Durante décadas, la violencia de las pandillas ha representado el mayor problema de seguridad para los salvadoreños. Estas brutales pandillas reclutan a niños y niñas a la fuerza y agreden sexualmente, matan, secuestran, violan y desplazan a personas. Desmantelar a estos grupos debe ser una prioridad. Típicamente, las respuestas de gobiernos anteriores oscilaron entre dos estrategias fallidas: negociaciones oscuras con pandillas y políticas de seguridad de “mano dura” que dieron lugar a violaciones de derechos. Hay evidencias creíbles de que, pese a una enorme campaña gubernamental para sostener lo contrario, la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido en muchos aspectos más de lo mismo.
Desde hace décadas, la violencia de las pandillas ha sido endémica en El Salvador. El país pasó de tener 6000 miembros activos de pandillas en 2003 a cerca de 86 000 en abril de 2022, según cifras recientes proporcionadas por Bukele. Tanto así que El Salvador fue coronado la “capital mundial de homicidios” en 2015, cuando la tasa nacional de homicidios alcanzó el nivel récord de 105 asesinatos por cada 100 000 habitantes, para luego disminuir progresivamente. Tras la llegada de Bukele al poder en 2019, no solo se ha mantenido esta tendencia decreciente, sino que ha disminuido drásticamente el número de homicidios. En 2021, el país registró una tasa de 17.5 homicidios por cada 100 000 habitantes, un récord histórico que debe ser destacado.
Públicamente, Bukele atribuyó la disminución en la cantidad de homicidios en El Salvador al “Plan Control Territorial”, su estrategia emblemática de seguridad nacional. En teoría, este plan supone, en sus aspectos centrales, la modernización de las fuerzas de seguridad del país, el incremento de su presencia en todo el territorio nacional, particularmente en áreas controladas por pandillas, y algunas iniciativas de desarrollo comunitario.
Sin embargo, las investigaciones de El Faro cuentan una historia muy diferente y lo hacen con pruebas contundentes, incluyendo informes de inteligencia, testimonios de exfiscales y grabaciones de audio. De acuerdo con El Faro, desde que asumió Bukele, funcionarios públicos de alto nivel han participado en negociaciones secretas con pandillas. El gobierno de Bukele habría otorgado beneficios carcelarios a algunos miembros de pandillas y mayores oportunidades laborales para aquellos que no están en prisión, a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral durante las elecciones legislativas de 2021. Bukele ha rechazado esas acusaciones.
La reciente escalada de asesinatos por parte de las pandillas —que dejó 87 salvadoreños muertos entre el 25 y el 27 de marzo— demostró que estos grupos siguen siendo capaces de desatar oleadas de violencia indiscriminada de un día a otro. El 17 de mayo, El Faro reveló que el alza en los homicidios se debía a la ruptura de un acuerdo secreto entre el Gobierno y la mara MS-13.
El gobierno respondió a la ola de violencia rápidamente. Como sabemos, el 27 de marzo, legisladores oficialistas aprobaron un “régimen de excepción” que suspende una serie de derechos constitucionales. Además, las autoridades desplegaron a soldados y policías para llevar a cabo redadas en todo el país y aprobaron reformas jurídicas amplias y punitivas, que violan garantías básicas de debido proceso y los derechos de los niños.
Más de 38 000 personas han sido detenidas, de acuerdo a cifras oficiales. Human Rights Watch, Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos han identificado evidencias de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de personas en base a su apariencia y procedencia social, así como desapariciones forzadas de corta duración.
Pese a los reiterados intentos de Bukele por diferenciarse de las políticas de seguridad de gobiernos anteriores, las medidas punitivas adoptadas por su Gobierno son notablemente similares a las estrategias de seguridad pública implementadas en el pasado. Desde la creación del Plan Mano Dura en 2003 —y otras medidas similares adoptadas por gobiernos posteriores—, la política de seguridad de El Salvador se ha centrado mayormente en combatir las pandillas sin enfrentar los problemas estructurales que permiten que estos grupos operen en el país.
El encarcelamiento masivo ha sido la principal estrategia de los gobiernos para combatir la criminalidad. El resultado de estas políticas ha sido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo una sobrepoblación carcelaria.
Según World Prison Brief, una base de datos mundial sobre la población carcelaria, la cantidad de personas en prisión en El Salvador en el año 2000 era de más de 7000. Para diciembre de 2020, la población carcelaria había sobrepasado los 37 000. Y esta cifra, por supuesto, no incluye a las miles de personas detenidas durante el actual régimen de excepción. En 2018, el nivel de sobrepoblación carcelaria era tan grave que la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas llegó a describir las condiciones en las prisiones de El Salvador como “bastante infernales”. Hay pocos motivos para suponer que la situación hoy no sea aún peor.
La estrategia de mano dura implementada por gobiernos anteriores no solo ha resultado en abusos, sino que además ha sido ineficaz. Las pandillas han aumentado sus miembros y la violencia, incluyendo desapariciones y extorsión, sigue marcando la vida de los salvadoreños. Algunos expertos sostienen que el aumento de la población carcelaria les permitió a las pandillas consolidar su poder dentro de las prisiones, al permitir que sus miembros usaran a las cárceles como base para sus actividades delictivas.
La estrategia de realizar negociaciones oscuras también ha fracasado en el pasado. En 2013, las pandillas rompieron un acuerdo con el entonces presidente Mauricio Funes que, en un primer momento, pareció haber contribuido a reducir de forma drástica en el número de homicidios. Sin embargo, la disminución de la violencia duró poco y luego vino un resurgimiento del número de homicidios y más violencia.
Cualquier iniciativa seria que pretenda desmantelar las pandillas y reducir la criminalidad de forma sostenible debe tener como prioridad abordar las causas estructurales del fenómeno de las pandillas, incluyendo la marginación social que lleva a muchos jóvenes a unirse a estos grupos y la falta de programas profundos de rehabilitación que ofrezcan oportunidades laborales y educativas efectivas a expandilleros. Estas estrategias requieren de la asignación de recursos públicos suficientes para abordar la desigualdad socioeconómica, que está fuertemente asociada con la formación de pandillas y su comportamiento delictivo.
Asimismo, los gobiernos deberían fortalecer las instituciones democráticas y la independencia judicial en el país. La existencia de jueces y fiscales independientes es fundamental para que las víctimas de la violencia de pandillas puedan obtener justicia y para que se puedan adoptar medidas efectivas para desarticular a estos brutales grupos criminales.
El gobierno de Bukele ha hecho todo lo contrario. El desmantelamiento de las instituciones democráticas durante su gobierno ha sido tal que hoy prácticamente no queda ninguna institución independiente en el país. Bukele ha pretendido justificar las violaciones de derechos humanos y el Estado de derecho como un sacrificio justo y necesario para obtener seguridad ciudadana. La historia de violencia de las pandillas en El Salvador demuestra que está equivocado.
*Juan Pappier es investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
