No son propias de un jefe de Estado las expresiones y valoraciones que el señor presidente de la República ha proferido durante los últimos días, y aun antes, respecto al significado, contenido e importancia de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno y el FMLN el 16 de enero de 1992, los cuales ha calificado de una “farsa”, de un “Acuerdo o pacto de cúpulas que se repartieron el país para enriquecerse”, y otras en similar sentido. Todo ello sirvió como justificación para que, recientemente, la Asamblea Legislativa, fiel al Ejecutivo, derogara el decreto que instituyó el 16 de enero de cada año como el “Día de
los Acuerdos de Paz”, sustituyéndolo por el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”. No cabe duda también que uno de sus propósitos es evadir el obligatorio cumplimiento de esos Acuerdos.
Es irrazonable desconocer la importancia de los Acuerdos de Paz para la sociedad salvadoreña, y principalmente para la sociedad de aquella época que vivió los estragos del conflicto armado, porque si algo es muy cierto es que, solo los que vivieron y sufrieron en carne propia las incidencias de la guerra pueden valorar en su verdadera dimensión el silenciamiento de las armas y el fin de la persecución; las generaciones posteriores que no presenciaron estos acontecimientos solo los pueden valorar conforme al nivel de sensibilidad que se tenga por el dolor y sufrimiento ajeno, lo que deviene de principios y valores religiosos, morales y éticos, de los que muchas veces se adolece. La firma de los Acuerdos de Paz trajo consigo la finalización de los enfrentamientos armados; el cese de los operativos militares principalmente en el área rural de nuestro país, que en muchos casos provocaron graves masacres de población civil no interviniente en el conflicto, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Terminó con el accionar de los comandos urbanos, así como de los Escuadrones de la muerte, que se dedicaban a asesinar opositores políticos; acabó con el secuestro de alcaldes, funcionarios de gobierno, diplomáticos y empresarios para exigir un rescate y alimentar la campaña guerrillera.
Todo esto trajo consigo, y de inmediato, el más grande alivio principalmente para la población civil, pues significó ya no salir de su barrio, colonia o caserío alzando banderas blancas, con niños o enfermos en brazos sin –a veces– lo mínimo necesario para subsistir, a vivir de la misericordia ajena. Y luego, al retornar a sus casas, encontrarla destruida o saqueada. Significó la posibilidad de retornar a la zona de donde fueron desplazados por muchos años, porque se volvió inhabitable por los continuos operativos militares y enfrentamientos armados, con el anhelo de reconstruir sus vidas y el tejido social de sus comunidades. Significó la oportunidad de emprender la búsqueda de sus familiares muertos o desaparecidos, así como de exigir justicia por aquellos que, no siendo parte en el conflicto, fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
Los Acuerdos de Paz crearon nuevas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, El Consejo Nacional de la Judicatura, la Policía Nacional Civil, el Foro Económico y Social y otras que serían la base para la democratización del país; de igual forma hizo desaparecer cuerpos de seguridad represivos, así como los BIRI señalados de atroces masacres, y dio una nueva orientación y doctrina a la Fuerza Armada. Si algo se me ha quedado, no puede desconocerse que lo anterior no es poco.
Para las posteriores generaciones que no vivieron el conflicto armado, los Acuerdos de Paz igualmente deben revestir una importancia significativa, guardando memoria imperecedera de los mismos, puesto que esto permitirá conocer las causas estructurales que originó la guerra civil y produjo tales acuerdos, así como superar esas causas estructurales para que ese capítulo sangriento de la historia de nuestro país no se vuelva a repetir.
Debe reconocerse, como muchos han opinado, que los Acuerdos de Paz no fueron perfectos, hubo vacíos u omisiones en el tratamiento de temas vitales para una paz con justicia y reconciliación, como la superación de la impunidad, lo económico, social y otros. De igual forma los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, incluyendo el actual, han incumplido con la ejecución de buena parte de los mismos, no obstante que esos Acuerdos son de obligatorio cumplimiento.
Los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 fueron y son de obligatorio cumplimiento para los anteriores gobiernos y el actual; ese carácter vinculante se advierte del espíritu y propósitos plasmados en la parte introductoria y de la Declaración Final contenida en los Acuerdos y que a la letra dice: “Las Partes expresan su firme determinación de respetar escrupulosamente y ejecutar de buena fe todos los compromisos asumidos en el presente Acuerdo y en los demás que han alcanzado en el proceso de negociación, dentro de los términos y a través de los mecanismos previstos en ello”. Los Acuerdos de Paz no son solo un documento, según lo ha establecido la Sala de lo Constitucional en su sentencia de Inconstitucionalidad 4-2012 del 17 de mayo del 2013, son el origen y fuente material de reformas constitucionales que se dieron en temas como el sistema de justicia, derechos, humanos, sistema electoral, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, lo económico, social y otros.
Los Acuerdos de Paz y reformas constitucionales están íntimamente vinculados, de modo que para interpretar esas reformas se debe acudir al espíritu de los Acuerdos de Paz. Tales reformas constitucionales se concretaron por el carácter obligatorio que las partes firmantes dieron a los Acuerdos en todos los temas, no solo en unos, de manera que existe una deuda pendiente de cumplimiento en temas como la superación de la impunidad, lo económico, social y otros. El Estado de El Salvador, como en toda negociación en la que se involucra a organismos como las Naciones Unidas, está obligado a cumplir de buena fe los acuerdos firmados, principio este de derecho internacional que aplica no solo respecto a tratados, declaraciones, convenciones internacionales, sino en todos aquellos acuerdos que se construyen bajo el auspicio de las Naciones Unidas; si ese no fuera el sentido, el mayor organismo mundial no hubiera intervenido en mediación para el alcance de los Acuerdos, ni hubiera desplegado sus organismos de verificación de cumplimiento de los mismos.
Por último, son obligatorios porque en todo conflicto armado, ya sea interno o internacional, están fuertemente comprometidos los derechos humanos de combatientes y principalmente de la población civil no interviniente, debiendo aplicarse un criterio amplio en la consideración de obligatoriedad de esos acuerdos, para dar por terminada una situación de conflicto violatoria de los derechos humanos. Debe mencionarse que los Acuerdos de Paz han sido reconocidos internacionalmente como un ejemplo de pacificación de una sociedad inmersa en una guerra interna, e incluso han sido tomados como referencia para ser aplicados en países sometidos a conflictos internos, como el caso del proceso de negociación de la paz en Colombia.
Otro aspecto importante que abona a la obligatoriedad en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por lo cual el presidente Bukele no puede desconocerlos e incumplirlos, es porque en la función pública prevalece el principio de continuidad de los actos de administración pública, según el cual, los compromisos que adquiere un gobierno continúan con los gobiernos que le suceden, hasta su total cumplimiento o renegociación. Esto se fundamenta en que la figura de gobierno como un ente jurídico de carácter público es uno solo, independientemente de que partido político esté gobernando; entonces, aun cuando la
negociación y la firma de los Acuerdos la realizó el primer gobierno de Arena, los gobernantes que le sucedieron estaban obligados a dar seguimiento y cumplir con los compromisos adquiridos; de igual forma –como se ha dicho–, el actual Gobierno está obligado a cumplir con los pactos adquiridos, y no puede excusarse de su cumplimiento so pretexto de que los anteriores gobiernos no lo hicieron.
Con base a lo anterior, lo mejor que puede hacer el presidente Bukele es reconocer públicamente la importancia de los Acuerdos de Paz, pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por mancillar y restar validez a los mismos y proceder a su cumplimiento en los temas pendientes de superación de la impunidad, lo económico, social y otros. La injuria e invalidación de los Acuerdos de Paz solo son una apreciación subjetiva del presidente, objetivamente prevalecerán en la memoria histórica del pueblo salvadoreño.
