El Ejecutivo ha presentado, en silencio, un pliego de reformas dudosas y peligrosas a la Ley de Telecomunicaciones, la normativa que regula las concesiones para radiodifusión sonora y televisiva, telefonía celular, televisión por suscripción y servicios de internet. A juzgar por algunos aspectos que señalaré en este artículo, dichas reformas podrían tener como propósito justificar legalmente posibles arbitrariedades contra medios de comunicación que utilizan frecuencias radioeléctricas y cuyas políticas informativas o líneas editoriales no se someten a narrativas que el oficialismo trata de imponerse como verdades únicas. De ser aprobadas, la libertad de expresión e información estarán en riesgo.
La propuesta fue introducida a la Asamblea Legislativa el pasado 28 de enero, su existencia se conoció públicamente hasta un par de semanas después y actualmente está en estudio en la Comisión de Economía. Esta es la primera vez en seis años que se plantean reformas al marco jurídico de las telecomunicaciones después de las realizadas en mayo de 2016 y que fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Aquellas históricas reformas incluyeron el reconocimiento legal de los medios comunitarios y otros sin fines de lucro, incorporaron el concurso público como mecanismo alterno a la subasta para asignar concesiones radioeléctricas y modernizaron una serie de aspectos técnicos, financieros y administrativos en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entre estos la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la actualización de las tarifas por uso del espectro para los medios comerciales y la apertura del proceso de digitalización de la televisión. Lastimosamente no se tocaron aspectos estructurales relacionados con la concentración mediática mediante el acaparamiento de frecuencias, es decir la acumulación de frecuencias, debido a la férrea oposición de grupos empresariales como TCS, SAMIX, Megavisión y otros.
Las reformas propuestas ahora se refieren a aspectos procedimentales y técnicos vinculados a la asignación y uso de concesiones radioeléctricas. Las dudas y temores que generan no sólo tienen que ver con su contenido, sino también con el contexto de arbitrariedad, abusos de poder y actitudes autoritarias del Gobierno de turno que, entre otros comportamientos antidemocráticos, se muestra intolerante con medios de comunicación críticos de su gestión, entre estos algunos radiales y televisivos.
En este escenario, es lógico sospechar que el propósito de las reformas sea adecuar el marco jurídico de las telecomunicaciones para justificar y “legalizar” procesos sancionatorios contra estaciones de radio y televisión que podrían culminar en la suspensión de concesiones y el consecuente cierre de dichos medios. Por ejemplo, la Asociación Radiofónica Participativa de El Salvador (ARPAS) fue obligada el año pasado a cerrar tres radios por “no tener autorización para transmitir”, a pesar de que transmitían en su propia frecuencia y no interferían con ninguna otra estación. El objetivo también podría ser no concesionar frecuencias a medios comunitarios, crear más medios estatales para agrandar el aparato de propaganda gubernamental o asegurar jugosos negocios con el espectro de telefonía móvil y la implementación de la red 5G.
En un comunicado difundido en conferencia de prensa el viernes 25 de febrero, como ARPAS dimos luz sobre algunos aspectos de la propuesta de reformas que generan inquietudes e incertidumbres. Uno de los más relevantes es la mezcla de la subasta y el concurso para la asignación de concesiones. A pesar de ser procesos muy diferentes en su forma y objetivos, los artículos 5, 6, 7 y 8 de la propuesta de reformas –que plantean modificaciones a los artículos 80, 84 y 85 de la ley vigente referidos a los mecanismos de asignación de frecuencias– los abordan simultáneamente como si fueran mecanismos similares. Esto revierte la lógica de las reformas realizadas en 2016 que separaron la subasta como procedimiento para asignación de frecuencias de uso regulado comercial y el concurso para uso regulado comunitario, poniendo nuevamente en desventaja a los medios comunitarios y otros sin fines de lucro frente a los privado-comerciales al momento de solicitar concesiones de frecuencias radioeléctricas.
Otro tiene que ver con aplicar a la radiodifusión requisitos que hasta ahora han sido exclusivos de la telefonía para asegurar calidad a los usuarios que pagan por servicios telefónicos, uno de los cuales es la “calidad técnica de las emisiones radioeléctricas”. El artículo 4 de la propuesta de reformas –que plantea sustituir el art. 54 A de la ley actual– establece que “SIGET aplicará los mecanismos […] para comprobar la calidad técnica de las emisiones radioeléctricas, incluyendo la radiodifusión...”. Esto podría derivar en sanciones arbitrarias contra medios radiales y televisivos por “no tener calidad técnica”. Esto podría afectar particularmente a radios comunitarias y otras estaciones de radio o televisión que no cuenten con equipos óptimos o que por factores geográficos tengan fallas en su señal y cobertura.
En el mismo sentido, se ha incorporado la condicionante “viabilidad jurídica” en procedimientos que son estrictamente técnicos. Por ejemplo, el artículo 2 de la propuesta de reformas –que incluye modificaciones al art. 15 de la ley vigente– establece que en procesos como fragmentación o desfragmentación de frecuencias, SIGET determinará la “factibilidad técnica y jurídica” para su aprobación. Esta “viabilidad jurídica” en procedimientos que son puramente técnicos también genera incertidumbres.
Finalmente, y una de las reformas más antagónicas, es el regreso al concepto de “no utilización de frecuencias”, que fue superado en la reforma de 2016. El artículo 1 de la propuesta de reformas –que plantea modificar el art. 6 de la ley actual– define como no utilización de frecuencias “no realizar transmisiones electromagnéticas en el espectro radioeléctrico”, revirtiendo el concepto de no utilización de frecuencias como “no transmitir programación variada y contenidos diversos” establecido en la ley vigente. Esto podría favorecer a acaparadores de frecuencia o avalar la retención ilegítima de fragmentos del espectro que, mientras tanto, no podrían ser utilizados en forma eficiente y democrática.
Las reformas también se presentan en un momento en que SIGET ha retrasado o suspendido procesos legales y técnicos relevantes. Uno es la renovación de las concesiones de radio y televisión avalada por la Sala de lo Constitucional en 2015, que inició en 2018 y que, a esta fecha, ya debería estar concluido. Otro es la transición a la Televisión Digital Terrestre, que permitiría abrir nuevos espacios para televisión abierta, pero el “apagón analógico” y “encendido digital” ha sido pospuesto sin razón justificada por este Gobierno que, en otros temas, hace alarde de innovación y hasta creó una secretaría presidencial.
SIGET también se ha negado a otorgar frecuencias a medios comunitarios: en todos los concursos que iniciaron en 2018 y han concluido con la actual administración las resoluciones han sido negativas. Así que, casi seis años después del reconocimiento legal de los medios comunitarios, la institución que administra el espectro radioeléctrico no ha otorgado una sola frecuencia a este tipo de medios por falta de voluntad política, tanto del gobierno anterior como del actual.
Los medios comunitarios hemos pedido diálogo a la comisión parlamentaria que estudiará las propuestas de reformas. Ojalá el oficialismo escuche y propicie un debate abierto, plural e incluyente con todos los involucrados en el tema. Eso es difícil, porque al oficialismo no le gusta escuchar y prefiere imponerse; pero esta sería la única manera de construir una reforma que elimine los peligros de arbitrariedades, asegure un uso eficiente del espectro radioeléctrico y favorezca la pluralidad y diversidad mediática.
