La muerte de 53 migrantes la última semana de junio en las cercanías de San Antonio, Texas, es un tipo de tragedia que seguramente seguirá repitiéndose. Evitarlas no pasa por usarlas como un momento aleccionador para pedirles que “no vengan”, sino por dar un giro dramático en las políticas y las prácticas de manejo de las migraciones, así como también del trato a las personas migrantes. Ni Estados Unidos puede seguir fomentando la represión en los puntos fronterizos, ni los Estados latinoamericanos, específicamente los centroamericanos, pueden seguir ignorando las condiciones de exclusión sistémicas que siguen expulsando a tantos de sus nacionales, mientras siguen aferrados a medidas populistas y autoritarias.
Que la mayoría de las víctimas fatales hayan sido personas originarias de México y de países centroamericanos evidencia la prevalencia de factores graves de expulsión en estos países, producto de la incapacidad de los gobernantes para adoptar y poner en vigencia acciones que garanticen condiciones de bienestar que genuinamente conlleven a que cada vez menos personas vean su mejor apuesta de futuro en el extranjero.
En el último siglo, Estados Unidos (EUA) ha mantenido un enfoque obsesivo con la idea de controlar los flujos migratorios a razón de criminalizar el ingreso no autorizado, como también a razón del reforzamiento de la vigilancia fronteriza, incluyendo la militarización de su frontera con México. Desde su origen, este ha estado motivado por contener la migración no autorizada de personas mexicanas y se ha extendido en las últimas décadas también a personas de países centroamericanos, caribeños y de otras partes del mundo que buscan ingresar autorización, sin importar si se trata de personas en busca de protección humanitaria.
La aprobación en 1986 de la ley conocida como “Reforma y Control de la Inmigración”, frecuentemente recordada como la Amnistía de Reagan, incluyó como uno de sus tres grandes pilares un capítulo sobre control fronterizo. Este fue un momento clave, ya que, a partir de 1987, la lógica de hacer lo más difícil posible el ingreso no autorizado a los EUA ha venido creciendo de manera continua.
El número de personas que año con año llegan a las fronteras ha demostrado que ese enfoque ha sido un fracaso. La migración no autorizada, aunque con altos y bajos desde 1987, ha seguido creciendo. En el contexto pospandémico, dicha migración ha alcanzado uno de sus niveles más altos de las últimas décadas. La política de contención y control fronterizo de los EUA, a pesar de haber sido extendida hacia México y países centroamericanos desde el 2014, ha ignorado sistemáticamente los factores diversos que detonan la migración forzada desde los países al sur de su frontera, al igual que del Caribe.
Un efecto concreto de creer e insistir en factores disuasivos para reducir la cantidad de personas que buscan ingresar a los EUA sin autorización migratoria ha sido forzarlas a buscar puntos de menor vigilancia, pero mucho más peligrosos para intentar cruzar. El desierto de Sonora, una amplia e inhóspita región geográfica en la frontera entre México y los EUA se ha convertido en la tumba de miles de migrantes cuyos restos, en la mayoría de los casos, nunca serán encontrados.
Como lo demuestra el caso de los 62 migrantes que fueron transportados en un camión de carga que cruzó la frontera a través de puntos oficiales de vigilancia, las políticas obsesivas de control migratorio parecen no aplicar a las redes del crimen organizado internacional. Dichas redes han controlado , desde mediados de la década del 2000, el tráfico de personas, además de otras empresas criminales.
El control migratorio ha estado influenciado, desde mediados de la década de los 1980, por fuerzas políticas motivadas por argumentos falsos, como también por el odio racial y el desprecio a los inmigrantes (especialmente hacia aquellos que llegan de México y el resto de América Latina y el Caribe). Ha pesado también el desprecio hacia personas consideradas pobres y poco educadas. Tales mentiras y prejuicios han sido popularizados a través de una consistente campaña de relaciones públicas que promueve de forma consistente la idea que estas personas son una amenaza para la nación. El efecto acumulado a lo largo de los años ha creado un entorno deshumanizante y demonizante para las personas migrantes que son la mayoría de las personas extranjeras que viven en los EUA, como también la mayoría de quienes ingresan a los EUA, ya sea de forma oficial o extraoficial a esta nación. La campaña presidencial de Trump y su gobierno fueron la cara más visible de ello.
El impacto económico, social, cultural y político que la inmigración y las personas migrantes tienen en los EUA apunta hacia una verdad innegable: su existencia representa una ganancia neta para las partes involucradas. Aunque la mayoría de los estudios sobre este tema se enfocan en el impacto económico, el impacto positivo de la migración y las personas migrantes se extiende a muchas otras esferas de la vida en los EUA, como también en los países de origen de las personas migrantes. El año pasado, las remesas recibidas en países latinoamericanos y caribeños fue superior a $130 000 millones de dólares, principalmente provenientes de personas migrantes que viven y trabajan en los EUA. Si las políticas de manejo de las migraciones estuvieran basadas en esta evidencia, y no en mentiras y prejuicios de odio, el resultado no serían muertes absolutamente evitables.
El gobierno de los EUA, especialmente el Congreso, debería de liderar la aprobación de cambios sustantivos en sus leyes y sus prácticas con relación a la migración y las personas migrantes. Solo así será posible dejar de creer que tragedias como la ocurrida en San Antonio, Texas; y las decenas de miles de muertes de personas migrantes desde 1987 hasta la actualidad, dejen de suceder. No pidiéndoles que se queden en casa ni obligándolos a quedarse en un país en donde van a correr los mismos riesgos que el país del que están huyendo.
Entre los cambios esenciales están el permitir a quienes viven en los EUA sin el beneficio de una visa de residencia permanente solicitar tales visas por medio de un nuevo programa para este fin. En segundo lugar, se tendría que ampliar el número de visas de inmigrantes disponible anualmente, y priorizar el caso de países desde donde viene la mayoría de las personas extranjeras que buscan radicarse en los EUA. En tercer lugar, se deben modificar los programas de protección humanitaria, de manera que se reconozcan las múltiples causas económicas, políticas, sociales, y ambientales que conlleva a que tantas personas tengan que huir de sus países. Un cuarto factor sería el tema de trabajadores extranjeros. Habrá que pensar en generar nuevas políticas de empleo temporal que tenga el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras como centro del nuevo diseño. Además de cambiar la ley, se deben modernizar los sistemas de procesamiento de beneficios migratorios y humanitarios, de manera que se asegure que dichas solicitudes sean asequibles para todas las personas involucradas, y que los procesos se resuelvan de forma ágil.
Por supuesto, la respuesta no está solo en EUA. Es crucial que en los países de origen de las personas migrantes se generen nuevos pactos sociales que den paso a la aprobación de profundas reformas tributarias que aseguren la recaudación de los recursos necesarios para impulsar una agenda integral de desarrollo social, modelados en las mejores prácticas de países como Costa Rica y Uruguay. En el orden cultural, es crucial adoptar una iniciativa en torno a la convivencia social centrada en la solidaridad y la paz, privilegiando los casos de grupos sociales históricamente ignorados y excluidos. En el ámbito político, es crucial innovar en el ámbito de la convivencia y la gobernanza democrática, centrada en la transparencia, la rendición de cuentas, la separación e independencia genuina de los poderes del Estado, de forma tal que ejerzan un rol fiscalizador entre unos y otros.
Solo cuando se ejecuten cambios reales en el colectivo de naciones, cuya interdependencia tiene como cara más visible la migración, se viabilizará la noble aspiración de ponerle fin a tragedias como la ocurrida en San Antonio, Texas. Sin embargo, es crucial entender que, al fin de cuentas, este es un desafío de las sociedades involucradas. La actuación de los gobiernos y otras esferas de toma de decisiones van a volverse imperativas en la medida en que los pueblos generen presión y verdadero poder de influencia, desde sociedad civil organizada, en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, este desafío es para cada persona interesada en ser parte de la construcción de sociedades más equitativas, más justas, más sustentables y más democráticas. Sociedades donde la vasta mayoría de personas quieran genuinamente vivir en su país, sin verse forzadas a buscar un mejor futuro en tierras extranjeras, aun cuando la búsqueda de ese futuro implique la muerte.
*Óscar A. Chacón es un salvadoreño que reside en el área de Chicago, Illinois. A lo largo de los últimos 40 años se ha dedicado a organizar comunidades en torno a temas de justicia económica, racial y cultural en los Estados Unidos de América (EUA). Desde el 2007 se ha desempeñado como director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones migrantes latinoamericanas en los EUA, con un enfoque transnacional de trabajo de incidencia.
