La Asamblea Legislativa comenzó la discusión formal de la Ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele que, en palabras de su Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, busca “impedir que fundaciones y ONG de fachada disfracen de donaciones lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos”. Según dijo, la ley también pretende “prohibir la injerencia extranjera” en El Salvador. El proyecto fue presentado la noche del martes y discutido en la Comisión de Relaciones Exteriores la mañana de este miércoles 10 de noviembre.
La ley de agentes extranjeros de Bukele es muy similar a la que se usan en otros países como Nicaragua, aunque la de El Salvador, es más agresiva. La iniciativa de Bukele grava con un impuesto de 40 % toda transacción, desembolso o transferencia que los sujetos obligados reciban desde el exterior. El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, usó como ejemplo de las instituciones que pagarían este impuesto a El Faro: “Organizaciones como Open Society van a pagar el 40 %, se les acabaron sus sueldos, sus jugosos salarios”, dijo Guevara en referencia a los salarios de periodistas de este medio.
En la Comisión de Relaciones Exteriores, de mayoría oficialista, se acordó hacer un mapa comparativo de los países que tienen vigente este tipo de ley y quedó convocada una sesión para este viernes 12 de noviembre, en la que estarán como invitados el fiscal general, Rodolfo Delgado; y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Los encargados de administrar la ley es una nueva instancia: el Registro de Agentes Extranjeros o RAE, que estará supeditado al Ministerio de Gobernación. De acuerdo con la ley, el RAE tendrá la “autonomía funcional y técnica”, a través de un director que será nombrado por Gobernación, para aprobar o denegar el registro de un agente extranjero.
La ley habla de “cualquier persona, empresa, asociación o fundación que dentro de El Salvador realice actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas directa o indirectamente por un mandante extranjero”, ya sea personas, gobiernos, partidos políticos, organismos y corporaciones.
Según la iniciativa, el impuesto del 40% no será aplicable a las misiones diplomáticas, organismos de asistencia humanitaria, empresas que desarrollen inversiones “estrictamente económicas o comerciales” y cualquier persona o empresa que acepte participar en “actividades religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas de buena fe o bellas artes”.
Esta nueva instancia se encargará de “supervisar y fiscalizar” a que todas aquellas organizaciones sujetas de este control sean incorporadas al Registro. Esta instancia determinará quién viola alguna de las prohibiciones, y también sancionará con una multa de $10 mil o decidirá la cancelación de la personería jurídica.
Además de medios de comunicación y periodistas, el jefe de la bancada oficialista, también mencionó a otras organizaciones de sociedad civil a las que va dirigida esta iniciativa. Mencionó a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y a Cristosal.
“Muchas de estas organizaciones, muchas de estas onegés, hablan de transparencia. Ahí está Funde, ahí está Cristosal, varias asociaciones que reciben millones de dólares todos los años y que hoy por primera vez van a transparentar el origen de esos fondos y el destino y ejecución de esos fondos”, declaró en la conferencia. Según Guevara, hay fondos de esos que se utilizaron para financiar marchas y eso es injerencia”, dijo en alusión directa.
Esta medida, cuya aprobación parece ser prioritaria, está en sintonía con una serie de anuncios que hizo el presidente en su segundo año de Gobierno, el 1 de junio pasado. Con un discurso cargado de símbolos nacionalistas, Bukele anunció su próxima lucha: 'la batalla del pueblo contra el aparato ideológico', en referencia a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y tanques de pensamiento. En ese discurso, Bukele también dio a entender que está en contra de la alternancia del poder.
La ley de Ortega
Entre la ley de agentes extranjeros de Nicaragua y la de El Salvador hay solo un par de diferencias: el nombre y la cantidad de artículos, en una son 19 y en la otra 15. De no ser porque la ley aprobada por Ortega en octubre de 2020 se llama Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, pasaría casi por la misma que fue enviada por Bukele a la Asamblea ayer. Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense que trabaja desde el exilio, lo resume en una frase: “Bukele clonó la ley de Ortega”.
Para Miranda, habrá diferencias mínimas, como el añadir impuestos a las donaciones, pero en esencia es lo mismo. Ortega no suma el agravante de cobrar impuestos, dice, pero sí “pone multa por cualquier tontería”. “Es un camino lleno de zancadillas, la finalidad de esa ley es que la gente tire la toalla y mejor cierre”, explicó a El Faro respecto a lo que viven en Nicaragua las organizaciones sociales con la ley de Agentes Extranjeros de Ortega, que sigue manteniendo “un control absurdo y de mucha discrecionalidad”, al punto de hasta pedir permiso por cualquier movimiento hasta para comprar una escoba, describe Miranda sobre lo que ha podido conocer de diferentes organizaciones que ahora ya no operan más en Nicaragua ante las multas e implicaciones que les ha acarreado.
En El Salvador, el presidente Bukele ha defendido que esta ley propuesta es una ley “de primer mundo”, utilizada en países democráticos, como Estados Unidos, donde se aplica la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act, por sus siglas en inglés), una ley que centra en solicitar información sobre el financiamiento y estructura interna de organizaciones que promueven los intereses de actores extranjeros. El mismo Bukele escribió en su cuenta de twitter la noche del 9 de noviembre: “FOREIG AGENTS REGISTRATION ACT (FARA). Existe en Estados Unidos desde 1938. ¿Por qué sería buena en Estados Unidos, pero no en El Salvador?”, dijo.
Wilfredo Miranda, afectado directamente por una ley similar, dice: “¿Qué pasó en Nicaragua? Todas la oenegés críticas se apartaron. En principio, para no someterse a una ley como esa, porque es imposible seguir con las leyes que ponen. Algunas han cerrado. Para no pagar el costo político de cerrarlas, es que se crea esta ley”, sostuvo.
En El Salvador, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que el presidente Bukele ya venía dando avisos del amago hacia las organizaciones de sociedad civil. Para Escobar hay un total desconocimiento del trabajo de organizaciones como las que él dirige: “Las organizaciones de sociedad civil no somos oposición política, somos entes de monitoreo, ahí es donde intervenimos y señalamos”.
Según Escobar, otra alerta para el Gobierno se encendió el 15 de octubre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció apoyar a la Fuerza de Tarea Anticorrupción que combate la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Es imprescindible que unamos esfuerzos para aumentar la transparencia y llevar a cabo enjuiciamientos contra la corrupción en una manera efectiva y rápida”, dice un comunicado del Departamento de Estado. Según Escobar, “esta es una ley viene a extorsionar a la cooperación internacional” porque la propuesta del 40% de impuestos.
Gracia Grande del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) mostró preocupación por una práctica que se ha vuelto habitual de este Gobierno. “Preocupa que nos hayamos enterado por los medios en vez de las vías oficiales”, dijo. Con respecto al fondo de la propuesta agregó que el anteproyecto “afecta derechos de personas naturales al limitar el derecho a libre asociación”. Grande explicó que con la propuesta de gravamen del 40% estaría afectando a la cooperación que se dedica a actividades de participación ciudadana. Planteó “preocupación de decisiones arbitrarias” que el Gobierno pudiera ejecutar basándose en esta ley.
