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Los criminales de Guatemala asedian a los operadores de justicia
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Los criminales de Guatemala asedian a los operadores de justicia

 
 

Ser juez o fiscal independiente en Guatemala resulta, hoy más que nunca, un oficio de alto riesgo. Que la justicia haya funcionado por una década (2010-2020) generó consecuencias fatídicas para aquellos en la primera línea: la posibilidad de exilio o cárcel para quienes construyeron los casos, para quienes los presentaron en los juzgados y para los jueces que resolvieron sentencias y condenaron a personas importantes que en otros tiempos fueron intocables.

En mi país existe un sistema de jueces llamado “de mayor riesgo”, integrado por quienes tienen vasta experiencia en procesar a criminales peligrosos y poderosos. Son jueces con mejores esquemas de seguridad, con mucha preparación, que gozan de cierta protección dado el nivel de acusados a los que se enfrentan. En la última década han juzgado a expresidentes, dictadores, militares acusados de crímenes de guerra, operadores de la corrupción, entre otros influyentes. Claramente se han ganado enemigos.

La jueza más odiada es Erika Aifán, quien ha llevado casos no solo de poderosos corruptos, sino del llamado G-8, una especie de Grupo Bilderberg guatemalteco integrado por familias patricias y otras que se les pegaron, que dominan al resto del país e influyen en financiar presidentes, en dirigir las políticas públicas, y son propietarios de los monopolios y de grandes extensiones de tierra. Ellos fueron acusados de financiamiento ilícito y, a pesar de las presiones, la jueza no cedió: los procesó y decidió que podrían tener responsabilidad penal.

Aifán, además, juzgó a varios abogados implicados en un caso donde se descubrió cómo se amañó un proceso de elección de cortes. En respuesta, Wilber Castellanos, uno de los magistrados señalado de corrupción y en nombre del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, la denunció por cinco delitos inventándose que se autorizaron diligencias contra magistrados que tenían inmunidad. Contrario a los presentados contra él y el resto de sus secuaces, este caso sí ha avanzado. Esto ha significado un proceso de desaforo, que ya va bastante encaminado, para la jueza, para el cual han nombrado al juez Roaldo Chávez, amigo de Castellanos (el denunciante) y hermano de un exdiputado condenado por corrupción, para que rinda un informe sobre su posible participación en delitos. Este juez debería excusarse por su cercanía con el acusado y por ser miembro de la Junta Directiva de la institución denunciante.

Aifán tiene varios casos más como este y pasa buena parte de su tiempo defendiéndose de acciones espurias.

El otro juez que está en la picota es Pablo Xitumul. Él ha estado a cargo de decenas de casos relevantes entre los que destacan tres: el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien sentenció a 15 años por desfalcar al Estado al comprar una “agua mágica” para limpiar un lago que está muerto; la condena de 80 años para el dictador Efraín Ríos Montt por genocidio, que luego la Corte de Constitucionalidad decidió anular a pedido de la patronal Cacif; y la sentencia contra cinco militares poderosos por la desaparición del joven Marco Antonio Molina Theissen. Dos de estos militares son Manuel Callejas y Benedicto Lucas, ellos fueron dirigentes de la guerra interna en los años 70 y 80, quienes además pertenecieron a estructuras criminales que luego cooptaron las aduanas y diversos negocios ilegales. No fue la primera vez que Xitumul falla en casos contra militares y pandilleros, pero ahora la Corte Suprema de Justicia está a punto de retirarle el derecho de antejuicio por un incidente de tránsito.

En el Ministerio Público, la situación va en la misma línea. Luego de la destitución del fiscal más importante, Juan Francisco Sandoval, se han dado decenas de traslados para desarticular el funcionamiento de fiscalías clave. El cambio más preocupante fue el de la fiscal Hilda Pineda, quien ha liderado investigaciones contra criminales de guerra, incluyendo el caso por genocidio contra Ríos Montt, vinculándose así a la arremetida contra el juez Xitumul. Recientemente salió una acusación contra doce militares de alto rango en un caso llamado Diario Militar, donde se establece la forma de desaparición forzada que se dirigió desde el Estado en la década de los 80. Esto no le gustó a militares cercanos a la fiscal general, cuyo esposo estudió en la escuela militar, y todo indica que le han cobrado a Pineda la osadía de haber hecho su trabajo.

La regresión en la justicia supone una persecución contra la disidencia y una protección de los aliados del régimen de corrupción e impunidad. Esto también supone un acoso judicial de casos montados contra operadores de justicia y expersonal de la CICIG, a quienes los empresarios tradicionales han metido en una lista negra para evitar que sean contratados por diferentes compañías.

De momento, no hay forma de detenerlo a pesar de los pronunciamientos y sanciones de Estados Unidos, incluyendo la sanción contra la misma Fiscal General, quien fue incluida en la Lista Engel. Las movilizaciones sociales han sido insuficientes y el gobierno ha maniobrado en algunas comunidades ofreciendo proyectos a cambio de que dejen de salir a las calles. Hay retos mayores de articulación y de creación de estrategias conjuntas con organizaciones de Centroamérica, así como el apoyo de la fuerza de tarea anticorrupción que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado. El nombramiento Todd Robison, exembajador en Guatemala, como jefe mundial de la agencia de antinarcóticos podría ser un apoyo importante. Él sabe cómo funcionan estas estructuras pues él mismo, por haber apoyado la lucha anticorrupción, fue víctima de lobby pagado por estas élites políticas y económicas que pujan por la persecución contra los operadores de justicia.

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.


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