Nuestra más reciente investigación recopiló evidencias de que al menos 22 miembros de nuestro periódico fueron espiados de manera ilegal mediante el programa Pegasus, que la empresa israelí NSO vende exclusivamente a gobiernos.
Citizen Lab, un laboratorio digital que estudia vulnerabilidades de internet que pueden suponer amenazas a derechos humanos, aseguró que el espionaje lanzado contra El Faro no tiene precedentes en el mundo, debido a la forma “obsesiva” en la que sus miembros fueron intervenidos. Se trata de un total de 226 infecciones a los teléfonos de periodistas, miembros del equipo administrativo y de junta directiva. Algunas de las intervenciones a nuestros reporteros duraron más de 260 días. Hay también periodistas de otros medios salvadoreños con teléfonos intervenidos por Pegasus.
Nos resulta evidente que el único gobierno interesado en crear una operación de espionaje de semejante magnitud en contra de periodistas de medios salvadoreños es el gobierno salvadoreño. Esta nueva agresión guarda total coherencia con los recurrentes ataques que la administración de Nayib Bukele ha lanzado contra El Faro, entre las que se cuenta el uso de las instituciones públicas para realizar una serie de auditorías financieras abusivas, la amenaza del propio presidente de abrir casos de lavado de dinero y de evasión fiscal, campañas de difamación lanzadas desde su poderoso aparato de propaganda contra nuestros periodistas, amedrentamiento de nuestros anunciantes, acoso permanente de trolls en redes sociales y un amplio etcétera.
Damos por hecho que nuestra labor periodística nos pone en punto de colisión con un presidente que ha conseguido poner bajo su control –en algunos casos de forma ilegal- todas las instituciones del Estado, que ha destruido cada posibilidad de que la ciudadanía exija información pública y que no admite otra verdad que la suya y otra narrativa de la realidad que no sea aquella que lo proclama como único vocero de la historia nacional.
Ante los ataques, El Faro ha respondido siempre con más periodismo y se ha encargado de construir estrategias que nos permitan seguir haciendo nuestro trabajo en un momento en el que creemos que los espacios ciudadanos son fundamentales para revertir el aniquilamiento de la democracia salvadoreña.
A todos quienes nos han servido como fuentes durante este último año y medio les decimos hoy lo que ya sabían al leer nuestra investigación: los operadores salvadoreños de Pegasus tienen todos los datos registrados en nuestros teléfonos, incluyendo chats, audios, videos y contactos. Han estado metidos en vivo viendo nuestras actividades en el teléfono; en algunas ocasiones, creemos, incluyendo llamadas y videollamadas. Ahora que tenemos certezas las tienen ustedes también.
Creemos que la operación de espionaje de la que hemos sido víctimas tiene entre sus propósitos identificar a nuestras fuentes de información para perseguirlas. No es la primera vez que ocurre: este gobierno ha sometido a pruebas de polígrafo a empleados públicos que son sospechosos de hablar con alguno de los periodistas de El Faro y, en estos días anteriores, la Fiscalía ha allanado oficinas de fiscales de la unidad especial que desmanteló el fiscal Delgado para que no siguieran investigando las negociaciones de este gobierno con pandillas ni los actos de corrupción que habían registrado. Las allanó en busca de evidencia de que nos han filtrado información.
Este régimen ha buscado por varias vías sembrar el miedo entre las fuentes de los periodistas. Hacerlos saberse amenazados. Cada día es más difícil ser periodista en El Salvador, pero también es cada vez más difícil ser fuente de periodistas. Lo sabemos.
Los operadores de esta estrategia saben que el periodismo, en las condiciones en las que se encuentra El Salvador, sin acceso a información pública y sin rendición de cuentas, no es posible sin fuentes: es decir, sin personas dispuestas a confiar en un reportero y en un medio de comunicación. El Faro ha sido depositario de la confianza de ciudadanos, políticos, diplomáticos, empleados públicos y del sector privado, testigos de delitos y confidentes del poder que han creído que el periodismo es la mejor y más eficiente forma de denunciar aquello que les parece incorrecto entre arbitrariedades, injusticias y corruptelas. Esto no ha cambiado en el gobierno de Bukele: sin la confianza de nuestras fuentes, dentro y fuera del gobierno, no habría sido posible, por ejemplo, hacer pública la corrupción en la gestión de la pandemia; o los planes secretos de los hermanos Bukele para crear una criptomoneda salvadoreña; o las negociaciones de este gobierno con las pandillas; o la renuncia de un ministro de Hacienda por presiones del Ejecutivo para que utilizara el ministerio para perseguir a críticos; o el millonario robo de comida destinada a las personas afectadas por la pandemia, por parte de una red delictiva creada por el viceministro de justicia y seguridad pública, entre otras revelaciones.
El espionaje busca también minar la confianza de los ciudadanos en El Faro y evitar que seamos considerados receptores de información confiables. Sin embargo, uno de los mandatos éticos de nuestra profesión es proteger a nuestras fuentes a como dé lugar.
El periodismo es un instrumento al servicio de la ciudadanía, de los gobernados. Nunca del poder. Nunca de los gobernantes. Y ese instrumento sólo cumple a cabalidad su función cuando los ciudadanos se apropian de él. Nuestras fuentes han decidido confiar en El Faro pese a los riesgos que sabían que eso implicaba y las consecuencias a las que se exponían. A todas ellas: gracias. Seguiremos desarrollando estrategias para ofrecer más y mejores garantías para quienes confían en nosotros. Eso provocará, claro está, un seguimiento aún más obsesivo por parte del régimen y mayores ataques contra nuestro trabajo.
Y sabemos todos por qué: a un gobierno autoritario y corrupto no le conviene un periodismo crítico y con capacidades investigativas. Porque lo cuestiona y lo desnuda.
