El presidente de la La Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dice que no someterá a votación la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada el pasado 9 de noviembre por el Ejecutivo, hasta que tenga 'un acuerdo consensuado con el cuerpo diplomático, que son nuestros donantes, con muchas organizaciones y con la sociedad civil de verdad”. Castro dio estas declaraciones el martes 23 de noviembre en el programa de televisión Frente a Frente.
Al referirse al diálogo internacional, Castro usó la frase 'hasta que estemos de acuerdo', conjugación en primera persona y en plural. Lo que Castro no aclaró es quién daría paso, si el Gobierno o la bancada de Nuevas Ideas. Tampoco dijo si la consulta tendrá lugar en la Comisión de Relaciones Exteriores o en reuniones privadas con las misiones diplomáticas. El tiempo que duraría la revisión y la búsqueda de ese acuerdo es otra interrogante.
El proyecto de ley propone exigir el registro como “agente extranjero” de todo aquel que “responda a intereses o que es financiado directa o indirectamente por un extranjero” e impondría un impuesto de 40 % sobre los ingresos externos, bajo pena de multas y anulación de personería jurídica. Ernesto Castro dijo en la entrevista que el dictamen votado en la comisión podría cambiar y hasta sugirió modificaciones que volverían menos agresiva la Ley. “Voy a hablar con el presidente de la República para ver si es necesario que paguen el 40 %”, dijo. Una postura inédita en un partido que no suele retractarse por presiones externas tras ya existir un acuerdo previo impulsado, además, por Nayib Bukele. La Comisión Legislativa aprobó la propuesta de ley y esta se convirtió en dictamen, paso previo a una votación en el pleno, el lunes 15 de noviembre pasado.
Por primera vez desde que Nuevas Ideas asumió una mayoría calificada el 1 de mayo, un dirigente del partido oficialista admitió públicamente que el apoyo internacional será clave en una propuesta legislativa. Desde su primer día con el control de la Asamblea, el partido del presidente ha aprobado proyectos de ley -casi todos propuestos por el Ejecutivo- hasta en cuestión de horas y a veces saltándose normas legislativos y constitucionales. Bukele ha afirmado que sus críticos buscan “volver al pasado” e incluso ha acusado al cuerpo diplomático de financiar protestas en su contra.
Si bien Castro dijo que se replanteará el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, reafirmó que hay límites a lo que puede cambiar la presión internacional. Comparó la insistencia de la Embajada en que se revirtiera el golpe del 1 de mayo con un hijo que pide a sus padres ir a una fiesta. “Hay cosas que a lo mejor tus hijos no van a entender ahora, pero sí lo van a entender mañana”, dijo. “Yo te estoy respondiendo. Que yo no esté respondiendo lo que vos querés, son ya otros cinco pesos”
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cree que esta medida volvió a encender las alarmas. 'No solo por ser una medida propia de regímenes autoritarios sino porque básicamente era un ataque a la cooperación internacional', explicó Castaneda.
Ernesto Castro rechazó la idea de que la ley es un ataque a las donaciones: “Toda la cooperación internacional no tiene nada que ver con la intención de esta futura ley”. Las organizaciones que, según criterios desconocidos del Gobierno, trabajan “para el bien del país” no se verán coartadas, añadió, pero sí “fundaciones que reciben fondos para meterse en temas y asuntos de país, para meterse en política”.
Sin mencionarlo explicítamente, Castro sugirió un freno a la ley de Agentes Extranjeros y habló de nuevas consultas del proyecto de ley un día después del choque más reciente entre el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos. La encargada de negocios Jean Manes anunció su renuncia y una “pausa” en las relaciones bilaterales el lunes 22 de noviembre por el desacuerdo del Gobierno de Biden con una amplia gama de políticas del Ejecutivo y del partido oficialista, entre ellas el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Manes también acusó a Bukele de cerrarse progresivamente al diálogo tras las condenas de Estados Unidos al golpe legislativo del 1 de mayo.
“[Manes] habló a título personal”, minimizó Castro. El Gobierno de Biden, sin embargo, la ha respaldado. “A pesar de que el gobierno de Bukele rechaza un camino hacia una relación bilateral productiva, Estados Unidos sigue firme en el compromiso de ayudar al pueblo salvadoreño”, tuiteó Brian Nichols, subsecretario de estado de Biden para asuntos del hemisferio occidental, el miércoles 24. Añadió: “Aunque el liderazgo de la Embajada cambie, la política de EE.UU. hacia El Salvador se mantiene igual”.
El proyecto de ley ha provocado condenas del Congreso de Estados Unidos. Los representantes de la Cámara de Representantes Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey) y Mark Green (republicano de Tennessee) argumentaron que daría “discreción ilimitada' al Ejecutivo para cerrar organizaciones independientes bajo el pretexto de proteger el “orden público””. Los demócratas Jim McGovern (Massachusetts) y Norma Torres (California), que han chocado frecuentemente con el Gobierno de Bukele, enviaron otra condena.
Una coalición internacional también denunció la propuesta de ley, entre ellos al menos 50 organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador, el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos relatores especiales de Naciones Unidas. La Embajada de Alemania en El Salvador anunció el 17 de noviembre que suspenderá su financiamiento a proyectos locales hasta que se esclarezca el impacto del proyecto de ley para organizaciones independientes de la sociedad civil.
Este año, por ejemplo, Alemania se comprometió a donar $940,000 a un fondo de socorro al Covid-19 y al cambio climático que brindará servicios a nueve mil personas en La Libertad y La Unión. “Existen muchas regiones en América Central que necesitan ayuda', dijo Niels Annen, ministro de Estado de Alemania. 'Sería una lástima si El Salvador perdiera su lugar en primera línea”. El economista Ricardo Castaneda cree que Alemania influyó en la decisión del Gobierno Bukele de frenar su ley. “El anuncio de Alemania fue contundente', opinó Castaneda, 'porque reiteraba que la población, especialmente la más pobre era la que iba a a salir más afectada'.
