En El Salvador, por varios periodos gubernamentales, hemos visto que los presidentes todavía no han decidido cuidar la salud y salvar la vida de la mayoría de sus ciudadanas, porque cuando se habla de la mayoría, se trata de mujeres, adolescentes y niñas que viven en situación de pobreza. El tratamiento que El Salvador da a las necesidades de interrupción del embarazo solo las termina condenando, a la cárcel en algunos casos, a la muerte y graves secuelas en otros, y en la mayoría a enfrentar embarazos forzados y maternidades impuestas.
Recientemente hemos leído las declaraciones del presidente Nayib Bukele asegurando que no incluirá reformas constitucionales que abran la posibilidad de despenalizar el aborto, la muerte digna y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta posición reafirma la misma posición penalizadora que desde 1998 predomina en los discursos gubernamentales en nuestro país.
El Salvador sólo trata el aborto desde una perspectiva penalizadora, y con ello crea un delito bastante inútil para enfrentar problemas de salud pública que sólo profundiza las injusticias sociales y económicas con graves consecuencias para la vida de niñas y mujeres. Como el mismo presidente Bukele ha dicho en otras ocasiones, este es un problema que afecta a mujeres pobres, pues las que tienen recursos buscan ayuda en clínicas privadas o en otros países.
Pero la realidad es terca y salta a la vista a pesar de las declaraciones presidenciales que, aunque se transmitan en las modernas redes sociales, en el fondo se parecen mucho, porque obedecen a dictados de una moral religiosa y a la imposición de poderes fácticos que les inhibe a asumir su responsabilidad de analizar los problemas, buscar las mejores soluciones y de actuar en cumplimiento de sus compromisos de garantizar los derechos a la salud y la vida de sus ciudadanas.
Las médicas y médicos del sistema de salud pública pueden dar fe de que en nuestro país siguen ocurriendo muertes maternas evitables, algunas de ellas se habrían salvado si la ley les permitiera interrumpir a tiempo el embarazo. Sus familias, y en algunos casos hijas e hijos que quedaron en la orfandad, sólo sienten el vacío, no tienen adónde acudir, a quien responsabilizar por aquel fallecimiento que pudo evitarse. Pero ocurren en silencio, sin que como sociedad sintamos responsabilidad y empatía ante las consecuencias de la aplicación de una legislación que amarra las manos al personal médico para salvar la vida de sus pacientes.
Basta recordar que hace poco más de ocho años El Salvador y el mundo conocimos a Beatriz, aquella joven que a sus 22 años nos conmovió con su firme petición: “quiero vivir”. Su historia nos permitió ponerle nombre a realidades concretas, cotidianas y silenciadas en la sociedad salvadoreña.
Beatriz vivía con un padecimiento de colagenopatía mixta, en traslape con lupus eritematoso sistémico y nefropatía lúpica. Era su segundo embarazo y el feto fue diagnosticado como anencefálico sin posibilidades de sobrevivencia fuera de su útero. Ella quería vivir y cuidar a su primer hijo, tenía sueños y una fuerte convicción de que su petición sería escuchada por las autoridades del país.
Al menos 15 médicos especialistas del Hospital de Maternidad recomendaron la interrupción de su embrazo por los riesgos a su salud y su vida. Solicitaron autorización para el procedimiento, pero la legislación que penaliza de forma absoluta el aborto en nuestro país se los impidió.
Beatriz no es la única que ha visto deteriorada su salud por una ley intolerante, algunas incluso han perdido la vida. Solo en los primeros siete meses de este año el Ministerio de Salud registra al menos 22 muertes maternas. ¿Cuántas de estas muertes fueron evitables con una interrupción del embarazo a tiempo? Negarse rotundamente a despenalizar el aborto, al menos por causales, es decir a estas mujeres lo poco que importan sus vidas a las instancias públicas, porque aún no han decidido salvarlas.
Apoyar la petición de Beatriz significó una enorme movilización social salvadoreña, la articulación de acciones feministas en diferentes ámbitos y una amplísima cadena de solidaridad internacional. Beatriz interpeló a los tres poderes del Estado, pero no la escucharon. En aquel tiempo, un grupo de mujeres acudió a un acto de inauguración de un puente entre los municipios de Cinquera y Suchitoto, sabían que llegaría el presidente y le dijeron: “presidente Funes, ¿si Beatriz fuera su hija la dejaría morir?” Su respuesta fue evasiva, diciendo que indicaría a la Ministra de Salud que cuidara la salud de Beatriz. La Sala de lo Constitucional de aquella época tampoco se atrevió a responder positivamente el amparo que Beatriz solicitó para que se autorizara a los médicos a realizarle el procedimiento.
Por ello, en aquel momento, fue esperanzador leer el tuit de quien era alcalde Nuevo Cuscatlán.
¿Por qué los 'defensores de la vida' no defienden el derecho de Beatriz a vivir? Talvez son defensores del 'fanatismo', que es diferente.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) April 18, 2013
La realidad de las mujeres no ha cambiado, más bien ha empeorado en estos últimos años. Por ello, nos preguntamos por qué ahora el mismo personaje, siendo presidente del país, responde de una manera contraria, pretendiendo cerrar todas las posibilidades para un cambio de legislación.
Desde 1997 la salud y la vida de las niñas y las mujeres fueron colocadas en segundo o tercer plano al eliminar todas las formas de interrupción del embarazo que no eran punibles desde 1974. Las consecuencias las podemos ver en el aumento de embarazos de niñas y adolescentes. Solo en el primer semestre de 2021 se estima que 6938 niñas y adolescentes resultaron embarazadas, muchas de ellas como resultado de hechos criminales de violencia sexual (38 en promedio cada día), superando así la cifra registrada en el mismo periodo de 2020. Para ellas no hay otra opción que continuar el embarazo y acostumbrarse a vivir una maternidad impuesta.
Las propuestas de reformas constitucionales presentadas por el vicepresidente de la República, si bien no surgieron de un proceso amplio de consulta y construcción de consensos con la ciudadanía, incluían algunos elementos que podrían abrir posibilidades para un debate posterior a nivel penal en torno al aborto y otros derechos que ameritan discusión y soluciones en el país. Sin embargo, el presidente rápidamente adelantó posición cerrando esas posibilidades.
A nivel legislativo, durante el mes de mayo el grupo parlamentario mayoritario decidió, sin ningún debate, consulta o análisis previo, enviar a archivo las iniciativas de reforma de ley presentadas en legislaturas anteriores. No obstante, desde el 28 de septiembre pasado tienen en sus manos la Iniciativa de Ley “Reforma Beatriz”, que sólo es una adición al artículo 133 del Código Penal. No necesita ninguna reforma constitucional para ser aprobada. Esta es una oportunidad para que salden la deuda histórica con las ciudadanas salvadoreñas. Si es cierto que hay independencia de poderes en El Salvador, las y los diputados pueden iniciar un debate serio y científico, basado en análisis de la realidad del país, poniendo los derechos de las niñas, de adolescentes y mujeres en el centro. Hoy pueden hacerlo sin necesidad de consenso con los demás partidos. Queda por verse si, en honor a mantener su supuesta popularidad, deciden ignorar los derechos urgentes de las mujeres.
