La mitad de la población no tiene la mitad del poder y, mucho menos, el 50 % de la representación en El Salvador. Las mujeres han estado excluidas de las decisiones. Los hombres han tenido, y siguen teniendo, el control en la aprobación de leyes, en la capacidad de poner la agenda de temas en la opinión pública, en la definición de las candidaturas, en el acceso y uso de los recursos y, con ello, en la capacidad de veto para rechazar la aprobación de la paridad de género desde la Asamblea Legislativa. Este desequilibrio ha supuesto un sesgo en la manera desde la cual son pensadas las políticas públicas, las cuales generalmente no suelen tener enfoque de género que distinga el impacto de estas en las mujeres ni tampoco ha priorizado la agenda de intereses que afectan la vida de las mujeres.
Un ejemplo claro de esto en el país fue la misma aprobación de la reforma que permitió que las mujeres tuvieran derecho al voto. Aun cuando las mujeres accedieron al voto con la aprobación de la Constitución de 1939, lo hicieron con restricciones como el de la edad (30 años para las solteras, 25 para las casadas) o el de la escolaridad (tener sexto grado). Los criterios para decidir que podían votar fueron discriminatorios en varios sentidos. Las mujeres debieron esperar hasta la Constitución Política de 1950 para poder aspirar a ejercer sus derechos políticos-electorales en igualdad de condiciones que los hombres.
Como en otros países de América Latina, el hecho de haber accedido al derecho de votar no supuso para las mujeres salvadoreñas las mismas oportunidades de ser votadas, la posibilidad de ser representadas, el liderazgo de sus partidos ni conseguir las candidaturas para competir por los cargos de representación popular. Los datos de la Asamblea Legislativa son contundentes. Si bien las mujeres representan el 53.4 % del padrón, desde 1994 sólo han resultado electas 170 diputadas frente a 670 hombres, de un total de 840 escaños que estuvieron en disputa y, en la actualidad, sólo 24 de los 84 escaños (29 %) están ocupados por una mujer.
La baja representación de las mujeres evidencia fuertes obstáculos sociales, políticos, actitudinales y económicos. Por ejemplo, que los partidos las ubiquen como suplentes en las candidaturas, no les den dinero para sus campañas, las coloquen en distritos electorales donde ya saben que no tienen posibilidades de ganar e incluso que los medios no les den igual cobertura que a los hombres, limitan sus oportunidades de participar y tomar decisiones. El costo para las mujeres de hacer política y de tener voz pública ha supuesto además un alto riesgo para sus vidas. De ahí que la violencia política en razón de género sea uno de los obstáculos más importantes que enfrentan las salvadoreñas.
El Salvador necesita urgentemente cambiar esta situación. La reforma político-electoral pendiente debe incluir la paridad como principio constitucional. El reconocimiento del principio de paridad debería exigir a los partidos que ubicaran el 50 % de mujeres y el 50 % de hombres en las candidaturas a los cargos para representación popular, en los cargos de designación y dentro de los órganos directivos de los partidos. Esta reforma debería exigir paridad transversal –en los encabezamientos de las listas de los distritos–, paridad vertical –en el mandato de posición, de manera alternada-– y en la estructura de la fórmula –sobre las candidaturas propietarias–. De igual manera, la norma debe ser clara sobre la sanción por el no cumplimiento de lo que dice la ley, debe ser explícita y no permitir la posibilidad de corregir la lista presentada, como se encuentra actualmente en la legislación. Las mujeres deben dejar de ser vistas como una cuota y una vez que logren llegar a puestos de poder, deberían tener autonomía, no limitarse a seguir órdenes.
La paridad necesita de gladiadores y gladiadoras que la defiendan tanto desde la opinión pública, el movimiento amplio de mujeres, las colectivas feministas, los medios de comunicación e, incluso, desde instancias de apoyo institucional, técnico y político, que impulsen de manera colaborativa e interseccional, las reformas sustantivas que necesita el país. Este cambio supone -además de leyes- transformaciones a nivel educativo; mayor empoderamiento, capacidad de agencia y autonomía económica para las mujeres y una conversación más sosegada entre los diversos sectores sociales que haga ver y tome decisiones concretas que erradiquen las múltiples violencias que ellas enfrentan cuando quieren ejercer sus derechos. Esta transformación supone pasar de un régimen electoral de género débil –como el actual–a otro donde se les exija a los partidos espacios de poder a las mujeres y, con ello, democratizar la democracia.
