El gobierno de El Salvador dirigido por Nayib Bukele es una película de superhéroes de dibujos animados de bajo presupuesto que, además de desarrollarse en la opacidad desde los despachos, desfila –en su versión más burda– por los canales de televisión y redes sociales. A Washington ese circo en el que Bukele le declara la guerra a las mismas pandillas con las que negocia una tregua para reducir homicidios a través de un funcionario de segundo nivel –sancionado por los Estados Unidos– ya le colmó la paciencia. La filtración de los audios en los que se prodiga más lealtad a las pandillas que al mismo gabinete es la evidencia de que este Gobierno protege muy mal su vida secreta.
Esta tragedia disfrazada de épica del presidente endiosado que combate pandilleros al mismo tiempo que negocian con ellos ha llevado al gobierno de Joe Biden a preparar el endurecimiento de su estrategia para extraditar a los líderes de pandillas, ahora protegidos por el sistema de justicia de El Salvador. Entre las herramientas que considera la Casa Blanca está demandar públicamente la extradición de los pandilleros e iniciar un cabildeo intenso para que el Congreso se pronuncie en favor de la entrega de los pandilleros, tal como me lo dijeron fuentes estadounidenses cercanas al proceso. Una de estas fuentes asegura que el “tema no es político”, es decir que reúne a republicanos y demócratas. La principal razón de la negativa de Bukele para la extradición, asegura esta fuente, es que “tiene temor” de que los pandilleros puedan revelar secretos incómodos para su gobierno al estar bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Contrario a sus vecinos del norte centroamericano –Honduras y Guatemala–, el gobierno de Bukele ha dilatado las extradiciones a la nación norteamericana. Las excusas del sistema judicial cooptado por Bukele van desde revisar el tratado de extradición de El Salvador con Estados Unidos –que data de principios del siglo XX– hasta un supuesto temor a que se le aplique cadena perpetua a los líderes de pandillas en suelo estadounidense. Esto contradice el deseo de algunos diputados oficialistas que demandan el establecimiento de la pena de muerte en El Salvador, reduciéndolo a una fachada más del circo autoritario.
El tema de las pandillas une transversalmente a todo el sistema político estadounidense: desde el Departamento de Estado hasta a fiscales del Departamento de Justicia, pasando por funcionarios del Departamento de Seguridad Interna y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). En abril pasado, el secretario de los Estados Unidos Antony Blinken pidió a Bukele la extradición de algunos líderes de pandillas. El gobierno salvadoreño respondió a Blinken, a través de la canciller Alexandra Hill, pidiéndole un acercamiento y criticando una postura pública que no era de “amigos.” Sin saberlo, Bukele cayó en el juego de Estados Unidos al atacar a Blinken cuando el funcionario estadounidense le sugiere enviar a los líderes de las pandillas. Con esto, el gobierno de Biden ha definido al mandatario salvadoreño como sospechoso de colaborar con las pandillas y como un adversario que podría usar el Bitcoin para fortalecer a estas organizaciones.
El 11 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia informó al juzgado del Distrito Este de Nueva York que el gobierno salvadoreño había liberado varios líderes de las pandillas, entre los que se encontraba uno que el mismo secretario de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín reveló haber trasladado él mismo hasta Guatemala.
En el mismo contexto, en la Casa de Representantes de los Estados Unidos se discute una versión de la ley para Mitigar los Riesgos de la Adopción de Bitcoin como Moneda de Curso Legal en El Salvador (ACES), tras ser aprobada unánimemente por el Senado semanas atrás. Se espera que cualquier versión aprobada por ambas cámaras refuerce el temor de que la criptomoneda se use para el lavado de dinero proveniente de terrorismo y crimen organizado.
Las próximas semanas serán intensas para los gobiernos del Triángulo Norte, pero en especial para El Salvador. Fuentes cercanas al proceso me han asegurado que la actualización de la Lista Engel –en la que se incluye funcionarios ligados a actos de corrupción y ataques contra la democracia– está en su última etapa y se analiza la posibilidad de incluir ciudadanos centroamericanos con residencia permanente en Estados Unidos. Se espera que para finales del mes de junio o principios de julio el Departamento de Estado revele los nuevos nombres que se unirán a una lista de personas en la que ya están incluidos funcionarios cercanos a Bukele, como Carolina Recinos, su jefa de gabinete.
A nivel doméstico, las próximas semanas serán complicadas para Bukele, quien podría sortear una nueva tormenta política junto a los augurios de un posible impago de la deuda externa y una recesión global que podría disminuir el flujo de remesas al país.
Otra fuente con conocimiento de la estrategia presidencial de Biden asegura que el Ejecutivo estadounidense tenía claro que la relación de Bukele con las pandillas lo convierte en un blanco fácil. “Bukele está en una posición imposible con las pandillas: por un lado, no puede pelearse con ellas porque los homicidios suben, pero al mismo tiempo, el retraso de las extradiciones lo hace ver como cómplices de ellas. Será más vulnerable cuando el Departamento de Justicia vaya por él”, me comentó la fuente.
La paciencia de Washington se acaba con las extradiciones y cada vez más voces dentro del gobierno de Biden piden enfrentar a Bukele públicamente. El nombramiento Patrick Ventrell como el nuevo Encargado de Negocios interino de la embajada americana en El Salvador, demuestra que los próximos días son cruciales. Ventrell –diplomático de carrera– ha sido partícipe del proceso de selección de la lista Engel desde Washington. El daño contra el presidente y sus allegados puede ser profundo y de largo plazo.
