La presidencia de Xiomara Castro en Honduras ofrece a la administración de presidente Biden oportunidades de colaborar para abordar las causas fundamentales de la migración con un socio que, por ahora, parece mucho más confiable que El Salvador o Guatemala. Entre ellas la de comenzar a reparar el daño que las sucesivas administraciones de EE.UU. causaron al pueblo hondureño al aceptar el golpe de Estado en 2009 y al apoyar a presidentes corruptos y abusivos en el poder durante los últimos 12 años. A través de su apoyo a los líderes corruptos y represivos que han gobernado Honduras desde 2009, Estados Unidos ha ayudado a crear e intensificar la crisis de derechos humanos en Honduras. Ahora, la administración Biden tiene la oportunidad, si quiere tomarla, de comenzar a corregir este error.
Las acciones tomadas por la administración Biden desde las elecciones, incluido el rápido reconocimiento de la victoria de Castro y la asistencia de la vicepresidenta Harris a la toma de posesión, muestran que sí está dispuesto a trabajar con esta nueva socia. Sin duda, Estados Unidos alentará y apoyará a la presidenta Castro en su búsqueda para obtener el apoyo de las Naciones Unidas para crear una misión de anticorrupción en Honduras y ayudará a financiar tal misión, así como otros esfuerzos anticorrupción. USAID también buscará apoyar iniciativas que aborden la pobreza y las causas fundamentales de la migración.
Hasta aquí todo bien. Pero la administración Biden debería ir más allá.
Primero, el gobierno estadounidense deberá alentar y apoyar a la presidenta Castro si, como promete su plataforma de campaña, trata de proteger el espacio cívico y la libertad de asociación en Honduras. Esto conlleva desentrañar el compendio de leyes que dificulta la persecución del lavado de dinero y la corrupción, que además impone duras penas a los y las defensoras y a las y los periodistas que investigan, protestan y se organizan contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Esto también significa alentar al gobierno a encontrar formas de poner fin a la criminalización de los activistas medioambientales y de derechos territoriales. Biden debe ir más allá de simplemente apoyar una agenda anticorrupción en Honduras. Debe apoyar y alentar la protección de quienes están en la primera línea para defender sus derechos.
Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos de fomentar la transparencia en el gobierno, otro aspecto para empoderar la ciudadanía hondureña. Xiomara Castro ha prometido trabajar por esta meta, y este esfuerzo ya avanza con la derogación por el Congreso de la llamada “Ley de Secretos”.
En segundo lugar, el gobierno de EE. UU. debe apoyar las iniciativas económicas inclusivas del Gobierno de Castro para empoderar y servir a los más vulnerables. Esto significa que la cooperación debe trascender de solo apoyar algunos programas sociales positivos. Incluye apoyar los esfuerzos para derogar la Ley de inversión de las ZEDES, que crea zonas libres de derechos laborales y ambientales y no oponerse a los esfuerzos para regular las industrias extractivas. También significa asegurarse de que la inversión privada patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos no socave los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas o pobres urbanas. Las inversiones que suenan bien, como invertir en energías renovables, pueden terminar llevándose a cabo de manera que causen daño al no consultar a las comunidades que habitan esos territorios e incluso las desplacen. El Llamado a la Acción de la vicepresidenta Harris, que alienta las promesas de inversión de EE. UU., la Corporación Financiera de Desarrollo (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), así como los programas de USAID y los préstamos de instituciones financieras internacionales, deben tener una evaluación estricta para garantizar que cualquier inversión apoyada, financiada, votada o alentada por el gobierno de EE. UU. proteja los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente, evite invertir con actores corruptos y garantice el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades con respecto a los proyectos económicos. De todos estos cambios en la política de los Estados Unidos hacia Honduras, lograr que la administración Biden apoye iniciativas económicas inclusivas a través de políticas de cooperación y inversión va a ser lo más desafiante. Va a necesitar la presión de los congresistas progresistas estadounidenses y las organizaciones de la sociedad civil en Honduras y los EE. UU.
En tercer lugar, la administración Biden debe alentar y apoyar a la administración de Xiomara Castro en su búsqueda por fortalecer los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, y abordar los graves problemas de discriminación y violencia de género. USAID debe ampliar el apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil y del Gobierno para combatir la discriminación contra las personas de la diversidad sexual y para investigar los feminicidios y los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.
En cuarto lugar, si bien es imposible recomendar la capacitación en seguridad de EE. UU., dada la sombría historia de la cooperación de seguridad de EE.UU. en Honduras, la administración Biden debería apoyar diplomáticamente a la presidenta Castro si decide emprende reformas serias en el sector de la seguridad. Estas deberían garantizar actuaciones policiales basadas en proteger los derechos de los ciudadanos y eliminar a los militares como aplicadores de la ley, incluida la disolución de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Los miembros de la PMOP, creada en 2013, han cometido graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales tras las elecciones de 2017 y muchos otros abusos graves y sistemáticos.
Finalmente, EE. UU. deberá trabajar con la administración de la presidenta Castro para establecer políticas que protejan los derechos y el bienestar de los hondureños migrantes, retornados y desplazados internamente. Por ejemplo: Estados Unidos podría avanzar en el procesamiento de casos de niños migrantes no acompañados bajo el programa de Menores de América Central (CAM) y apoyar a las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que brindan servicios a migrantes retornados y a personas desplazadas internamente (IDPs) en Honduras. Además, la administración Biden debería redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que viven en los Estados Unidos como consecuencia de los impactos de los huracanes Eta e Iota. Si bien el TPS para los hondureños se renovó hasta diciembre de 2022, una redesignación del TPS como esta otorgaría a los hondureños que viven en los Estados Unidos la capacidad de vivir y trabajar libremente y enviar remesas a sus familias, fortaleciendo la economía hondureña y garantizando la seguridad migratoria de los hondureños en los Estados Unidos.
El gobierno estadounidense debería aprovechar al máximo estas oportunidades apoyando aquellos elementos de la agenda de Xiomara Castro que abordan la corrupción, empoderan y protegen a las y los defensores de derechos humanos y brindan beneficios económicos inclusivos a los ciudadanos más vulnerables de Honduras. Para asegurarse de ir en la dirección correcta, EE. UU. debe cambiar la forma en que los gobiernos estadounidenses han fallado sistemáticamente, durante los últimos 12 años, en escuchar a los hondureños en la primera línea de la defensa de los derechos. La Embajada de los Estados Unidos debe escuchar y comprometerse con una gama más amplia de perspectivas de la sociedad. Los programas de USAID deben estar guiados por consultas periódicas y amplias con las organizaciones no-gubernamentales y los movimientos sociales incluidos los y las defensoras de los derechos territoriales y del medio ambiente, las organizaciones de mujeres y de personas LGBTIQ+, y las organizaciones de derechos humanos y laborales.
El futuro de Honduras debe estar, por supuesto, en las manos soberanas de sus ciudadanos. Pero los Estados Unidos, que ayudó a crear la pesadilla de derechos humanos que los hondureños han sufrido desde 2009, ahora tiene la obligación moral de corregir su camino.
*Lisa Haugaard es co-directora de Latin America Working Group (LAWG), una organización de sociedad civil con sede en Washington, DC.
