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El Salvador promueve una vejez indigna para sus mujeres
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Desigualdad


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El Salvador promueve una vejez indigna para sus mujeres

Carlos Eduardo Argueta

 
 

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las
próximas generaciones y no en las próximas elecciones”

Winston Churchill

Los salvadoreños y salvadoreñas nos estamos convirtiendo en una población más longeva. En los próximos 30 años, la quinta parte de las personas tendrá 60 años o más. Sin embargo, este contexto demográfico no nos afectará a todos por igual, algunas personas estarán más expuestas a la exclusión social. En particular, son las mujeres quienes se encuentran en un mayor riesgo de caer en la pobreza en la vejez. Que las circunstancias desiguales sean tan predecibles tiene que ver con la combinación del mercado, que impone barreras para que ellas accedan a empleos decentes con seguridad social; las familias y el uso del tiempo de las mujeres en labores de cuidado, y la poca capacidad e interés del Estado para promover políticas públicas sostenibles que reduzcan las desigualdades y ofrezcan protección social integral.

Esta discriminación inicia en las primeras etapas del ciclo de vida, las cuales se traducen en una mayor precarización de su situación laboral: las mujeres tienen una menor participación en el mercado de trabajo respecto a los hombres y, cuando logran insertarse, suelen hacerlo con mayor frecuencia en la informalidad y con salarios más bajos. A su vez, la asignación inequitativa de roles en el hogar provoca su salida del mercado laboral con mayor frecuencia, lo que las aísla para que dediquen más tiempo a la economía del cuidado y que dependan económicamente de su pareja.

Las mujeres en la vejez carecen con más frecuencia de ingresos propios que les permitan afrontar de manera independiente sus necesidades básicas. Un reciente informe de la CEPAL evidencia que aproximadamente el 40 % de las mujeres adultas mayores en El Salvador no cuentan con ingresos propios; una cifra de más del doble del porcentaje de hombres en la misma situación (17 %). En sintonía con lo anterior, el sistema de pensiones salvadoreño ofrece muy baja cobertura entre la población adulta mayor: solo el 17.1 % de personas de 60 años o más cuenta con una pensión, pero este porcentaje es más bajo entre las mujeres (14.3 %) respecto a los hombres (20.8 %), según datos de un estudio elaborado por FUNDAUNGO y OIT. Al tener un menor acceso al sistema de pensiones, también son excluidas con mayor frecuencia del régimen de salud.

La situación no cambia para las mujeres que logran tener ingresos laborales o por pensión. Al haber percibido menores salarios y tener menos posibilidades de ahorro, las mujeres suelen pensionarse con menores montos respecto a los hombres. Esto, aunado a que ellas tienen una esperanza de vida mayor, provoca que sus pensiones sean más bajas y que deban subsistir con dichos montos durante más tiempo. Esta es una de las razones por las que muchas continúan trabajando en un mercado laboral que se caracteriza por excluir a las personas jóvenes y adultas mayores de los pocos empleos formales que genera nuestra economía.

Poco se habla, además, de las importantes presiones que provoca el envejecimiento poblacional en los roles de cuidado. Las personas adultas mayores demandan más atención y cuidado para realizar sus actividades cotidianas. Ante la ausencia de mecanismos de protección social institucionalizados que atiendan esta necesidad en nuestro país, como políticas de cuidado integral a personas adultas mayores y de corresponsabilidad dentro del hogar, este rol inevitablemente recae en la familia, y en mujeres mayores en gran medida.

El panorama demográfico de largo plazo exige una reestructuración de los aportes que pueda hacerse desde el mercado, la familia y el Estado, con el fin de prevenir el riesgo de pobreza. Es fundamental que se garanticen las condiciones económicas básicas para que las mujeres y sus familias puedan participar en el mercado de trabajo de manera estable, que garantice su consumo presente y les permita ahorrar para el futuro. Esto debe ir de la mano con políticas de corresponsabilidad para que la distribución de roles en el hogar adquiera más equidad entre mujeres y hombres, dado que actualmente las primeras dedican más del doble de horas al día (respecto a los hombres) en este tipo de actividades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2017.

No se debe obviar, en todo caso, que es el Estado quien tiene la principal obligación de fortalecer los sistemas de protección social para ofrecer salud, cobertura previsional y políticas de cuidado para la población adulta mayor. Asimismo, se debe partir de la comprensión que los mercados no se autorregulan y que, por tanto, se requieren intervenciones económicas para mejorar la distribución del ingreso; así como de la premisa de que las familias no pueden asumir toda la carga del envejecimiento de nuestra población.

Atender esta problemática requiere de una estrategia sostenible de largo plazo que exige voluntad política y organización ciudadana, pues la vejez no debe implicar pérdida de garantías de derechos humanos. Si no tomamos las medidas oportunas de política pública lo más pronto posible, la pobreza en El Salvador presente y futura tendrá un rostro eminentemente femenino.


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