Columnas / Desigualdad
La protección social salvadoreña está en la calle
En el régimen de excepción brilla por su ausencia el reconocimiento de que el bienestar necesita no solo de esfuerzo individual, sino también de bienes y servicios públicos.

Fecha inválida
Juliana Martínez Franzoni

Cientos de mujeres agolpadas y haciendo filas durante horas frente a las cárceles para entregar alimentos, medicinas y colchonetas, durmiendo a la intemperie y cuidando en la calle a sus hijos pequeños son una radiografía de todo lo que el Estado exige de la población que tiene poco dinero y muchas necesidades. El régimen de excepción salvadoreño ha expuesto la forma en que las personas más vulnerables enfrentan cotidianamente su vida, tanto ahora como antes del régimen de excepción: con redes familiares y escasísima o nula presencia inclusiva del Estado. Brilla por su ausencia el reconocimiento de que el bienestar necesita, no solo de esfuerzo individual, sino también de bienes y servicios públicos. 

La mayoría de la gente –principalmente mujeres– que puebla las calles en torno a las cárceles es parte de las 2 de cada 10 personas salvadoreñas que, según la Digestyc, viven en la pobreza, de las 3 de cada 10 que están subempleadas y de las 4 de cada 10 que trabajan en la informalidad. A estas personas el Estado salvadoreño les exige mucho y les aporta muy poco en servicios sociales, transferencias monetarias y respeto a sus derechos humanos.

Estas personas sobreviven a base de inventarse trabajos precarios, de producir alimentos básicos, de autogestionarse el acceso al agua. Sobreviven en familias extensas y de abuelas, madres y hermanas que cuidan tiempo completo, estirando escasos ingresos y con base en muchísimo trabajo no remunerado.

En esta realidad se instalaron grupos ilícitos que, como las maras, hicieron las veces de empleadores, brindaron ingresos, sentido de pertenencia y, en muchas ocasiones, de la mano del dolor y del terror de “los otros”, también brindaron protección social frente a la muerte o enfermedad de los propios. Ciertamente una desgracia para la sociedad, pero una desgracia que no fue casual sino hija de las mismas condiciones sociales que se despliegan hoy ante nuestros ojos.

Con la instalación del régimen de excepción se ha instalado también la concepción de que los derechos humanos son secundarios. Y aunque la Ley Penitenciaria diga que 'el Estado está en la obligación de velar por la vida, salud y alimentación' de las personas detenidas, como lo recordaba Andreu Oliva, rector de la UCA, las familias deben comprar todo: ropa carcelaria, kit de higiene y kit de alimentos. Hay que conseguir el dinero, comprar, trasladar, hacer filas, esperar, entregar, cuidar de hijos e hijas que no pueden dejar atrás. A la vez, en sus comunidades, estas personas deben pagar alquiler, servicios, comida. Para enfrentar estas demandas de tiempo y de dinero, principalmente mujeres y madres se movilizan y activan redes de solidaridad familiares y comunitarias. En algunos casos, niños pequeños han sido separados también de sus madres. Para estos casos no ha habido ningún pronunciamiento de parte de ninguna institución estatal como el ISNA o la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, como si el cumplimiento de los derechos estuviera limitados a la condición social y económica de las personas.

Nada de esto es nuevo ni ocurre solo frente al centro penal “La Esperanza”, conocido como Mariona: el régimen de excepción extendido –por segunda ocasión consecutiva– ha evidenciado crudamente el rostro femenino y familiar del que dependen diariamente millones de personas salvadoreñas acostumbradas a convivir con un Estado inclusivoausente, en contrapunto a un Estado represor crecientemente presente. 

Lejos de ampliar la cara redistributiva del Estado, el gobierno de Nayib Bukele ha profundizado el “sálvese quien pueda” familiar: las personas adultas mayores están sin su pensión básica universal desde marzo de 2021, en contraste al aumento en el presupuesto para las Fuerzas Armadas del 77 %. Atrás quedó la transferencia de los 300 dólares que se hizo por una única vez en 2020, y el paquete de alimentos cuya última entrega el Gobierno reportó en julio de 2021. Al parecer, para el Gobierno, los problemas económicos derivados del impacto de la pandemia han desaparecido.

Luego de los Acuerdos de paz, la economía concentró riqueza en unos pocos y se profundizó el malestar en unos muchos, lo que desacreditó la democracia y la confianza en las instituciones. Bukele, que dijo haber ganado para diferenciarse de sus antecesores, está fracasando allí donde quería diferenciarse: en la presencia de instituciones y programas que promuevan el desarrollo humano. 

Muy pronto el Gobierno debería tener claro que la mera represión no puede acabar con la ausencia de oportunidades ni con la violencia a la que la falta de oportunidades da lugar. Lo que la mera represión generará es más problemas sociales, desde físicos (por el hambre y los golpes) hasta mentales (por el agotamiento, la incertidumbre, la violencia policial). En suma, solo asistiremos a una multiplicación exponencial de las vulnerabilidades.

Juliana Martínez Franzozi es especialista en política social comparada. Catedrática Humboldt 2021 y premio a mejor investigadora de la Universidad de Costa Rica por sus aportes en política social comparada y regímenes de bienestar en América Latina. Trabaja desde el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Instituto de Investigaciones Sociales. Es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y coeditora de Social Politics.
 
Juliana Martínez Franzozi es especialista en política social comparada. Catedrática Humboldt 2021 y premio a mejor investigadora de la Universidad de Costa Rica por sus aportes en política social comparada y regímenes de bienestar en América Latina. Trabaja desde el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Instituto de Investigaciones Sociales. Es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y coeditora de Social Politics.

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