El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una escalada inflacionaria en todo el mundo con el potencial de comprometer la seguridad alimentaria de los países con menores ingresos. La situación se acentúa en aquellos que dependen de las importaciones para abastecer ciertos productos e insumos agrícolas, como es el caso salvadoreño. De agudizarse la problemática, no solo la recuperación económica está en juego sino también la capacidad de los hogares de cubrir sus necesidades básicas y alimentación, principalmente los más vulnerables.
Para atenuar estos efectos, el Ejecutivo anunció 11 medidas económicas que a la fecha han sido insuficientes para contener la espiral inflacionaria, que viene desde el año 2021. Varias ya estaban en el abanico de acciones institucionales y su efecto sobre los precios solo sería manifestación de que no se estaban haciendo antes. Otras son novedosas en alguna medida –como la suspensión de impuestos a combustibles o la posterior fijación de precio máximo–, pero su potencial para contrarrestar la inflación difícilmente supera los costos ya incorporados en insumos producidos fuera de la frontera, y de los cuales dependen muchos sectores productivos al interior del país. La eliminación de aranceles a la importación es una medida ingenua o engañosa: una abrumadora mayoría de los bienes “desgravados” ya se importa sin aranceles, como puede verse en la Base de Datos de Comercio Exterior del Banco Central de Reserva.
Como era de esperarse, los precios se mantienen altos o continúan incrementándose. Por ejemplo, en granos básicos y hortalizas se registran incrementos entre el 10 de marzo –anuncio de las medidas– y el 25 de abril, el último informe disponible en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin ninguna condicionante diferente, lo más probable es que a la fecha estos se hayan incrementado todavía más.
En lo que respecta a Rusia y Ucrania, ambos son parte importante de la oferta de alimentos a nivel mundial: trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, entre otros. En el 2021 Rusia fue el principal exportador de fertilizantes nitrogenados a nivel mundial y de los principales en el caso de fertilizantes de potasio y de fósforo. A esto se suma el impacto sobre el mercado de hidrocarburos, con alzas sustanciales en el precio de combustibles que son esenciales en la producción y transporte de insumos o mercancías, cuestión que eventualmente se traslada a los precios.
Las consecuencias del conflicto a nivel inflacionario superan, en algunos ámbitos, las registradas en la crisis de precios de alimentos de 2008 que en su momento provocó hambrunas e inestabilidad política alrededor del mundo. El índice de precios de alimentos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está en su nivel más alto desde 1990. Lo mismo sucede con los índices específicos: cereales, aceite, lácteos y carne. En el caso de los fertilizantes, los índices de precios también registran niveles récord triplicando su valor en comparación al precio de hace dos años.
Esto ha generado un fuerte impacto en la reducción de la oferta de trigo proveniente de estos países, ya sea por disminución en la producción o por restricción a las exportaciones y, por ende en el alza en los precios. Al cierre de abril el precio del trigo era superior en un 60 % al de hace un año y las proyecciones en el precio son al alza para el resto de 2022 y 2023. En el caso de El Salvador, importador del 100 % del trigo que consume en su territorio, con alta certeza habrá precios aún mayores en productos derivados de este cereal.
En el caso de los fertilizantes el impacto puede ser aún más fuerte. A febrero 2022 los precios promedio de venta en el país de fertilizante formulado, sulfato de amonio y urea - ampliamente usados en el sector agrícola- se habían duplicado respecto a febrero de 2021, llegando a marcas históricamente altas en las estadísticas de precios de insumos desde 2015 (ver gráfico). Esto indudablemente impactará al alza en los costos de producción agrícola, principalmente por la preponderancia de sistemas de producción dependientes de fertilizantes inorgánicos y la alta dependencia del país en la importación de estos insumos intermedios.
Entonces las personas agricultoras se enfrentan actualmente a las disyuntivas que supone encontrar costos de producción repentinamente mayores: ¿conviene mantener la superficie actual y disminuir la cantidad de insumos utilizados, afectando el rendimiento? O, si la decisión es mantener constante superficie e insumos, ¿cómo financiar un costo mucho mayor? Con base en la Retrospectiva de Precios de Insumos Agropecuarios y el Informe de Costos de producción 2020/21, de la Dirección General de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el costo de fertilización promedio de una manzana de maíz, por ejemplo, podría incrementar de $216 a $458, y con ello pasar de un costo de $15.51 a US$19.63 por quintal de maíz, sólo por causa de un mayor precio en fertilizantes (otros precios podrían incrementarse). Las opciones para las personas productoras son realmente pocas.
El otorgamiento de créditos a la producción de alimentos básicos está lejos de ser una política determinante desde el Estado. En los últimos ciclos agrícolas el número de desembolsos otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario rondan los 20 mil créditos, apenas el 5 % de unas 400 mil personas productoras estimadas. El monto total ha incrementado, pero aún es insuficiente. La otra opción a la que les toca acudir es al financiamiento más informal: prestamistas locales y usureros, arriesgando sus activos como contrapartida.
Cualquiera que sea la decisión probablemente solo hay dos resultados: una producción similar a otros años a un costo mayor; o bien, una producción menor por una reducción en los insumos utilizados. En ambos casos se esperaría un efecto negativo sobre la seguridad alimentaria de la población en general, productora o consumidora: menor disponibilidad de alimentos o precios mayores. Un incremento en la producción sería muy bueno, aunque es menos probable.
Una posible vía de corto plazo para aliviar el riesgo sobre la seguridad alimentaria es, nuevamente, propiciar la entrada de importaciones de alimentos para suplir la posible demanda local insatisfecha. No obstante, en esta ocasión es incierto que eviten precios altos: el incremento en los costos de producción es global. Por otro lado, ya es conocido el efecto negativo que esto tiene sobre los productores locales al presionar a la baja los precios que reciben por su producto. Comparando 2020 con 2019, por ejemplo, el volumen de importaciones de maíz blanco aumentó 17 %, por un valor de $52 millones en comparación a $43 millones del año anterior; en consecuencia, el precio pagado al productor en 2020 se mantuvo todos los meses por debajo a los de 2019, apenas suficiente para cubrir los costos de producción.
Quizás las únicas medidas restantes para atenuar a corto plazo el incremento en el precio de productos agrícolas domésticos, a corto plazo, sea eliminar el IVA a los insumos agrícolas e incrementar de manera sustancial el crédito de avío a intereses bajos para reducir los costos financieros; y, en el caso de productos importados –hortalizas, frutas, aceites, harinas, otros– también ayudaría eliminar el IVA. Aun así, lo más probable es que incluso todo esto sea insuficiente y la población enfrente precios altos el resto de 2022 y la primera mitad de 2023, con las implicaciones negativas para la seguridad alimentaria y nutricional. Hay que recordar que los incrementos en el precio de alimentos y combustibles son regresivos: afectan más a las personas pobres, que se ven obligadas a destinar una mayor cantidad de sus ingresos a la compra de estos bienes.
El reto de la inflación es complejo, de eso no cabe duda, y es en estos casos que la administración Bukele echará en falta contar con un margen fiscal mayor que amplíe el abanico de opciones. Hacerle frente de manera efectiva pasa por una adecuada puesta en la balanza de las diferentes alternativas y tomar decisiones con base en criterios técnicos, además de informar a la población de manera abierta y transparente sobre los objetivos de las acciones, el costo adicional en las finanzas públicas y, también, lo que no es posible de lograr. Lamentablemente el criterio técnico y la honestidad es solamente una aspiración en una administración que tiene, evidentemente, escasez de ambas.
Habrá que estar atentos al desarrollo del conflicto, las medidas adicionales que pueda tomar la administración frente a la inflación, la ejecución del Programa de Paquetes Agrícolas –que inicia de manera tardía– y el desarrollo de la estación lluviosa. De momento están encendidas las luces de advertencia para procurar evitar, en lo posible, los peores efectos sobre la seguridad alimentaria de la población y el desarrollo productivo de los subsectores agropecuarios.
