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Columnas / Transparencia
Preguntas para romper el silencio de los culpables
El Gobierno sabía que la consecuencia inmediata de esa “traición” a las pandillas sería esa matazón. Entonces, ¿el Gobierno quería lograr eso y lanzarles la nueva mano dura? Duda razonable.

Fecha inválida
Cecibel Romero

El gobierno de Nayib Bukele es una maquinaria extremadamente ruidosa. Por eso es curioso que, ante las revelaciones de El Faro del martes 17 de mayo que explican por qué a finales de marzo ocurrió el fin de semana más violento del siglo, el presidente y sus funcionarios de seguridad hicieran mutis. La evidencia de los audios indica claramente que los pactos con pandillas no son parte de la historia política del país, sino que son el presente con el gobierno de Bukele, y que, aunque este ha venido condenando en público a los políticos que antes de él hicieron esos arreglos, él hizo su propia edición desde 2019. Los audios desatan una serie de preguntas que la prensa no tendrá oportunidad de hacerle, y sus funcionarios, acostumbrados a practicar monólogos frente a las cámaras del ecosistema de medios oficialistas, jamás responderán.

Las secretarías de Comunicaciones y de Prensa tienen muy bien aceitada la producción de videos, fotos, textos para garantizar la omnipresencia. A cualquier hora (24/7), las cuentas institucionales están tratando de convencernos de que el país tiene los mejores indicadores económicos, de salud, de seguridad o turismo; aunque cada vez es más difícil corroborar datos en los desactualizados sitios gubernamentales.

En la banda sinfín de tuits abundan los amaneceres, atardeceres y las fotos imponentes desde el aire. Cuando cuelgan los videos en Tik Tok, por supuesto que le agregan la canción de moda para jugar con el algoritmo. A excepción de los mensajes de la Policía, en las comunicaciones del Gobierno en redes sociales, la gente siempre está feliz. Un día después de la publicación del reportaje, la cara sonriente y sin ningún comentario del principal involucrado solo vino a sumar una página más al manual del cinismo con el que siempre han respondido todos los políticos en este tema cuando se les descubre.

Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, en un evento organizado por el gobierno en Santa Ana un día después de los audios publicados por El Faro en donde se identifica como vocero del pacto entre el Gobierno y la MS-13. Foto de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
 
Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, en un evento organizado por el gobierno en Santa Ana un día después de los audios publicados por El Faro en donde se identifica como vocero del pacto entre el Gobierno y la MS-13. Foto de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

De lo relatado en los audios por el director de Tejido Social, Carlos Marroquín (alias sliptone -o “Lente”, en el código con la MS), queda claro que de esas muertes del último fin de semana de marzo podrían ser culpables algunos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, además de quienes halaron el gatillo. Solo el sábado 26 de marzo, la ruptura de la tregua supuso el asesinato de un joven en Camino a Surf City –uno de los proyectos emblema de esta administración–, el de otro en la calle al volcán de San Salvador, y el de otras 60 personas en 12 de los 14 departamentos del país. La idea de la Mara Salvatrucha era marcar con sangre todo el país para presionar a un Gobierno que, según la organización criminal, les había engañado y había traicionado el acuerdo al capturar a varios de sus miembros.

Dentro de las nuevas preguntas que nacen con la revelación de El Faro está esta: si, tal como lo deja claro Marroquín en sus conversaciones, desde 2019 tenían un pacto para bajar los homicidios, ¿fue solo un show la campaña contra la Asamblea Legislativa que en 2020 desembocó en el 9F para que aprobara nueva deuda que nutriera el presupuesto de seguridad, ya que los resultados los tenía garantizados por adelantado?

Ahora resulta que aun con todo y los cientos de millones recibidos gracias a los votos de la mayoría en la Asamblea no era cierto que el Plan Control Territorial funcionaba y era un éxito digno de exportación. Se necesitaba –y según los diputados oficialistas, que dominan ampliamente la legislatura, se sigue necesitando–un régimen de excepción que, además de restringir derechos fundamentales, como el de defensa o de la privacidad de las comunicaciones, les ha concedido hacer compras directas a los ministerios de Defensa y Seguridad.

Preguntas obligadas para el ministro Villatoro (alias “Torero”, en los audios): ¿Quiénes son esos pandilleros capturados y por los cuales la MS-13 acusó al gobierno de Bukele de traicionar el pacto? ¿Quién le dio la orden de romper la tregua? ¿De qué se les acusa? ¿La Fiscalía acompañó en esta misión? Aún no estaba vigente el régimen de excepción para realizar capturas arbitrarias.

Y, tal como había sucedido en los pactos anteriores de las pandillas con el primer gobierno del FMLN y luego con el partido Arena, en algún momento alguien iba a soltar el nudo. Según el relato construido a dos voces en los audios, fue el ministro de Seguridad el responsable de la ruptura de la tregua.

Las palabras de Marroquín en sus conversaciones con los jefes pandilleros son elocuentes. Estridentes. Ruidosas, como la propaganda gubernamental. Expone no solo el disenso dentro del Gobierno, sino que abofetea a la fanaticada de Bukele al expresar su lealtad a las pandillas. En los audios, Marroquín promete intentar mediar nuevamente con el presidente y dice a los pandilleros que fue un error haber puesto la presión de siempre con “muebles” (muertos, en el código interno) por lo que hizo “el loco ministro”, refiriéndose a Gustavo Villatoro. Y admite los abusos oficiales en la reacción desmesurada del presidente al ordenar capturas masivas, así como por las torturas que se están cometiendo en las cárceles.

Por la experiencia de rupturas de treguas anteriores, el Gobierno sabía que la consecuencia inmediata de esa “traición” a las pandillas sería esa matazón. Entonces, ¿el Gobierno quería lograr eso y lanzarles la nueva mano dura? Duda razonable.

La complicidad de los políticos con las pandillas ha llegado a niveles espeluznantes. Cualquiera que escuche la frase de Marroquín cuando le asegura a su enlace de la MS que él mismo sacó al famoso pandillero “Crook” hacia Guatemala, como muestra de su lealtad a la pandilla, terminará con una expresión de asombro.

El plan de Gobierno para contrarrestar la furia de las pandillas es un huracán que no tiene control y se está llevando de encuentro a muchas familias pobres, generando una crisis humanitaria que solo miran algunos de los periodistas que recorren las comunidades o las afueras de los centros penales. Con más de 30 000 detenidos, el Gobierno ha puesto en aprietos al sistema penitenciario y de justicia, y ha tirado por el hoyo negro a los cuerpos de seguridad. 

Mientras tanto, el presidente (“Batman”, entre las pandillas), no sale de su baticueva para contestar preguntas sobre su responsabilidad o la de sus funcionarios en la matanza del siglo, ni sobre cómo se recompondrá el desastre social. Parece que quiere vivir el papel del personaje de la película, de vengador en la oscuridad. En unos años sabremos si esta versión fuera de la pantalla termina siendo la de un supervillano.

El gobierno de Nayib Bukele ha sido una maquinaria extremadamente ruidosa. Hoy, su mayor ruido es su silencio.


*Cecibel Romero es periodista freelance y docente.

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