Felícita Aquino carga en sus manos una bolsa con zapatos y ropa para José Roberto Aquino, su hijo de 32 años, que fue detenido desde el lunes 25 de abril, cerca de la plaza central de Zacatecoluca, La Paz, donde trabajaba en oficios varios para un grupo de médicos. Pidió limosna la tarde del miércoles 27 de abril en la entrada del Súper Selectos de Zacatecoluca. Juntó unas monedas con las que compró ropa y costeó sus pasajes de autobús para llegar hasta la puerta de la cárcel de Mariona, a 65 kilómetros y tener alguna noticia. Como Felícita, decenas de mujeres sufren el Régimen de Excepción, que les niega lo más básico: información. Los alrededores de las cárceles y bartolinas se abarrotan de mujeres que buscan alguna certeza sobre sus hijos, nietos, esposos, padres. Tras el Régimen de Excepción aprobado en El Salvador el 27 de marzo luego del fin de semana más sangriento del siglo, más de 20,000 personas han sido arrestadas sin necesidad de que policías y militares presenten mayores pruebas en su contra. El Movimiento de Trabajadores de la Policía ha denunciado que en algunos puestos y delegaciones los policías tienen una cuota de arrestos diarios. La organización Human Right Watch junto a Cristosal publicaron un reporte en el que denuncian "evidencias de graves abusos" durante el Régimen, incluidas 160 detenciones arbitrarias. En algunos casos, según el documento, el único argumento de los policías para las capturas fue que "cumplían órdenes de arriba". Debido al Régimen, los detenidos pueden pasar 15 días presos sin tener que ser presentados ante un juez. Gracias a reformas penales aprobadas en esta coyuntura, una persona acusada de pertenecer a pandillas puede pasar tiempo indefinido en un penal hasta que termine su proceso judicial, así concluya en su liberación.
En las afueras del penal de Izalco, en Sonsonate, decenas de mujeres esperan durante días completos bajo sol y lluvia, en una calle de barro. Llegan de diversas partes del país para tener información de su familiar detenido durante el Régimen, que se enfocó principalmente en capturar hombres a quienes los policías o militares consideran miembros de pandillas o colaboradores de ellas. La mayoría de esas mujeres que se agolpan afuera de las cárceles son encargadas de los quehaceres domésticos de su casa y del cuidado de la familia o trabajadoras informales que han tenido que dejar sus empleos para buscar a sus parientes. Para muchas, la detención de su familiar, ha significado quedarse sin el ingreso económico para cubrir gastos diarios. Algunas han tenido que dormir en las calles. Otras, se juntan para reunir diez dólares y alquilar una pieza de mesón para dormir y seguir preguntando por sus parientes al día siguiente. Con más de 20,000 detenidos en apenas un mes y una semana de Régimen, el sistema penitenciario está repleto y la Procuraduría General de la República colapsa y es incapaz de cubrir con sus abogados públicos la defensa de tantos arrestados. Apenas hay información de los detenidos y es remoto conseguir una defensa pública. Las mujeres se agolpan desde la madrugada afuera de las cárceles para esperar que sus parientes salgan por la puerta. En Izalco, son contados con los dedos de las manos las personas que salen cada día tras audiencias masivas realizadas de forma virtual. Algunas de las mujeres llevan semanas sin saber siquiera dónde están sus familiares detenidos. Buscan con la esperanza de que algún policía les diga algo. Buscan con la esperanza de ver salir a su familiar. Esperan sin saber si buscan en el lugar correcto.