Cinco grupos europeos de derecha, vinculados a círculos conservadores de EE. UU., intervinieron por primera vez en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respaldando a El Salvador por el encarcelamiento y muerte de Manuela, una mujer que tuvo una emergencia obstétrica en 2008.
El European Centre for Law and Justice (ECLJ) –brazo del ultraconservador American Centre for Law and Justice (ACLJ), fundado por el exabogado personal de Donald Trump, Jay Sekulow – introdujo argumentos legales en respaldo del gobierno de El Salvador, alegando que este era un caso de “aborto e infanticidio”.
Otro conjunto de argumentos legales o amicus (‘amigo de la corte’) en favor de El Salvador fue presentado por tres decenas de organizaciones de tres continentes, entre ellas la fundación polaca ultraderechista Ordo Iuris, la Fondation Jérôme Lejeune y Juristes pour l'Enfance, radicadas en Francia, la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (con sede en Bélgica) y la organización nigeriana Project for Human Development.
Alejandra Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), la abogada al frente del caso desde 2012, asegura que esta es la primera vez que este grupo participaba en una demanda ante la Corte Interamericana.
Quince organizaciones de la derecha cristiana de EE.UU. también se sumaron a este amicus, entre ellas la International Organization for the Family –organizadora del Congreso Mundial de Familias, una red de activistas ultraconservadores rusos, estadounidenses y de otros países–, Family Watch International y World Youth Alliance.
En representación de Latinoamérica se adhirieron otras ocho organizaciones conservadoras, entre ellas la salvadoreña Sí a la Vida, afiliada a la entidad antiabortista estadounidense Human Life International, que hizo campaña para la reforma constitucional que prohibió absolutamente el aborto en 1999. En total, 28 organizaciones se sumaron a la querella contra Manuela.
La demanda contra El Salvador se llevó a cabo en nombre de Manuela, una mujer sentenciada por homicidio agravado luego de experimentar una emergencia obstétrica producto de una caída. Los médicos que la atendieron la acusaron en un informe a la Fiscalía General de la República de haber cometido el delito de aborto. La Fiscalía posteriormente la acusó de haber asesinado a su hijo. El Salvador, explicó la corte en su fallo, violó varios derechos de esta mujer que murió de cáncer mientras cumplía una condena de 30 años, según indicó la Corte Interamericana en su fallo publicado el lunes 30 de noviembre.
Los grupos cristianos insistieron en sus alegatos a la Corte que se trató de un infanticidio. Cárdenas explica que la victoria que buscaban era la de la opinión pública para “enredar el caso y decir que estamos pidiendo la despenalización del infanticidio”.
La corte declaró al país “internacionalmente responsable de [...] violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada y la salud” de Manuela y ordenó al Gobierno a pagar una indemnización a los hijos de Manuela, a asumir públicamente su responsabilidad y reformar políticas y protocolos de salud para evitar que se siga criminalizando a las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
El ACLJ es uno de los siete grupos derechistas que están batallando para derogar el derecho constitucional del aborto en la Corte Suprema de EE. UU. y que gastaron, entre 2016 y 2020, al menos 28 millones de dólares en lobby antiaborto alrededor del mundo, según revela una nueva investigación de openDemocracy.
El grupo Sekulow gastó 5.7 millones de dólares, la mayor parte en Europa. Y su filial ECLJ ha intervenido en decenas de casos judiciales en tribunales europeos contra los derechos sexuales y reproductivos.
El año pasado, la Corte Constitucional de Polonia prohibió los abortos en casos de graves defectos fetales, y el ECLJ introdujo opiniones legales en favor de la nueva restricción, condenada por el Consejo de Europa como una grave “violación de los derechos humanos”.
“Desmantelar derechos humanos que han dado dignidad y que han mejorado la vida de personas no es gratuito ni casual”, dijo Susana Chávez, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. “Todo tiene sentido cuando se observa en cada uno de nuestros países la movilización de recursos que realizan para torcer las leyes o retroceder en lo poco que se ha avanzado”, agregó.
Desde que el aborto se prohibió por completo en El Salvador, más de 180 mujeres con abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas han sido procesadas por aborto u homicidio agravado, con penas de prisión de entre 30 y 50 años, según el CDR.
La mayoría de ellas tienen ingresos bajos o inexistentes, escasa escolarización y viven en zonas rurales o en áreas urbanas marginalizadas. Su condición de pobreza es uno de los factores principales por las que son criminalizadas, en muchos casos por los mismos médicos. “Es frecuente que las denuncias sean presentadas por el personal médico de la institución de salud donde estaba siendo atendida la mujer”, observó la corte en su fallo.
Manuela, una mujer rural, pobre y analfabeta, tuvo una emergencia obstétrica en su casa en 2008. Con dolores y sangrando, dio a luz y perdió el conocimiento. Cuando despertó en el hospital, el personal médico la había denunciado a la Policía. Pasó ocho días esposada a la cama del hospital y luego fue enviada a la cárcel. Durante el juicio, fue acusada de homicidio agravado, pese a las inconsistencias en su historia médica, y se le negó una defensa legal efectiva.
Manuela había procurado atención médica para el malestar que empezó a sentir de manera crónica en 2006: dolores de cabeza, náuseas, cansancio y dolores generalizados, a los que luego se sumó una masa en el cuello. Solamente luego de estar en prisión obtuvo un diagnóstico: el tenía cáncer en el cuello. Pero su linfoma de Hodgkin nunca recibió el tratamiento apropiado. Murió en 2010 a los 33 años, mientras cumplía su condena en cárcel de mujeres. Dejó dos hijos en la orfandad.
En El Salvador prevalece una “absoluta negación y criminalización de los servicios de salud reproductiva”, dijeron la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que actuaron como querellantes en el caso.
'El sueño dorado de los matones reproductivos'
El hecho de que grupos derechistas de tres regiones se dedicaran tiempo y dinero a este caso se relaciona con las repercusiones que un fallo condenatorio para El Salvador tendría en sus políticas, según Cárdenas.
Estas organizaciones sabían que el triunfo de la querella sería “una victoria importante en el reconocimiento del derecho a la confidencialidad médica, así como el derecho a gozar de salud reproductiva durante el embarazo, lo que le hubiese permitido a Manuela identificar su embarazo, su cáncer y los riesgos asociados al mismo”, dijo.
La decisión de la corte sienta jurisprudencia no solo para El Salvador, sino también para otros países de la región. A Irene Donadio, portavoz de la Federación Internacional de Planificación Familiar, no la sorprendió la presencia de estos grupos europeos.
“El Salvador es el sueño dorado de los matones reproductivos. Es algo que quieren imitar en EE. UU. y en Europa. Por eso lo defienden con su bien financiado arsenal de abogados y lobistas”, dijo.
Donadio se refirió a un proyecto de ley debatido los últimos días de noviembre por el parlamento de Polonia, y rechazado por amplia mayoría, que buscaba imponer largas penas de prisión y hasta cadena perpetua a las mujeres que accedieran a un aborto. “Esa ley está copiada de El Salvador, que tiene una de las legislaciones más crueles contra las mujeres”, concluyó Donadio.
Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, cree que este caso “revela una crueldad y un fanatismo interno que las organizaciones nunca se atreverían a exhibir en Europa”. “Prefieren encarcelar a las mujeres salvadoreñas por perder un embarazo que admitir que un aborto puede ser necesario – esta es una postura que está muy lejos del modo de pensar de la vasta mayoría de las personas religiosas de Europa”, agregó.
La derrota de estas organizaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una buena noticia para las mujeres criminalizadas injustamente en El Salvador, así sea por el precedente que se ha marcado. Está por verse si el gobierno de Bukele acatará las sanciones emitidas por el tribunal internacional. Hace dos meses, el mandatario salvadoreño reafirmó su convicción en proteger “el derecho a la vida” en todas las circunstancias, pese a que durante su campaña dijo estar a favor del aborto en la causal de peligro para la vida de la madre.
*Esta es una versión editada por El Faro de un artículo originalmente publicado por openDemocracy. Diana Caribari y Tatev Hovhannisyan son periodistas y editoras para Latinoamérica y Europa y Asia (respectivamente) del portal investigativo openDemocracy.
