Chivo S.A de C.V. y Alba Petróleos tienen algo en común: han utilizado como operarios legales y financieros a dos abogados que hoy trabajan para el Gobierno de El Salvador y que están estrechamente vinculados a una empresa familiar que se benefició de los millones de dólares enviados a El Salvador por la petrolera venezolana PDVSA. Un personaje clave en esta historia es Jaime Figueroa, conocido aún como comandante Chepon, dueño de una estación de gasolina que se estrenó como importadora de combustible con un contrato de 80 millones de dólares concedido por el primer Gobierno del FMLN. Hoy, el hijo de este excomandante es uno de los dos administradores de la sociedad anónima detrás de la billetera Chivo, fundamental en la estrategia del Gobierno para promover el uso del Bitcoin. Ellos estuvieron vinculados al FMLN en el pasado reciente y hoy son simpatizantes de Nuevas Ideas.
Óscar Mauricio Figueroa Torres, estudiante de 28 años, es formalmente el segundo al mando de la empresa dueña de la Chivo Wallet. También es director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (Setefe) del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo de confianza que lo convierte en el segundo al mando, después de la canciller, de la gestión de la cooperación internacional que entra al país.
El papá de Óscar es Jaime Mauricio Figueroa Ibarra, conocido socialmente con su seudónimo de guerra: Comandante Chepón. Es reconocido, desde la guerra (1980-1992), como un fiel colaborador de José Luis Merino, uno de los tres hombres más poderosos del FMLN, que gobernó diez años el país (2009-2019).
Entre 2009 y 2010, bajo el primer gobiernos efemelenistas y durante el apogeo del conglomerado Alba Petróleos, dos empresas de la familia Figueroa ganaron 80 millones de dólares en contratos gubernamentales, como importadores de combustible de Rusia, pese a que la familia solo era dueña de una estación de gasolina en Metapán. Inversiones Energéticas (INE), empresa del Grupo CEL (institución autónoma pública), pagó solo 34 millones de dólares debido a incumplimientos del contratista.
El 21 de agosto de 2011, Alba Petróleos solicitó el embargo de los bienes de la empresa dueña de la gasolinera, apenas 11 días después de que fue recibido el último desembolso de INE. No está claro si, tras el embargo, Alba Petróleos se quedó con estos recursos o qué fin tuvieron los 34 millones de dólares. Alba Petróleos, gracias en gran parte a la cooperación venezolana chavista, llegó a acumular activos por 1,132 millones de dólares, pero hasta 2016 reportaba que había concedido más de un centenar de préstamos millonarios. Los auditores advertían sobre la posibilidad de no poder recuperar ese dinero: “La empresa no ha efectuado registro de Provisión por irrecuperabilidad (...) por los Préstamos por Cobrar los que totalizan 522 millones de dólares”. El 1 de junio de 2019, la Fiscalía -dirigida por Raúl Melara- abrió una investigación por lavado de dinero contra Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas.
Uno de los operarios de los negocios de Chepón es el abogado José Mateo Cabrera Escalón. Su nombre aparece en documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que estuvo al centro del escándalo de los Panamá Papers. Mateo Cabrera fue el intermediario que ayudó, entre diciembre de 2009 y junio de 2010, a la familia Figueroa a adquirir una empresa de papel en Panamá y otra en Islas Vírgenes Británicas, con la intención de abrir cuentas bancarias en el exterior. Buscaron mandar los fondos públicos por la importación del combustible a dos paraísos fiscales, pero fueron rechazados por los bancos debido a que Chepón y sus empresas en El Salvador no pasaron las pruebas de los “departamentos de cumplimiento”, que recomendaron no hacer negocios con ellos.
Desde septiembre de 2019, el abogado Mateo Cabrera es asesor jurídico de la Secretaría de Comercio, en Presidencia de la República. En septiembre de 2021, como secretario del Consejo de Administración del Fideicomiso Bitcoin, aprobó el desembolso de $60 millones -fondos públicos- para capitalizar la Chivo Wallet con la compra de bitcoins, según una filtración de actas del Consejo de Administración de Fidebitcoin.
Los documentos sobre las gestiones de Mateo Cabrera para la familia Figueroa en paraísos fiscales son de 2009 y constan en correos, memorandos y documentos de Mossack Fonseca, que muestran que Chepón tenía a Alba Petróleos como el principal cliente de sus empresas en El Salvador. “Nuestro principal cliente en la operación de transporte (de combustible) es la empresa de capital mixto denominada Alba Petróleos S.E.M de C.V, cuya importación de combustibles la realiza desde la petrolera venezolana PDVSA”, dice una carta de Chepón que consta en un trámite del 26 de enero de 2010, para abrir cuentas de banco en Panamá.
Aparte del hijo de Chepón y de Mateo Cabrera, hay otra persona en común entre Alba Petróleos y Chivo. Se trata de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz. Es el director legal y financiero de la Comisión Presidencial de Proyectos Estratégicos de Presidencia de la República y, antes de trabajar para el Gobierno de Bukele, fue representante legal de Las Vistas, una inmobiliaria de Alba Petróleos. En agosto de 2021, Figueroa Cruz hizo el trámite para que la empresa “Inversiones El Salvador No1” pasara a llamarse Chivo. En un correo, Sigfredo Figueroa aseguró que su papel fue el de un 'ejecutor especial, cosa que inicia con trasladar la solicitud de la junta directiva al notario y termina una vez se suscribe la escritura. No tengo ninguna información posterior o anterior a ese hecho. No participo ni directa ni indirectamente en dicha empresa'. Aunque también se apellida Figueroa, Sigfredo no es familiar de Chepón, cuyo apellido es Figueroa Torres.
Aunque la familia Figueroa Torres antes militó en el FMLN, ahora está con Nuevas Ideas. Chepón es hoy líder de un movimiento que hace trabajo territorial para Nuevas Ideas en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Su otro hijo, que se llama como él, Jaime, es gerente de operaciones y logística del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
En 2015, Chepón compitió en el FMLN -sin éxito- como precandidato por una diputación por Ahuachapán. Trabajó en la dirección de desechos sólidos que presta servicios a la Alcaldía de San Salvador, dice su currículum. Ahí coincidió con Raymond Villalta Alfaro, quien fue concejal y subdirector de participación ciudadana en San Salvador cuando Bukele fue alcalde de la capital. Villalta Alfaro es el administrador propietario de Chivo.
En 2018, Villalta Alfaro y Chepón abandonaron el FMLN y actualmente ambos militan en Nuevas Ideas.
El 13 de octubre, El Faro intentó obtener declaraciones de la familia Figueroa y de los operarios legales y financieros. Óscar Figueroa rechazó pronunciarse por teléfono, porque dijo que estaba por entrar a una reunión y colgó. Tampoco respondió mensajes de Whatssap. Chepón no respondió a los correos enviados a las cuentas de su empresa Cotetrans e Infitorr. Los tres teléfonos de sus empresas aparecen como fuera de servicio. El Faro también habló al despacho legal de Mateo Cabrera, pero su asistente respondió que él había dicho que no atendería medios porque iba a una reunión. Sigfredo Figueroa no respondió a los correos enviados por El Faro. Al cierre de esta nota ninguno se comunicó para responder preguntas sobre sus vínculos con Alba Petróleos y con el negocio de criptomonedas impulsado por el Gobierno.
Del Partido Comunista a Nuevas Ideas
Chepón se desligó de su bandera histórica, el FMLN, en un evento del 18 de noviembre de 2018, en el Hotel Holiday Inn: “Somos un movimiento del pueblo y hemos tomado la decisión de apoyar a Nayib Bukele, que lo escuche la cúpula del FMLN”, dijo. Hablaba frente a una audiencia compuesta por líderes del Movimiento para las Transformaciones Sociales (MPTS) y ante la mirada del entonces candidato presidencial, Nayib Bukele. En ese evento, veteranos de la guerrilla - entre los que se encontraba en primera fila María Chichilco- anunciaron su adhesión al trabajo territorial para la campaña de Bukele.
Chepón era uno de los principales jefes militares de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FAL), el brazo armado del Partido Comunista Salvadoreño, una de las cinco organizaciones que se integró al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Durante el conflicto armado (1980-1992), estuvo destacado en la región sur del cerro de Guazapa y fue subordinado del comandante “Ramiro Vásquez”, seudónimo de guerra de José Luis Merino. Aparecen en una fotografía de ambos, en Ciudad Delgado durante la “ofensiva hasta el tope”, la mayor operación militar de la guerrilla en la capital, que duró del 11 de noviembre de 1989 hasta los primeros días de diciembre de ese año.
Eugenio Chicas, un dirigente del FMLN que durante la guerra estuvo en la zona norte del Cerro de Guazapa, recuerda las coordinaciones con la FAL y con Chepón durante los ochenta. “Lo recuerdo como un buen jefe militar, un ejecutivo de tropa muy destacado, agresivo y disciplinado”, contó a El Faro. Chicas considera que la adhesión de Figueroa y de su base de militantes al equipo de Bukele abonó al descalabro del FMLN en occidente en la elección presidencial. “Sí, golpeó al FMLN, porque era una estructura grande en el occidente del país”, añadió.
En 2004, Schafik Handal -el líder histórico del FMLN- comenzó los acercamientos con el venezolano Hugo Chávez para pactar la venta de petróleo a precios preferenciales a las alcaldías gobernadas por el FMLN. Ramiro -según su hoja de vida- fue uno de los fundadores y asesores de los negocios de Alba Petróleos. “Cuando Schafik Handal falleció en 2007, Ramiro tomó el control de los negocios de Alba Petróleos y Chepón formaba parte de su grupo”, relató Eugenio Chicas.
Tras la victoria de 2019, Chepón se convirtió en un líder que mueve a sus bases para apoyar las actividades del Gobierno y del partido Nuevas Ideas. El 9 de febrero de 2020, Figueroa movilizó a su gente al mitin organizado por Bukele en Centro de Gobierno, cuando se tomó la Asamblea Legislativa con el Ejército para presionar por la aprobación de préstamos para el Plan de Control Territorial. Él aparece en fotografías junto con simpatizantes que portan distintivos del MPTS.
En 2020, Chepón tuvo un conflicto con Nuevas Ideas cuando él y su hijo no resultaron seleccionados como candidatos a diputados en las internas virtuales. Sugirió que hubo fraude: “queda demostrado que los candidatos sí los ponen de dedo, solo que esta vez fue disfrazado”, escribió en un comunicado público. A pesar de este choque con el partido, él y su base apoyaron el trabajo territorial para la campaña legislativa y municipal de 2021.
Los negocios con Alba Petróleos y Grupo CEL
En diciembre de 2009, una década antes de ser empleado de Capres y pieza fundamental en el negocio de criptomonedas, José Mateo Cabrera Escalón prestó sus servicios a Chepón para comprar Oilsat Trading Corp (Panamá) y Pentland Worldlink (Islas Vírgenes Británicas), dos empresas de papel creadas con acciones al portador para ocultar la identidad de sus dueños. Con las empresas iban a abrir cuentas de banco para recibir los desembolsos de un contrato con Inversiones Energéticas, una empresa que pertenece al Gobierno de El Salvador.
Cabrera Escalón inició las gestiones el 15 de diciembre de 2009, 13 días después de que la empresa de la familia Figueroa, Compañía de Terracería y Transporte (Cotetrans), fue contratada para proveer combustible a la central eléctrica del Gobierno ubicada en Talnique, departamento de La Libertad.
Los correos muestran gestiones -sin éxito- en St George Bank, Banvivienda Panamá y otros bancos panameños que no son mencionados por sus nombres. “Estimados Colegas, quisiera solicitarles información sobre los avances de la apertura de cuenta, de las sociedades adquiridas por mis clientes, ya que me manifiestan que aún no ha finalizado el trámite”, escribió Mateo Cabrera a Sara Montenegro, abogada de Mossack Fonseca el 8 de enero de 2010.
El 26 de enero de 2010, Chepón envió una carta a Mossack Fonseca para cumplir con los trámites exigidos por los bancos panameños. Se presentó como el representante de Cotetrans y dijo que su empresa necesitaba contar con cuentas bancarias para recibir los desembolsos de un contrato con una empresa del Gobierno de El Salvador. “Nuestra empresa es actual ganadora de un contrato privado con INE S.A de C.V. para abastecer durante 12 meses, el producto denominado FUEL OIL o BUNKER, para la generación térmica de energía eléctrica dentro del país”, explicó.
En la carta, detalla que el combustible que iban a vender a INE provenía de una refinería en Rusia, Gazprom, y que ya habían hecho los trámites con un intermediario, un broker nicaragüense, para que el producto arribara a Nicaragua y luego transportarlo a El Salvador. “Este contrato significa una operación cercana a los US$80 millones, durante un año, que se irá desarrollando mensualmente”, dice la carta.
Días antes, el 21 de enero de 2010, dos ejecutivos panameños intercambiaron correos para conversar sobre la demora. El gerente de la sucursal de Banvivienda, Dominique Alemán, se disculpó con la abogada Sara Montenegro, del bufete Mossack Fonseca, porque el Banco Banvivienda decidió que no abriría cuentas a los clientes salvadoreños, porque la oficina de “Compliance” consideraba que era un “negocio riesgoso”.
“Sara. La verdad que me da muchísima pena, pero como en toda institución financiera, compliance tiene la última palabra, tal como te comenté estoy haciendo esfuerzos pero sé que están super firmes en su posición”, comunicó Alemán a Montenegro. El departamento de Compliance de los bancos funciona como un filtro de potenciales clientes y tiene como propósito que estas entidades financieras conozcan a sus clientes y cumplan con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero. Ese departamento tenía tres observaciones para desconfiar de los clientes salvadoreños de Mossack Fonseca, según el gerente del banco.
El primero tenía que ver con el historial de viajes: “los clientes tienen pasaporte confeccionado en 2009 y solo un sello de viaje marcado en Panamá en diciembre de 2009”. El segundo motivo era la falta de experiencia en la importación de combustible. “Cotretrans, en El Salvador, no tiene el mismo tipo de actividad de las sociedades que intentan abrir”. El último tenía que ver con que no contaban con un récord de su capacidad financiera. “No sustentan ni cerca las cifras que el cliente mencionó que manejaría mensualmente (yo entiendo que será en base a contratos, pero como ellos presentaron el back up financiero de la empresa en El Salvador, se ve que no manejan esas cifras en esa empresa tampoco). No se observa que puedan manejar los montos que dicen que manejarán en la cuenta”, dijo el gerente del banco.
En junio de 2010, seis meses después de la adjudicación del contrato, INE había constatado que Cotetrans no iba a cumplir con los compromisos. El 10 de junio de 2010, la junta directiva de INE -dirigida por Nicolás Salume Babun, ya fallecido- acordó hacerle una propuesta a la familia Figueroa: 'Informe sobre la solicitud realizada por INE a la empresa Cotetrans para que proponga otra sociedad para ceder contrato de Suministro de Bunker C”, dice el documento.
La directiva de INE no anuló el contrato con Cotetrans. Pidió al proveedor, que incumplió sus obligaciones, que procediera a recomendar a otro que sí pudiera cumplir. La familia Figueroa recomendó otra empresa de su propiedad. Cotetrans cedió el contrato a la empresa Inversiones Figueroa Torres (Infitorr), constituida en 2002.
El 30 de julio de 2010, el representante legal de Cotetrans, Chepón, se reunió con la representante de Infitorr, Elba Torres -su esposa- e hicieron oficial lo acordado con INE. 'Cede todos los derechos, obligaciones y compromisos que nacen del contrato de suministro, otorgado en la ciudad de San Salvador el 22 de diciembre de 2009', dice el acta notarial del 30 de julio de 2010 ante los oficios de Wilson Francisco Flores Zelada.
Los reportes contables de INE muestran que la subsidiaria de CEL pagó, en total, $34 millones a Infitorr entre junio de 2010 y agosto de 2011. El 2 de junio de 2010, cuando sucedió el primer desembolso por $4 millones, Ine aún no había aprobado que Infitorr cumpliera las obligaciones de Cotetrans: el acuerdo que autorizó los pagos fue aprobado el 10 de junio, ocho días después.
El 9 de agosto de 2011, Ine hizo el último pago por $129,901 a Infitorr, y el 21 de agosto,11 días después de este desembolso, Alba Petróleos solicitó el “embargo de bienes propios” de Infitorr, según el expediente 4-4CM-13-A que consta en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección de Centro. En el expediente consta que el 16 de noviembre de 2010 Elba Torres adquirió una deuda, a través de un “pagaré sin protesto”. por 4 millones de dólares con Alba Petróleos, cuyo plazo final de pago vencía el 20 de agosto de 2011. El saldo de la deuda, para ese entonces, era $1,959,372 y el juez Cuarto de lo Civil y Mercantil sentenció a favor de Alba Petróleos el 12 de diciembre de 2012.
La información del bufete panameño Mossack Fonseca proviene de la filtración conocida como Panamá Papers, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y cedidos a El Faro por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
