Hoy, 31 de enero, la comisión que evaluará las candidaturas para elegir fiscal general del Ministerio Público (MP) en Guatemala inicia sus sesiones, integrada por los decanos de las facultades de derecho, miembros del colegio de abogados y la presidenta de la corte suprema, quien revisará los expedientes de los que se presenten y remitirá un listado de seis personas para que el presidente Alejandro Giammattei elija. El nuevo mandato debe iniciar el 17 de mayo. Aunque existe una posibilidad de que la actual fiscal no continúe, su salida del Ministerio Público no garantiza justicia. Muchas candidaturas que le acompañan son iguales o peor que ella.
Consuelo Porras, la actual fiscal general, rompió diez años de una línea que había fortalecido la lucha contra la impunidad. Llegó en un momento álgido, cuando los empresarios tradicionales y los políticos estaban siendo amenazados por decenas de casos de corrupción. Porras fue electa por el expresidente Jimmy Morales, y ella cumplió su palabra: no peleó para renovar el mandado de la comisión anticorrupción CICIG, desbarató casos importantes, criminalizó a opositores y destituyó ilegalmente al fiscal estrella Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado junto a otros jueces y exfiscales en Washington. Estas acciones le valieron ser sancionada por Estados Unidos, que la incluyó en la Lista Engel declarándola corrupta.
Apañada por las redes militares y empresariales, Porras busca reelegirse. No se sabe si los chantajes judiciales que se encuentra haciendo como presentar acusaciones contra la jueza Erika Aifán para traerse abajo un caso que implica a personas que influyen en la elección de fiscal general o citar a otros miembros de la comisión de postulación a los tribunales serán suficientes para conseguir ser elegida de nuevo, pero lo intentará. Ella ha dicho en algunos círculos que no tiene nada que perder y que fue la única que les puso “freno a los gringos”.
Para los corruptos, esas credenciales podrían bastar pero el decisor final será Giammattei, quien, si se decanta por ella, sufriría el desgaste de las relaciones con Estados Unidos que se han venido deteriorando sin romperse, pues Guatemala sigue siendo el interlocutor -escudo de migrantes- más confiable en la región. Esto podría cambiar si la presidenta de Honduras Xiomara Castro afianza su discurso anticorrupción y se muestra abierta al diálogo con los norteamericanos. Así se abriría el chance para que se dieran acciones contra gente cercana a Giammattei, ya que de momento, contrario a lo que ha sucedido en Honduras y El Salvador, el círculo del presidente se ha mantenido intacto ante las sanciones estadounidenses a pesar de que el mandatario es el eje central de la corrupción.
Además de que Giammattei es quien finalmente elige, otro problema es que abundan los abogados dispuestos a hacer el mismo trabajo sucio que caracterizó a la administración de Porras. Es una trampa pensar que basta con que Porras no se reelija; hay candidatos, como el actual procurador general de la nación José Luis Donado, que podrían ser aún peores. El gobierno no tiene totalmente ganada la comisión de postulación ya que hay decanos de algunas universidades privadas que no responden necesariamente a intereses oscuros. Hay universidades con prestigio que han hecho buen papel en elecciones anteriores y este bloque será el decisivo a la hora de votar qué personas integran la lista corta. Por esto, Giammattei ha interferido directamente en el proceso y logró que se suspendiera una reunión pública que los embajadores habían organizado con los miembros de la comisión. Esto busca evitar la veeduría y mandar mensajes intimidatorios.
La comisión debe establecer la forma para puntear a cada aspirante. En procesos anteriores, quienes han sacado mejores notas son finalmente electos, ya que los criterios de evaluación han favorecido a las candidaturas pactadas. Por tanto, para lograr un proceso más transparente y subir la calidad de la persona titular del Ministerio Público, se deben elevar los requisitos y escudriñar en el pasado de cada aspirante y así observar cuáles son sus conflictos de interés. Si alguien ha sido defensor de narcotraficantes, criminales de guerra, poderosos corruptos o ha favorecido a cualquiera de éstos en su actuar como fiscal o juez, claramente no es idóneo para este cargo. La Barra de Abogados de Estados Unidos (ABA) y la Universidad Da Vinci han propuesto metodologías acuciosas basadas en criterios adoptados en diferentes países que deberían ser respaldados por la comisión.
En este último año, la actual fiscal general ha desatado una ola de criminalización contra jueces, fiscales, activistas y periodistas que han sido críticos al gobierno. El caso del fiscal Sandoval, las acusaciones contra los jueces independientes, encarcelar a manifestantes por pintar una pared del congreso, las acusaciones contra periodistas son algunos ejemplos de cómo el MP se ha convertido en un brazo político con características similares a las fuerzas de seguridad de Daniel Ortega. Si se reelige a Consuelo Porras o llega alguien similar, esta situación se agravará sin precedentes. Se desatarán más exilios, más represión a la prensa y ataques a activistas. Además de que, para las elecciones generales de 2023, se montarían casos contra las candidaturas opositoras al régimen actual.
Por su naturaleza, esta institución es vertical por lo que cada cambio de fiscal general representa un nuevo rumbo donde se decide quiénes serán perseguidos penalmente y quiénes no. Es irreal y mentiroso decir que una fiscalía puede ir contra todos los delincuentes de un país, por lo que el arte de la persecución es saber elegir los casos más relevantes para la sociedad. En una visión democrática, un Ministerio Público dirigiría sus esfuerzos hacia quienes cometen delitos en las cúpulas de poder, ya que esos actos ilegales influyen en las políticas públicas y en la corrupción de la democracia que significa que los Estados no funcionen. Un MP anodino y complaciente es fundamental para que los gobernantes amancebados con las élites económicas continúen con el saqueo que mantiene sumida a la región en la miseria y falta de justicia.
La sociedad y la comunidad internacional deben, aunque el Gobierno lo quiera impedir, prestar cuidadosa atención al proceso para observar que se apliquen los estándares reconocidos internacionalmente para evaluar a los candidatos. Este nombramiento determinará los próximos años. Si queda alguien aliado a las redes de impunidad, el país caerá en un abismo incalculable. Por eso, la vigilancia y la denuncia es más necesaria que nunca.
