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Frontera cerrada: el legado de Trump del que Biden decidió apropiarse - ElFaro.net
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Frontera cerrada: el legado de Trump del que Biden decidió apropiarse
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Frontera cerrada: el legado de Trump del que Biden decidió apropiarse

Daniella Burgi-Palomino

 
 

A casi un año de haber asumido la presidencia, la administración Biden decidió volver a implementar la política “Quédate en México”, que regresó a más de 70 000 solicitantes de asilo a México en la frontera estadounidense bajo la administración Trump en 2019. El regreso de esta política, también conocida por sus siglas en inglés MPP, tendrá graves implicaciones para los derechos de los refugiados latinoamericanos, incluyendo el gran número de centroamericanos que huyen de sus países cada año. Desde el 6 de diciembre 2021 existen no una, sino dos políticas que niegan el acceso al asilo a las miles de personas que siguen llegando con la esperanza de que Estados Unidos les ofrezca un refugio: el Título 42 y el Protocolo de Protección de Migrantes en la frontera estadounidense. Y aunque la decisión está, en teoría, basada en una orden de la Corte Suprema, la administración Biden ha superado en su implementación el MPP impulsado por la administración Trump. 

En su primer día como presidente, Biden emitió un comunicado que puso fin al MPP oficialmente. Este anuncio provocó que un mes después se anunciara el comienzo de la primera fase, la cual consistió en procesar los casos de las personas que fueron impactadas por la política y que tenían una audiencia pendiente en las cortes inmigratorias. El proceso involucró a organizaciones internacionales y de la sociedad civil para identificar y registrar a estas personas mediante una página web, hacerles pruebas de covid-19 al llegar a la frontera, permitirles la entrada al país y llevar a cabo su caso desde algún lugar en Estados Unidos con sus familiares o personas conocidas.

Las imágenes de las personas entrando fueron emotivas y llenas de alegría; por fin habían logrado entrar a Estados Unidos después de haber sido forzados a esperar en México bajo situaciones precarias por mucho tiempo. Alrededor de 13 000 personas fueron procesadas de esta manera durante cinco meses. Sin duda esto fue un gran logro que demostró el compromiso inicial de la administración Biden de acabar con el MPP y lo que es posible mediante la colaboración con sociedad civil.

Sin embargo, los estados de Texas y Missouri iniciaron un litigio por la manera en que la administración Biden acabó con el MPP y esto generó que la aplicación de esta política se reiniciara. A finales de agosto 2021, la Corte Suprema denegó la solicitud de la administración Biden de bloquear esta decisión. El procesamiento de solicitantes de asilo a los Estados Unidos en la fase 1 quedó suspendido.

Si bien es cierto que la administración Biden estaba bajo una orden judicial, tenían ciertas herramientas para alargar el proceso y seguir apelando. Lo que ocurrió, en cambio, fue que a comienzos de septiembre la administración Biden entró en negociaciones con el gobierno mexicano para retomar el MPP y decidió implementar una versión mucho más amplia de la primera versión y que abarca mucho más de lo que fue requerido por la corte.

Mientras que bajo la administración Trump el MPP se limitaba a retornar a personas hispanohablantes, aunque al final se incluyeron a brasileños, la nueva y “mejorada” versión de este programa se aplicará a todas las personas del hemisferio latinoamericano (aparte de México), incluyendo, posiblemente, haitianos. Si bien las directrices oficiales del MPP 2 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mencionan “mejorías humanitarias” acordadas con el gobierno mexicano, ya se comprobó en la primera implementación del MPP que los gobiernos de ambos países no cumplieron con sus promesas de proteger a los solicitantes de asilo. Se estima que solo el 7.5 % de las 70 000 personas retornadas a México tuvieron representación legal y que menos del 1 % terminó recibiendo protección bajo el primer MPP. En mi experiencia como observadora en algunas audiencias del MPP en la corte migratoria de San Diego, la gran mayoría de personas llegaban sin información acerca del proceso.

El gobierno mexicano se ha comprometido, esta vez, a asegurar que los solicitantes de asilo retornados tengan acceso a una vivienda y a un transporte seguro desde México a la frontera y luego a su audiencia en las cortes inmigratorias. Pero los testimonios recogidos de las primeras personas retornadas bajo el MPP 2 demuestran que no se están cumpliendo estas promesas y que las personas son retornadas con información errónea, confusa y sin tener oportunidad de contactar a sus familiares o abogados. Human Rights First documentó más de 1500 casos de secuestros, tortura, asesinatos y otros ataques violentos a solicitantes de asilo esperando en México bajo el primer MPP, y todo indica que este patrón seguirá. No es posible hacer que una política tan inhumana y peligrosa se convierta en algo contrario. El mismo secretario de DHS reiteró en un memorándum que “no hay suficientes recursos que resuelvan los problemas y desafíos que presenta la política y que el MPP resulta en “costos humanos injustificables”. 

Todavía hay más preguntas que respuestas sobre la implementación del MPP 2 y cómo esta se sumará a la implementación del Título 42, que también fue renovada por la administración Biden a finales de 2021, y no por una orden judicial, si no por su propia decisión. Solo en las primeras semanas, más de 250 solicitantes de asilo fueron retornados bajo el MPP 2, la gran mayoría desde El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, pero también desde San Diego a Tijuana, California; en su mayoría hombres, pero también mujeres de Cuba, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Perú y Venezuela. Mientras tanto, ya van más de 800 000 personas expulsadas bajo Título 42 durante la presidencia Biden, incluyendo a más de 14 000 haitianos a Haití solamente desde septiembre 2021 y otras decenas de miles personas expulsadas a Guatemala, Honduras y al sur de México, sin ningún tipo de posibilidad de solicitar asilo.

Los números hablan por sí mismos. Con el regreso de MPP, el presidente Biden y su administración han dado paso a la continuidad del legado cruel y antiasilo de Trump, apropiándose de estas políticas. Habrá que ver qué tanto cambiará de ruta en 2022 y si decide hacer caso a los llamados desde organizaciones de sociedad civil, representantes del Congreso estadounidense y organizaciones internacionales que urgen un fin a estas políticas. De lo contrario, lejos de ayudar atacar las causas de la migración desde el centro y el sur de América, empeorarán la crisis de refugiados actual en la región.

*Daniella Burgi-Palomino es la codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos  (LAWG por sus siglas en inglés) desde 2019. Lidera campañas transnacionales con organizaciones de la  sociedad civil en Estados Unidos, México y Centroamérica a favor de los derechos de los migrantes y  refugiados y defensores de los derechos humanos.
 
*Daniella Burgi-Palomino es la codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos  (LAWG por sus siglas en inglés) desde 2019. Lidera campañas transnacionales con organizaciones de la  sociedad civil en Estados Unidos, México y Centroamérica a favor de los derechos de los migrantes y  refugiados y defensores de los derechos humanos.


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