Xiomara Castro toma posesión hoy en Honduras después de dos administraciones consecutivas de Juan Orlando Hernández caracterizadas por una grave regresión en materia de derechos humanos, y tras más de 12 años del golpe de Estado que marcó profundamente al país. El nuevo gobierno tendrá que mostrar audacia y voluntad para atender las causas y los efectos de un nefasto legado que dejan los gobiernos de la última década, y el acumulado de abandono estatal a las comunidades históricamente marginalizadas y violentadas, entre ellas los pueblos indígenas y garífunas, las comunidades rurales, las mujeres y niñas, la población LGBTI+, y las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente.
Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar la presidencia en Honduras y la única que ostenta ese cargo actualmente en América Latina, ha reconocido varias veces la grave crisis de derechos humanos que vive el país, alimentada por las desigualdades, la violencia y la impunidad, agravada estos dos últimos años por la pandemia y los efectos devastadores de los huracanes Eta e Iota. La crisis ha llevado a miles de personas a huir del país cada año, y muchas otras a desplazarse internamente sin mecanismos de protección adecuados.
Previo a las elecciones en noviembre, Amnistía Internacional envió a las personas candidatas a la presidencia una carta abierta con siete puntos mínimos necesarios para construir un país más justo y basado en la protección de los derechos humanos.
Las deudas pendientes son muchas, y todas urgentes. En las elecciones anteriores, en 2017, fuimos testigos de la violenta represión en contra de manifestaciones masivas de miles de personas que denunciaban un fraude electoral. La Policía Militar y el Ejército usaron fuerza excesiva —a veces inclusive letal— para dispersar las manifestaciones. Cuatro años después, el Ministerio Público no ha logrado ninguna sentencia en relación con las 22 muertes que investiga en ese contexto.
Mientras tanto, personas inocentes como Jhony Salgado, quien ni siquiera participaba en la protesta por la que fue detenido en diciembre de 2017, siguen siendo criminalizadas. Jhony sigue esperando su juicio, después de haber pasado cuatro meses en prisión injusta y con el riesgo de enfrentar otra severa sanción.
El uso de estrategias para disuadir y reprimir las protestas se ha convertido en una práctica recurrente para silenciar a aquellas personas que valientemente se toman las calles. El nuevo gobierno debe garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, dejar de criminalizar a quien lo hace y asegurar que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. Honduras debe, además, sacar de una vez por todas a las fuerzas militarizadas de las calles, tal y como han recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Otro tema urgente es la violencia y la criminalización que enfrentan las personas defensoras derechos humanos, particularmente aquellas que defienden el derecho a la tierra, el territorio y el medioambiente. En un contexto donde la lucrativa explotación de los recursos naturales choca con la exigencia y garantía de derechos humanos —como el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, o el derecho a un medioambiente sano— Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la defensa de derechos. La falta de voluntad y la negligente inacción del gobierno de Hernández en estos temas quedaron palpables con la ausencia de Honduras en la firma del Acuerdo de Escazú.
En estos días está teniendo lugar el juicio contra ocho defensores del río Guapinol, quienes llevan más de dos años en prisión preventiva de forma injusta y han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. El expediente del caso revela múltiples deficiencias en la investigación que muestran que están siendo detenidos únicamente por su defensa del derecho al agua limpia y a un medioambiente sano.
Este caso es emblemático del uso indebido del sistema de justicia para acallar a las personas defensoras en Honduras y desmantelar sus procesos de resistencia. El gobierno de Xiomara Castro debe transformar esta realidad, reconociendo públicamente la importancia de la labor de quienes defienden los derechos, estableciendo un verdadero sistema de protección integral, y garantizando que el Ministerio Público realice investigaciones imparciales e independientes sobre la violencia que enfrentan.
Los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTI+ debe ser otra prioridad del nuevo gobierno. En 2012, Honduras se convirtió en uno de los países más restrictivos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió que la prohibición del uso de la píldora de emergencia era constitucional. Haciendo caso omiso a varias recomendaciones de la ONU, los siguientes gobiernos han continuado negándole a las mujeres y niñas el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y sus proyectos de vida, incluyendo la aprobación de una reforma constitucional en 2021 que bloqueó en la práctica la legalización del acceso a un aborto legal y seguro.
Ninguna mujer debe pasar un día más por el calvario de un aborto clandestino ni ser penalizada por utilizar la anticoncepción de emergencia. El compromiso del gobierno con los derechos de la mitad de la población es fundamental en un país donde una mujer es asesinada cada 21 horas, entre otros altísimos niveles de violencia de género, incluida la discriminación y violencia contra las personas LGBTI+.
Honduras necesita urgentemente un cambio basado en la garantía de los derechos humanos. La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y una plena cooperación con los organismos y mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos será clave para revertir uno de los períodos más sombríos del país y cumplir con sus obligaciones internacionales. Esperamos que el gobierno de Xiomara Castro tome esta oportunidad histórica para construir el país justo y equitativo que el pueblo hondureño aspira.
