El 27 de marzo pasado, cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la instalación del Régimen de Excepción aprobado por el Congreso, Guatemala se preparó para recibir una ola de violencia. Las autoridades guatemaltecas anunciaron que fuerzas policiales y militares custodiarían la frontera para evitar el desplazamiento de pandilleros salvadoreños hacia ese país. Sin embargo, el impacto fue otro.
Las cifras oficiales apuntan a un incremento en homicidios y extorsiones, pero no hay evidencia de que ese incremento se deba al ingreso de pandilleros salvadoreños a Guatemala. Sin embargo, sí se disparó el número de peticiones de refugio. También hubo un aumento en el número de detenciones de pandilleros salvadoreños que la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizó en diferentes zonas del país, pero principalmente cerca de la frontera con El Salvador.
Entre enero y el 26 de mayo, el país recibió a 124 refugiados salvadoreños, pero de estos, 45 ingresaron entre el 27 de marzo y el 26 de mayo, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Las cifras dicen que el aumento del ingreso de salvadoreños que huyen de El Salvador comenzó desde hace un año y el régimen de excepción solo hizo más evidente que Guatemala es la puerta de salida.
En todo 2021, el IGM registró a 345 refugiados salvadoreños. Es casi la mitad de solicitudes que recibió el Reino Unido el año pasado: 703. Antes de 2017, el número anual de solicitudes de salvadoreños en el Reino Unido era de 40.
Pero los pandilleros también se desplazan hacia Guatemala. Esto no es nuevo. “Pandilleros salvadoreños entran al país todo el tiempo”, para delinquir, ocultarse, trasladar o comprar armas de fuego, dice un investigador de la PNC que pidió no ser identificado. La diferencia es que ahora, con una mayor presencia policial en diferentes zonas del país, han capturado a más en menos tiempo. Mientras que en 2021 la PNC capturó a 31 pandilleros salvadoreños, entre el 27 de marzo y el 1 de junio había capturado a 41 según Jorge Aguilar, vocero de la Policía guatemalteca.
El 16 de mayo, El Faro publicó una grabación en la que Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, reconoce que trasladó a Élmer Canales, “Crook”, a Guatemala. Se trata de uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha-13 en El Salvador.
Durante la tercera semana de mayo, un investigador de la policía de Guatemala le aseguró a El Faro que “ya se tiene la alerta en Guatemala porque es un cabecilla peligroso”. La alerta pudo ser emitida por la Interpol, que también levantó una alerta en El Salvador. En Guatemala, esa oficina no ofreció ninguna información del caso. No obstante, la vocera del Ministerio de Gobernación, Suseth Carrillo, aseguró que se “había reforzado la seguridad” en la frontera, y que no tenían reportes de que Canales hubiera entrado al país.
Más refugiados en 2022
Entre enero y abril de 2021, el IGM reportó 86 refugiados salvadoreños, pero en el mismo lapso en 2022, reporta 109, más 15 entre el 1 y el 26 de mayo. Las autoridades migratorias revelaron que en abril pasado aumentaron las solicitudes de refugio de salvadoreños.
La portavoz del IGM, Alejandra Mena, dijo que no podía revelar el motivo de las solicitudes de asilo y de refugio. Sin embargo, el Estatuto de Refugiados indica, en su artículo 4, que puede solicitar refugio toda persona con temores fundados de persecución por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y que por dichos temores no pueda acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
El perfil del refugiado también aplica a quien “huye de su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada”, entre otras razones, “y la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado grandemente el órden público”. Mena explicó que las solicitudes son consideradas una vez se ha verificado que los solicitantes no son buscados por la justicia salvadoreña, ni en Guatemala. Estas personas ingresan con documentos y por puntos donde hay control migratorio.
Los salvadoreños que se refugian en Guatemala tienen algo en común con quienes emigraron a otros países, en particular con una porción de los 3,885 salvadoreños retornados a su país entre enero y marzo de 2022, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): en ese trimestre, la OIM registró que el 19% de la población adulta, y el 29% de la población menor de edad, dijeron que su motivo principal para migrar fue la inseguridad. Del total, el 56% fue retornado de EE. UU.; el 42%, de México, y el resto de otros países. En este último rubro podrían encontrarse los 102 salvadoreños que fueron devueltos a su país, según el IGM, por estar en Guatemala sin los documentos de ley.
En comparación con el primer trimestre de 2021, el número de los retornados salvadoreños se triplicó en el mismo lapso en 2022. Además, los datos de un informe de OIM de 2020 refieren que ese año El Salvador y México fueron los países que más desplazamientos registraron por violencia, con 114 mil y 10 mil, respectivamente. La organización apunta que El Salvador, “a través de los años se ha mostrado como el país de la región mayormente impactado por desplazamientos causados por el conflicto”.
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), revela que en la frontera sur de ese país, han detenido a 58,024 salvadoreños entre octubre de 2021 y abril de 2022. El 29% de las detenciones de salvadoreños ocurrieron sólo entre marzo y abril, que muestran un aumento sobre enero y febrero, que también lo muestra Guatemala. El número de salvadoreños detenidos en unidades familiares, sólo en oficinas regionales, subió de 92 en marzo a 464 en abril.
Sin relación entre violencia en Guatemala y pandilleros salvadoreños
Desde que comenzó el régimen de excepción en El Salvador, Guatemala envió a 500 policías más a Jutiapa. Además, el Ministerio de la Defensa envió a 450 soldados a la frontera, según el portavoz del ministerio, Rubén Téllez. “Se tienen controlados permanentemente 35 de 54 pasos no declarados y patrullajes sobre la frontera y rutas aledañas”, dijo Téllez.
El 4 de abril, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos Girón, dijo a la prensa: “Ha habido amenazas en el área fronteriza, de pandilleros tratando de rentar obligadamente o expulsar de sus viviendas a guatemaltecos”. Esa semana el Ejército guatemalteco evacuó a las familias. Sin embargo, el diario Prensa Libre reportó que las familias negaron que las amenazaron. Los pobladores explicaron que abandonaron voluntariamente la zona por miedo a la posible llegada de los pandilleros.
En la Organización Mujeres en Superación (Omes), que apoya en temas de salud, entre otros, a las trabajadoras sexuales en varios departamentos, incluyendo Jutiapa, una portavoz señaló que sí aumentó el número de pandilleros en ese departamento, lo que obligó a las trabajadoras sexuales a desplazarse por protección a otros departamentos fronterizos con México, como Petén y San Marcos. Algunas reportan que han sido blanco de extorsión por parte de las pandillas de Guatemala.
Durante la segunda semana de mayo, el ministro de gobernación, David Barrientos Girón, dijo a la prensa que había un incremento de violencia en Villa Nueva y Mixco, que colindan con la capital guatemalteca, y en Quetzaltenango, Escuintla y Suchitepéquez. El ministro aseguró que las medidas del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador habían tenido un efecto negativo en Guatemala. Habló de las capturas de pandilleros salvadoreños, que para entonces sumaban 30. El portavoz de la Policía explicó que los pandilleros con orden de captura en El Salvador son expulsados hacia ese país y entregados a las autoridades. Los demás, si tienen orden de captura en Guatemala, o fueron sorprendidos cometiendo un delito, son detenidos en este país.
Pese a lo afirmado por Barrientos Girón, los datos muestran que 20 de las 41 capturas (para el 1 de junio) ocurrieron en Jutiapa, y que en ese departamento no hubo un incremento ni de extorsiones ni de violencia. No hay capturas reportadas en Villa Nueva ni Mixco: estos municipios siempre han sido punteros en extorsiones. Para enero pasado, Villa Nueva, Mixco y la capital tenían tasas de extorsión que oscilaban entre 103 y 234 casos por cada 100,000 habitantes, según un informe de Diálogos de 2022. Las tasas oscilaban entre 112 y 329 en 2019, según otro informe de Diálogos de ese año.
Otros 11 pandilleros salvadoreños fueron capturados en Petén, Jalapa, Escuintla y Quetzaltenango, los últimos dos, donde la PNC ubica principalmente la actividad pandillera, (además de Sacatepéquez, Chimaltenango y el departamento de Guatemala). La mayoría de los detenidos portaba drogas y/o un arma de fuego. Entre los detenidos había miembros de la MS y del Barrio 18.
La falta de coincidencia entre los lugares de las capturas y el número de extorsiones, no confirma que la presencia de pandilleros salvadoreños en el país está vinculada al incremento de violencia que menciona el ministro. Entre el 20 y 23 de mayo se registraron 62 homicidios en todo el país, incluyendo Ciudad de Guatemala. Ese pico de violencia parece una tendencia que continúa desde 2021, cuando subió por primera vez la tasa de homicidios (de 15.3 a 16.4) desde 2010.
Un investigador de la PNC atribuye los homicidios de mayo a conflictos entre las clicas locales de Barrio 18 (múltiples balaceras, o actos de sicariato), y no a la llegada de pandilleros salvadoreños, precisamente porque el ingreso de pandilleros salvadoreños ocurre desde hace varios años. Si los han capturado en mayor número desde el pasado 27 de marzo es porque hay más policías asignados para capturarlos, asegura. En última instancia, no hay certeza de cuándo ingresaron al país porque ingresaron por pasos ciegos, ni si fue antes o después de que comenzara el régimen de excepción en El Salvador, particularmente aquellos detenidos lejos de la frontera.
El mes de abril mostró un incremento significativo en las cifras de extorsión, un 38% en relación a marzo, pero los departamentos con más incidencia no son los mismos donde capturaron a más pandilleros salvadoreños, salvo por Guatemala y Escuintla (costa sur), pero destacan Retalhuleu (suroccidente) e Izabal (costa del Atlántico) con cifras altas donde no capturaron a ninguno.
El detective de la PNC atribuye el aumento a que simplemente se está volviendo a los niveles de extorsión previos a la pandemia del Covid-19, en 2019, cuando no había restricciones de movilidad. Para el 10 de mayo, el ministro de Gobernación dijo que se contemplaba la implementación también en Guatemala de estados de Excepción, pero zonificados. Sin embargo, la medida fue implementada por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, al inicio de su gestión, en enero y febrero de 2020 con resultados efímeros, como lo demuestran las cifras actuales.
