Hace cuatro meses, cuando un equipo de investigadores de Forbidden Stories y periodistas en 16 países publicaron el proyecto “Mining Secrets”, confirmaron las denuncias que activistas y líderes de las comunidades q’eqchi’ hacen desde años en El Estor, Izabal (319 kms. al noreste de la capital guatemalteca): el consorcio minero suizo Solway, y su subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), sabían que contaminan el Lago de Izabal y siguieron operando. Las publicaciones también revelaron pagos a la Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército, el soborno de autoridades municipales y líderes comunitarios para que apoyaran la minería, y la criminalización de quienes la rechazan.
El conflicto con la minería en El Estor ha dejado a líderes comunitarios asesinados o detenidos. En octubre de 2021, el Gobierno decretó estado de sitio para impedir las protestas contra la minería. Desde entonces, la PNC ha capturado a varios líderes, incluyendo a dos en junio pasado. Esta criminalización no es exclusiva de la minería, según Abelino Chub Caal, quien comenzó a ser activista a los 14 años, en su comunidad Quebrada Seca, en Livingston, Izabal, donde había apropiación ilegal de tierras.
“Una vez, los dueños de una finca soltaron unas mil cabezas de ganado que invadieron la comunidad y destruyeron siembras de arroz, frijol, y maíz”, afirma. Era 1998, cuando la comunidad se comenzó a organizar apoyada por la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (Conic). El padre de Chub participaba en la lucha para recuperar la tierra, según el activista, porque quería dejarle a él, su primogénito, y a sus hermanos, la tierra como herencia. Pero otras razones movían a Chub.
¿Por qué quiso ser activista?
—Para mí, la organización es importante. Si no estás organizado, rápido te destruyen. Es como los zompopos: traen su carga y, si llevan mucho, otros le quitan un poco para ayudar al que lleva la carga grande. Esa era mi idea, mantener la armonía.
¿Cuándo comenzó a trabajar en El Estor?
—En 2007, con la Fundación Guillermo Toriello comencé a acompañar en temas legales a las comunidades de excombatientes en la Sierra de las Minas, La Tinta, Panzós (en Alta Verapaz) y El Estor, en áreas protegidas y la disputa de tierras. Entonces, entendí que no sólo las tierras fértiles están en el poder de grandes finqueros, sino que también del Gobierno, entre comillas, como patrimonio del Estado.
¿En qué plano quedan las comunidades?
—Las tierras montañosas han sido declaradas áreas protegidas. Las comunidades parecen un sándwich, entre el Estado y las empresas. Aquí (en la parte baja), hay propiedad privada, y en esta parte (alta), áreas protegidas. ¿Y la gente qué? La justa distribución de la tierra es importante. En ese entonces, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) iba a implementar un acuerdo gubernativo para regularizar las tierras de las comunidades que viven en áreas protegidas, pero el Fondo de Tierras no lo permitía. En 2008-2009 se disparó el precio de la canasta básica. El quintal de frijol estaba en Q150 y subió hasta Q600 (de $20 a $80 dólares). El quintal de maíz lo encontrabas a Q60, y subió hasta a Q250 (de $8 a $33 dólares). También llegó una epidemia al cardamomo. Entonces la gente se vino para abajo. Luego, el acuerdo gubernativo se truncó, y comenzamos a hablar de la disputa de tierras en áreas protegidas.
¿Tenían otras opciones?
—Las comunidades en la Sierra de las Minas iban a alquilar tierras en la parte baja del Polochic, donde se cultivaba cardamomo y café. Cuando llega la caña en 2009-2010, con el acaparamiento de tierras, ya no tienen espacio para cultivar su maíz, frijol, malanga, ayote. Se crea una coordinadora de comunidades del Valle del Polochic, y (se decidió) que había que luchar por la tierra. Identificamos fincas que era posible recuperar y tienen antecedentes históricos, donde hubo comunidades arrasadas durante el conflicto armado. También empecé a involucrarme viendo el nivel de explotación de la minería, en 2009, cuando matan injustamente al profesor Adolfo Ich Chamán, también dirigente de la Conic. A partir de allí, me doy cuenta de que la lucha por la tierra necesita que tengas mucha certeza acerca de lo que estás haciendo.
¿Qué sucede cuando no hay certeza?
—Muchos líderes en la temática agraria están allí por interés. Lo que ocurrió conmigo es que, por no aceptar el dinero de un finquero, me mandaron a la cárcel en 2016 (acusado de usurpar tierras que estaban inscritas irregularmente). La finca bananera (en El Estor) me buscó supuestamente para mediar conflictos con las comunidades cuando ellos tuvieron un problema, pero era una trampa. Me ofrecieron dinero para desalojar a las comunidades en la tierra. En el caso de las comunidades La Esperanza Túnico, con 98 familias, y Plan Grande, con 49 familias, el representante legal me dijo, “mirá, hay que darle Q1,500 ($200 dólares) a cada junta directiva, y Q700 ($93 dólares) por familia; el resto del dinero va a ser para ti. (…) Te damos un carro, un apartamento en la ciudad, si te sentís amenazado allá (en Izabal); vas a ser el asesor de la empresa y, al final, si se gana el caso, te ofrecemos un viaje turístico afuera del país”. Si hubiera recibido ese dinero, se termina la lucha (después desalojaron a las familias a la fuerza).
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
—Dos años y tres meses, en el Preventivo para Hombres de la Zona 18.
¿Qué impacto tuvo esta etapa para usted?
—No pude terminar mis estudios. Ahora hay muchas actividades en el trabajo y no me da tiempo. Estaba estudiando la licenciatura en administración educativa, en la Universidad Mariano Gálvez en El Estor. Me faltan como siete cursos para cerrar, pero me ha costado mucho. Se quedó truncado eso, pero más bien me dio valor, digamos, sentir ese sufrimiento que viven los hermanos y hermanas que han sido criminalizados de esta manera. Eso es lo que hay que entender.
¿Cambió algo con la llegada de Solway, cuando compró la mina Fénix en 2011 de una empresa candiense?
—Nunca hemos querido la mina, por el nivel de manipulación en el territorio, la compra de voluntades, de líderes. No es que ellos quieran aceptar la mina, sino que la mina trabaja con dinero, para quedar bien. Además, se ha visto el daño que ha hecho a la Sierra Santa Cruz, la destrucción de la montaña, y la contaminación del Lago de Izabal.
¿El cambio de la mina Fénix de manos canadienses a Solway fue más de lo mismo?
—Sí. Antes había muchos desalojos; desalojaban a comunidades enteras, asesinaban a representantes de comunidades y no les importaba. Ahora no hay tantos asesinatos y desalojos, pero la destrucción del cerro es evidente; es demasiado.
¿Cómo percibían el comportamiento de la Policía entre 2014, cuando abren la planta procesadora Pronico, y 2017, cuando matan al pescador Carlos Maaz, años en que la empresa pagó a la Policía y a personal naval, según la filtración de documentos?
—Siempre ha habido favoritismo hacia la empresa. [Con] cada gobierno que pasaba, la intención era apoyar a estas empresas. La Policía siempre se mantiene allí en El Estor. Y por eso en el tiempo de Otto Pérez Molina instalaron destacamentos militares en los territorios, en el casco urbano de El Estor, en el área Sepur Zarco, en Panzós, y en La Tinta, en 2012 (año cuando CGN inició la comunicación directa con el presidente de turno, según los documentos filtrados; el Ministerio de la Defensa sostiene que no hubo destacamentos en esa época en las citadas localidades, pero un periodista y un activista de la zona confirman que había una fuerte presencia militar).
¿Qué impacto tuvo para ustedes, como líderes comunitarios, que cuanto denunciaron durante años está documentado en los archivos filtrados de la CGN, como la contaminación, los pagos a la Policía, y a los Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes)?
—En primer lugar, nos satisface (saber) que teníamos razón en lo que decíamos; aunque a simple vista estamos viendo y confirmando los hechos de corrupción, nunca imaginamos que esta investigación saliera. Lo que decíamos está en documentos, y ellos mismos confirman que lo estaban haciendo, que sí teníamos mucha razón. Nos satisface porque también alimenta la lucha, alimenta la movilización allá en el territorio, porque no estamos equivocados, ni estamos mintiendo.
¿Qué dice la comunidad en El Estor?
—Se da cuenta la gente. Por eso hay más decisión en seguir la lucha. He escuchado varios en las redes sociales, comentan lo que está ocurriendo. Cuando sale esta documentación, se dan cuenta con claridad lo que está ocurriendo en El Estor.
¿Qué ocurre con los Cocodes?
—Se sabía que los Cocodes estaban con ganas de apoyar a la mina, pero no son todos. Algunos, por necesidad, se ven obligados a aceptar ese aporte de la minería. Tal vez no directamente de la minería, sino de la asociación Anade, que era gente de la Defensoría Q’eqchi’ (pro minería), después se separaron y crearon otra asociación. Pero jamás se pensó que serían un instrumento de las empresas.
¿Escucharon acerca de la Fundación Raxché que, según los documentos filtrados, fue usada por CGN para trasladar dinero a la PNC por medio de la Municipalidad de El Estor en 2020?
—Comenzó en 2003, 2004 (aunque se registra hasta en 2009 en el Ministerio de Gobernación), y empezó a tener proyectos de reforestación; supuestamente toda el área de explotación tenía que ser regenerada por ellos mismos (la empresa), y la fundación se encargaría de reforestar las áreas dañadas por la minera. También pinta establecimientos, salones comunales, y le da pintura a la gente para pintar y colocar el logotipo de la empresa CGN.
¿Los Consejos Ancestrales y la Gremial de Pescadores Artesanales todavía tomarán alguna acción respecto a la consulta comunitaria, que les excluyó del proceso, para decidir acerca de la Mina Fénix?
—Sí. Revertir toda esta consulta comunitaria que hizo el Ministerio de Energía y Minas (como la CC lo ordenó este año).
Aún así, ¿denunciar la violación a los derechos colectivos de la comunidad, y la operación ilegal del proyecto minero Fénix, ante la CIDH quiere decir que de todas formas no hay otra salida?
— Aquí hay un control tremendo. En el país, yo siento que no hay justicia. Tal vez afuera se pueda conseguir. Estoy preocupado y triste. Fue lamentable como detuvieron a Don Cristóbal [Pop, presidente de la Gremial de Pescadores], con policías en motos, patrullas, y [con gorros] pasamontañas, que siguieron al microbús en el que viajaba (además capturaron a Roque Sut Cucul, activista de Panzós, Alta Verapaz). Don Cristóbal (también encarcelado en 2019) llegó a la capital por necesidad. Está un poco mal de salud. (Los detuvieron minutos después que divulgaran, en conferencia de prensa, la demanda contra el Estado de Guatemala ante la CIDH). Entonces, es muy importante que la población se dé cuenta de la intención de explotación minera en el territorio. Visibilizarlo es muy necesario.
