medio de un mensaje directo en su cuenta de Twitter y por una gestión de entrevista con la unidad de comunicaciones del MAG. El personal de esa cartera de Estado solicitó a un periodista de este medio que enviara un correo electrónico con la petición. Al cierre de esta nota aún no respondía a ninguna de las dos peticiones de entrevista.
Los paquetes llegaron al CDM de Mariona y ahí algunos privados de libertad en fase de confianza trasegaron los alimentos a sacos sin distintivos del Gobierno. Fue, dicen los documentos oficiales, una noche larga, porque el comprador Ismael Martínez realizó dos viajes a Mariona y uno a la Granja Penitenciaria de Santa Ana. Durante el primer viaje al CDM de Mariona se llevó 20,000 bolsas y, en el segundo, 1,000 bolsas más.
Luego, se movió hacia la Granja Penitenciaria de Santa Ana. Así lo consignaron los fiscales en uno de los documentos: “Desplazándose en horas de la noche Osiris Luna y Wilfredo Ostorga a la Granja Penitenciaria de Santa Ana, lugar en el que en horas de la madrugada llegaron nuevamente Ismael Martínez y su hermano Samuel a cargar los dos trailers de sacos llenos de productos alimenticios propiedad del Estado”. La investigación oficial dice que los hermanos Martínez se llevaron 1,500 sacos de alimentos aquella madrugada. En una de las llamadas grabadas la noche del 26 de octubre de 2020, Martínez dice que le entregará $12,500 a Ostorga, pero hasta el siguiente día.
El 27 de octubre de 2020, el comerciante Ismael Martínez regresó con los furgones a la Granja Penitenciaria de Santa Ana a traer 38,500 botellas de aceite y 15,000 sacos de alimentos más. Esta fue su última visita documentada a aquella bodega.
Al siguiente mes, en noviembre de 2020, el comerciante Ismael Martínez llegó al penal de Mariona tres veces. En todas las ocasiones a llevarse alimentos del PES, según la investigación. La Fiscalía documentó que el 4 de noviembre de 2020, Martínez se llevó 61 quintales de azúcar y 874 sacos de alimentos. El siete de noviembre de 2020 habló por teléfono para recoger unos barriles de aceite, aunque no detalló la cantidad. La última visita a Mariona se reportó el 24 de noviembre de 2020, ocasión en la que se llevó otros 1,394 sacos de alimentos del programa PES.
Un día después del último trasiego de alimentos documentado en el penal de Mariona, el 25 de noviembre de 2020, el coordinador nacional del PES, Franklin Castro, presentó su renuncia ante la Comisión Nacional de Protección Civil. Él argumentó que dejaba ese cargo por “las múltiples responsabilidades” como viceministro de Gobernación ad honorem, especialmente porque en ese momento era el encargado del despacho, ya que el titular, Mario Durán, se había lanzado de lleno a la campaña como candidato a alcalde de San Salvador.
La Fiscalía consideró a Castro “autor directo” del delito de peculado. “El señor Franklin Castro en calidad de Coordinador Nacional PES, en calidad de autor directo, por haber dado ocasión a que otro cometa el hecho de apropiación de bienes que estaban bajo su administración”, reza uno de los documentos elaborados por los fiscales del caso “Catedral”.
El PES de Nuevas Ideas
En los días más duros de la pandemia, el presidente Bukele anunció en Twitter cinco medidas para “proteger el empleo y la economía”. Una de ellas era la entrega de alimentos. Así lo escribió en un hilo de tuits el 24 de abril de 2020: “$50 millones mensuales, mientras dure la pandemia (primero Dios sea poco tiempo), para la adquisición de 1.7 millones de paquetes de alimentos. De hambre, nadie se va morir en El Salvador (…) Serán adquiridos por el gobierno a precio de mayoreo masivo, pero tendrían un valor de mercado de 50 dólares cada uno”.
Un mes antes del anuncio presidencial, el 14 de marzo de 2020, el MAG emitió el acuerdo 127 para comprar alimentos y contratar call centers por un monto de $236,743,461.42. El acuerdo, llamado Programa de Asistencia Alimentaria, sería coordinado con la Secretaría de Comercio e Inversiones y la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Eso no ocurrió así. Las principales compras las realizó el MAG y la distribución se encomendó a otras instituciones de Gobierno. El Gobierno promocionó esa entrega de alimentos como Plan de Emergencia Sanitaria (PES).
Ante publicaciones de los medios de comunicación que detallaban anomalías en las compras, la Fiscalía abrió una investigación y pidió al MAG una certificación del PES. El programa, sin embargo, solo existía en los tuits del presidente Bukele y de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. En el oficio 353/2021, la Fiscalía pidió al MAG que detallara cuáles eran las normas de creación del PES, los manuales, los objetivos, las instituciones participantes y, sobre todo, cómo se ejecutaba y administraba el millonario proyecto. El 8 de febrero de 2021, el MAG, que en ese momento era dirigido por Pablo Anliker respondió lo siguiente: “Este ministerio no cuenta con dicho documento ya que es un proyecto de Casa Presidencial”.
La Fiscalía, entonces, envió un segundo oficio, el 767/2021, dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Esa dependencia tampoco tenía los detalles del PES, razón por lo que trasladó la consulta al MAG. Acorralado por la petición de la Fiscalía y de la Presidencia, el MAG intentó corregir su respuesta: “Este ministerio no cuenta con dicho documento, ya que ese es el nombre con el cual se dio a conocer el proyecto desde la perspectiva comunicacional, en razón que el mismo es una manifestación concreta del Programa de Seguridad Alimentaria”. En otras palabras, el PES era una etiqueta comunicacional.
El Gobierno no escribió las reglas para el funcionamiento óptimo del PES, pero sí nombró a Franklin Castro como coordinador nacional. Él había trabajado como director de Correos y era el viceministro de Gobernación Ad Honorem. Fue nombrado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 5 de octubre de 2020, a propuesta del entonces ministro de Gobernación, Mario Durán. Su función principal era gestionar la entrega “oportuna y efectiva” de las canastas de alimentos a nivel nacional.
Aunque el Gobierno no dejó detalles del PES en documentos, la Fiscalía los obtuvo por medio de las escuchas telefónicas de Catedral: “Durante el transcurso de la intervención se captó que el PES no tiene existencia formal”, consigna un documento fiscal al que El Faro tuvo acceso. El mismo dice que Castro Rodríguez fue nombrado coordinador nacional del PES por “gestión” de Xavi Zablah Bukele, primo del presidente Bukele y presidente del Partido Nuevas Ideas, a quien perfilan como una de las personas al mando del PES, pese a que no tenía un nombramiento oficial. La Fiscalía dice que Zablah Bukele era un “coordinador de hecho” del PES. La otra persona que tenía ese poder de decisión sin un nombramiento oficial era Carolina Recinos, jefa de gabinete, quien también estaba al frente de las millonarias compras del Ministerio de Salud.
Fuentes de Gobierno consultadas por El Faro confirman el protagonismo de Zablah Bukele en la ejecución del programa PES. Empleados de Gobierno, que hablaron a condición de anonimato por temor a ser despedidos, describieron que en las reuniones de gabinete, el primo del presidente participaba de forma virtual en la toma de decisiones, pese a no tener ningún vínculo formal con el Gobierno. El Faro intentó obtener una versión del presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah. “No creo que te quiera dar declaraciones”, respondió Willie Ventura, el jefe de comunicaciones de ese partido en la Asamblea Legislativa.
La entrega de paquetes de alimentos se intensificó entre septiembre 2020 y febrero 2021, en los meses previos a las elecciones. En municipios como Chalchuapa, Panchimalco, San Salvador o Soyapango, algunos candidatos denunciaron el uso electoral de los paquetes a favor de Nuevas Ideas. El 3 de febrero de 2021, tras el cierre de las elecciones, el partido del presidente Bukele tuvo un triunfo arrollador: obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa y ganó 149 de las 262 alcaldías del país.
El 17 de septiembre de 2021, El Faro preguntó a la Fiscalía cómo avanzan las investigaciones por compras irregulares durante la pandemia. “Le comento que según el artículo 76 del Código Procesal Penal, todas las diligencias de investigación son reservadas, por lo que los fiscales no pueden dar información sobre un caso que no haya sido judicializado”, respondió esa institución por medio de la unidad de comunicaciones.
