Finalmente existe en El Salvador una Ley General de Recursos Hídricos que, según diputadas y diputados oficialistas, es precisamente la que la sociedad civil organizada esperó por años, pagando así una deuda histórica. Pero esta Ley nada tiene que ver con la que se exigió por más de 15 años; dista mucho de ser la Ley General de Aguas por la que organizaciones de sociedad civil, comunidades, academia e iglesias creamos propuesta y buscamos incidencia, con base en las necesidades del territorio nacional y con conocimiento técnico, desde hace casi 16 años.
Estábamos advertidos. El 18 de junio de 2021, cuando la presidencia envió su proyecto de Ley de Recursos Hídricos a la Asamblea quedó claro que harían cambios a la iniciativa, pero que se preservaría el espíritu privatizador de la Ley, como lo dicta el artículo 2, al describir como objeto de esta “promover el desarrollo económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos”. La pregunta es: ¿desarrollo para quién o para quienes?
Esta Ley General de Recursos Hídricos, al igual que la Ley Alabí, vuelve legales viejas prácticas propias de los grupos económicos más poderosos del país. Como lo ocurrido sobre el Río Sensunapan en tiempo de cuarentena, en donde se abrió el proyecto de la octava represa a consulta de los habitantes del lugar en un momento en que no era posible la movilidad de todos los interesados para oponerse, o el caso de la construcción de una urbanización sobre el sitio arqueológico Tacushcalco. Otro ejemplo son las prácticas de explotación de pozos sin autorizaciones y el desvío del cauce de los ríos para riego de monocultivos como la caña. Así se legaliza el despojo y robo a la población de los bienes hídricos por parte de las industrias azucareras, embotelladoras e inmobiliarias.
La trasnochada Ley que aprobaron los y las diputadas del oficialismo el 21 de diciembre legaliza la tenencia de los derechos y explotación de los acuíferos por un plazo de entre 15 y hasta 30 años a las empresas corporativas, a razón de 1000 metros cúbicos por día (a cada gran consumidor autorizado). Esta cantidad de agua es suficiente para el consumo de 3600 personas por día, de acuerdo al mínimo necesario dictado en el estándar internacional que establece que cada persona debe tener garantizados al menos 50 litros diarios de agua para su consumo y aseo. En El Salvador, solo tres de cada diez hogares tiene acceso al servicio de agua potable.
A esto hay que agregar que la ley no cuenta con instrumentos que permitan conocer si los acuíferos tienen la capacidad para extraer esas cantidades autorizadas de forma que no se afecte irreversiblemente la microcuenca de la que se extraerá el agua y, en consecuencia, afectar la forma de vida y acceso al agua de las comunidades circundantes. En otras palabras, la ley autoriza que las corporaciones exploten el agua de los territorios sin importar cuántas familias en las comunidades empobrecidas se queden sin agua por la avaricia empresarial que no quiere que le frenen el mal llamado “desarrollo”, del que solo los grupos de poder sacarán beneficio.
También, vinculado a lo anterior, desde la parte técnica, instrumentos como inventarios hídricos, balances hídricos o estudios técnicos son conceptos que han sido manipulados en la Ley a fin de que, al igual que los permisos que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, no afecten al que tiene la intención de explotar los bienes hídricos. La única finalidad será que la ASA (Autoridad Salvadoreña del Agua) conozca cuánto dinero le pueden sacar al acuífero.
Esta Ley, además, legaliza y encubre la contaminación de los acuíferos subterráneos al dejar vacíos en el cuerpo legal, principalmente en los artículos relacionados al saneamiento. En noviembre 2021, un grupo de relatores de la ONU envió una carta al presidente en la que explican que el saneamiento es un derecho humano. La misiva, además, manda a que se cree un capítulo completo sobre saneamiento en la Ley.
Las y los diputados del partido del presidente, en cambio, hicieron una interpretación superficial del mandato de los relatores. Hicieron arreglos cosméticos a un proyecto de Ley que nació muerto, que no cuenta con instrumentos para garantizar la preservación de las cuencas ni con instrumentos que faciliten la participación activa de la población en la gobernanza del agua.
La Ley General de Recursos Hídricos no es, pues, otra cosa que un “madrugón” impregnado de lágrimas de cocodrilo. Al legalizar la denominación de recursos hídricos, en lugar de referirse al agua como bien hídrico, esta Ley convierte a los bienes hídricos en mercancías para el intercambio. Las organizaciones sociales ahondaron sobre este concepto y fueron enfáticas sobre la diferencia en sus recomendaciones enviadas por escrito a la Comisión Ad-Hoc. Haber ignorado esta y otras recomendaciones deja completamente de lado el enfoque de derechos humanos tan necesario en una sociedad como la salvadoreña que ya se enfrenta a situación grave de crisis hídrica, alimentaria y ecosistémica.
No se puede ignorar que El Salvador es el país con menos agua dulce per cápita en Centroamérica, además de ser el segundo en Latinoamérica más deforestado solo después de Haití; y, por si fuera poco, ya se enfrenta a la migración como efecto del cambio climático. Los cuerpos de agua continental están contaminados en un 90 % o más, según datos del Banco Mundial, y precisamente de ellos se abastece la población.
Los y las legisladoras se hicieron de los oídos sordos a pesar de haber escuchado las propuestas de los distintos sectores de la sociedad. Decidieron solo retomar los planteamientos de los empresarios e ignoraron la opinión de expertos en materia hídrica y de organizaciones que por décadas han caminado al lado de la población y han buscado resolver situaciones que son obligación del Estado, pero que este no atiende.
Sin duda, la Ley General de Recursos Hídricos es una normativa que ha nacido con la cabeza hueca para que la voz del presidente de la República resuene sin obstáculos, porque la gente no tiene participación, sin reconocer y evidenciar los componentes de la crisis de agua y saneamiento que el país padece. La dirección ejecutiva que se creará a partir de esta Ley no tiene carácter técnico y mucho menos científico, carece de presencia en las cuencas y no tiene herramientas para acercarse a la población.
Puede ser también que la Ley sea un proyecto destinado al fracaso, un fracaso calculado para justificar finalmente la premisa neoliberal de que el aparato público es ineficiente y que se necesita la mano salvadora de la empresa privada.
Este cuento no es nuevo, sucedió con la privatización de las telecomunicaciones; sucedió en aquel arreglo que permitió a las familias oligarcas hacer su agosto con las acciones de la compañía azucarera salvadoreña, un hecho que no se llamó privatización. Lo mismo pasó con el “saneamiento de la banca”. Todos esos procesos dejaron el patrimonio de los salvadoreños y las salvadoreñas en manos de los mismos de siempre, aquellas 14 familias ya conocidas, las que han permitido el ingreso de nuevos miembros a su argolla de poder, aquellos quienes hoy en día les han facilitado el camino para continuar siendo los dueños de la finca llamada El Salvador.
Aquella historia, además de la empresa que compró ANTEL, las familias que se repartieron la producción de azúcar y las familias que se dividieron los bancos, dejó otro beneficiado, y se trata de quien ganó la comisión por el negocio, el que persuadió a la gente para la transacción de compra y venta de los bienes del Estado. ¿Quién será ahora la corporación interesada en hacer negocio con el agua y que en este momento permanece oculta?, ¿quién está tras la millonaria comisión por vender la vida del pueblo salvadoreño, por lograr justificar y legalizar la inminente privatización del agua? ¿Dejaremos que los cuentos que nos escribieron los mismos de siempre continúen reproduciéndose para lamentarnos décadas después y continuar pagando generación tras generación deudas adquiridas por esos mismos de siempre? ¿Haremos algo para detener esos cuentos viejos con colores nuevos? Sin duda el tiempo dará las respuestas a estas interrogantes, mientras tanto, la lucha social en defensa del derecho humano al agua, en defensa de la vida, no ha terminado, apenas comienza.
*Amalia López es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, activista feminista y ambientalista y defensora del agua a través de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
