La violencia y el sistema machista y patriarcal en el que vivimos no se resuelven con una ley. Pero sí que es una herramienta fundamental que permite sancionar aquellas acciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y sienta las bases para la creación de una institucionalidad nacional, tanto urgente como necesaria. Que hechos violentos contra las mujeres continúen y que la impunidad sea la regla no es problema de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), sino de un Estado negligente e incapaz de ejecutar la norma. Como señaló Mireidis Marcano, especialista que evaluó este cuerpo normativo: “una ley por sí sola no garantiza que se hagan efectivos los derechos”.
La LEIV entró en vigencia hace diez años y fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La aprobación de esta ley vino luego de varios años de insistencia liderada por distintas organizaciones de mujeres y que responde a exigencias establecidas a nivel internacional, tanto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pero especialmente en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará'.
Las leyes no son perfectas y pueden mejorar. Cuando en el marco de la Iniciativa Spotlight se evaluó la LEIV, las recomendaciones apuntaban a mejorar políticas públicas, acceso a la justicia, reparación y la importancia de reflejar la interseccionalidad de las mujeres en leyes y políticas de servicios y administración de justicia. Asimismo, se señaló la necesidad de incluir la violencia política (cuya incorporación se dio el año pasado) y una violencia más en la que el Estado tiene un papel protagónico: la violencia obstétrica y la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La evaluación también señalaba que es necesario que en este tipo de leyes “se especifiquen las cosas, y que no queden a libre interpretación, dado que las interpretaciones y sentencias podrían estar marcadas por estereotipos de género”.
Teniendo en cuenta estas premisas, es importante que se actualice la LEIV y se fortalezca su implementación. También es necesario que la perspectiva de género en la administración de la justicia sea un eje transversal y que permee tanto a fiscales como jueces, que han sido formados en un sistema que naturaliza la violencia contra las mujeres y las revictimiza, por lo que muchas veces no han logrado asimilar el contenido de la Ley. Esto ha creado un círculo vicioso de impunidad y miedo, donde muchas veces las víctimas no son capaces de denunciar debido al escrutinio y revictimización a las que son expuestas. Un acompañamiento a víctimas deficiente (o inexistente) en procesos de este tipo, desincentiva a que las mujeres activen el sistema. Asimismo, los avances deberían ir orientados a implementar la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por ejemplo, que establece un trabajo articulado de distintas instituciones. Se trata de trabajar en conjunto con las instancias del Estado y los organismos de la sociedad civil, no lo contrario.
Este año, sin embargo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, hubo una arremetida política contra la LEIV que no tiene mayor fundamento que el afán de deslegitimar las causas feministas y perpetuar la persecución a las organizaciones de la sociedad civil. La narrativa de los funcionarios actuales se empecina por crear una falsa ilusión de que se está haciendo algo, aún cuando ese algo sea destruir. En vez de trabajar por fortalecer la institucionalidad, se opta por atacar una Ley que le ha puesto nombre a las distintas violencias que vivimos día a día las mujeres. Y ese no es un hito menor, porque lo que no se nombra no existe.
Utilizando un conjunto de falacias, la diputada Marcela Pineda de Nuevas Ideas ha amenazado con derogar la LEIV bajo el argumento de que no ha servido para nada. A su opinión se sumaron otras voces de su partido y simpatizantes. Asimismo, ha acusado a las organizaciones de mujeres de no enseñar otras leyes, más allá de la LEIV y de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE). En primer lugar, es de aclarar que la obligación principal de Estado es aplicarlas y es además a este mismo al que le corresponde la promoción, garantía y protección de los Derechos Humanos. Las organizaciones pueden coadyuvar en esta tarea, pero es al Estado al que le corresponde también capacitar y formar en el reconocimiento de sus derechos a los distintos grupos en condiciones de vulnerabilidad.
En segundo lugar, la diputada confunde –como es característico de su partido y de este Gobierno– y mueve la narrativa para otro lado. Nadie ha dicho que todas las demás leyes no son para las mujeres –pues una característica de la norma es que es de aplicación general–, pero que nos situemos en una condición de vulnerabilidad obliga a que existan leyes específicas para proteger a las mujeres, debido a las constantes violaciones a los derechos por el solo hecho de ser mujer. En todo caso, por supuesto que las leyes que protegen de todo tipo de violencia no son las únicas que aplican a las mujeres. Insistir en ese aspecto o considerar que algunas personas lo creen así es un sinsentido.
Que las mujeres tengamos un régimen jurídico especial que busque protegernos frente a acciones de violencia responde a que somos un grupo en condiciones de vulnerabilidad que necesita tener un sistema de tutela reforzada. Esto responde a la especificación dentro de los Derechos Humanos, donde, para “tratar igual a todas las personas”, necesitamos brindar protección y herramientas a aquellas que no se encuentran en igualdad de condiciones. En este tipo de casos se debe tener en cuenta también la interseccionalidad; es decir, saber que en una persona pueden confluir distintos aspectos que la colocan en una situación desventajosa: ser mujer, en condición de pobreza, si es de la tercera edad, si pertenece a un pueblo originario, etc.
Por ello, en un país tan violento y machista como el nuestro, los esfuerzos no se deben enfocar en atacar y descalificar una ley que protege a las mujeres. Lastimosamente, el Gobierno se ha caracterizado por desarmar las construcciones colectivas y, debido a la captura del Estado, esta forma de proceder permea todas las instituciones. Entre las primeras acciones que realizó la Asamblea Legislativa que asumió el 1 de mayo de 2021 estuvo la de archivar prácticamente todos los proyectos de ley que habían sido trabajados por distintas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional. Esto incluye proyectos como la reforma para la democracia paritaria o la Ley de Identidad de Género. Esas propuestas son producto de años de trabajo, de consultas, de negociaciones, de lucha. Si se quería realizar un verdadero cambio, lo consecuente hubiese sido conocer, debatir y aprobar dichos proyectos, no archivarlos.
En ese sentido, de una ley tan necesaria como la LEIV no puede decirse que “no sirve” y que la consecuencia sea desecharla. Por el contrario, es de hacer vida su texto y abogar que la institucionalidad que contempla la Ley funcione. La solución no es ignorar una ley, sino cumplirla y cumplirla de forma integral. A la base de todas las situaciones que vivimos las mujeres día a día, se encuentran los patrones socioculturales fuertemente arraigados a una sociedad machista. Y por eso es necesario que el Estado despliegue toda su institucionalidad –no solo la penal–, para ir deconstruyendo estos patrones. Las relaciones de poder históricamente desiguales de hombres hacia las mujeres, la restricción de nuestros derechos, así como la discriminación constante y la justificación de la violencia en todas sus expresiones es algo que no se puede permitir más.
En el caso (ojalá hipotético) de que se llegara a derogar la LEIV, nos enfrentaremos a consecuencias graves inmediatas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con quienes están siendo actualmente procesados con base en esa ley? Y ante la gravedad de ese escenario, surge también la inquietud de cuál es el verdadero propósito de colocar sobre la mesa este tipo de discusiones que parecerían anticipar un favorecimiento a victimarios que están siendo procesados.
Bajo este panorama, el Estado de El Salvador estaría incumpliendo obligaciones y estándares internacionales de protección de Derechos Humanos. Y estaría violentando el principio de progresividad y no regresividad. En este caso, las y los jueces están llamados a realizar un control de convencionalidad, lo que significa que se debe aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos, los demás instrumentos de protección y la jurisprudencia que ha emanado de la Corte Interamericana. Por lo pronto, se debe seguir exigiendo la no derogación de este cuerpo normativo. Esa exigencia no debe realizarse solo a las mujeres diputadas, sino a la Asamblea Legislativa en general, como órgano encargado de velar, en primera instancia, por los derechos humanos por medio de la formulación de leyes.
Las violaciones a los derechos de las mujeres están a la orden del día. Como paradoja de mal gusto, en el mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hemos atestiguado violencia contra la mujer en sus distintas expresiones, desde personajes que alardean sus actos violentos y sus allegados le acuerpan y amenazan a quienes denuncian, hasta hombres violentos en su relación de pareja, donde se obliga a la víctima a callar. La propagación de comentarios sexistas, machistas y misóginos que perpetúan estereotipos basados en género confirman que instrumentos como la LEIV son necesarios. No obstante, es lamentable observar cómo la institucionalidad se mantiene impávida, aún ante acciones descaradas de violencia efectuadas por hombres que se creen y saben intocables. Y mientras los esfuerzos se concentren en destruir lo que ya existe, en vez de apostar por que realmente el abordaje de los temas de género se den de manera integral, a las mujeres nos continuarán estereotipando, irrespetando, acosando, matando.
