El Salvador / Desigualdad
Bianka Rodríguez: “Por fin mi nombre es jurídicamente válido”

La activista salvadoreña reconocida por su vocería en favor de los derechos de la población trans obtuvo su DUI tras distintos y complejos procesos judiciales en El Salvador, un país conservador y burocrático y sin legislación al respecto. Su caso fue uno de cinco y es simbólico, ya que abre el camino para que otras personas trans legalicen su nombre e identidad. 

Víctor Peña

Fecha inválida
María Luz Nóchez

Bianka Rodríguez allanó el camino para la población transgénero de El Salvador al obtener su DUI acorde a su identidad y nombre. Un trámite que a una persona heterosexual y cisgénero (que su identidad se corresponde con el género asignado al nacer) le toma alrededor de 45 minutos cada ocho años –según la vigencia actual del DUI– a Bianka Rodríguez le tomó más de 10 años después de cumplida la mayoría de edad. Aunque desde 2012 se creó un anteproyecto de ley que permitiría que mujeres y hombres trans tengan derecho a que sus documentos se correspondan con la identidad y el nombre que ellos han elegido, fue hasta 2018 que tuvo iniciativa de Ley en la Asamblea Legislativa. Pero la propuesta nunca fue conocida ni discutida por ninguna comisión. 

“​​Sin duda el día de ayer culmina un proceso agotador donde hemos tenido que invertir muchas energías y lo valioso es que se reconoce el derecho a una persona trans a contar con una identificación de un nombre autoasumido que no tenía ningún valor jurídico en esta sociedad, sobre todo porque permite el libre desarrollo de una persona conforme a su identidad de género”, dijo en una conferencia de prensa en la que explicó, junto a una de sus abogadas, todo el proceso que siguió.

Ante el vacío de ley, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, por medio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), decidió iniciar una serie de procesos en los juzgados de familia de Santa Ana y San Salvador. El proceso inició el 13 de marzo 2020 con cinco solicitudes de cambio de nombre y adecuación de la referencia al sexo en la partida de nacimiento para mujeres trans, los cuales tenían como base el artículo 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural.

El Salvador es parte de la larga lista de países en el mundo donde las personas trans no tienen derecho a la identidad. Solo 54 de 195 han legislado este derecho, y solo 11 de ellos en el continente americano. 

Tres de los cinco procesos fueron declarados improponibles por los juzgados de Santa Ana y San Salvador, sin siquiera estudiar las propuestas, por considerar que no había un asidero legal que fundamente la propuesta. Los abogados apelaron ante las cámaras de familia respectivas. Solo el caso de Bianka y el Verónica López  prosperaron. Ambos en San Salvador.

La identidad y el nombre de Bianka Rodríguez fueron reconocidos legalmente el 17 de marzo 2022. Su caso ha abierto la puerta para la población trans en El Salvador. Foto: Víctor Peña.
 
La identidad y el nombre de Bianka Rodríguez fueron reconocidos legalmente el 17 de marzo 2022. Su caso ha abierto la puerta para la población trans en El Salvador. Foto: Víctor Peña.

El vía crucis legal de Bianka

Bianka Rodríguez ha dedicado los últimos seis años de su vida al activismo pro derechos humanos, primero en favor de la alfabetización para adultos mayores y posteriormente en favor de los derechos de las mujeres trans. Actualmente es la directora de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), organización dedicada a la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTI en El Salvador y, sobre todo, de las mujeres trans víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado. En 2019 fue galardonada con el Premio Nansen 2019 por su vocería.Es por eso que la legalización de su identidad es un precedente importante a nivel nacional.

En Santa Ana, los magistrados de la Cámara reafirmaron la improponibilidad de la solicitud,  término usado para rechazar el trámite. En San Salvador, en cambio, los juzgados pidieron que se definiera con claridad la vulneración al derecho al nombre. Eso abrió el camino legal.

La abogada Kerlin Belloso, de Fespad, dice que, al final, la resolución del Cámara de Familia de San Salvador fue contudente: “Se pudo determinar que ella había sido afectada en toda su vida por tener un nombre que no era acorde a su identidad de género: desde expresiones de discriminación, hechos de violencia a los que fue sometida desde su niñez, y que Bianka no se siente identificada y que su nombre legal establecía limitaciones al ejercicio de sus derechos humanos”, dice Belloso.

La Cámara, entonces, ordenó al juzgado que conociera la solicitud y explicó en su resolución que, si bien no existe –a la fecha– “una norma expresa que establezca que se puede autorizar el cambio de nombre, porque este sea lesivo a la dignidad por su condición de ser una persona trans”, los peticionarios sí habían ofertado otro tipo de normativa que hacía admisible la solicitud.

Los artículos 36 y 144 de la Constitución de la República fueron una base importante para lograr este fallo. El 36 establece el derecho al nombre como un derecho fundamental y necesario para ejercer los demás derechos; mientras que el 144 habla del compromiso del Estado salvadoreño para realizar el control de convencionalidad.

Los magistrados, amplió Belloso, aseguraron que “era pertinente tomar en cuenta las recomendaciones de la opinión consultiva 24-2007 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados están obligados a generar mecanismos eficaces y eficientes para que las personas trans puedan acceder al cambio de nombre y a la adecuación de sus documentos de identidad, tanto de la expresión de género como su identidad de género”.

Finalmente, el juzgado emitió una resolución a favor del cambio de nombre para Bianka el 9 de diciembre 2021. Esta victoria judicial es fundamental para el reconocimiento de los derechos no solo de Bianka, sino de las personas trans salvadoreñas. Sin embargo, fue una resolución que resuelve a medias. Si bien le fue aprobado el cambio de nombre, los jueces daban la orden al registro civil de marginar la partida de nacimiento, en lugar de la cancelación de esta y el asentamiento de una nueva, como lo establece el artículo 24 de la Ley del Nombre. Tampoco se pronunciaron sobre el cambio de género. Los abogados enfatizaron sobre estos vacíos, pero no hubo ningún cambio.

Una vez recibida la resolución –y una vez transcurridas las vacaciones de Navidad y Año nuevo– Bianka presentó los oficios ante la alcaldía de San Salvador para que le fuera marginada su partida. Un proceso como este toma alrededor de 15 días. En su caso tomó más de tres meses. El retraso, en un primer momento, ocurrió porque el registro civil hizo notar que la resolución del juzgado no se correspondía con lo establecido en la ley. Una vez que se reafirmó que la voluntad de los jueces era que la partida solo se marginara, el proceso se perdió entre la burocracia sin ningún tipo de justificación. 

“Yo estaba en un vacío, no podía seguir utilizando mi nombre anterior. Llamé una 25-30 veces a la alcaldía pidiendo explicaciones. Envié, incluso, cartas de invitación a eventos para intentar agilizar el trámite”, cuenta Bianka. Hasta que esta semana, el 15 de marzo, decidió no esperar más a que la llamaran y se presentó a la alcaldía. “Les dije que no me iba a ir de ahí hasta que me entregaran mi partida. Curiosamente ese mismo día me dijeron que ya estaba lista”. La partida le fue finalmente entregada el día siguiente, el 16 de marzo.

Aunque el camino para tener un documento que legalmente la reconoce como la persona con la que ella se ha identificado desde niña ha estado lleno de obstáculos, la emisión de sus documentos este 17 de marzo fue para ella un proceso nada engorroso, expedito y libre de discriminación. Esta atención integral, como la calificó Bianka, debería de ser la norma para todas las personas trans. Es por eso que insisten en la importancia de que se legisle el derecho a la identidad. El trámite fue cotidiano, pero para que fuera aceptado hubo que pasar por un juzgado, una cámara y varias sesiones con abogados.

Junto a Bianka Rodríguez, también le fue aprobado el cambio de nombre y marginación a su partida de nacimiento a Verónica López, mujer trans y activista por los derechos de las poblaciones LGBTI. Antes que a ellas, en 2017, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia había ordenado el cambio de nombre para Lea, una mujer transexual salvadoreña que vive en Estados Unidos y que pudo homologar sus documentos. En su caso, tampoco se aprobó el cambio de género para que sea reconocida legalmente como mujer.

El anteproyecto de Ley de Identidad de Género fue engavetado en mayo 2021 por el partido Nuevas Ideas por ser considerada obsoleta y que no respondía a la urgencia de la realidad salvadoreña. Casos como los de Bianka, Verónica y Lea son historias son referencias que sentaron precedentes judiciales para reconocimiento de la identidad de las personas trans. La falta de legislación ha promovido discriminación en el acceso a servicios básicos como salud, educación, seguridad pública, y revictimización en procesos judiciales.

Una legislación al respecto eliminaría los procesos judiciales. Si estos fueran necesarios, eliminaría, al menos, lo engorroso y dilatado de los actuales. “Un proceso de estos a favor de una persona cisgénero podría andar entre 700 u 800 dólares”, explica Belloso, pero los costos pueden ser todavía mayores para las personas trans tomando en cuenta que no existe una ley. “La necesidad de acudir a apelaciones ante la cámara de familia podría andar entre los 3500 y los 5000 dólares”, apunta. En un país donde las personas trans se ven obligadas a huir de sus casas desde que son menores de edad por el rechazo de sus familias, donde encontrar un trabajo alterno al trabajo sexual es poco probable y donde la esperanza de vida para ellas es de 35 años, estas cifras son inalcanzables.

Está vigente aún la más reciente la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo el pasado 22 de febrero, en la que se obliga a la Asamblea a legislar para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Posterior al engavetamiento de la propuesta, que entró el 22 de marzo 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó nuevamente el anteproyecto de Ley, la cual, a la fecha, sigue sin ser estudiada por la actual legislatura.

La población trans ha exigido el derecho a su identidad en las calles desde 1997, cuando se realizó la primera Marcha del Orgullo en San Salvador. Foto: Víctor Peña.
 
La población trans ha exigido el derecho a su identidad en las calles desde 1997, cuando se realizó la primera Marcha del Orgullo en San Salvador. Foto: Víctor Peña.

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