Conmemoramos un nuevo 8M padeciendo la indiferencia del Estado ante las condiciones de género que nos deja en franca desventaja política, económica y social frente a las realidades de injusticia de El Salvador. Todo esto a pesar de que somos las mujeres las que con nuestro trabajo de cuidados no remunerado hacemos posible el desarrollo de múltiples actividades.
A pesar de ser nosotras el 53.3 % de la población del país y de que sostenemos como jefas de hogar al 48.4 % del total de los hogares en El Salvador, el Estado salvadoreño sigue obviando el mandato que mana de pactos internacionales de transversalizar el enfoque de género en su legislación y de crear política pública que contribuya a acortar la brecha entre hombres y mujeres para lograr la anhelada igualdad.
La trasnochada Ley General de Recursos Hídricos es un nuevo ejemplo de la indiferencia con la que los legisladores ven los impactos diferenciados que las diversas caras de la crisis dejan sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. De la misma manera en que prefieren ignorar a las desaparecidas, a las asesinadas, a las niñas violadas –a quienes el Estado impone una maternidad riesgosa y no deseada–; de la misma manera como criminaliza a mujeres que padecen emergencias obstétrica y a defensoras de derechos humanos y de la naturaleza; con la misma saña con que los troles atacan a las disidentes del discurso oficial, así actúan los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, quienes prefirieron no tomar en cuenta en dicha Ley la inclusión del eje trasversal de género propuesta desde las organizaciones sociales, iglesias y academia en un documento que se les entregó antes de que aprobaran esa ley privatizadora.
Así, siendo nosotras las más afectadas por los impactos poscuarentena y habiendo pagado nosotras los costos económicos y sociales de aquella medida extrema, ahora seremos las más afectadas por la mercantilización del derecho humano al agua y al saneamiento que esa ley promueve.
Poscuarentena y en el marco de la crisis sanitaria por covid-19, la Organización Internacional del Trabajo estableció que “las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial o de cuido, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención”, es decir trabajo no pagado, visto como un aporte obligado de parte de las mujeres al Estado. Ese mismo informe daba cuenta de que los sectores que emplean más mujeres son los que en la crisis económica actual están en mayor riesgo de cierre.
Y en ese contexto nos veremos obligadas a pagar por el agua que usaremos para seguir regalándole nuestro trabajo a esta sociedad, nos veremos obligadas a pagar por agua para todo el trabajo de reproducción que asumimos en nuestros hogares o nos moriremos de sed nosotras y nuestras familias.
¿Hasta dónde este Estado extractivista y patriarcal está dispuesto a exprimirnos? ¿Qué más tenemos que dar las mujeres para que nuestras demandas sean atendidas?
La lucha por el agua en El Salvador se ha dinamizado desde la organización social y dentro de ella principalmente desde la participación de las mujeres, porque los impactos de la injusticia hídrica permitida y promovida por un Estado misógino como este cobran altos costos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, pero también en los territorios y en los bienes naturales, los que defendemos porque de ellos depende la sustentabilidad de la vida de las comunidades.
Nuestros saberes nacidos desde el territorio los depositamos en aquellos legisladores de la Comisión especial que formuló esa Ley General de Recursos Hídricos, mismos que nos llamaron a exponer nuestras demandas pero que prefirieron ignorarlas.
Las mujeres debemos rechazar leyes y gobiernos que desprecian nuestra opinión y que ignoran nuestras demandas, funcionarios y sectores de poder que creen que los cuerpos de las mujeres, los bienes naturales y los territorios pueden ser saqueados para enriquecerse. Este Estado debe entender, de una vez por todas, que no puede seguir tomando decisiones sobre nosotras sin escuchar y atender las demandas de nosotras.
*Amalia López es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, activista feminista y ambientalista y defensora del agua a través de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
