El senador demócrata Bob Menéndez pidió ayer a la administración de Joe Biden que analice la suspensión de Nicaragua y El Salvador del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR). Lo hizo durante una audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense en la que se discutía la democracia en América Latina y el Caribe con el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Bryan Nichols, y el Subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, Todd Robinson.
“En el caso de Nicaragua tenemos una dictadura ascendente y en el de El Salvador, tenemos retrocesos dramáticos en la democracia”, dijo el senador de Nueva Jersey, presidente del Comité. “No deberían gozar de preferencia comercial,” añadió. “Es una acción fuerte que podría tomar la administración [Biden] y la recomiendo”. El embajador Nichols no respondió a la insistencia de Menéndez y se limitó a evadir con un ambiguo: “Deberíamos de pensar en usar todas las herramientas disponibles”.
En los últimos meses, organizaciones estadounidenses de sociedad civil y de defensa de los derechos humanos han presionado al Departamento de Estado y a congresistas interesados en la política latinoamericana para que Estados Unidos mantenga una posición dura frente al gobierno de Bukele y haga uso de su peso en el Fondo Monetario Internacional para que este condicione cualquier posible plan de financiamiento a El Salvador a la garantía de ciertos estándares democráticos. Otra de sus propuestas hechas en privado fue que en el tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica, CAFTA, se incluyan cláusulas democráticas y posibles sanciones a los países que las incumplan.
La relación del gobierno de El Salvador con el FMI se tensó de hecho este año después de que el 1 de mayo la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, destituyó ilegalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General, que en ese momento investigaba casos de corrupción en el Ejecutivo. En los últimos meses el gobierno de El Salvador había creado expectativa sobre la posibilidad de que un acuerdo de financiamiento se alcanzará antes de fin de año, pero a mediados de noviembre el vocero del Fondo, Gerry Rice, aclaró que en estos momentos ni siquiera existe una negociación para llegar a un acuerdo de ese tipo.
En previsión de un posible fracaso de las negociaciones con el Fondo, el Gobierno salvadoreño ha comenzado a explorar la posibilidad de financiar su creciente deuda pública con la emisión de “bonos bitcoin” y el apoyo de una red de empresas radicadas fuera de Estados Unidos.
La recomendación de Menéndez para endurecer sanciones pone una vez más en evidencia la fractura entre el gobierno de Nayib Bukele y el partido demócrata estadounidense, actualmente en la Casa Blanca. En mayo pasado otro destacado senador demócrata, Patrick Leahy, ya hizo referencia al CAFTA y a la relaciones comerciales entre Estados Unidos y El Salvador en un durísimo comunicado de condena a los hechos del 1 de mayo. “El presidente Bukele es consciente de que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos de América”, dijo entonces.
Tanto funcionarios del Gobierno Biden como demócratas en el Congreso insisten en que la corrupción y los retrocesos democráticos en Centroamérica impulsan la migración indocumentada hacia Estados Unidos. “El presidente de El Salvador se está portando como un autoritario y hasta quizá nuestro mejor socio en la región, Guatemala, ha retrocedido desde que el Senador Portman y yo visitamos en julio, en cuanto al despido de fiscales anticorrupción”, dijo este martes el senador de Virginia Tim Kaine, candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton en 2016. “Esta es una región sumamente importante para nosotros. La crisis migratoria en la frontera está siendo alimentada en gran medida por la inestabilidad en el Triángulo Norte”.
Silencio republicano
Los senadores republicanos presentes aprovecharon la sesión del martes para pedir nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba y condenar la remoción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista estadounidense de terroristas sin el aval del Gobierno colombiano, pero no hicieron preguntas o referencias directas al estado de la democracia en los países centroamericanos. Esto último podría considerarse un éxito de los intensos esfuerzos de lobby hechos en Washington por la administración Bukele, especialmente después de la derrota electoral de Donald Trump, con el que había forjado una relación fluida.
Desde mediados de 2020 el gobierno de El Salvador ha invertido sumas millonarias en cabildeo especialmente entre las filas republicanas del Congreso y el Senado estadounidense. Los principales despachos demócratas en ambas cámaras aseguran de hecho no haber recibido visitas o llamadas de esos lobistas. “Bukele quiere hacer ver que el problema es solo con el partido demócrata”, asegura un funcionario de la administración Biden. Entre las filas demócratas se ha asentado la idea de que la apuesta de fondo de Bukele es preservar las relaciones con políticos conservadores en Estados Unidos y confiar en que a finales de 2022 los republicanos recuperen el control del Senado o incluso de la Cámara de Representantes, lo que limitaría todavía más el margen de acción de Biden en la región.
Si bien la mayoría de las críticas al Gobierno de Bukele han venido del Partido Demócrata, el golpe legislativo en mayo provocó una condenación rotunda de los principales arquitectos republicanos de la política exterior. “Acciones arbitrarias que socavan la independencia del Órgano Judicial y dañan nuestra colaboración duradera para mejorar la transparencia, seguridad y condiciones económicas”, escribieron el 4 de mayo los senadores Jim Risch y Marco Rubio, ambos miembros del Comité de Relaciones Exteriores.
Estados Unidos firmó el CAFTA con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2006. La República Dominicana y Costa Rica se sumaron en 2007 y 2009, respectivamente. El acuerdo exenta de tarifas a todos los productos comerciales e industriales y muchos productos agropecuarios. En 2020, Estados Unidos reportó que $50 mil millones de dólares de productos cruzaron las fronteras estadounidenses bajo el acuerdo. El 9 % de este comercio se hizo con El Salvador y el 10 % con Nicaragua.
“Una de las herramientas más fuertes es remover las preferencias comerciales. No firmamos el CAFTA con países que iban en sentido contrario a la democracia, sino que estaban acercándose a la democracia, respeto a los derechos humanos y estado de derecho”, argumentó Menendez este martes.
CAFTA entró en vigor un año antes de la vuelta al poder de Daniel Ortega, el mismo año en que el Gobierno de Guatemala firmó el acuerdo marco con Naciones Unidas para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Salvador, tras la dolarización de la economía en 2001, sumaba su cuarto gobierno del partido Arena, el de Antonio Saca, hoy encarcelado por corrupción.
Mensajes directos e indirectos
El Departamento de Estado señaló ante el comité el martes que acudirá cada vez más a la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, así como a Costa Rica y Panamá, para impulsar su agenda regional.
“En áreas como el norte de Centroamérica, donde el estado de derecho está bajo amenaza constante, la [Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Estado] pretende enfocar su asistencia a socios dispuestos e instituciones confiables”, dijo Todd Robinson, subsecretario para asuntos antinarcóticos. Destacó, por ejemplo, el apoyo de su oficina a la creación de una fuerza de tarea contra el lavado de activos y corrupción en Panamá.
Robinson criticó a los gobiernos del norte de Centroamérica en materia de respeto a la prensa: “Bajo el régimen autoritario en Nicaragua los ataques gubernamentales a la prensa libre se han vuelto cotidianos”, dijo Robinson. “También lo estamos viendo cada vez más en El Salvador y Guatemala”. Hace solo una semana, la Asociación de periodistas de El Salvador, APES, denunció que al menos 24 periodistas salvadoreños recibieron el martes 23 alertas por posible espionaje por parte del Estado a través de sus dispositivos iPhone. En el caso de Nicaragua, desde 2018 más de 60 periodistas se han visto forzados al exilio por la persecución judicial contra ellos orquestada desde el gobierno de Daniel Ortega.
Robinson, que fue embajador de Estados Unidos en Guatemala de 2014 a 2017, se destacó en aquellos años por su dura postura contra la corrupción en las altas esferas políticas y económicas del país, al grado que empresarios y funcionarios de Gobierno conspiraron para lanzar una campaña de desprestigio contra él en Washington y tratar de que la administración Obama lo retirara del país.
Biden ha afirmado que la corrupción y debilitamiento democrático en Centroamérica amenazan la “seguridad nacional” e impulsan la migración indocumentada. Este año sancionó bajo estos criterios a al menos 60 individuos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluyendo miembros del gabinete de Bukele y a la fiscal general de Guatemala. Esta última cerró “la mayoría de las avenidas de cooperación con el Ministerio Público hasta la selección de un nuevo fiscal”, dijo Nichols.
Biden ha enviado mensajes tanto por sus acciones como por sus omisiones. No invitó, por ejemplo, a ninguno de estos cuatro gobiernos a la Cumbre para la Democracia que se celebrará la semana que viene en Washington, a la que ha convocado a más de 100 países.
Miembros de ambos partidos exigieron a Biden actuar más agresivamente contra actores inconformes a los intereses de Estados Unidos. “No he visto el uso robusto de las sanciones Magnitsky en el hemisferio”, ejemplificó el demócrata de Maryland Ben Cardin. La Ley Magnitsky faculta al Gobierno para imponer sanciones financieras y revocar visas por violaciones a derechos humanos. Añadió: “Tiene que ser zanahoria y palo”.
Mientras sesionaba el comité, Honduras esperaba confirmar la victoria electoral de la izquierdista Xiomara Castro, la primera presidenta de ese país, sin fraude ni violencia electoral. El Senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, destacó preocupaciones internacionales sobre la pausa en el conteo de votos por diez horas por la mañana después del cierre de urnas.
“Esta es una nación que ha tenido golpes militares en el pasado, incluyendo contra el esposo de la señora Castro en 2009”, dijo. Ese año, tras pronunciarse inicialmente contra el golpe contra Manuel Zelaya por militares afines al Partido Nacional, el Departamento de Estado de Obama dio media vuelta para avalar el llamado del partido a una nueva elección, en lugar de exigir la reinstalación de Zelaya. El golpe allanó el camino a 12 años de gobiernos nacionalistas flagelados por la narcopolítica y corrupción. “Estados debe enviar un mensaje poderoso que ningún golpe militar será tolerado”, añadió.
“La semana pasada estuve en Honduras”, dijo Nichols. “Me reuní con Xiomara Castro, Tito Asfura, los ministros de relaciones extranjeras, seguridad pública y defensa y el jefe de la Fuerza Armada. Hablé de la importancia de elecciones libres, justas y transparentes y un proceso pacífico”, dijo. “Ellos me reiteraron su compromiso”. El Secretario de Estado Antony Blinken reconoció la victoria de Castro el miércoles tras la concesión del Partido Nacional.
