Al finalizar el 20 de abril de 2022, el dueño de un restaurante capitalino estaba feliz. Durante todo el día no recibió ni la llamada telefónica ni la visita de los pandilleros que, durante más de media década, lo han extorsionado. Al día siguiente fue igual. “Yo estaba contento y pensé: ¡al fin voy a dejar de pagar!”. Al dueño del restaurante esa felicidad le duró dos días. El viernes 22 de abril, bajo pleno Régimen de Excepción y pese a las redadas que han dejado a miles de detenidos en la cárcel, el empresario recibió una llamada del Barrio 18 Revolucionarios, en la que le recordaban que debía pagar “la renta” mensual: 275 dólares.
El dueño del restaurante paga la renta el 20 de cada mes, pero, según le informaron, la pandilla cobró tarde en este caso debido a inconvenientes provocados por el Régimen de Excepción. “En los últimos días, las patrullas y las motos de la Policía pasan a cada rato frente a mi negocio, pero el problema sigue. Yo sigo pagando. Lo que la pandilla quería cambiar era la forma de pagar. Cuando me llamaron, me dijeron que tenía que ir a dejar la renta a un lugar, pero les dije que yo no me iba a arriesgar a que me capturen o que capturen a alguno de mis empleados por andar entregando ese pisto. Les dije que si querían el dinero que pasaran a traerlo aquí”.
El 22 de abril, un muchacho llegó a recoger la renta al local. En las últimas dos semanas, a parte del restaurantero, El Faro entrevistó por separado a dos miembros de una gremial del transporte público, a un distribuidor mayorista de productos de la canasta básica en el Gran San Salvador, a la ejecutiva de una cadena de farmacias y a dos vendedores ruteros. Los siete entrevistados dijeron que siguen pagando la renta. “Nunca hemos dejado de pagar”, respondió el distribuidor mayorista, quien accedió a contestar unas preguntas con la condición de reservar su nombre por temor a represalias de las pandillas o del Gobierno. La misma condición pidieron todos. Todos confirmaron seguir pagando a las pandillas, pero fueron escuetos para dar detalles debido al temor que les generó dar declaraciones.
El problema de la extorsión no es nuevo. Las fuentes consultadas por este periódico cuentan que ese problema se agudizó tras la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, impulsados por los últimos dos gobiernos de ARENA: Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009). Tras el fracaso de esas políticas de seguridad, las pandillas afianzaron su presencia en 247 de los 262 municipios del país, según información oficial. Extorsionaban al 70 % de los comercios. Desplazaban a comunidades enteras de sus hogares. Obligaron a miles de salvadoreños a emigrar y convirtieron al país en uno de los más homicidas del continente.
En 2012, las pandillas utilizaron el alza y la reducción de los homicidios para negociar una tregua con el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Y, aunque el Gobierno logró una reducción de los crímenes, el delito de la extorsión se mantuvo intacto. El mayorista de productos de la canasta básica cuenta que durante la tregua, además de pagar la cuota mensual, tuvo que montar tiendas que eran manejadas por las madres o esposas de los “palabreros” (líderes de clicas) en colonias populosas del Gran San Salvador. Un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) estimaba que en el 2016 la violencia de las pandillas le costaba a El Salvador 4,000 millones de dólares al año. Ese año, El Faro y The New York Times hicieron una investigación conjunta que determinó que los ingresos anuales de la Mara Salvatrucha 13 rondaban los 31.2 millones de dólares, principalmente gracias a la extorsión.
En junio de 2019, el Gobierno de Nayib Bukele anunció el Plan Control Territorial. A pesar de que se ha demostrado que el Gobierno actual ha negociado con las pandillas la reducción de los homicidios, la administración sigue manteniendo que ha sido la recuperación del territorio lo que logró ese descenso. Sin embargo, el 26 de marzo de 2022, Bukele pidió la aprobación de un Régimen de Excepción por un incremento abrupto de asesinatos en un solo fin de semana de 87 muertos. Tanto el Plan Control Territorial como el Régimen de Excepción redujeron los homicidios, pero las extorsiones se mantienen, según las personas entrevistadas por El Faro.
Además de entrevistar a siete empresarios y empleados que sufren directamente el problema de la renta, El Faro preguntó a Federico Hernández, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, sobre el impacto del Régimen de Excepción. “Tengo conocidos que siguen pagando renta. Tienen empresas de distribución de productos y me confirman que siguen pagando renta para ingresar a determinados sitios. Al principio del Estado de Excepción se suspendió el pago de renta, pero fue ante la posibilidad de la captura. Lo que hicieron las pandillas fue recomponerse, esperar un poco y luego volver a la exigencia de la renta como antes”, dijo.
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El 26 de marzo de 2022 fue el día más violento en lo que va del siglo. La Policía registró 62 homicidios, una cifra que opacaba la reducción de ese delito durante la gestión Bukele: en el 2018, durante el último año de Gobierno del FMLN, el promedio era de 9.2 homicidios al día; mientras que el año pasado fue de 3.1.
Ante el alza abrupta de los homicidios, la Presidencia solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un Régimen de Excepción. Los diputados aprobaron suspender cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin una orden judicial y el plazo de detención por más de 72 horas.
Una vez aprobado el Régimen de Excepción, la Policía y el Ejército tomaron el control de colonias obreras acechadas por las pandillas y realizaron capturas masivas, principalmente de personas con tatuajes alusivos a pandillas. El domingo 24 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga al Régimen de Excepción y las capturas masivas siguieron. “Hasta las 7 PM de este día, el total de terroristas capturados es de 20,290 en solo 33 días”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, el 27 de abril pasado.
Aunque cientos de esas capturas han ocurrido en colonias populosas de municipios como San Marcos, Apopa y Soyapango, la estructura pandilleril encargada de las extorsiones sigue activa. Al menos eso cuenta el dueño del restaurante. Lo mismo dice un empresario del transporte público y uno de los mayores distribuidores de productos de la canasta básica en el Gran San Salvador.
―¿Ha dejado de pagar la renta bajo el Régimen de Excepción? ―preguntó El Faro al distribuidor mayorista.
―De ninguna manera. Nunca hemos dejado de pagar.
―¿Incluso bajo el Plan Control Territorial?
―Como le repito: nunca hemos dejado de pagar. Quizás se modificó un poco en pandemia porque se incrementó (por parte de las pandillas) el pedido de productos.
Este mayorista tiene más de dos décadas en el negocio de abastecer con productos de la canasta básica las tiendas de colonias populosas. Al mismo tiempo que ha visto crecer su negocio, también ha sido testigo de cómo el pago de la renta se ha complejizado. Este empresario cuenta que, en su caso, las pandillas sistematizaron el cobro de la extorsión durante el Gobierno de Saca, cuando se implementó Súper Mano Dura, el plan que en teoría iba acabar con las pandillas. Las pandillas no desaparecieron y el fracaso del plan provocó que las estructuras criminales establecieran un monto fijo que el mayorista debía pagar cada mes.
Durante la tregua de las pandillas y el Gobierno de Funes, el mayorista dice que las pandillas le obligaron a montar tiendas para las madres o esposas de los “palabreros” (líderes). La entrega de esos productos quedó registrada en la contabilidad formal de la empresa como “regalías”. El empresario explica por qué: “sería delito registrarlo (en la contabilidad) como lo que es: una extorsión”.
Tras el fracaso de la tregua, el último Gobierno del FMLN, que dirigió Salvador Sánchez Cerén, declaró una guerra a las pandillas y convirtió a El Salvador en uno de los países más violentos del continente. En 2015, por ejemplo, el promedio diario de homicidios fue de 18.4. En junio de 2019, cuando Bukele asumió el Gobierno, una de sus primeras medidas en materia de seguridad fue anunciar el Plan Control Territorial, que no ha dejado evidencia de haber reducido la extorsión.
“Comenzamos pagando 150 dólares al mes (durante el Gobierno de Saca), pero a estas alturas ya estamos pagando 700 dólares en la mayoría de lugares. Además, nos piden producto”. Esta cantidad, 700 dólares como suma mensual entre todas las colonias que visita, es lo que ha tenido que pagar el mayorista durante los casi tres años del Plan Control Territorial y también durante el primer mes del Régimen de Excepción.
El 28 de marzo de 2022, el presidente Bukele informó en su cuenta de Twitter sobre la captura de 16,000 pandilleros y reveló la cantidad de los que faltaba capturar: “A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria”, escribió en Twitter.
En el 2017, bajo el Gobierno del Fmln, la Policía reportó a 64,000 pandilleros activos. Eso significa que, según las cifras de Bukele, en los últimos cinco años, incluidos tres de su gestión, las pandillas aumentaron en unos 22,000 miembros. La extorsión es la fuente principal con la que las pandillas sostienen su economía de subsistencia: compra de armas, pago de funerales, abogados, apoyo a familiares de pandilleros asesinados.
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La falta de confianza en la Policía es la razón que más repitieron los comerciantes entrevistados para explicar por qué no denuncian ese delito.
―Te voy a contar algo: cuando abrimos (hace casi una década) pasé tres meses sin pagar renta. Un día llegaron dos mujeres, me pasaron un celular y me dijeron: le llaman. Era el palabrero. Yo puse la denuncia en la Policía, me dieron una clave y los agentes me dijeron que al siguiente día iban a llegar los investigadores para ampliar la entrevista. Los estuve esperando todo el día. Como a las cuatro de la tarde les llamé: ¡hey, aquí los estoy esperando!, les dije. Me dijeron que tenía que ir a una delegación. Entonces, yo dije: ¡ah no, esto está raro! Yo no iba ir a una delegación a exponerme o exponer a mi familia. Este es un tema que no solo involucra a pandilleros sino también a policías, dice el propietario del restaurante.
El mayorista que distribuye productos de la canasta básica responde con argumentos parecidos sobre por qué no denuncia a los chantajistas. “Una vez, cuando (David) Munguía Payés era ministro, los pandilleros llegaron a la casa de un empleado nuestro a amenazarlo de muerte”. El empresario dice que indagó cómo los pandilleros habían obtenido los datos de su empleado y que sus fuentes le dijeron que la información la habían obtenido de “Neurona”, una base de datos de la Policía. Por este hecho, dice, no confía en las autoridades.
La razón por la que no denuncia se mantiene firme bajo esta administración y a pesar de toda la campaña de difusión de capturas de supuestos pandilleros que se ha hecho en las semanas de Régimen de Excepción, que llevó a la Policía incluso a difundir torturas de pandilleros en sus cuentas de redes sociales.
El 22 de abril de 2022, Diario El Salvador, un medio de propaganda del Gobierno, publicó una nota titulada: “ASI: distribuidores ya no pagan 'renta' para entrar a comunidades”. La publicación citaba unas declaraciones del presidente de esa gremial, Eduardo Cader. “Ahora hay acceso a zonas que antes estaban vetadas por las pandillas y creo que eso es beneficioso”.
El mismo 22 de abril, Cader matizó la publicación de Diario El Salvador en su cuenta de Twitter: “Sin embargo hay que aclarar que el acceso a las comunidades NO es generalizado, falta mucho por cumplir el cometido (?)”, escribió. La tarde del jueves 28 de abril de 2022, El Faro solicitó una entrevista con los representantes de la ASI, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
“Desde mi punto de vista, el Régimen de Excepción no ha sido efectivo para terminar con las acciones de las pandillas en las comunidades. Eso incluye extorsión, controles de entrada y salida de barrios y colonias. La captura indiscriminada de pandilleros, incluso si fuera cierto que se trata siempre de tales, que no lo es en muchos casos, no conduce a poner freno a la actividad pandilleril. Si la estructura no es tocada en su cabeza, la clica sigue funcionando. El promedio de edad de las personas que están siendo capturadas no indica que se está focalizando en cabecillas, sino en miembros secundarios o periféricos de las estructuras”, dice Hernández.
La semana pasada, El Faro también contactó a la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES) para que valoraran cuál ha sido el impacto del Régimen de Excepción en el problema de las extorsiones. Hasta el cierre de esta nota, los representantes de esa asociación tampoco respondieron a la solicitud de entrevista.
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“Lo que le puedo decir es que rutas de Ciudad Delgado y Soyapago siguen pagando la renta. Todo sigue igual”, responde uno de los asesores de una gremial del transporte público. El Faro contactó a tres empresarios de buses y microbuses, pero la mayoría rechazó hablar sobre el problema de las extorsiones. “No quiero terminar preso como Catalino Miranda”, respondió uno de ellos.
Catalino Miranda es uno de los empresarios del transporte público que se reunió con el Gobierno para negociar temas gremiales. El 12 de marzo de 2022, apenas dos días después de su reunión en Casa Presidencial, la Policía lo capturó por supuestamente incrementar el cobro del pasaje, y el Gobierno confiscó sus unidades. Los transportistas contactados contaron que preparaban un paro, pero recibieron amenazas de que les sucedería lo mismo que a Catalino. Ya nadie protestó. Ahora, esos empresarios también tienen miedo de hablar sobre las extorsiones. “Yo no quiero que mañana esté encima de mi empresa el Viceministerio de Transporte o el Ministerio de Hacienda”, dijo otro empresario al justificar su silencio.
De los tres empresarios contactados por este periódico, solo uno contó escuetos detalles sobre el pago de la renta durante el Régimen de Excepción. Él es dueño de siete microbuses que prestan su servicio entre la ciudad y algunas colonias de la periferia de Ahuachapán. El empresario paga tres dólares diarios por cada microbús; es decir, 21 dólares semanales a la Mara Salvatrucha-13. “La renta no ha subido, sigo pagando lo mismo. Lo que no cesa es la puntualidad para pagar”, contó el pequeño empresario.
El 20 de abril de 2022, durante una cobertura por el Régimen de Excepción en la zona occidental, la ejecutiva de una farmacia que tiene operaciones en San Juan Opico, Colón, Usulután, Santa Ana y Metapán contó que, en su caso, el monto por distribuir productos en zonas controladas por pandillas había aumentado: antes del Régimen de Excepción pagaban cinco dólares semanales y, después de esa medida, el monto aumentó a 20 dólares cada semana por colonia donde presta el servicio.
El Faro también entrevistó a dos vendedores ruteros, quienes trabajan para dos empresas distintas que se dedican a vender papel higiénico, toallas sanitarias, detergentes, jugos, dulces, chocolates, entre otros productos. El primer vendedor contó que hace preventa en Soyapango, uno de los municipios más afectados por las pandillas. “La empresa me da una lista de colonias donde puedo ir a vender. A las colonias donde voy es porque ya se ha pagado la renta, pero de eso se encarga un supervisor. Él me dice dónde puedo ir y dónde no”, explica el vendedor.
De las siete fuentes consultadas, este vendedor es el único que se ha visto beneficiado por el Régimen de Excepción, a pesar de que su empresa sigue pagando la cuota a las pandillas. Lo cuenta así: “La empresa paga una cuota, pero a mí también me dan 30 dólares mensuales para que le entregue a los bichos (pandilleros). Cada vez que llego, les doy un dólar para que compren soda o churritos. Ellos hasta se alegran cuando me ven llegar: “ahí viene el bicho que se va sacar los churritos”, me dicen. Pero esta última vez que fui no había nadie, estaba todo solo, así que me aliviané”, confiesa este vendedor que no devolvió los 30 dólares que la empresa le asigna como caja chica para entregar a las pandillas.
Otro vendedor cuya ruta de trabajo es San Marcos, Olocuilta, Santo Tomás, Panchimalco y Santiago Texacuango cuenta que hay un encargado en la empresa que se encarga de decirle cuáles son los cantones y las colonias donde puede ofrecer los productos. Esos lugares son donde ya se ha pagado la renta. Este vendedor no recibe ningún centavo para entregar a la pandilla. En caso de que le pidan, tiene que sacarlo de su bolsa. “Me contrataron en enero y me dijeron que no debía andar el DUI ni ninguna cosa de valor. Por ejemplo, cuando fui a la colonia 10 de octubre (San Marcos) me acompañó alguien que tenía experiencia. Luego uno va conociendo a la gente y sabe que los vendedores de fruta son familiares de pandilleros y uno lo que hace es comprarles a ellos para que no molesten cuando uno anda trabajando”.
La tarde del primero de mayo de 2022, diez días después de entrevistar a una de las fuentes del transporte público, El Faro le llamó de nuevo para monitorear cómo seguía el problema de la extorsión. Ya en plena prórroga del Régimen de Excepción, la respuesta del empresario fue breve: “todo sigue igual”.
