A pocos días de ser electa presidenta de la República, aunque todavía no proclamada como tal por el Consejo Nacional Electoral (CNE), desde el entorno de Xiomara Castro se dio a conocer de forma no oficial una propuesta de 30 puntos para los primeros 100 días de gobierno. Esta propuesta permite vislumbrar el rumbo que seguirá el gobierno de un sector político-social que lucha desde el 28 de junio de 2009 —fecha del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya— contra los poderes fácticos que entronizaron un gobierno de facto, tres gobiernos nacionalistas y un fraude escandaloso en 2017.
Algunos de los puntos propuestos están claramente dirigidos a las bases del partido y de la alianza que apoyó a Castro, así como a la población más castigada por las políticas neoliberales aplicadas en el país durante los últimos años. Otros, envían mensajes al empresariado, buena parte del cual llamó a votar por Castro, y otros tantos están dirigidos al ámbito internacional, especialmente a Estados Unidos. Unos para transmitir que habrá colaboración en temas álgidos como la corrupción y la economía, causantes del aumento de la emigración irregular, y otros menos amistosos que anuncian el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con China.
Este último, sin embargo, según declaraciones del futuro vicepresidente Salvador Nasralla, y del diputado electo Hugo Noé Pino, será pospuesto para su tratamiento en el Congreso Nacional. Este fue, en realidad, un guiño hacia Washington previo a la elección, como señal de la prudencia que caracterizaría al nuevo gobierno respecto de sus relaciones con el norte.
Llegar hasta el poder le tomó a Libre doce años de lucha constante. El Partido Libertad y Refundación (Libre) participó electoralmente por primera vez en las elecciones generales de 2013. Desde entonces, el camino ha sido largo, tortuoso y no exento de ásperas discusiones, duros enfrentamientos internos y diáspora de dirigentes, cuadros medios y bases. Sin embargo, el nuevo partido fue visualizado como el único con capacidad para expulsar de la Casa Presidencial al oficialista Partido Nacional, un partido desgastado por doce años de gobierno, por su autoritarismo, por la resistencia popular a algunas de sus políticas y, sobre todo, por la corrupción y su relación con el narcotráfico.
En este marco, a lo primero que apunta la propuesta es a derogar las leyes más controvertidas de lo que Xiomara denomina como una “dictadura”. Así, irán al cesto de basura la Ley del Consejo de Seguridad y Defensa, la Ley de Secretos, la Ley de Escuchas, la Ley de Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otras similares, “aprobadas en la hemorragia legislativa del 2013 para conformar la dictadura”.
El segundo punto, también de una gran relevancia, podría generar rispideces en parte de la sociedad, así como en Washington, al proponer el llamado a una consulta popular para que el pueblo decida acerca de una Asamblea Nacional Constituyente. Este fue precisamente uno de los motivos esgrimidos en 2009 para derrocar a Manuel Zelaya, el esposo de Castro. Este punto, sin embargo, también se pospondría para generar consenso entre las fuerzas políticas y las representaciones de la sociedad civil.
Los aspectos dirigidos a las bases y al conjunto de la población más marginada, proponen la disminución de los altos y desproporcionados sueldos de funcionarios y todo gasto oneroso y superfluo, así como la venta del avión presidencial y los vehículos de lujo del Estado. Además, se propone una baja en el costo de los combustibles y la reorganización de las empresas estatales.
La propuesta asegura, asimismo, que no se impondrán impuestos al pueblo hondureño, especialmente a los sectores productivo y comercial y “mucho menos a los pobres”. Se indica, además, que se cancelarán los impuestos que han afectado al consumidor final y la competitividad del sector empresarial, pero también se señala que se impondrán “compromisos de aportación a los grandes capitales financieros” y que con esos aportes se financiarán becas y empleo para la juventud.
Una de las medidas más esperadas por los seguidores de la futura presidenta es la decisión de decretar una amnistía inmediata para los llamados presos políticos y “un indulto para aquellos prisioneros que fueron condenados indebidamente por protestas en defensa de los derechos humanos y de los recursos naturales”. Y en cuanto a los casos de los asesinatos de Berta Cáceres y Margarita Murillo, se pretende seguir adelante con los juicios para llegar a los autores intelectuales. Algo complicado de concretar, dado el poder que ostentan los supuestos mandantes.
En esta línea, se contempla la protección del medio ambiente y la derogación de permisos mineros, hidroeléctricos y forestales de dudosa aprobación por parte de las autoridades salientes. La propuesta señala, además, que hay un compromiso de “trabajar por la reparación de los daños causados por las violaciones a víctimas de la violencia política, de los asesinados durante el fraude electoral de 2017 y de los feminicidios”.
En este marco y como uno de los puntos más relevantes, se indica “la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Esta Comisión será creada por el Gobierno de Honduras con apoyo de la Organización de Naciones Unidas”. De esta manera, Honduras retoma la senda abandonada por Guatemala de establecer un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad será apoyar a las instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos en el país y que, en el caso de Guatemala, terminó con el encarcelamiento del expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
En otros puntos, la propuesta incluye a los migrantes y sus necesidades de reunificación familiar, y a los docentes y la renegociación del Estatuto del Docente. También se promete el aumento al salario básico, becas para los sectores más desposeídos y la derogación de leyes lesivas para los intereses de los sectores más sumergidos, como la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Empleo Temporal y la Ley Marco de Seguridad Social.
Los puntos planteados en esta propuesta indican que el nuevo gobierno comenzará su gestión con fuerza y decisión. El pueblo hondureño espera que se cumplan las promesas con eficiencia y eficacia, y que el país inicie una senda que permita vislumbrar horizontes de progreso y bienestar.
*Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
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