En Managua se están celebrando juicios para condenar a los prisioneros políticos encarcelados desde mayo del año pasado, cuando el régimen quiso eliminar cualquier riesgo en contra del fraude electoral que ya estaba montando, y que culminó con la cuarta reelección de Daniel Ortega en noviembre.
Los juicios de Managua recuerdan en muchos sentidos a los juicios de Moscú, que se celebraron entre 1936 y 1938 en contra de figuras políticas relevantes que representaban algún tipo de amenaza para el poder de Stalin; unos juicios que le sirvieron también para imponer el terror entre aquellos que abrigaran algún mal pensamiento y quisieran de alguna manera rebelarse. Mejor el silencio que el tiro en la nuca.
Se parecen en cuanto al siniestro catálogo de delitos. El famoso artículo 58 del Código Penal de Stalin estaba diseñado para eliminar adversarios, disidentes y potenciales enemigos, y sacarlos del juego. Traición a la patria, traición a la revolución, atentados contra la soberanía nacional, colaboración con potencias extranjeras; un artículo que se iba reformando de acuerdo a las necesidades de la represión.
Esas mismas palabras son familiares en Nicaragua hoy día. Todos esos delitos están contenidos en las leyes que fueron dictadas de manera expresa antes de que comenzaran las redadas de prisioneros; sólo que ahora, además de la traición y el menoscabo de la soberanía, esas leyes contemplan los ciberdelitos, y se castigan los chats que contengan palabras ofensivas contra la familia en el poder, y hasta los memes; ya no se diga la difusión de noticias “que promuevan el odio y la disensión social”.
En los juicios de Moscú, los prisioneros comparecían delante del tribunal con el ánimo quebrado tras largas sesiones de tortura, la luz siempre ardiendo en sus celdas, sacados constantemente a medianoche para ser interrogados. En los juicios de Managua es igual. Hay prisioneros que, tras meses sin ver la luz del sol, y sin saber si es de día o de noche, han empezado a perder la memoria y a olvidar el nombre de sus hijos; a otros se les está cayendo la dentadura, o se han convertido en esqueletos de tanto peso que han perdido, y también son levantados a cualquier hora de la madrugada para llevarlos a interrogatorio y preguntarles siempre lo mismo.
Pero a ninguno han logrado doblegar. Ana Margarita Vijil, a quien se le impidió hablar durante el juicio, sólo tenía derecho de poner su firma al pie del acta de condena. Y debajo de la firma escribió: “prisionera política”. Fue sentenciada a diez años de prisión por “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
En los juicios de Moscú se imponía a los hallados culpables, que eran todos los juzgados, la pena de muerte o el confinamiento en Siberia; en los juicios de Managua los hallados culpables, que son también todos, son condenados a prisión. Y si los juicios de Moscú se celebraban a la vista pública, en una sala de la Corte Suprema de muchos dorados y cortinajes, en cambio, los juicios de Managua tienen lugar dentro de la propia prisión, y las vistas son secretas, sin acceso a la prensa. Y los reos no tienen derecho a la palabra, que escasamente se concede a sus abogados.
Pero en ambos casos se trata de condenadas dictadas de antemano. Jueces y fiscales no son más que comparsas de una puesta en escena. Y si los juicios de Moscú podían durar semanas, con presentación de supuestas pruebas, desfile de testigos, confesiones públicas de los acusados, un teatro bien montado, los juicios de Managua no duran más de dos o tres horas, y no hay más testigos que los propios policías que han interrogado a los prisioneros, o que han cateado sus casas, o que han leído sus correos electrónicos. Y los jueces, que se presentan en la prisión disfrazados de toga, tampoco deciden cuántos años de cárcel impondrán a cada acusado. Eso ya está resuelto desde más arriba desde sus cabezas.
Tampoco los prisioneros que sufren enfermedades graves, o los de edad avanzada, de los que hay varios, son apartados de los rigores del régimen carcelario que tiene mucho de crueldad vengativa. El comandante Hugo Torres, héroe de la lucha guerrillera contra Somoza, acaba de morir a los 73 años, víctima de una enfermedad terminal de la que sus carceleros hicieron poco caso. Aún muerto, en las redes oficialistas siguen llamándolo traidor. En diciembre de 1974 había sido parte del comando armado que tomó en Managua la casa de un alto funcionario de Somoza mientras se celebraba una fiesta, y el comando logró canjear a los invitados por los presos políticos que pudieron volar hacia Cuba, entre ellos Daniel Ortega. Triste y terrible. Habiendo liberado a Ortega de la prisión, ahora Hugo Torres ha muerto en una prisión de Ortega.
Y al tiempo que se celebran los juicios de Managua, decenas de fundaciones y organizaciones no gubernamentales están siendo ilegalizadas y confiscadas, entre ellas universidades privadas con miles de estudiantes, que sufren el despojo de sus instalaciones, adjudicadas a las universidades estatales bajo el control del régimen.
Cuando los juicios de Moscú se celebraron, y los acusados eran ejecutados en las prisiones apenas horas después de dictadas las sentencias de muerte, o enviados a Siberia con largas condenas, en el mundo hubo poco eco de aquel bárbaro montaje. La prensa tenía entonces cosas distintas de qué ocuparse: la amenaza del nazismo, el cerco de Madrid.
Hoy también, cuando se llevan a cabo los juicios de Managua, el mundo tiene otras cosas de que ocuparse: la impávida cara de jugador de póker de Putin negando que quiera invadir Ucrania, y el presidente Biden insistiendo en que la invasión es inminente.
Mientras tanto, el martillo de los comparsas de Ortega disfrazados de jueces, que golpea al dictarse una condena tras otra dentro de los muros de la cárcel convertida en tribunal, no se escucha. Nadie lo escucha.
