El conflicto medio ambiental en Honduras ha cobrado vidas e indignado a toda una región que padece los impactos de un sistema que impunemente avanza en perjuicio de los territorios. Ejemplo de ello son los ocho defensores del agua del río Guapinol que enfrentaron prisión por más de dos años, criminalizados como represalia a su labor de defensa de los bienes comunes. Su caso es modelo de resistencia al sistema de violencia, despojo y extractivismo que opera impunemente en el país, manteniendo aún deudas pendientes.
En Centroamérica, las áreas protegidas se ven fuertemente amenazadas ante el interés de las empresas por la explotación de los bienes comunes contando con la complicidad estatal. Particularmente, el Estado hondureño ha favorecido el desarrollo de proyectos extractivos a través de la consolidación de una institucionalidad que protege los negocios de las transnacionales en perjuicio de los territorios y los derechos humanos. La expansión del modelo extractivista incrementó los patrones de violencia en los territorios bajo despojo y profundizó la desigualdad estructural e histórica de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la población campesina, manteniéndoles en constante amenaza por habitar los territorios en disputa.
Por este motivo, la defensa de los bienes comunes es de alto riesgo en Honduras. Organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han identificado diversas prácticas que privilegian el despojo de las tierras por encima de los derechos humanos y amenazan la vida e integridad de las personas defensoras, siendo estas perseguidas, deslegitimadas, estigmatizadas, criminalizadas e, incluso, asesinadas como consecuencia de su labor.
Son los pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos quienes lideran la lucha contra una adversidad sistemática e histórica en Honduras, donde opera un modelo extractivista, capitalista, racista y patriarcal que determina el rumbo de los bienes comunes en el país, con toda la complicidad de un Estado que se ha negado a garantizar la justicia social.
El caso de los defensores del río Guapinol ejemplifica cómo este modelo opera en Honduras, sometiendo a los territorios al desarrollo de proyectos irregulares y con impactos negativos tanto ambientales como comunitarios. En el mes de agosto de 2018 y a partir de una concesión otorgada por el Estado hondureño, la empresa Inversiones Los Pinares abrió una nueva carretera que conduce a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, generando una gran destrucción y despojo indiscriminado de los territorios.
Esta situación provocó la movilización de distintas organizaciones sociales en 15 comunidades de Tocoa, y desembocó en la instalación del Campamento de Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, que demandó la cancelación de la concesión minera a la empresa, el retiro de la maquinaria de excavación y la desmilitarización del territorio. Como respuesta, el Estado, el 27 de octubre de 2018, desplegó más de 1500 efectivos policiales y militares para desalojar de manera violenta el Campamento de Guapinol.
Las acciones de defensa del agua y el territorio generaron además un complejo proceso de criminalización por el cual, el 1 de septiembre de 2019, fueron detenidos ilegalmente ocho defensores: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fue a partir de entonces cuando la lucha por el reconocimiento de la inocencia de los defensores ante los tribunales hondureños solidarizó a distintas expresiones del movimiento de derechos humanos alrededor del mundo.
El caso fue llevado ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el cual, en marzo del 2020 reconoció la ilegalidad de las detenciones y recomendó su inmediata liberación. Sin embargo, no fue sino hasta el 1 de diciembre de 2021 que comenzó el juicio oral y público contra los ocho defensores, tiempo durante el cual continuaron privados de libertad. A través del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, se acompañó, monitoreó y documentó el proceso desde una mirada legal, técnica y política, alertando sobre cualquier irregularidad observada, tales como decisiones infundadas por parte del Tribunal e incluso la presencia de cuerpos de seguridad privada armada dentro del recinto judicial para amedrentar a los defensores y su equipo legal. El Observatorio reportó sus hallazgos a través de boletines diarios por cada día del juicio oral y público.
A pesar de la denuncia internacional, el 6 de febrero del 2022 se emitió un fallo condenatorio contra 6 de los 8 defensores que retrató la insistencia de un sistema que privilegia a los proyectos extractivos y concesiones irregulares. El resultado fue el sometimiento de los defensores del río Guapinol a la continuidad de una detención arbitraria y una persecución penal infundada, derivada únicamente de sus actividades de defensa legítima del derecho al agua y a un medio ambiente sano.
Días después, dos sentencias de amparo confirmaron lo que tanto se sostuvo por parte del equipo legal de los defensores y organizaciones de la sociedad civil: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el juicio nulo y emitió una orden de inmediata liberación. A pesar de ello, en un intento por perpetuar la injusticia hasta el último momento, el poder Judicial retrasó injustificadamente su liberación durante 15 días. El 25 de febrero de este año, una caravana se dirigió a Olanchito para acompañar la liberación de los defensores que cumplían 914 días de prisión ilegal. Por fin en Honduras se impuso la verdad y la justicia.
La libertad de los defensores corrigió una enorme injusticia y reavivó la esperanza de los movimientos y personas defensoras que han sido víctimas de una histórica persecución por su labor y, con ello, la necesidad de atender la reparación integral que, por derecho, les corresponde a los ocho defensores del Río Guapinol. De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, los Estados deben asegurar los recursos judiciales, administrativos y de otro tipo efectivos para las víctimas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, además de proporcionar reparaciones adecuadas, efectivas y con celeridad. Asimismo, se enfatiza que el Estado debe consultar con las víctimas de la privación ilegal de la libertad aquellas reparaciones materiales, simbólicas, individuales y colectivas que consideren necesarias para hacer efectivo el derecho a la reparación integral. Nada de esto ha ocurrido hasta la fecha.
Una de las demandas que a la fecha se sostienen por parte de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro es que las concesiones que originaron el conflicto socio ambiental sean revocadas, atendiendo a la legislación local y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como avanzar hacia medidas estructurales de no repetición que aseguren que hechos como este no vuelvan a repetirse.
Ahora bien, en términos de la innegable corresponsabilidad de las empresas, es necesario atender lo que ya ha sido reconocido por los organismos de protección en materia de derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2021 en el caso de Opario Lemonth Morris y otros vs Honduras, mejor conocida como Buzos Miskitos, plantea que los Estados deben –entre otras cosas– garantizar que las empresas respondan por las violaciones a derechos humanos derivadas del desempeño de las actividades realizadas en su territorio. Asimismo, determina que estas medidas regulatorias deben estar orientadas a responsabilizarlas cuando se vean beneficiadas por la actividad de empresas nacionales que formen parte de su cadena productiva. Ello nos ofrece una hoja de ruta para continuar en la lucha por la exigibilidad de acciones que no pongan en riesgo la situación de los derechos humanos so pretexto del extractivismo cobijado en un falso discurso por el desarrollo sostenible que acumula riquezas.
Honduras sigue sin responder adecuadamente ante la grave situación de riesgo que enfrentan las y los defensores ambientales del país, garantizando su protección, removiendo los obstáculos que enfrentan y generando las condiciones para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad. Los ineficientes mecanismos de denuncia de agresiones contra personas defensoras mantienen las luchas de resistencia en clara desventaja frente a un modelo compacto de violencia y despojo.
La región tiene una fuerte deuda con los territorios, los pueblos y comunidades al favorecer intereses particulares por encima de los bienes comunes y la vida digna. La esperanza está en derrumbar las estructuras colonialistas, racistas y patriarcales que insisten en presentarse como el único camino para el desarrollo. El gobierno de Xiomara Castro tiene una oportunidad sin precedentes para atender los reclamos históricos de justicia socio ambiental. La respuesta está en la construcción de alternativas plurales y sostenibles, donde el respeto a los derechos humanos sea un punto de partida, un medio y un fin. Los defensores de Guapinol, hoy libres y reunidos con sus familias, nos han mostrado el camino. Otro mundo es posible.
*Liliana Caballero es Oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Programa para México y Centroamérica.
