El 6 de noviembre de 2021, once días después de iniciado el estado de sitio en El Estor, Izabal, Olga Ché Ponce todavía conservaba una copia de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó el cese de operaciones de la mina Fénix, por no realizar una consulta comunitaria en el municipio, a 319 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca.
La resolución impresa acabó en tiras después de que un policía intentó arrebatarla de las manos de Ché, alegando que era ilegal que ella tuviera una copia. El forcejeo ocurrió en los primeros días del estado de sitio, cuando cientos de policías, en vez de garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte, allanaron 26 casas de líderes comunitarios que se oponen a la minería y capturaron a al menos 17 personas.
El Gobierno instaló el estado de sitio, el 25 de octubre de 2021, después de que miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales y los Consejos Ancestrales Q’eqchi’ de El Estor bloquearon durante tres semanas la circulación de camiones hacia la mina y la Planta Procesadora de Níquel (Pronico). Lo llamaron “La Resistencia”. La mina Fénix y Pronico pertenecen al consorcio suizo Solway Investment Group, que funciona con capital europeo, según su oficina de prensa. Agrega que la empresa utiliza el ruso como uno de sus idiomas operacionales porque tenía proyectos en ese país. Varios empleados ejecutivos de su subsidiaria en Guatemala, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), son rusos.
Hace un año, el equipo internacional de investigadores Forbidden Stories recibió una filtración —ocho millones de documentos con correspondencia interna y con funcionarios públicos, estrategias represivas, y estados financieros, entre otros— de un colectivo de hackers identificado como “Guacamaya Roja”. Los documentos salieron de CGN.
Hasta que estos documentos salieron a la luz, la resolución en tiras en las manos de Ché era la única prueba en papel que daba la razón a la Gremial de Pescadores y a los Consejos Ancestrales en El Estor, respecto a que la mina operaba ilegalmente desde 2005. Para entonces, la mina Fénix era propiedad de la empresa canadiense Sky Resources. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) permitió que la explotación continuara sin organizar antes una consulta comunitaria al respecto, como lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según revelan los documentos, la empresa trató de ocultar los daños al medio ambiente y los abusos contra los derechos humanos de las comunidades más cercanas a la mina. Para ello tenía cuidadosamente clasificadas a las comunidades y líderes comunitarios entre amigables y hostiles a la mina. Además, tenía estrategias trazadas para cada caso. Eso incluía a periodistas, cuya cobertura del conflicto minero estaba cuidadosamente desglosada. No era casualidad que periodistas como Carlos Choc Chub, de Prensa Comunitaria, fueran criminalizados por exponer los abusos en sus reportajes, o la extensión del daño al lago de Izabal. Algunos documentos internos de la CGN revelan la detección de altos niveles de níquel, cromo y uranio en el lago, mientras que otros registran acciones para asegurar la aprobación gubernamental de estudios de impacto ambiental.
En 2019, la CC reconoció que la consulta era un requisito para que la mina siguiera funcionando. La resolución quedó en firme en 2020. Sin embargo, CGN recibió la notificación de la suspensión hasta febrero de 2021 y detuvo “todas las operaciones de extracción de mena de mina (tierra con níquel sin procesar) que abarca la licencia”, según una respuesta oficial de la subsidiaria, que facilitó su vocero David Orellana. Para octubre, la comunidad evidenció que la mina Fénix seguía funcionando y decidió tomar acciones.
Los demandantes decían que Pronico seguía procesando mena de mina. Según el diputado opositor Carlos Barreda se debía a que, al estar cerrada la mina Fénix, Pronico comenzó a comprar mena de mina a Mayaníquel (mina del Grupo Telf, una empresa rusa-israelí). Sin embargo, reportes de producción revelados en esta filtración muestran que la mina Fénix seguía funcionando.
Por eso, la resolución impresa era tan importante para Ché y otros líderes comunitarios. Era la prueba de que CGN violaba una resolución judicial. Por eso sostuvieron La Resistencia durante tres semanas en octubre de 2021, hasta que la PNC la disolvió violentamente, un día antes de que entrara en vigor el estado de sitio que, bajo el argumento de combatir la violencia en el municipio, sirvió para disolver las protestas contra la extracción minera. El bloqueo también era un reclamo al gobierno por excluir de la consulta a líderes comunitarios, a la gremial y los consejos ancestrales. Es decir, habían esperado 14 años por la consulta y ahora el Gobierno les excluía.
El caso llegó hasta la Corte en 2018, después de que en 2017 los pescadores observaron que el lago de Izabal estaba parcialmente cubierto por una mancha roja, y que peces, tortugas y manatíes comenzaron a morir. Lo atribuían a la minería. La mancha era del mismo color que la tierra saturada de níquel. La empresa lo sabía y tenía evidencias de la contaminación, pero las ocultó. El Gobierno tampoco ofreció respuestas, aunque aseguró que hizo analizar muestras de agua del lago (según un reporte del MEM). Entonces, los pescadores y líderes comunitarios organizaron una resistencia de 12 días que la PNC desalojó violentamente. Uno de los disparos de la Policía mató al pescador Carlos Maaz.
Hasta las recientes revelaciones, nadie sabía que, para ese momento, la PNC tenía al menos cuatro años de recibir dinero de Pronico, básicamente desde el año en que comenzó a funcionar la planta procesadora. Tampoco se sabía que el actual presidente y sus dos antecesores recibieron peticiones directas de la empresa para interceder en su favor, como ha quedado evidenciado. Un reporte de la misma planta procesadora, divulgado por Forbidden Stories, revela que entre 2014 y 2017 pagaron a la Policía Q1.4 millones en combustible, alimentos, renta de instalaciones y lo que llamaron “prevención de la violencia”. El exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2012) afirma que estos pagos son ilegales y que cualquier financiamiento de programas para la prevención de la violencia debe salir del Viceministerio de Prevención, en el Ministerio de Gobernación (Mingob), y no de una empresa particular.
Los documentos indican que la PNC de El Estor recibió otros Q351,000 ($46,800) entre noviembre y diciembre de 2020.
El 27 de octubre de 2021, en el tercer día del estado de sitio, se observó a un contingente de la PNC trotando a la par de los camiones de CGN y Pronico, para brindarles seguridad. Eran los camiones a los que la Resistencia les interrumpió el paso durante tres semanas. Por ser un estado de prevención, algunos de esos policías podrían haber sido de otras comisarías del país que el Gobierno envió a El Estor. Sin embargo, en esos días, pocos sabían que los policías que estaban o estuvieron de servicio en la estación de ese municipio ocupaban instalaciones cuya renta había sido pagada por CGN Pronico, habían transitado en autopatrullas cuyo combustible también había pagado la empresa, así como su alimentación. Tras todo eso, la Policía custodiaba los camiones a esa empresa.
Medio siglo de violencia
La violencia en El Estor no es nueva. Las comunidades han sido víctimas de represión del Estado y grandes terratenientes desde hace casi 70 años; y de la minería, hace al menos 50 años. En 1971, el Gobierno otorgó una concesión de explotación por 40 años a la empresa canadiense International Nickel Company (INCO), que operó en El Estor por medio de su subsidiaria Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (Exmíbal). Ese año, dos académicos universitarios y opositores a la minería fueron asesinados, y otros dos debieron salir al exilio.
Exmíbal también sirvió a otras empresas canadienses que compraron el derecho minero Fénix. Básicamente estas eran la Solway y CGN de hoy.
En 1981, la caída del precio internacional del níquel detuvo la extracción minera en El Estor, pero el conflicto armado alcanzó la comunidad, cuando 12 líderes comunitarios fueron asesinados en el municipio.
La minería volvió a mediados de los años 90. CGN apareció después como subsidiaria de otras empresas canadienses y, en 2011, de Solway, cuando esa empresa compró el derecho minero Fénix. CGN y la PNC son el común denominador, según los pescadores y consejos ancestrales, de desalojos ilegales de comunidades, abuso sexual de al menos once mujeres q’eqchi’ y cinco asesinatos.
La subsidiaria y las autoridades niegan todo involucramiento. Sin embargo, en enero de 2021, en una corte de Canadá, el exteniente coronel Mynor Padilla González, que fue jefe de seguridad de la canadiense Hudbay Minerals (asociada con Sky Resources, de la que era subsidiaria CGN), se declaró culpable de matar a un activista y herir a otro en 2009 (en El Estor). En Guatemala, Padilla fue capturado y condenado, pero salió libre al apelar la sentencia.
Para los líderes comunitarios mayores, la represión que vivieron desde que comenzó la resistencia, y durante el estado de sitio (octubre 25 a noviembre 22) y el estado de Prevención (noviembre 23 a diciembre 7) revivió episodios del pasado.
El 6 de noviembre de 2021, Olga Ché recordó que diez días antes varios policías irrumpieron en su casa a las nueve de la mañana. Eran demasiados para contarlos, pero durante dos horas revolvieron cuanto encontraron en gavetas, cajones, canastas. Ropa, utensilios de cocina, todo voló por los aires y cayó al suelo. Un policía se llevó su celular.
“Hasta ofrecieron pegarle a mi nena de once años”, dice Ché. Su hija le había gritado a los policías que no le hicieran nada a su mamá, que no se la llevaran. Ese allanamiento abrió una vieja herida: un día durante el conflicto armado interno, cuando un grupo de soldados llegó a su casa y se llevó a su papá, a principios de los años 80. Ché era una niña. Han pasado 40 años entre uno y otro evento..
“Yo sufrí porque me quedé sin padre”, dice. “No sé si está vivo o está muerto. Me duele mucho que [ahora] muchas de las mujeres sentimos miedo. No podemos salir. Dicen que hubo Acuerdos de Paz, pero no es así, porque vienen aquí insultando, robando las cosas, rompiendo las casas, policía, militares, igual que hicieron en el 80, 82”.
CGN-Pronico pidió ayuda a tres presidentes
El mismo 6 de noviembre, cuando Ché también hablaba de la sentencia de la CC que conserva en tiras de papel, estaba en curso la preparación de la consulta popular que la sentencia demandaba. Concluyó el 14 de diciembre sin la participación de los demandantes que iniciaron el proceso ante la corte en 2018, ni los líderes comunitarios que la gremial de pescadores y los consejos ancestrales pedían al MEM incluir en el proceso.
Aquel era un escenario para el cual Solway y CGN se habían preparado durante casi diez años, como lo muestran los documentos filtrados a Forbidden Stories. Su estrategia se dividía en varias vertientes. Una de ellas fue establecer una línea directa de comunicación con el presidente de turno.
El 30 de mayo de 2014, la empresa escribió directamente al entonces presidente Otto Pérez Molina, para agradecerle por su apoyo a los proyectos de la empresa y solicitar “su intervención” en la obtención de permisos, licencias de producción y trabajos de exploración. De paso le recordaron las inversiones de la empresa por $600 millones de dólares, la generación de 1,400 empleos y los aportes fiscales al Gobierno por $50 millones al año.
En el mismo documento, también solicitaban su “apoyo” en la aprobación de tres estudios ambientales que CGN había preparado para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el segundo semestre de 2013. La carta aparece enviada por Alexander Bronstein, quien para septiembre pasado, según una publicación de prensa, era “un ciudadano estonio” que dirigía Solway. Tres meses después de esa misiva, el MEM aprobó un acuerdo entre esa cartera y CGN y Pronico, según una publicación del diario oficial.
El 22 de julio de 2019, CGN y Pronico escribieron al sucesor de Pérez, el presidente Jimmy Morales. Esa vez, solicitaban una audiencia para discutir la resolución de la CC que cuatro días antes ordenaba la suspensión temporal de las operaciones de la mina Fénix, mientras se realizaba una consulta comunitaria al respecto de la explotación minera. Le expresaron su preocupación y recordaron, otra vez, la inversión de $670 millones de dólares en la primera fase del proyecto, y que peligraba una inversión similar en la segunda fase, así como la “inversión social” anual de un millón de dólares en las comunidades de El Estor. Además, sugirieron fechas para la reunión dos días después de fechada la carta, que firma Dmitry Kudryakov, presidente de Pronico, también identificado como empresario ruso en artículos de prensa.
Tres días después, en su cuenta de Facebook, el entonces presidente Morales criticó la resolución de la CC y afirmó que colocaba en peligro miles de empleos en El Estor. El estado de sitio fue decretado por un mes hasta el 4 de septiembre de 2019, un día después de que tres soldados fueron emboscados y asesinados en El Estor, cuando participaban en un operativo antinarcóticos, según las autoridades. Ese fue uno de 22 municipios en seis departamentos donde se declaró la medida bajo la justificación de combatir estructuras vinculadas al trasiego de drogas.
El estado de sitio todavía estaba vigente cuando, el 26 de septiembre de 2019, la Gremial de Industrias Extractivas se reunió con miembros del partido Vamos y el futuro gabinete del entonces presidente electo, Alejandro Giammattei. Un documento que consigna la reunión destaca la consigna de la gremial: “Hay que atraer la inversión extranjera, por lo que habrá que tratarlos bien para que se queden. El MEM debe dejar de ser obstáculo para las empresas”. Ocho meses después de ese encuentro, escribieron directamente al actual presidente, Alejandro Giammattei.
El 11 de junio de 2020, Sergey Nosachev, director general de Pronico, envió al mandatario lo que describe como una “solicitud de apoyo para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor” y le dijo: “respetuosamente solicitamos la intervención inmediata de las autoridades locales y del gobierno central para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación”. Ese mismo mes, la CC dejó en firme el amparo que ordenaba la suspensión de la mina y la consulta comunitaria en un plazo no mayor de un año y medio.
En la carta, Nosachev se refería a siete semanas de bloqueos en la carretera que conecta la zona de explotación y procesamiento minero en El Estor hacia el occidente con Panzós, Alta Verapaz (departamento vecino); y, al nororiente, con el Puerto Santo Tomás de Castilla, desde donde exportan el níquel. También señaló que en los bloqueos se cobraba el paso a los automovilistas. Sin embargo, periodistas de Prensa Comunitaria que cubrieron el caso aseguran que los líderes comunitarios que se oponen a la minería no participaron en ningún bloqueo en 2020. Para entonces, la mina seguía funcionando porque la suspensión temporal cobró vigencia hasta el 17 de febrero de 2021, fecha en que CGN dijo que fue notificada y que la mina suspendió operaciones (aunque los documentos revelados indican que nunca lo hizo).
Como en las cartas a los presidentes Pérez Molina y Morales, la misiva a Giammattei subraya la ayuda económica que la empresa ofrece a las comunidades. En este caso, Q9 millones ($1,2 millones) en insumos para protección por la pandemia entre marzo y mayo de 2020, algo que, señala Nosachev, se vio interrumpido por los bloqueos, igual que la entrega de bolsas de alimentos, y el acceso de los trabajadores de la empresa a sus empleos.
Nosachev también recordó a Giammattei que, durante el estado de sitio de 2019, no hubo bloqueos ni disturbios “del orden público” ni incidentes criminales, lo que “favoreció la paz social y el bienestar del municipio”. No es la misma forma en que lo recuerdan los comunitarios, como lo reportó Prensa Comunitaria, señalando que mientras en un principio el Gobierno atribuyó la muerte de soldados a narcotraficantes, después las atribuyó a pobladores maya q’eqchi’es. Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos señaló que “las restricciones del estado de sitio sólo [favorecían] la conflictividad agraria generada por los megaproyectos (como la minería), afectando principalmente a la población indígena”.
Cinco semanas después de recibida la carta de Nosachev, Giammattei decretó estado de sitio el 19 de julio de 2020 (aprobado por el Congreso) en tres municipios de Izabal, incluyendo El Estor, y en dos de Alta Verapaz, argumentando la necesidad de combatir grupos del crimen organizado.
Una fuente electrónica, Zoominfo, todavía identifica a Nosachev como director general de Pronico y lo ubica viviendo en Guatemala en diciembre de 2021, aún después del estado de sitio de ese mismo año en El Estor.
El Faro preguntó por email a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si Giammattei había recibido una carta de Nosachev en junio de 2020, en los términos antes descritos. La SCSP respondió que, según la Constitución del país, “todos los habitantes tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a las autoridades” que están obligadas a resolverlas conforme a la ley. Agregó que “de acuerdo a reportes constantes” acerca de la presencia de grupos que cometen acciones delictivas en la zona, era “obligación del Gobierno de Guatemala recuperar la gobernabilidad” y “garantizar la libre locomoción”.
Estratégica responsabilidad social empresarial
Los documentos que filtró Forbidden Stories incluyen evaluaciones por comunidad, para identificar cuáles son las afines a la mina y cuáles las adversas. Esa dinámica también dicta cuáles comunidades reciben ayuda en proyectos comunitarios valorados hasta en $5,000, como consta en un informe de Pronico del 16 agosto de 2018 titulado “Reporte de Inversión en Comunidades para la Consulta” y describe las donaciones como “actividades de sociabilización”.
El apoyo con estos proyectos se completó para agosto de 2018, el mismo año cuando miembros de la gremial de pescadores y de los consejos ancestrales llevaron la demanda contra la mina Fénix a la CC, y cinco meses antes de que la Corte resolviera amparar a los demandantes y dictar el cese temporal de operaciones de la mina.
En la resolución de la CC de 2019, aparecen 17 Cocodes de El Estor, y otros dos del municipio Panzós, en Alta Verapaz, que actúan como “terceros interesados” en favor de la mina Fénix y CGN, y que también apelaron la resolución de la Corte junto a las empresas. Entre esos Cocodes, Pronico hizo proyectos en 11 de El Estor y uno de Panzós en 2018, por un monto total de $35,000. Hizo otros 16 proyectos, por otros $65,000 en total, en caseríos o comunidades que no aparecen como terceros interesados en la resolución, pero que sí están en la zona de influencia de la mina y participarían en la consulta.
Sin embargo, aún sin favorecer con miles de dólares a comunidades que debían decidir en la consulta si aceptaban o no la minería, los demandantes (la gremial y consejos ancestrales) estaban en la esquina perdedora desde un principio, aún si el resultado de la consulta hubiese sido “no”.
En una entrevista con Plaza Pública publicada en noviembre de 2021, el viceministro de Desarrollo Sostenible en el MEM, Óscar Pérez, dijo que un “no” tajante de las comunidades en la consulta no implicaría el cierre permanente de la mina Fénix. Agregó que el “Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar decisiones”, y el espíritu del Convenio 169 de la OIT es encontrar un punto intermedio; y que, si el conflicto lo origina el impacto ambiental, se debe orientar acciones para evitarlo. Las declaraciones recordaban la reunión entre la Gremial de Industrias Extractivas y el futuro gabinete de Giammattei en septiembre de 2019, cuando la consigna era que el MEM no fuera un obstáculo para las empresas.
Dádivas a la PNC y Ejército
Los documentos filtrados por Forbidden Stories incluyen un reporte de Pronico, donde expone en la página 14 que entregó “Gastos en Apoyo a PNC” por concepto de gastos de combustible, reparación de autopatrullas, alimentación, alquiler de instalaciones, y programas de prevención de la violencia. El dinero, Q1.4 millones ($192,525 dólares), comenzó a fluir en 2014, el mismo año cuando Pronico se puso en contacto con el presidente Pérez Molina.
Uno de esos años, 2016, fue el único año en que Francisco Rivas ocupó el cargo de ministro de Gobernación. El exfuncionario dice hoy que nunca estuvo al tanto de los pagos descritos. “No tuve conocimiento; no lo autoricé, y no hay base legal para tal cosa”, dice Rivas. Se refiere a pagos de una empresa privada a la Policía para cubrir sus gastos de operación durante un conflicto en el que esa institución está acusada de reprimir a las comunidades que se oponían a esa empresa.
El cuadro detalla gastos hasta 2017, el año en que la Policía disolvió una manifestación de los pescadores de El Estor, que acabó en el asesinato de Carlos Maaz Coc. Según Cristian Xol Choc (hijo de pescador), mataron a Maaz para intimidar a la gente. “Le disparó la Policía”, agregó. El cadáver de Maaz fue fotografiado por Choc Chub, de Prensa Comunitaria, lo que le valió ser acusado de instigación a delinquir. Está libre con medidas sustitutivas, pero debe acudir mensualmente a la Fiscalía Distrital de Puerto Barrios a firmar un libro de asistencia para evitar regresar a la cárcel.
Otro documento de Pronico, titulado “Reporte de Estadísticas de Combustible 16 de agosto de 2017”, revela el suministro diario de 25 galones de gasolina y 35 de diesel para la PNC y otros 10 de gasolina y 15 de diesel para el apostadero naval (del Ministerio de la Defensa).
Eulogio Aníbal Maquín Bó, uno de los abogados que representó a los consejos ancestrales y la gremial ante la CC, recuerda que, en mayo de 2017, también se iniciaron varios procesos judiciales de criminalización contra miembros de la gremial de pescadores. El abogado afirma que los procesos tienen múltiples irregularidades que vulneran sus derechos al debido proceso.
Choc es ejemplo de ello, así como, varios líderes capturados o perseguidos, como Eduardo Bin Pou (vicepresidente de la gremial de pescadores), encarcelado por espacio de horas el 28 de octubre, o Cristóbal Pop, presidente de la gremial (detenido en varias ocasiones entre 2017 y 2019, porque CGN lo acusaba de detenciones ilegales, entre otros delitos). Maquín Bó dijo que durante la Resistencia, la Policía también agredió a los periodistas de Prensa Comunitaria Carlos Choc Chub, Baudilio Choc Mac, Juan Bautista Xol Coc y Nelton Rivera. Cristian Xol Choc agregó que personas desconocidas lo difamaron en redes sociales identificándolo junto a su primo Xol Coc, el periodista, como pistoleros. Las casas de ambos fueron cateadas por la Policía durante el estado de sitio. Lo único que le incautaron al periodista fue su teléfono celular.
Un año antes del estado de sitio, la Policía de El Estor recibió al menos Q351,000 entre noviembre y diciembre de 2020, por parte de Pronico, en una triangulación de fondos. Es uno de los cuatro casos que muestran los documentos filtrados a Forbidden Stories, Pronico hace una donación a la Fundación Raxché, que a su vez dona la misma cantidad el mismo día a la Municipalidad de El Estor. El concepto en todas las transferencias: “Apoyo estratégico PNC para el mes de…”, sugiriendo que al menos había un aporte mensual. El contenido de los documentos está escrito en español y ruso.
Nada de esto es normal ni legal según el exministro Menocal. El exfuncionario afirma que bajo ningún concepto una empresa privada puede pagar los gastos de una subestación o comisaría, y que cualquier donación de cooperación extranjera debe estar debidamente registrada y se realiza en especie, no directamente en dinero a la Policía. En cuanto a los programas de prevención de la violencia, el exministro afirma que la financiación es exclusiva del Viceministerio de Prevención, en el Mingob, aunque, en una respuesta al consorcio de periodistas que investigó este caso con Forbidden Stories, Pronico dijo que “fue el promotor y fundador del establecimiento de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (Comupre) desde 2015” en El Estor.
Menocal añade que el Código Municipal faculta a las municipalidades a lanzar programas de prevención de la violencia, no del delito, y que el Viceministerio de Prevención tiene un presupuesto anual de Q50 millones para ese efecto. No necesita donaciones de la municipalidad. Según el exfuncionario, el caso se asemeja a uno en que una empresa ocupa el lugar del Estado en un municipio.
La Fundación Raxché aparece fundada en 2009, en registros del Mingob, y tiene una página en Facebook donde aparece en la misma dirección registrada por CGN en la zona 10 capitalina (Avenida Reforma 9-55). Sin embargo, mientras las oficinas de la subsidiaria de Solway aparecen en el nivel 6 del directorio, como también lo indica su dirección física en su portal, la Fundación Raxché no aparece en ningún sitio. Un administrador del edificio afirma que desde que el inmueble fue inaugurado hace 15 años, ninguna fundación con ese nombre ha operado en ese lugar.
En diciembre pasado, se solicitó una entrevista con el alcalde de El Estor, Joel Flores, a un número celular de la comuna, vía WhatsApp, y por su cuenta en Messenger, y no respondió. El número de planta de la municipalidad tampoco fue respondido. La semana pasada, se consultó a la misma cuenta de WhatsApp respecto a la triangulación de fondos y una persona que respondió dijo que la pregunta debía formularse en persona en la Oficina de Información Pública de la municipalidad. No ofreció una razón para no responder por vía electrónica, ni se identificó por nombre o cargo.
En el Mingob, el vocero Pablo Castillo tampoco respondió a las preguntas enviadas por mensaje de WhatsApp, aunque la Presidencia contestó que la cartera de Gobernación y la PNC no registraban ninguna donación o dinero de CGN ni Pronico a la estación policial de El Estor. Según los documentos, la donación debería aparecer como hecha por la Municipalidad del Estor, y no las empresas, debido a la triangulación. En los registros de las transferencias reveladas en esta filtración, aparece una cuenta bancaria de la comuna en Banrural, que también aparece en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas de 2016 de la comuna y en un registro de depósitos que la municipalidad recibió en marzo de 2021.
Algunos de los policías que supuestamente se beneficiaron con ese dinero cumplieron las órdenes de captura contra los líderes comunitarios que fueron emitidas por Edgar Aníbal Arteaga López, juez titular del Juzgado de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Izabal. Los documentos que recibió Forbidden Stories solo incluyen actuaciones judiciales de Arteaga y no reflejan ninguna irregularidad, salvo por una lista de funcionarios locales que CGN elaboró para entregar canastas navideñas. El juez Arteaga estaba en la lista. En noviembre pasado, el Ministerio Público (MP) solicitó que se le retirara la inmunidad al juez por su supuesto involucramiento en modificar delitos a narcotraficantes para que gocen de medidas sustitutivas y libertad condicional, a cambio de supuestos sobornos. Hasta la semana pasada, el proceso contra el juez no había avanzado, según una fuente del MP.
Criminalización de la Resistencia
Los retenes extorsivos en El Estor no eran noticia cuando Nosachev los mencionó en su carta a Giammattei de 2020. El diputado Barreda señala que este tipo de retenes ocurre desde siempre. “Todos los días hay bloqueos, y cobran por pasar, y son diferentes grupos”, afirma.
Para el 24 de octubre de 2021, las autoridades aseguraban —como Nosachev un año antes— que los retenes para cobrar el paso eran organizados por la comunidad q’eqchi’ que rechaza la minería. Nunca mencionaron que se trataba de dos grupos diferentes. Xol Choc afirma que ese día los sujetos que montan los retenes para cobrar estaban armados.
“Esos sí bloquean carreteras; nosotros no”, dice Xol Choc. “Ellos fueron a bloquear en la Finca El Recreo (noreste del municipio), y decían: ‘si salen los de la resistencia, nosotros también salimos’, [pero] esa misma gente los contrata la mina para hacer eso. Esa gente sí te cobra y no pasas hasta que pagues. Lo han hecho desde que empezó todo esto”. Abelino Chub Caal, líder comunitario de El Estor y activista de la organización Maíz de Vida, confirma que ese retén estaba en el mismo sitio (finca El Recreo), en la ruta hacia Río Dulce. “Cobraron Q10, Q20 y hasta Q50 (entre US$1.33 y US$6.60), pero, además, la mina les pagaba Q150 el jornal, y Q200 la noche”, afirma. Un señalamiento que CGN niega.
Chub Caal dice que este grupo instaló otro bloqueo justo frente a la mina, camino hacia Panzós, Alta Verapaz, al oeste de El Estor. “Fue un retén pagado por la mina”, señala, como el de la ruta a Río Dulce. “¿A qué se debieron estos dos bloqueos? [Querían] impedir que las comunidades llegaran al campamento de la resistencia; a unos compañeros que vinieron de la Sierra de las Minas los amenazaron con armas de fuego. Les dijeron que, o se retiraban, o les iban a zampar un plomazo. Todos tenían armas”. Mientras tanto, los líderes que estaban en la resistencia, que querían regresar a descansar porque ya habían cumplido su turno de las 24 horas, tampoco podían salir.
El único campamento de la resistencia estaba a sólo 2 kilómetros (según Chub Caal) al noreste del casco de El Estor, donde todavía podía interrumpir el paso de los camiones. Sin embargo, se diferenciaba de los dos bloqueos de las personas armadas en esto: uno estaba a 40 kilómetros al noreste de El Estor (salida hacia Río Dulce) y el otro, a seis kilómetros al oeste del municipio, en la entrada de la mina Fénix. Esto, según datos de Xol Choc, Chub Caal y el abogado Maquín Bó.
“Nosotros estuvimos en Renacer (frente al Barrio Nuevo Amanecer, que es parte del área urbana de El Estor), y nunca tapamos la calle”, dice Xol Choc. “Sólo pusimos unas ramitas, dejamos pasar los carros, pero no las góndolas (camiones), ni la cisterna de diesel que va a la mina”.
Un reportaje en Plaza Pública registró testimonios de otros pobladores que confirman que pocos días después de iniciar el bloqueo de la resistencia, surgieron otros dos bloqueos, y que conductores de taxis, camiones repartidores y otros automovilistas “relataban que les cobraban un peaje para entrar y salir de El Estor”. Agregaron que nadie los detuvo, pero que desaparecieron “días antes” que interviniera la Policía.
“El desalojo del 22 de octubre fue provocado por personas que nada tenían que ver con la resistencia; igual ocurrió el 23”, dice Chub Caal. “Los disparos que salieron fueron de algunas personas también pagadas por la empresa. Yo puedo afirmar que los cuatro policías que salieron heridos son [hechos] provocados por la misma empresa. Es para deslegitimar y echar la culpa a la gente que se opone a la empresa”. Se refiere a CGN y la mina Fénix.
Xol Choc dice que este es el grupo que montó los retenes para cobrar el paso y que utilizó las armas de fuego contra la Policía. Estas acciones detonaron la solicitud del estado de sitio, el allanamiento de las casas periodistas, líderes y lideresas, y las capturas. “La minería contrata gente armada para hacerle daño a la Policía y después echarles la culpa a los cuatro consejos ancestrales”, dice Xol Choc. “Los cuatro consejos ancestrales nos [habían dicho] que no estamos para buscar problemas con las autoridades. ‘Aquí nadie va a tirar piedra, nadie va a tirar palo’”. También les advirtieron que tuvieran cuidado con la gente de la minería.
El plan para criminalizar la Resistencia comenzó con espionaje, según Chub Caal. “Hubo gente infiltrada; en la Resistencia había una persona que estaba escuchando qué estamos diciendo, pero se le identificó hasta después”, relata. “También hubo otras personas que estuvieron tratando de provocarnos después del primer día, segundo día, y el resto de la semana”.
Maquín Bó confimó que, en los primeros días de la Resistencia, la comunidad observó a personas desconocidas preguntando por los líderes y opositores a la minería, para identificarlos. Xol Choc recuerda que, durante la Resistencia, varias personas de la comunidad observaron circular un pickup Toyota Hilux blanco, con dos hombres y dos mujeres, y uno de los sujetos del grupo armado que montó los retenes para cobrar. Los vieron identificando casas. Son las casas que la Policía cateó días después.
Para el 24 de octubre, el Gobierno ya hablaba del estado de sitio, que el Congreso aprobó un día después (con 84 diputados de 160), y cientos de policías y soldados más descendieron sobre El Estor. Dos semanas después, la consulta comunitaria había concluido con un “sí” a la minería. Era el 6 de noviembre de 2021, sábado. En un costado de la calzada principal de El Estor, hacia el final de la tarde, un grupo de jóvenes jugaba fútbol en un terreno baldío, y un sujeto descansaba sobre una hamaca en el arriate central, cerca de donde tres mujeres torteaban. No parecía que a pocas cuadras había personas con miedo a salir de sus casas.
Rumbo hacia la salida de El Estor, los vehículos transitaban de prisa, para estar afuera antes del toque de queda a las seis de la tarde. En los carriles para entrar, se desplazaban también de prisa sólo autopatrullas de la PNC. En un lapso de 40 minutos ingresaron ocho. Noche y más policías. En El Estor, esa combinación asusta incluso hoy en día, cuatro meses después.
“Tenemos que defender el trabajo de la pesca con lo poco que nos queda”, decía Ché, el día que la consulta comunitaria se dio por perdida. Por eso guarda la resolución de la CC, aún en jirones, y llora. Ahora ella hace lo que su padre hizo por ella hace 40 años: resistir hasta donde pudo. “Tenemos miedo, [pero] si no insistimos en esta lucha, nuestros hijos van a sufrir más adelante”.
