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Columnas / Política
Las diásporas importan (y su voto también)
Es fundamental no ignorar la importancia de las diásporas, considerando el importante rol que cumplen enviando remesas a sus países de origen.

Fecha inválida
Betilde Muñoz-Pogossian

El Salvador, Honduras y Guatemala han sido países generadores de diásporas. Aunque diversas, las causas han estado generalmente asociadas a la violencia y criminalidad, la persistencia de la pobreza y desigualdad, y ,hoy en día, incluso a los efectos del cambio climático. El hecho es que la evolución de las diásporas centroamericanas ha venido exigiendo a los actores políticos una adecuación de las políticas públicas y esquemas de gobernanza migratoria, al igual que reformas políticas para garantizar el acceso de esta ciudadanía a sus derechos en el exterior. Las diásporas importan y su voto también debe importar.

Según datos demográficos de Naciones Unidas, y otros portales migratorios, el 24.8 %, 6.84 % y 8.2 % de las poblaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras, respectivamente, viven fuera de su territorio. Si bien los destinos varían, nadie duda de que Estados Unidos es el país hacia donde generalmente se dirigen. No es sorpresa, entonces, que los tres países en conjunto comprendan el 86 % de los centroamericanos que llegan a las fronteras de EE. UU. y, desde 2017, el 8 %  de los 44.5 millones de migrantes en los Estados Unidos.

Sin duda, es fundamental no ignorar su importancia, considerando el importante rol que cumplen enviando remesas a sus países de origen, aportando capital humano a través del know how o conocimientos tácitos adquiridos a través de la experiencia migratoria, al igual que influyendo en la escena política. Tal como indicado por Vertovec, “las diásporas pueden presionar a los países receptores (para diseñar políticas públicas a favor de sus nacionales o para influir en decisiones de política exterior sobre sus países de origen), influir en sus países de origen (a través de su apoyo u oposición a gobiernos), brindar apoyo financiero y de otro tipo a los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, o incluso patrocinando terrorismo o la perpetuación de conflictos violentos en sus países”.

En los últimos veinte años, las tres naciones han aprobado reformas legales para acercar el derecho del voto a sus compatriotas en el exterior (El Salvador 2013, Guatemala 2017, Honduras 2001), con resultados dispares y poco alentadores. En 2019, en los últimos comicios presidenciales en El Salvador, alrededor de 5948 electores en el extranjero estaban habilitados para votar (aunque teóricamente más de 350 mil podían registrarse), y un 64 % de estas personas efectivamente votó. En el caso de los guatemaltecos, para la elección de ese mismo año, unos 63 695 electores fueron habilitados para votar en el exterior, aunque solo el 1.15 % emitió el voto (unos 700 electores). En Honduras, también se vio a finales de 2021 una baja participación de la diáspora, habiendo habilitado cerca de 15 320 electores en el exterior para las últimas elecciones, con apenas 2.76 %.

Si bien en un principio de responsabilidad compartida la región tiene la tarea de asegurar la protección de los derechos de estas personas, cada uno de los países se ha enfrentado a la responsabilidad de asegurar que esta ciudadanía pueda acceder a sus derechos políticos, aun estando en el exterior. El debate se ha centrado en la pregunta de si estos migrantes, sin estar conectados a la realidad diaria de sus países de origen, deben o no tener el mismo peso e influencia en los resultados electorales que los que se quedaron y viven día a día los problemas y retos nacionales. En este tema, el espíritu de la acción de los actores políticos en los tres países ha sido reformista y progresivamente garantista de estos derechos, aunque muchos cuestionan si política y pragmáticamente vale la pena el esfuerzo.

No debería existir dilema sobre invertir o no en el voto de las diásporas, la respuesta es siempre sí. Vale la pena invertir en habilitar el registro electoral de ciudadanos y ciudadanas en el exterior y en generar mejores condiciones para ejercer el voto, porque acercar derechos es siempre la mejor apuesta para fortalecer las democracias. Más aún para el caso de estas diásporas cuyas remesas representan tanto en los presupuestos nacionales de estos tres países. Las diásporas importan y su voto también debe importar.

Los bajos niveles de registro y participación que se observan hasta ahora son atribuibles a una serie de factores sobre los cuales también hay gran debate político. Mientras que la situación de irregularidad de la gran mayoría de estas personas centroamericanas en sus países de destino les obliga a ocuparse de necesidades más básicas que el hecho de votar, también se alude a la falta de información y de educación cívica para entender la importancia de hacer el esfuerzo de registrarse en el padrón electoral y luego ejercer el voto. En el debate político, y desde algunos liderazgos de esas diásporas, también se alude a una deliberada intención de, por ejemplo, retrasar los procesos de inscripción electoral o de no facilitar condiciones para el registro, como razones de la baja participación.

A esto se podría añadir también que las reformas son relativamente recientes (2013, 2017 y 2001, respectivamente), pese a que son diásporas que llevan más de 30 años de asentamiento en otros países. A paso lento, pero las reformas han seguido evolucionando. Recientemente, El Salvador aprobó una que permitirá a los salvadoreños en el exterior no solo votar desde fuera de su país, estipulando que serán consultados sobre la mejor modalidad para ejercerlo; sino también ser electos para cargos públicos a partir de la elección de 2024.

Esta brecha temporal también puede representar una brecha de conciencia y empoderamiento sobre sus derechos políticos, que se traduce en una falta de priorización del registro electoral como algo relevante y, con ello, limita su voto en las elecciones. Más allá de las razones, que seguramente son múltiples y exceden las planteadas aquí, lo importante es partir del hecho de que efectivamente ha habido una baja participación de estas diásporas en las elecciones y de que hay una necesidad urgente de vinculación con estas personas para animarles a ejercer sus derechos electorales.

La migración es un hecho y no va a parar en el futuro más próximo. Es por ello que, en la medida en que las diásporas de los tres países del norte centroamericano sigan creciendo y asentándose en sus países de destino, será vital continuar impulsando nuevas reformas que fortalezcan los avances logrados hasta ahora y los profundicen. Aunado a esto, es clave que en los países de origen se siga invirtiendo en programas de educación cívica, acciones de empoderamiento sobre derechos políticos y empadronamiento electoral, con condiciones asequibles para ejercer el voto desde las  diásporas. Por cierto, los liderazgos en las diásporas pueden ser socios clave en estas tareas.

*Betilde Muñoz-Pogossian es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA); forma parte del Consejo Asesor del Observatorio Reformas Políticas en América Latina (reformaspoliticas.org) y es coordinadora de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Las opiniones en este artículo son personales y no representan las de la Organización de los Estados Americanos. Puedes seguirla en Twitter como @BeticaMunozPogo y en @ReformasLATAM, o en Facebook como Betilde Muñoz-Pogossian. 
 
*Betilde Muñoz-Pogossian es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA); forma parte del Consejo Asesor del Observatorio Reformas Políticas en América Latina (reformaspoliticas.org) y es coordinadora de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Las opiniones en este artículo son personales y no representan las de la Organización de los Estados Americanos. Puedes seguirla en Twitter como @BeticaMunozPogo y en @ReformasLATAM, o en Facebook como Betilde Muñoz-Pogossian. 

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