Columnas / Impunidad

Guatemala asfixia cada vez más la disidencia

Giammattei lidera un movimiento restaurador hacia un conservadurismo intolerante contra cualquier atisbo de oposición. Cuenta para ello con el apoyo de las instancias públicas y ONG de corte militar.

Martes, 1 de marzo de 2022
Álvaro Montenegro

En Guatemala se vive una cacería contra fiscales y jueces como parte de una estrategia amplia que busca asfixiar y neutralizar a quienes han puesto en riesgo el sistema corrupto y desigual. Para afianzar esta estructura, se está promoviendo una cruzada política y cultural que ensalza el nacionalismo en menosprecio de la apertura y la disidencia.

Para apuntalar el discurso conservador, el congreso de Guatemala ha nombrado el 9 de marzo, el natalicio del presidente Alejandro Giammattei, como el día de la familia. El fin de este decreto es aminorar la fuerza del 8 de marzo –aguerrido Día Internacional de la Mujer– y complacer a grupos tradicionalistas cuya bandera es rechazar los derechos sexuales y reproductivos. Escoger esta fecha es invocar a los viejos dictadores que establecían sus cumpleaños como feriados y organizaban, para celebrarlo, enormes actos públicos. Alejandro Giammattei lidera, desde que llegó a la silla presidencial, un movimiento restaurador hacia un conservadurismo intolerante contra cualquier atisbo de oposición. Cuenta para ello con el apoyo de las diferentes instancias públicas, que le apañan todo, mientras que entidades no gubernamentales de corte militar vinculadas con acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos se han empoderado y no rinden cuentas de nada.

La intransigencia emanada de las autoridades guatemaltecas y sus aliados me recuerda la década de 1930. De la biografía de Hitler, por ejemplo, recuerdo cuando apenas se apuntalaba el partido Nacional Socialista (Nazi) como un conglomerado de locos fanáticos desbordados de odio que iban contra los diferentes en defensa de una raza aria poderosa considerada biológicamente superior. Su enemigo era la democracia. Era la época pos Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba devastada y la mayoría había sido obrero o soldado, oficios que Hitler conocía en carne propia y que le ayudaron a empatizar con quienes lo consideraban uno de los suyos.

Los Nazis, intolerantemente, acudían con rabia a donde otros partidos impartirían sus discursos. Al llegar, con los puños de fuera, arremetían contra los oradores. La golpiza era brutal e inesperada. Cuando la policía los detenía y los llevaba a las cárceles, los Nazis, liderados por un incipiente Hitler, declaraban que habían logrado su propósito: que el otro partido no propagara sus ideas.

La narrativa de esos tiempos no se ve tan lejana. Ni para Guatemala ni mucho menos para el país del que más depende nuestra economía y el respaldo a la justicia: Estados Unidos. Mientras Donald Trump presidió el imperio, abrió la ventana a los demonios del racismo, la desfachatez, la misoginia, la xenofobia, corrió la barra de la tolerancia atacando a grupos específicos como migrantes, y desdeñó derechos humanos difícilmente conseguidos. En Guatemala, la llegada de Trump dio el visto bueno a la salida de la CICIG, la comisión anticorrupción respaldada por la ONU, que desnudó la cooptación del sistema y, más que eso, logró inspirar una activación ciudadana inédita. Ahora, encarcelan a sus miembros sin ningún fundamento y declaran reserva en los casos para que no se conozcan los motivos de las detenciones.

Por motivos precisamente ultranacionalistas –firmar acuerdos para que Guatemala aceptara ser una cárcel de migrantes para decir que él “sí” contendría la migración–, Estados Unidos le retiró el apoyo a la CICIG y eso fue decisivo para su salida ya que tristemente en nuestros países la voz estadounidense afecta demasiado y es, en buena medida, la única que los gobernantes escuchan, aunque cada vez menos-, en contra su voluntad. Con el gobierno de Biden, Estados Unidos había calificado a Guatemala como su entrada a la región, pero esto se va desvaneciendo con cada acto del Gobierno en favor de la impunidad y la persecusión de los operadores de justicia.

Desde la salida de esta comisión en 2019 las instituciones fueron cooptadas por personas que forman parte de una red patriotera, fanática religiosa, cerrada ante otras expresiones, con deseos de aniquilar todo el progresismo, y que con descarado desdén atacan a quienes osaron en promover casos contra las élites militares, políticas, criminales y económicas. Desde ahí, han aumentado su influencia grupos como Fundaterror, quienes eran en principio marginales y vistos como extremistas que promovían impunidad en favor de los militares criminales de guerra; luego pasaron a defender corruptos y a chantajear a la élite económica para sellar alianzas.

Ahora, las cortes les dan la razón con cada insensatez que plantean y el Ministerio Público está a su servicio. En las últimas semanas, se giraron órdenes de captura contra siete fiscales que investigaron corrupción, se plantearon tres acusaciones contra la jueza Erika Aifán, premiada por Estados Unidos, se sacó a los jueces de la contienda para la elección de fiscal general y Giammattei publicó dos comunicados rechazando la injerencia extranjera que se mostró preocupada por el deterioro de la justicia.

La ONG Fundaterror se quiere vender –con la teoría de los dos demonios que busca crear antípodas donde no existen– como justiciera de quienes desestabilizaron el “orden” y no les importa agredir a mujeres en una sala de audiencias, presentar decenas de denuncias espurias, insultar en redes sociales, aceptar ser parte de cuentas anónimas dedicadas a acosar, entre otras acciones macabras. Han construido relaciones con los funcionarios y empresarios más altos, quienes sin aceptarlo públicamente –les da todavía un poquito de pena– los respaldan, les dan buena plata y les agradecen asumir la identidad de grupo de choque, lo que también les ha acarreado desgaste como ser sancionados por Estados Unidos en la Lista Engel.

Las espirales de la historia son cíclicas y, aunque cambien actores y circunstancias, hay narrativas maniqueas y autoritarias que quedan. En Guatemala se ha desatado claramente una cacería judicial y de muerte civil. Podrá verse desde lejos, aún con desconfianza, sobre si quienes son acusados efectivamente tienen cola machucada o si esto es parte de una pugna entre dos partes. Como la propaganda –al estilo Goebbels, el estratega Nazi quien repetía mentiras descaradas porque al martillar una falsedad “algo quedaba”– que es emanada desde “medios” que escriben sin fuentes y cuentas en redes sociales anónimas que filtran información confidencial. Lo que vivimos es una asfixia de lo que rechace lo diferente, lo que cuestione lo establecido: ya sea al promover casos penales, hablar en favor de derechos más amplios, escribir con libertad, protestar en la calle, ejercer una función pública con integridad, redactar informes de desarrollo humano que no agradan al gobierno.  

Con preocupación, se presenta la disyuntiva: defender los pocos valores que quedan –expresión, libertad de prensa, a manifestarse, asociación, de no ser juzgado sin pruebas– o solamente observar cómo se hunden estos principios y con ellos nuestra libertad y nuestro futuro. Si no hay un viraje promovido por un grupo amplio y decidido, la noche, en todo caso, larga, amarga y dolorosa.

Álvaro Montenegro is a journalist and one of the seven Guatemalans that founded the #RenunciaYa movement, which was later renamed #JusticiaYa. The movement played a central role in the protests that led to the resignation of Guatemalan President Otto Pérez Molina.
Álvaro Montenegro is a journalist and one of the seven Guatemalans that founded the #RenunciaYa movement, which was later renamed #JusticiaYa. The movement played a central role in the protests that led to the resignation of Guatemalan President Otto Pérez Molina.

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