El ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegain Hananía tiene una orden de captura desde hace casi ocho años, en Guatemala, por una denuncia de maltrato infantil de 2012. En el expediente 01186-2014-00387 del juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala, Bidegain aparece acusado de haber agredido físicamente y con insultos a la primera de sus tres hijas tanto en El Salvador como en Guatemala, entre octubre de 2011 y principios de 2012. El caso derivó en otros de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y de pensión alimenticia, y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala describió el caso, en 2020, como uno de “violencia sistemática”. La orden de aprehensión existe desde el 26 de noviembre de 2014 y está solo vigente en el territorio guatemalteco.
Bidegain, no obstante, niega ser prófugo de la justicia. A principios de junio de este 2022, su abogado ofreció una conferencia para quejarse de supuestas violaciones éticas en un artículo de la Revista Factum por no contar su lado de la historia, y luego Bidegain publicó un campo pagado en un periódico impreso para decir que nunca había actuado de manera violenta contra sus hijas y que tampoco había huido de la justicia. Pero los hechos dicen lo contrario, tal como constató El Faro a través de consultas y documentación oficial de instituciones públicas de Guatemala como el Ministerio Público (MP), la Policía, el Órgano Judicial y la Procuraduría de Derechos Humanos. En El Salvador, también se consultaron fuentes de la Fiscalía General de la República y documentos de la Corte Suprema de Justicia, de juzgados y cámaras penales, y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La persona que denunció a Bidegain es Patricia Townson de Bidegain, madre de sus primeros tres hijos y con quien se separó en 2012. Ella brindó su versión de los hechos el viernes 10 de junio, en un Twitter Space. Bidegain es funcionario público desde el 12 de junio de 2019 y fue nombrado ministro el 5 de abril de 2021 con dos órdenes de captura vigente: la que valía únicamente para Guatemala y otra que tenía alcance internacional emitida en junio de 2015, siete meses después de la primera.
Cuando el caso se judicializó, en enero de 2014, Bidegain fue citado para buscar una salida negociada con su expareja, pero no asistió a ninguno de los citatorios y fue declarado “rebelde” y luego se giró la orden de captura. La segunda orden de arresto, con alcance internacional, se identificó con el código C-01186-2014-00387. Documentos del MP muestran que la Notificación Roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) correspondiente a esa orden internacional fue eliminada en una fecha entre el 11 y el 15 abril de 2022. Las razones no están del todo claras. La denunciante asegura que es un error de procedimiento y está por impugnar la decisión de Interpol de eliminar la Notificación Roja.
Actualmente, el MP ha puesto la vigencia de la orden de captura internacional en entredicho y asegura que ya no puede ejecutarse. Sin embargo, recientemente, en marzo, el MP confirmaba en documentos oficiales que el juez de Guatemala había ratificado su vigencia.
Las agresiones por las cuales se pide la detención preventiva de Bidegain ocurrieron en distintos momentos, a partir de octubre de 2011, según documentos de la Policía de Guatemala a los que tuvo acceso El Faro. Supuestamente Bidegain llamó con apodos denigrantes a una de sus hijas, y en una ocasión la haló a la fuerza por varios metros en una habitación y amenazó con pegarle, pero la madre se interpuso. En otra ocasión, según la Policía, Bidegain supuestamente le dio un puñetazo en un brazo provocándole un morete. Por último, que incumplió diversas promesas de visitar a sus hijos en Guatemala. Todo eso, dice un acta de la Interpol, provocó “depresión moderada y necesidad de tratamiento psicoterapéutico” por la “inestabilidad emocional, sufrimiento y posible riesgo que se instalen secuelas psicológicas” en la menor.
El caso de maltrato infantil no es el único por el que Bidegain está acusado en Guatemala, aunque sí es el único por el cual un juez ha emitido orden de captura. Otro caso que está en fase prejudicial está siendo investigado desde el 4 de marzo de 2022 por la Fiscalía del Distrito Metropolitano de Guatemala. El caso tiene que ver con una visita que personal del Consulado salvadoreño intentó hacer en la casa de la expareja en Guatemala, en los primeros días de marzo de 2022, y que ella consideró intimidatorio. Quien denunció el hecho fue el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de ese país, y los delitos investigados, por ahora, han sido calificados como amenazas y coacción, según confirmó un vocero del MP. Las amenazas las hizo Bidegain, supuestamente, vía telefónica a la expareja, y la coacción es por supuestos abusos de otras instituciones de El Salvador cuando entrevistaron sin autorización de nadie a una de las hijas de la pareja. “Tomando en cuenta que se presume que Juan Carlos Bidegain, sus allegados y/o trabajadores pueden estar vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes y que no se tiene certeza de si estos abusos han llegado a ser constitutivos de delito, resulta pertinente (…) interponer denuncia ante el ente fiscal”, reza la denuncia de la PGN, enviada a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras.
Hay más expedientes que se han abierto en el MP por orden de otros juzgados. Por ejemplo, el MP001-2018-94661 se abrió en 2018 en la Fiscalía por orden de un juzgado cuando a Bidegain le fijaron una obligación alimentaria que incumplió. Otra carpeta es la MP 001-62508-2015 donde el delito investigado es el de maltrato contra personas menores de edad y que se abrió después de que un juez de niñez emitiera una sentencia donde se declaró que Bidegain vulneró los derechos fundamentales de sus hijos. Hay un expediente más por pensión alimenticia.
Bidegain, por su parte, ha respondido en tribunales y demandó en al menos tres ocasiones a su expareja. Una demanda buscaba el divorcio en 2014, y hay otra demanda por violencia intrafamiliar y una tercera por difamación, que fue admitido en octubre de 2021 en el juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador. En abril 2022, el juzgado confirmó a El Faro que, a pesar de que se habían hecho las gestiones diplomáticas, la persona no había sido notificada oficialmente de la acusación en su contra. Es probable que para eso era aquella visita del consulado salvadoreño en Guatemala. El juzgado explicó a El Faro que no podía brindar acceso al expediente 146-2-2021 por tratarse de una acusación de un particular a otro. El 9 de junio, a través de su abogado, Bidegain también denunció a una periodista de la Revista Factum ante el comité de ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador por supuestas violaciones al Código de Ética de la organización.
El Faro conversó con el abogado de Bidegain, Giancarlo de la Gasca, para pedirle una entrevista a él y al funcionario. El viernes 1 de julio por la mañana, a través de una llamada telefónica, el abogado dijo que iba a pedir autorización para responder los diversos temas que este medio planteó y que también iba a trasladar a Bidegain. El abogado dijo que trataría de dar una respuesta el lunes 4, pero esta no llegó. El Faro también pidió una entrevista con Bidegain a través de la jefa de comunicaciones del ministerio el viernes 1 de julio, pero al cierre de la nota no había respondido.
A pesar de la falta de respuesta, hay documentos judiciales que consignan la postura de Bidegain. En la demanda de divorcio planteada por él en 2014 para separarse, él sostiene que ella ha impedido todos estos años el acercamiento con sus hijas. En el expediente del Habeas Corpus 359-2019 en la CSJ salvadoreña dijo que todo el problema legal inició cuando él entabló la demanda de divorcio. “Cuando él comenzó los trámites de divorcio, ella lo amenazó, diciéndole que si se divorcian no vería a sus hijas”, dice el acta que resume una audiencia judicial ocurrida el 29 de octubre de 2019. En esa audiencia, Bidegain también dijo que el MP le había ofrecido un procedimiento abreviado pero que él “no está dispuesto a ensuciar su nombre por hechos que no ha cometido”. Dijo que había sufrido “ maltrato sistemático ya que la madre de sus hijas se robó a las niñas”. También dijo que no recordaba “haber llamado [por teléfono] a su hija” para insultar a la madre ni haber dicho apodos a su hija, y que “sin embargo, considera que no constituye un hecho delictivo tratar de corregir a sus hijas”.
La expareja exige que Bidegain cumpla con las responsabilidades de manutención de sus hijas. “Han sido 10 años denunciando el maltrato y el abandono y en ningún caso he visto justicia. Ha habido sentencias a mi favor, por ejemplo, en el caso donde se declaró la vulneración de los derechos humanos de mis 3 hijos pero que él nunca hizo efectiva en la reparación digna. Tener sentencias en papel es igual a no tener justicia”, dijo, durante el Twitter Space del 10 de junio pasado. Se refiere a un caso de 2014, abierto en un juzgado de la niñez de Guatemala.
Las anomalías
Por el caso de maltrato infantil, Bidegain fue capturado una mañana de septiembre de 2019 en El Salvador, según consta en el acta policial en poder de El Faro. Habían pasado cuatro años y 10 meses desde la emisión de la orden de captura en Guatemala, y tres años y siete meses desde que se giró la orden de aprehensión internacional. Bidegain asegura que el origen del proceso en su contra no tiene fundamento pero aun así, hay procedimientos y hechos inexplicables en el proceder de las instituciones de justicia en Guatemala y El Salvador.
Por ejemplo, que transcurrieran casi cinco años entre la emisión de la orden de arresto y su captura no fue producto del azar. Una investigación interna del MP de Guatemala reveló que los trámites para procesar la orden internacional de captura se entramparon de manera injustificada desde el inicio, y por eso hubo fiscales sancionados.
Pero parte de la responsabilidad también fue de la sede de Interpol en El Salvador, que durante casi seis meses de 2019 no detuvo a Bidegain pese a que en junio de ese año fue nombrado alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Bidegain incluso viajó en una misión oficial de una semana a Chile, en agosto de 2019, y ninguna alerta sonó en el sistema policial salvadoreño.
Pero hay más anomalías. En el momento de su detención en El Salvador, el 19 de septiembre de 2019, cuando él era funcionario del Gobierno, Bidegain dijo sentirse enfermo, fue ingresado en un hospital y, a los pocos días, el juzgado a cargo perdió control de su paradero. La PDDH fue a buscar a Bidegain a las bartolinas, pero no lo encontró. Días más tarde, el juzgado salvadoreño fue obligado a poner a Bidegain en libertad con medidas sustitutivas, aunque la jueza dejó claro que no estaba de acuerdo con su propia resolución, ya que estaba fallando de esa manera porque obedecía órdenes de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador y de la Corte Suprema de Justicia.
Con Bidegain detenido, Guatemala pidió su extradición en octubre de 2019 y la Corte Suprema salvadoreña, en mayo de 2020, declaró inadmisible el trámite. El argumento de los magistrados fue que no podían enviar a Guatemala a alguien a quien la Fiscalía salvadoreña también debía investigar: la Corte salvadoreña era de la tesis de que los hechos acusados a Bidegain no solo habían ocurrido en Guatemala sino también en El Salvador. No obstante, cuando la Corte impuso esa tarea a la Fiscalía nadie pareció percatarse de que los hechos ya no podían investigarse porque ya había vencido el plazo para hacerlo. La Fiscalía, por esas y otras razones, terminó archivando el expediente en El Salvador.
Hoy día, después de tres años y un mes de estar activa, la notificación roja de captura contra Bidegain ya fue eliminada del sistema de la Interpol, según consta en documentos oficiales a los que tuvo acceso El Faro. El caso ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una investigación de ese tipo podría implicar sanciones contra ambas naciones. La expareja de Bidegain también ha pedido medidas de protección. “Hay demasiada injerencia estatal en todos mis casos contra él”, dice. Y a pesar de que las versiones de cada uno de la pareja son encontradas, los múltiples reveses registrados en el proceso judicial parecen darle la razón.
La lentitud de la Fiscalía guatemalteca
La Fiscalía de Guatemala entrampó el caso de la denunciante de manera injustificada, según una investigación interna que terminó con la sanción de un fiscal en 2021. En junio de 2015, la Cancillería guatemalteca no pudo procesar la orden de captura internacional contra Bidegain porque el MP incumplió con los requisitos de forma de ese tipo de gestiones. El MP debía adjuntar a la orden una copia del tratado de extradición centroamericano, también una copia de la acusación fiscal y, además, otro documento con la descripción de los indicios de prueba contra Bidegain, la naturaleza y gravedad de los hechos señalados, y las disposiciones legales aplicables.
La solicitud de la Cancillería guatemalteca no fue atendida, como si ningún fiscal hubiera vuelto a abrir aquel expediente, según consta en la carpeta RD-2019-000345 de las Juntas Disciplinarias del MP. Cuando la madre de los hijos de Bidegain preguntaba por su caso, las gestiones se reanudaban momentáneamente, porque cuando las respuestas de otras instituciones llegaban, el expediente ya había cambiado de mano y el ciclo volvía a comenzar. Aquello era un auténtico teléfono descompuesto. Por ejemplo, una de las fiscales a cargo dijo en un reporte interno que estaba de vacaciones cuando la Cancillería pidió subsanar los errores de forma en la orden de captura internacional, y que cuando regresó a la oficina no se enteró de nada porque le encargaron atender audiencias por feminicidios a las que dedicaba el día entero.
La orden de captura internacional existía pero no pudo ejecutarse con la ayuda de Interpol durante tres años y nueve meses porque estuvo estancada en una especie de limbo burocrático. Fue hasta el 20 de marzo de 2019 que la sede de Interpol, en Francia, recibió la orden de captura A-3594/3/2019 con todos los requisitos completos. El 27 marzo, la Interpol finalmente publicó la “Notificación Roja” contra Bidegain. Alberto López, el fiscal guatemalteco que envió los documentos, indicó que “por respeto y pudor de la agraviada” la orden de captura no debía publicarse en la web de Interpol, sino que debía estar disponible solo para uso interno de la organización.
Por el atraso de años en subir esa Notificación Roja, en 2019, la denunciante pidió al MP que investigara a los ocho fiscales que tuvieron a cargo el expediente M0008-2012-18854 entre julio de 2015 y marzo de 2019. Solo uno de ellos fue sancionado por “faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos e incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos”. La sanción fue de dos días de suspensión sin goce de salario.
La Interpol en El Salvador no actuó
La sede salvadoreña de Interpol no pareció reaccionar de inmediato cuando el 27 de marzo de 2019 se subió al sistema la Notificación Roja de Bidegain. El 31 de mayo de 2019, un día antes de la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente, la sede de Interpol en Guatemala tuvo que avisar a su par en El Salvador que estaban intentando localizarlo para su captura, y fue hasta entonces que la Interpol pidió a la Dirección de Migración y Extranjería salvadoreña que se le colocara una alerta migratoria en caso saliera por algún punto fronterizo.
Casi dos semanas más tarde, el 12 de junio, la familia Bidegain tenía vida pública notoria. Bidegain fue contratado como Director de Transporte Terrestre, una instancia muy relevante en el Viceministerio de Transporte (VMT) y su madre, Carla Hananía, fue nombrada ministra de Educación, cargo en el que se mantuvo hasta febrero de 2022. Pero Interpol El Salvador tampoco reaccionó en aquellos días. A estas alturas, la Notificación Roja tenía dos meses y medio de estar vigente, y la orden de arresto en Guatemala, seis años y medio. El Faro pidió respuesta a Interpol, a través de una llamada telefónica, y al Ministerio de Seguridad, a través de la oficina de prensa, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.
No está claro cómo, pero pese a la alerta migratoria y a la Notificación Roja, Bidegain salió de El Salvador el 9 de agosto de 2019 en un vuelo comercial, según reportes migratorios en poder de la CSJ salvadoreña. Viajó a Chile para participar en una misión oficial y regresó una semana después. “No fuimos alertados por ninguna autoridad competente del viaje del imputado al país por usted descrito”, respondió el comisionado Manuel Ulises Garay, jefe de Interpol El Salvador, cuando la PDDH salvadoreña le preguntó al respecto en el marco de investigación que inició por pedido de la expareja. Migración tampoco contestó a una solicitud de respuesta de El Faro hecha el viernes 1 de julio.
Un mes después de aquel viaje a Chile, el 11 de septiembre de 2019, Bidegain fue despedido del VMT “por pérdida de confianza”, según un memorándum de la institución. “[Bidegain] fue destituido cuando se le hizo saber que era requerido por Interpol”, se lee en la resolución INC-305-2019, de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, de octubre de 2019. Es posible que la destitución se debiera a consultas que la denunciante hizo al VMT entre agosto y septiembre de 2019 sobre el proceso de contratación de Bidegain, pesándole encima una orden de captura internacional. Ella recuerda haber hecho llamadas pero no sabe si su llamada incidió en algo.
Durante tres meses y medio (entre mayo y septiembre de 2019), Interpol no había podido dar con el paradero de Bidegain pese a que él tenía cargo público como responsable de la Dirección de Transporte Terrestre. Sin embargo, la suerte de los policías cambió ocho días después de que el VMT despidiera a Bidegain. Ese jueves 19 de septiembre de 2019, por la mañana, Bidegain decidió presentarse voluntariamente a la puerta de Interpol, en las oficinas del Centro de Gobierno. Eran las 10 de la mañana cuando la Policía decretaba finalmente su captura.
La primera victoria: un arresto domiciliar
A las 4:45 de la tarde de aquel 19 de septiembre, cuando ya las oficinas de Gobierno habían cerrado, el jefe de la Interpol en El Salvador, el comisionado Manuel Garay, informó a un juzgado que Bidegain había sido detenido. La jueza de turno era Marta Villatoro, titular del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador y ella confirma a El Faro que Bidegain nunca puso un pie en su juzgado sino que, tras su captura, fue llevado al Centro de Emergencias Pastrana, un hospital en la Colonia Médica, a una corta distancia del Centro de Gobierno.
Bidegain había dicho, cuando aun estaba bajo custodia de la Interpol, que un dolor súbito le había comenzado a aquejar en el abdomen, y por eso pidió ser llevado a un hospital. La jueza ordenó a médicos forenses del Instituto de Medicina Legal que confirmaran si Bidegain requería atención médica. Los médicos llegaron al hospital pero informaron que el diagnóstico iba a demorar unos días. Una semana más tarde, el 26 de septiembre, otro grupo de forenses dictaminó que Bidegain en realidad no requería estar hospitalizado, que se encontraba estable, que podía ser tratado de manera ambulatoria.
A estas alturas, los abogados de Bidegain habían pedido dos veces a la jueza Villatoro la liberación de su cliente, pero ella se había negado diciendo que la Notificación Roja que la Interpol le llevó a su despacho decía, literalmente, que Bidegain era “propenso a la evasión”. Pero además, a la jueza le causaba enormes dudas el hecho de que los abogados hubieran brindado dos direcciones de casas diferentes cuando pretendían demostrar que Bidegain tenía suficientes arraigos para enfrentar la detención en su domicilio. La Corte Suprema de El Salvador también se había pronunciado pues los abogados de Bidegain también tocaron sus puertas para pedir la liberación del funcionario.
El 26 de septiembre, día en que los forenses dijeron que Bidegain debía dejar el hospital, la CSJ resolvió que la jueza Villatoro era la responsable de definir si Bidegain permanecía detenido o si salía beneficiado con alguna medida sustituta. Por esa orden de la CSJ, el 1 de octubre, la jueza emitió una tercera y última resolución confirmando que Bidegain debía permanecer detenido. Envió a Bidegain a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN), o al menos eso quedó consignado en el acta judicial.
La resolución del traslado a la DAN fue impugnada por Bidegain y el caso subió a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. Contrario a las anteriores resoluciones de la jueza Villatoro, la Cámara le dio a Bidegain motivos para sonreír. El 25 de octubre, la Cámara ordenó poner a Bidegain bajo arresto domiciliario. El argumento jurídico detrás, sin embargo, era incoherente. La Cámara sostuvo que la jueza Villatoro había cometido un error desde el primer momento en que el jefe de la Interpol le notificó de la detención, el día 19 por la tarde. Según la Cámara, el error había sido que la jueza Villatoro ordenó la detención sin escuchar la posición de las partes y “más importante, de la comisión hecha por la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre ello”. En otras palabras, según la Cámara, el 19 de septiembre la jueza Villatoro debió viajar hacia el futuro para darse por notificada de la resolución de la CSJ que para el 19 no existía y para la que faltaba aun una semana.
El Faro consultó con una de las magistradas de la Cámara por vía telefónica el viernes 1 de julio pasado y ella cree que resolvieron en debida forma. “A veces la redacción que queda en la resolución no es la más feliz, pero en este caso nos referíamos, en general, a que hay jurisprudencia de la Corte que exige fundamentar adecuadamente la detención provisional de alguien”, dijo la magistrada Rosa María Fortín. El Faro le hizo ver que en realidad la resolución no decía eso y que más bien el texto aludía a la comisión de la CSJ del día 26. Fortín respondió que no era posible que se hubiera escrito algo así de incoherente e insistió en que ordenaron el arresto domiciliar porque no había fundamento para la detención provisional. “No basta con que se diga que hay riesgo de evasión, tiene que fundamentarse por qué”, dijo Fortín. Sin embargo, esa es otra imprecisión. En la resolución, la Cámara nunca dijo que el problema fuera la pobre fundamentación sino que no se había escuchado a las partes en una audiencia especial de revisión de medidas.
Pese a esa resolución incoherente, el día 25, la jueza Villatoro no tuvo otro camino que obedecer el fallo de la Cámara y envió a Bidegain a permanecer bajo arresto a su casa, en Nuevo Cuscatlán, mientras se llegaba la fecha de una audiencia especial de revisión de medidas que ella programó para el día 29. En esa audiencia el objetivo iba a ser definir, de una vez por todas, si Bidegain iba a permanecer detenido en su casa o en libertad mientras avanzaba el engorroso y tardado trámite de extradición pedido desde Guatemala. Un trámite de ese tipo es un proceso diplomático en el que, después de la captura de un individuo, un Estado pide formalmente su extradición conforme a un plazo establecido.
En aquella audiencia especial del 29 de octubre, la jueza Villatoro falló en contradicción con su propio criterio jurídico: ordenó la libertad de Bidegain, a pesar de no estar de acuerdo, pues creía —tal como lo había plasmado en al menos tres resoluciones previas— que lo más conveniente para garantizar la extradición a Guatemala era que permaneciera detenido. La fiscal del caso también pensaba así e incluso en la audiencia especial ella recordó que Bidegain “se había sustraído de la justicia guatemalteca desde 2015” y que había vastos antecedentes en los que se había demostrado que la detención era la medida idónea para casos de extradición. La jueza Villatoro plasmó su inconformidad por escrito. Dijo que otorgaba libertad condicional a Bidegain porque la Cámara y la Corte Suprema habían evidenciado que no estaban de acuerdo con sus resoluciones en las que ordenó y confirmó la detención preventiva el 19 y 23 de septiembre, y el 1 de octubre.
Una vez en libertad, Bidegian quedó con la obligación de presentarse a firmar al juzgado una vez a la semana y con la prohibición de salir del país o mudarse de casa mientras Guatemala y El Salvador discutían su extradición. Su pasaporte quedó en manos del juzgado.
El Faro contactó a la jueza Villatoro el lunes 4 de julio a través de una llamada. Consultada sobre esa orden que recibió de la Cámara dijo que es primera vez en los casos de extradición que ha conocido que se ordena la celebración de una audiencia de revisión de medidas. “No hay excepción, siempre se ordena la detención de la persona, para evitar correr riesgo por si la Corte finalmente aprueba la extradición”, dijo. Para ella, haber celebrado la audiencia de revisión de medidas del 29 de octubre no tenía sentido porque no es un caso ordinario sino uno de extradición en el que, además, la Corte y la Cámara ya habían dado la orden vertical de dejar a Bidegain en libertad. En una audiencia normalmente se delibera pero la jueza cree que eso es lo que no iba a poder ocurrir en la audiencia del 29 porque la decisión y venía de arriba. “No le puedo decir que si hubo algún tipo de presión, pero hacia mi persona no la hubo. Que uno como juez inferior no está de acuerdo con las decisiones que toman los otros tribunales esa es otra situación. Yo hice lo que consideraba legal, dándole cumplimiento a la ley y al proceso, pero ya sobre las motivaciones de otros tribunales eso es competencia de ellos”, dijo.
El reo que burló a la jueza Villatoro
Pero resolver contra su propio criterio quizás no fue lo más crítico para la jueza Villatoro, sino el hecho de que ella, jueza responsable de tutelar los derechos de Bidegain, no tuvo certeza de si en realidad estuvo recluido en bartolinas. En la DAN, donde se suponía que fue enviado el 1 de octubre, las bartolinas se habían deshabilitado desde mediados de agosto, según dijo a la PDDH un policía que custodiaba las instalaciones. La PDDH comenzó a supervisar el proceso de extradición de Bidegain por una denuncia de la expareja de Bidegain, quien dijo que temía que el Estado salvadoreño podía manipular las instituciones para favorecerlo.
A los agentes de la PDDH, el mismo policía de la DAN les dijo que en los registros aparecía que Bidegain había sido llevado a otra unidad policial, la División de Seguridad Fronteriza, el 12 de octubre de 2019, o sea, 11 días después de que supuestamente había entrado a la bartolina en la DAN. La jueza Villatoro dijo a la PDDH que la Policía nunca le informó que las bartolinas de la DAN estaban inservibles y mucho menos que Bidegain había sido trasladado a otro lugar. Ella se enteró porque la PDDH le alertó al respecto el 25 de octubre, día en que ella obedeció aquella orden incoherente de la Cámara de mandarlo a arresto domiciliar. Al descubrir que Bidegain no estaba en la DAN, la jueza ordenó a la División de Seguridad Fronteriza que llevara a Bidegain a su casa bajo arresto. El Faro, sin embargo, no pudo confirmar si la DSF cumplió con aquella orden.
Con la incertidumbre de no saber dónde había estado Bidegain, la jueza tuvo que celebrar aquella audiencia especial, el 29 de octubre, en la que dijo que lo más sensato era que él permaneciera detenido. Pero con la misma incertidumbre, no tuvo más remedio que ordenar su libertad e imponerle las medidas sustitutivas. 10 días más tarde, la jueza puso reserva total al expediente de las diligencias con el argumento de que había que proteger la intimidad de la familia involucrada.
Para la expareja de Bidegain, aquello fue otro revés. “Físicamente nunca lo ubicaron en ninguna bartolina. Realmente es decepcionante como madre recibir estas resoluciones”, dijo el 10 de junio en el Twitter Space.
La PDDH finalizó su investigación en abril de 2021 y en sus consideraciones finales concluyó que la Policía Nacional Civil “omitió trasladar y recibir información (…) en cuanto a los movimientos que fue objeto el señor Bidegain, mientras se encontraba bajo su custodia”, y que eso transgrede el artículo 340 inciso tercero del Código Procesal Penal que ordena que todo traslado lo autorizará el juez ante quien se tramite el procedimiento.
La jueza Villatoro, consultada por El Faro, confirmó los hallazgos de la PDDH: “El documento de la PDDH tiene una síntesis bastante clara de lo que ocurrió. Sí hubo unas anomalías en relación a esas actuaciones de la Policía, todo eso lo evidencié ante las consultas de la PDDH”, dijo.
Una Corte despistada
Además de su ofensiva legal en El Salvador, Bidegain lanzó un esfuerzo similar en Guatemala para intentar evitar su extradición. Envió escritos y apelaciones en los que sus argumentos eran, básicamente, que no se le había concedido derecho a defensa y que si Guatemala pedía formalmente su extradición a él se le estaría violando su presunción de inocencia. Su campaña no tuvo mayor éxito —la solicitud de extradición llegó a la Corte de El Salvador el 18 de octubre—, pero Bidegain y sus abogados siguieron presentando cuantas apelaciones pudieron. El caso escaló hasta la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, máximo tribunal de ese país que, el 5 de mayo de 2020, resolvió en la misma línea de las instancias previas: que el proceso cumplía todas las garantías legales y que Bidegain debía comparecer en Guatemala “puesto que se le sindica por la violencia sistemática ejercida sobre su menor hija”.
Ese mismo mes, sin embargo, llegaría una buena noticia para Bidegain. El día 28 de mayo, la Corte Suprema salvadoreña declaró “improcedente” la extradición de Bidegain y ordenó su “libertad inmediata sin restricciones”. 12 de 15 magistrados argumentaron que entre los hechos a investigar había agresiones ocurridas en suelo salvadoreño y que por eso la Constitución obligaba a que el caso fuera remitido a la Fiscalía local que por entonces dirigía Raúl Melara. Eso llevaría al caso a un callejón sin salida. Ningún magistrado pareció advertir que los hechos en El Salvador ya no se podían investigar debido a que en 2014 y 2015 había vencido el plazo para hacerlo, según las reglas de prescripción del Código Procesal Penal. Tampoco la Fiscalía de Melara pareció estar consciente del vencimiento de ese plazo porque, al recibir el expediente, comenzó a hacer diligencias. A lo largo de ocho meses, la Fiscalía giraría tres direcciones funcionales a la Policía para indagar en el caso.
Aquellas gestiones de la Fiscalía de Melara buscaban entrevistar a la víctima y a su representante legal, o sea su madre, pero no fue posible porque vivían en Guatemala. En febrero de 2021, a los pocos días del tercer intento infructuoso de efectuar las diligencias, la Fiscalía terminó archivando el expediente. Una fuente fiscal y otro investigador que conoció del caso dieron a El Faro versiones contradictorias sobre por qué se archivó. “El caso ya prescribió”, dijo la fuente de la Fiscalía, en abril de 2021, sin explicar por qué entonces habían girado aquellas tres direcciones funcionales. La otra fuente, entrevistada en noviembre de 2021, también habló de la prescripción, pero agregó que el caso se había tornado complejo por el lugar de residencia de la víctima y lamentó lo lento de la cooperación con los fiscales de Guatemala.
La segunda fuente también agregó un detalle. Dijo que el único camino que queda para que el caso reviva es que la Fiscalía saque el expediente del archivo en el año 2024, cuando la víctima cumpla la mayoría de edad. Según el artículo 33 del Código Procesal Penal, la Fiscalía tendrá un año a partir de entonces para intentar judicializar el caso. “El archivo provisional de ahorita hace que se puedan seguir haciendo las diligencias de investigación mientras se llegan los 18 años de la niña”, dijo.
El investigador dijo que no entendía por qué la CSJ, en lugar de cerrar el caso, pasó la pelota a la Fiscalía salvadoreña. El exmagistrado presidente de la Corte, Óscar Armando Pineda Navas, respondió a una consulta de El Faro a través de una llamada el viernes 1 de julio. Su primera respuesta fue que nadie en el equipo que revisó el expediente advirtió ese aspecto. “Es muy probable que ese tema de la prescripción no lo hayamos analizado”, dijo. Se le preguntó si lo que en ese caso correspondía no era lo contrario a lo que hicieron, es decir, aprobar la extradición. Pineda dio a entender que no “porque había otros hechos relacionados por los que [Bidegain] estaba siendo investigado y es probable que la Fiscalía después encontró que también ya estuvieran prescritos”. Se le preguntó si ellos como magistrados fueron notificados de que existían otras investigaciones contra Bidegain, y Pineda respondió “la verdad es que no pero probablemente ya así era”.
La denunciante cree que la explicación detrás de la resolución de la Corte es una relación cercana de Pineda con Bidegain. Así lo planteó en una denuncia en la PDDH, en el expediente SS-0551-2019. Según ella, Pineda es amigo del padrastro de Bidegain, Edgar Hernán Varela, y también es suegro de uno de los mejores amigos de Bidegain. Pineda Navas negó que tuviera cercanía con esas personas. “Yo, amigo de él [Varela], no soy”, dijo. Confirmó que se conocieron en 2019 cuando Varela le presentó su propuesta con la que estaba compitiendo para ser miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, y que después, ambos siendo funcionarios, coincidieron en eventos internacionales. “Por ser salvadoreños hablábamos, pero no sabía del nexo familiar que tenía con nadie, no lo sabía ni él me platicó”, dijo. Sobre su yerno, dijo que había dejado de tener ese parentesco con la persona y que nunca supo de los amigos que este había tenido.
En sus conclusiones finales en su informe de abril de 2021, la PDDH concluyó que ninguna institución salvadoreña había violado los derechos humanos de la denunciante ni los de sus hijas. En cuanto a la responsabilidad de la Corte, la Cámara y el juzgado de Paz, la Procuraduría dijo que ninguna de esas instancias tampoco habían fallado en su rol institucional. Sin embargo, la PDDH sancionó a tres entidades por no haber colaborado con las pesquisas de investigación entregando la informción que pidieron: la Dirección General de Migración y Extranjería, el Jefe de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía y la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
Con la resolución que declaraba improcedente su extradición, Bidegain fue puesto en libertad y volvió a trabajar en Obras Públicas, como había hecho hasta 10 días antes de su captura. Su ascenso en el Gobierno fue meteórico a partir de entonces, pese a la vigencia de la orden de captura en Guatemala. Volvió al MOP como asesor en noviembre de 2019. Luego, para septiembre de 2020, ya era el director del Servicio de Emergencias Médico que se activó para la atención de la pandemia; y luego, en abril de 2021, Bukele lo nombró ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Bidegain pidió bajar la Notificación Roja
Entre el 5 y el 15 de junio de 2022, Bidegain estuvo en Suecia, en una misión oficial acompañado de otros funcionarios del Gobierno de Bukele. La noticia circuló en redes sociales del Gobierno. La denunciante contó en el Space de Twitter, el 10 de junio, que eso le parecía una burla: “hay demasiada injerencia estatal en todos mis casos, prueba de ello es que tiene dos órdenes de captura y está en Suecia representando al Gobierno que no sólo no lo extraditó, sino que tampoco lo juzgó”. Ese día, ella contó que fue al MP con la intención de presionar para que esta exigiera a Interpol la captura de Bidegain. La captura no ocurrió.
Lo único que hizo el MP ese día fue pedir a la sede central de Interpol, en Francia, que informara “sobre la situación con relación al ciudadano salvadoreño [Bidegain]”. Tres días más tarde, la respuesta llegó: el fichero con la Notificación Roja había sido eliminado. Sin embargo, las razones aún no están del todo claras.
Para febrero de 2022, Bidegain cumplía casi cuatro años de tener activa esa notificación, es decir, tenía 47 meses de contar con restricciones para viajar fuera de El Salvador, pues podía ser capturado. Bidegain comenzó una gestión para que su expediente fuera eliminado de los archivos de Interpol. Según consta en el oficio 308-2022.Ref.Vargas -A-524-2015, Bidegain se quejaba que la notificación “le impide salir del país y circular libremente lo que es contrario a sus derechos fundamentales”.
En su solicitud, Bidegain planteó argumentos inexactos. Por ejemplo, argumentó que la CSJ salvadoreña ya había rechazado su extradición y que en esa sentencia de mayo 2020 también había determinado que los hechos de los que le acusaban solo habían ocurrido en El Salvador. Eso es falso. En realidad, los hechos acusados también incluyen agresiones en Guatemala y por eso el MP también investigaba el caso y, además, por eso el juez penal de ese país pedía la captura internacional. En cuanto a la extradición, la Corte no la rechazó en mayo 2020 sino que, en ese momento, la declaró improcedente para que la Fiscalía salvadoreña se pusiera a investigar los hechos.
Bidegain también dijo de manera ambigua en su petición que “la orden de arresto dictada por el juez de Guatemala ha quedado sin efecto”, pero no especificó a cuál de las dos órdenes se refería, si a la nacional en Guatemala o la internacional. En todo caso, ambas órdenes de aprehensión estaban vigentes al menos hasta abril de 2022, según consta en un documento del Instituto de la Víctima de Guatemala de fecha 1 de abril. En otras palabras, en febrero de 2022, Bidegain no podía decir que su orden de captura ya no estaba activa porque documentos oficiales con fechas posteriores todavía confirmaban su vigencia.
En un documento del 7 de marzo de 2022, el MP incluso cita una resolución del 20 de enero de 2021, ocho meses después de la decisión de la Corte de El Salvador, en la que el juez guatemalteco declaró no ha lugar una petición del defensor de Bidegain de revocar la orden de aprehensión internacional y, por el contrario, la mantuvo vigente. Si fuera cierto que la orden internacional de captura se eliminó en mayo de 2020 cuando la CSJ salvadoreña denegó la extradición de Bidegain, el juzgado no hubiera confirmado la vigencia de la orden el 20 de enero de 2021. Eso quiere decir que la orden de captura debería seguir vigente.
El Faro también buscó al MP de Guatemala el 9 de junio para consultarle este aspecto. El vocero Juan Luis Pantaleón confirmó que la orden de aprehensión para Guatemala seguía activa, y en cuanto a la orden internacional pidió confirmar con Interpol porque tuvo conocimiento que Bidegain había pedido la revisión.
Interpol comenzó a estudiar la petición de Bidegain para bajar la Notificación Roja en febrero de 2022 y pidió información a Guatemala. El MP respondió el 7 de marzo, a través del oficio 0045-2022/nr, que el expediente contra Bidegaín seguía vigente, que él seguía siendo procesado y que la orden internacional de captura de junio de 2015 también estaba activa.
La Interpol de Francia notificó a principios de junio pasado que el expediente de Bidegain había sido eliminado de los archivos de Notificación Roja entre el 10 y el 15 de abril. “Con la información proporcionada por parte del sujeto a notificación roja [Bidegain] y la Fiscalía de la Mujer a cargo de la investigación en Guatemala (…) la Comisión de Ficheros analizó la información tomando la decisión que los datos relativos al solicitante no se ajustan a las normas de Interpol aplicable al tratamiento de datos personales y que serán eliminados de los archivos de Interpol”, reza el oficio 1184-2022/C524-15 OEPR/Franco de la Interpol Guatemala.
La denunciante dice que prepara una impugnación para pedir que la Notificación Roja suba de nuevo. Tiene seis meses para hacerlo. En ese lapso, la CIDH podría emitir una resolución.
