Siete reformas de leyes que aumentan los años de cárcel y la creación de un esquema de recompensas para quienes aporten información que lleve a la captura de pandilleros fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa la noche del 30 de marzo como parte de la cruzada con la que el Gobierno de Bukele ha respondido al incremento en los homicidios el fin de semana, que dejó el día con más homicidios del siglo. Con estas nuevas medidas, el bukelismo propone una nueva “guerra contra las pandillas”, crea figuras como la de jueces cuya identidad no será revelada durante el proceso, y habilita el uso de testigos de referencia que, hasta la fecha, se usan solo como última opción. La reforma define una sanción de 10 años de cárcel como mínimo a los niños que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años, la pena será de 20 años de prisión.
Las reformas aprobadas este miércoles 30 también tocan el presupuesto del año 2022 e incluyen un refuerzo de 80 millones de dólares que se ocupará para la compra de armamento y equipo en la Policía Nacional Civil y el Ejército. La mayoría de las reformas, sin embargo, están relacionadas al incremento de las penas de cárcel cuando los delitos sean cometidos por miembros de pandillas o personas que estén relacionadas a ellos. Casa Presidencial, que fue la artífice de las nuevas iniciativas, echó mano de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal que fue aprobada por FMLN, Arena y PCN en 2010 y que declara ilegales a la Mara Salvatrucha-13, la pandilla Barrio 18 (sus dos facciones) y otras agrupaciones similares.
El domingo en la madrugada, por orden de Bukele, la Asamblea aprobó un estado de excepción que prohibió el derecho a la defensa de todos los ciudadanos y el derecho a ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas después de ser capturado. Con eso y con el paquete de reformas de este miércoles, Bukele dice estar respondiendo al incremento en 700% del promedio diario de homicidios registrado durante el fin de semana del 25 al 27 de marzo. Hasta el 29 de marzo, el promedio diario era de 3.8 homicidios al día, según especialistas, pero solo el sábado fueron asesinadas 62 personas.
Este miércoles, la Asamblea —dominada por el partido de Bukele— volvió a sesionar de manera extraordinaria para aprobar el nuevo paquete de reformas. “No está solo presidente”, dijo Ernesto Castro, presidente del Legislativo y hombre de confianza de Bukele.
Por momentos, pareció que los mismos diputados de Nuevas Ideas y sus aliados olvidaron el discurso que habían adoptado desde casi el comienzo de la administración Bukele, según el cual aseguraban que el Plan Control Territorial del Gobierno era todo un éxito. “Hoy tenemos un pueblo de rodillas ante el crimen”, aceptó el diputado del PDC Reynaldo Carballo. “Paren de quitarle la vida a los salvadoreños o perderán su vida en una celda”, dijo el diputado Caleb Navarro. “No hay libertad de tránsito en el país porque unas comunidades son de una mara y otra son de otra mara. Pero eso se acabó con estas reformas”, dijo el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.
El detalle de las reformas se mantuvo en secreto durante las 24 horas que siguieron al anuncio del presidente Bukele de que las impulsaría. A las 4:40 de la tarde del miércoles, después de recibirlas de manos de funcionarios del gabinete de seguridad, Castro dio la orden de que se cargaran a la web para que pudieran consultarse.
Las modificaciones de este miércoles 30 de marzo incrementan las penas de cárcel a aquellos miembros identificados en el artículo 1 de la Ley de proscripción de pandillas que cometan delitos de violencia sexual, delitos relacionados a las drogas, a las extorsiones, o que cometan actos de terrorismo. Las nuevas penas aprobadas para esos delitos duplican e incluso triplican las sanciones actuales: oscilan entre 15 y 45 años de cárcel. Ser dirigente de una pandilla se considera un agravante que hace que la pena a recibir sea de entre 40 y 45 años. Desde el estado de excepción, el Gobierno se ha jactado de haber capturado a 3,000 presuntos pandilleros. Hasta hace siete meses, la saturación en centros penales era extrema: 39,417 internos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que clasificó a El Salvador como el segundo país del continente con la mayor tasa de personas encarceladas en proporción de la población general: 549 por 100 mil habitantes.
Guillermo Gallegos, diputado de Gana, resumió las reformas diciendo que afectarían el trabajo, sobre todo, de los juzgados y de la Fiscalía. “Hay términos y plazos que se vencen en los juzgados cuando se da la captura de un terrorista pandillero y por eso quedan en libertad”, dijo minutos antes de que comenzara la plenaria.
La idea de fondo es endurecer el juzgamiento contra pandilleros. Por ejemplo, se modificó el artículo 331 para que ningún juez pueda brindar libertad condicional (medidas sustitutivas a la detención) a los pandilleros que estén siendo procesados por 'cualquier delito'. La reforma al artículo 8 del Código Procesal Penal también ordena que aunque se cumpla el plazo máximo de detención provisional, que es de 24 meses, ningún pandillero podrá ser puesto en libertad antes de que la sentencia esté firme.
Otra reforma (artículo 88) permite que un pandillero o colaborador pueda ser condenado sin ser escuchado por un juez. La reforma establece que si un imputado se encuentra prófugo, el proceso que se inicie en su contra no se detendrá e incluso podría ser condenado en ausencia.
Ambigüedades
El problema entonces radica en definir quién es pandillero. Para Rodrigo Ávila, diputado de Arena y exdirector de Policía, 'se necesita un procedimiento de ley claro para determinar la pertenencia a una pandilla o mara', dijo a El Faro, durante la plenaria en la que se estaban aprobando las reformas. En la plenaria, Ávila tomó la palabra y pidió prudencia. “Estoy de acuerdo con el espíritu de las medidas, pero propongo que se estudien más en la comisión de legislación porque se pueden perfeccionar”, dijo. Su petición fue rechazada por el pleno. Hace unos días, Arena revivió una vieja propuesta de que se creara un registro de pandilleros a nivel nacional.
La redacción de algunas de las reformas, precisamente sobre quién puede ser considerado delincuente, es ambigua. Por ejemplo, en la reforma al artículo 345 del Código Penal se dice que será sancionada con la pena de 20 a 30 años de prisión 'cualquier persona que, a sabiendas de la ilegalidad [de las pandillas], reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones, aun sin tomar parte de las mismas'.
Otro aspecto ambiguo es sobre la retroactividad de las reformas. A último minuto, durante la sesión plenaria, la Asamblea agregó nuevos artículos al pliego enviado por Casa Presidencial. El jefe de diputados de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió que se agregara en las reformas al Código Penal y a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas la siguiente línea: “El presente decreto es de orden público y su carácter prevalecerá sobre otras que la contraríen”. Para el abogado y catedrático de la UCA Oswaldo Feussier esto es una señal de que los diputados quieren que las reformas tengan un efecto retroactivo. “Por desgracia lo han hecho para aplicarselo selectivamente a los que ellos quieran”, dijo a El Faro.
Otros abogados como Marcela Galeas y Enrique Anaya consideran que aunque se haya incorporado la línea sobre el orden público esto no lo vuelve retroactivo: “No hay duda que la intención es que tenga carácter retroactivo, pero no lo dice; desde hace décadas, la Sala de lo Constitucional estableció que el efecto retroactivo de una ley no puede deducirse, sino que debe disponerlo así el legislador y, por lo tanto, calificar una ley como de 'orden público' no le confiere efecto retroactivo”, explicó Anaya. “Aplicar retroactivamente las reformas procesales penales supondrá violación a la Constitución, pero como sabes, el problema es que no hay dónde reclamar”, dice Anaya en referencia a que Bukele controla ahora mismo los tres órganos del Estado y la Fiscalía.
En septiembre de 2020 y en agosto de 2021, este medio publicó dos reportajes que demuestran, con documentos oficiales y fotografías, que el Gobierno de Bukele lleva prácticamente desde su instalación en junio de 2019 negociando con los líderes pandilleros encarcelados la reducción de homicidios y apoyo electoral para las pasadas elecciones de febrero de 2021. En diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas al director de Centros Penales y viceministro de Seguridad y Justicia, Osiris Luna, y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, por negociar con las pandillas para lograr una reducción de homicidios a cambio de 'incentivos económicos'. Según esa oficina estadounidense, Luna y Marroquín “facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados, en los cuales a conocidos miembros de pandillas se les permitió entrar en instalaciones de prisiones y reunirse con altos líderes de sus pandillas”. Todo esto, agregó el Tesoro, era parte de 'los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con el liderazgo de las pandillas”.
¿Protección de jueces o abuso?
Otro puñado de las reformas tienden a revestir de secretismo el proceso judicial al que se someterán los miembros de pandillas. Una de las iniciativas de ley, por ejemplo, supone la creación de jueces anónimos. En la reforma se les denomina “medidas de protección” que van dirigidas para salvaguardar la vida y demás derechos de las personas que trabajan en juzgados ordinarios y juzgados especializados. Dice la reforma del artículo 73: “Se establece como medida de protección (…) que en los actos administrativos o judiciales no consten los nombres ni los datos generales de los jueces, magistrados o secretarios de actuación, ni cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar un número o clave para tales efectos”.
Caleb Navarro, subjefe de diputados de Nuevas Ideas, justificó la medida así: “Ya se acabó el show de la super híper mano dura (…) Estas medidas no son las mismas medidas extraordinarias que hacían (antes), puro show. Hoy se pone fin al amedrantamiento de los jueces: no tengan miedo, los vamos a proteger (…). Ya no podrán amenazarlos, chantajearlos, tampoco podrán comprarlos… guárdense esas moneditas porque ya no van conocer la identidad del juez que los está juzgando”.
Otra de las modificaciones permitirá que los testigos de los presuntos delitos cometidos por pandilleros puedan excluirse de comparecer a la audiencia donde hasta ahora, como parte del proceso, deben rendir su testimonio. Se les llama testigos de referencia, contemplados en el artículo 221 del Código Procesal Penal y que hasta ahora estaban permitidos en caso de muerte o enfermedad grave del testigo, entre otras causas. Ahora se permitirá ese tipo de testigos “en los procesos en contra de miembros de grupos terroristas (maras o pandillas) o cualquier otra agrupación criminal a la que se refiere (la Ley de proscripción de pandillas)”.
“Lo de los jueces sin rostro violenta un principio que tiene garantías que impiden la manipulación arbitraria de los procesos. El imputado tiene derecho a un juez natural, independiente e imparcial. Hay ya jurisprudencia de los organismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre jueces sin rostro, incluso sobre testigos sin rostro. Hay un informe del relator de Naciones Unidas contra los indios mapuche (Chile)”, dice el juez de sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán.
Zaira Navas, exinspectora general de la PNC y abogada de la organización Cristosal cree que la Asamblea “bien pudo adoptar otro tipo de medidas” para proteger a jueces y a colaboradores judiciales o a cualquier operador de justicia para evitar que corran riesgo. “Es importante decir que las medidas no deben estar enfocadas a que el juez no sea identificado y no se garantice que el juez o la persona que juzgue esté debidamente acreditada”, dijo a El Faro.
“Vistas públicas sin procesado presente, jueces anónimos, una prisión preventiva obligatoria que puede extenderse por décadas, incluso... A las reformas al Código Procesal Penal solo le faltó legalizar la tortura”, reaccionó Oswaldo Feussier, abogado y catedrático de la Universidad Centroamericana.
Sobre la prohibición de ordenar medidas sustitutivas a un pandillero, Duran opina que la detención provisional “no es un castigo previo”, pues lo que busca es “impedir la fuga del procesado” o que este vaya a “obstaculizar la investigación y el proceso”. Durán cree que si la detención no lleva esa finalidad, entonces, estamos frente a una distorsión o una disfuncionalidad de la medida cautelar.
Navas recordó que la prohibición de otorgar medidas sustitutivas era una disposición “bastante similar a la ya existente en la Ley de Proscripción de Pandillas”. Según Navas, esta medida “criminaliza a pertenecer a estos grupos indistintamente de si ha cometido o si no ha cometido un hecho delictivo. Son bastantes imprecisas estas normas. Son leyes que son violatorias a los derechos humanos. Es lamentable que tengamos un derecho penal que realmente es un populismo penal”.
Las reformas fueron precedidas por una narrativa oficial que fustigó el sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Bukele escribió varios tuits en los que sugería que los derechos humanos son un estorbo en un país como El Salvador debido al terror que son capaces de infligir las pandillas. 'A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta 'persecución dictatorial y autoritaria'. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos 'violando sus derechos'', escribió Bukele en Twitter el 28 de marzo. Al día siguiente, escribió otro tuit: 'Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros. Pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de qué lado están. Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estass organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo'. Durante la plenaria, ese discurso se mantuvo, por ejemplo, cuando diputados como Walter Coto, de Nuevas Ideas, cerró una de sus intervenciones así: “Aquellos que hablan de derechos humanos… los derechos humanos son solo para humanos”.
Entre las reformas está una a la Ley Penal Juvenil que implica un endurecimiento en las sanciones para los menores de 18 años. Hasta ahora, dicha ley hablaba de la posibilidad de internamiento de los menores que, en los casos de quien tuviera entre 16 y 18 años, no podía superar los 7 años. Con la reforma, los términos que se ocupan son los de “internamiento y pena de prisión” y aumenta los años de cárcel a entre 10 y 20 años, dependiendo de la edad del infractor. 'El juez impondrá pena de prisión cuyo término máximo podrá ser hasta de veinte años cuando fuere cometida por un menor que hubiere cumplido 16 años y hasta de 10 años cuando se tratare de un menor que hubiere cumplido 12 años', dice la reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil.
Se agrega otra reforma en las que se prohíbe que a los niños miembros de pandilla se les modifique, sustituya o revoque las medidas de detención. En los considerandos del decreto que modifica la Ley Penal Juvenil se establece que 'muchas veces' los menores de edad son los responsables de atentados contra la vida, la seguridad e integridad personal de la población.
Las reformas contaron con el apoyo de PCN, PDC y Gana. Los diputado de Arena apoyaron en algunas de las votaciones y en otras no. Rodrigo Ávila, por ejemplo, votó en abstención en varios de los decretos pero dijo que estaba a favor del espíritu de todas las iniciativas. “Algunas [reformas] en mi criterio están bien. Algunas de estas cosas ya las habíamos propuesto pero no hubo correlación de votos, planteamos varias reformas que en su momento no pasaron”, dijo a El Faro el miércoles.
Durante la plenaria de cuatro horas en las que se aprobaron los ocho decretos, los diputados de Nuevas Ideas enfatizaron el incremento de penas para todos los delitos que cometan los miembros de pandillas. Algunos diputados incluso exageraron los planteamientos insinuando que lo que se estaba criminalizando era la intención de pertenecer a la pandilla. “Hoy vamos a castigar duramente a todos aquellos que formen parte de una estructura criminal, de 20 a 30 años para todos aquellos jóvenes que quieran ingresar a las pandillas”, dijo Walter Coto, diputado de La Paz por Nuevas Ideas. “Los líderes posiblemente no volverán a ver la luz del sol porque la pena será de 40 a 45 años”, dijo.
Los diputados también aprobaron modificar el presupuesto del año en curso para asignar 80 millones de dólares para armamento y equipo militar y policial. Según la nota que envió el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, los fondos surgirán a partir de una mayor recaudación del impuesto de la renta y del impuesto a la transferencia de bienes.
Ricardo Castaneda, investigador sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a El Faro que entre enero y febrero se han recaudado $119 millones en renta e impuesto de transferencia de bienes. Dijo que si bien la recaudación hecha superó lo esperado, el Gobierno no debe perder de vista un punto importante: 'En el análisis se debería incluir las pérdidas en la recaudación que tienen las medidas anti-inflacionaria, así como los impactos de una desaceleración económica a nivel mundial'. Hace unas semanas, el Gobierno decidió subsidiar el combustible para que el usuario no pague todos los impuestos habituales.
A juicio de Castaneda, no es sorpresa que haya más presupuesto para Defensa y Seguridad Pública. De 2016 a 2021 el aumento presupuestario en dichas carteras ha sido del 43.46 %, dijo Castaneda. Para 2016, según datos del Icefi basados en cifras de Hacienda, ambos ramos sumaron $589.7 millones ($153.9 millones eran de Defensa y $435.8 millones de Seguridad), lo que representaba el 12.3 % del presupuesto del Gobierno Central. En términos absolutos, el presupuesto para estas áreas no ha dejado de crecer: en 2019, $681.3 millones; en 2020, $778.8 millones; para 2021, $846 millones, lo que representó el 11 % del dinero a las instituciones del Gobierno.
Entre las iniciativas no solo hay reformas a leyes ya existentes, sino que también se crea la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. Esta normativa crea un fondo que será administrado por el Ministerio de Seguridad y Justicia aunque los fondos, según el texto de la ley, provendrán de otras instituciones.
