“En respuesta a los ataques, escogí la autocensura”
El domingo 14 de marzo de 2021, minutos antes de finalizar la transmisión de Focos, Karen Fernández se despidió como conductora de su programa. Karen, que había dirigido la entrevista por cuatro años, anunciaba que dejaba el espacio de televisión para asumir un cargo atrás de las cámaras como codirectora. Aunque la decisión de dejar la pantalla la venía meditando desde hace algunos meses, dice que decidió hacerlo por un detonante muy particular: los cientos de insultos –incluso algunas amenazas– de seguidores del presidente y su partido a través de Twitter. Sus entrevistas eran un espacio en donde, excepcionalmente, se hacían preguntas incómodas en televisión a personeros políticos de todos los colores. Llegó a incomodar incluso al vicepresidente de la República.
“La gente tiene derecho a opinar sobre nuestro trabajo, pero es muy distinto a que te digan ‘ojalá aparezcan violadas vos y tu mamá'', cuenta Karen a El Faro en referencia al tipo de mensajes que recibió cuando el presidente retituteó un cita de ella en un programa de televisión. A partir de entonces, el 28 de junio de 2019, dice que los ataques empezaron a llegar de manera sistemática.
Ese día Karen había participado como panelista en República, de Canal 33. En el programa, la periodista comparó los campos de concentración nazis con unas fotos de los pandilleros apilados uno tras de otro, como parte del anuncio del estado de emergencia decretado en las cárceles en abril de 2019.
Posterior a la entrevista, Karen se dirigió a su oficina y mientras se estacionaba recibió una llamada que la descolocó: “Me llamó un amigo para preguntarme cómo estaba y para decirme que se solidarizaba conmigo por los ataques. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando”. Durante dos días recibió cientos de notificaciones en donde usuarios anónimos y otros con nombre y apellido respondían con copia a ella y al presidente, algunos manifestaron explícitamente su deseo por que la violaran para “ver si así sigue opinando lo mismo”.
Para la noche de ese 28 de junio, el retuit del presidente tenía 838 comentarios, en su mayoría, burlas e insultos hacia la periodista.
Desde que Bukele asumió como presidente, Twitter ha sido la plataforma oficial tanto para comunicar sus decisiones como para lanzar críticas a sus detractores y opositores. A veces, como en el caso de Karen, ni siquiera ha tenido que hacer un comentario directo sobre lo que publica para que la multitud de seguidores, que a día de hoy suma 4.1 millones, responda con insultos o bullying a quien él elija como objetivo. No hay registro conocido que desde su cuenta ni de la de ninguno de sus funcionarios y aliados haya existido un llamado a que cese el acoso digital contra quienes él considera sus adversarios.
Las denuncias de ataques, acoso y bloqueo dirigido a periodistas se han multiplicado desde que inició la presidencia de Bukele en junio de 2019. En el primer año, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó que las denuncias aumentaron en 381.25 % (61 casos respecto a los 16 reportados en el último año de Sánchez Cerén). Si bien los mensajes estigmatizantes van dirigidos hacia hombres y mujeres, hacer la separación por género es importante, porque las características de los mensajes denigrantes e insultos dirigidos hacia mujeres son distintas en tono y agresividad.
Un estudio publicado en marzo por la Fundación para el Debido Proceso recoge las experiencias de 17 periodistas mujeres que han sido agredidas por su condición de género, tanto por funcionarios públicos de la administración actual como las pasadas. El Faro conversó con cuatro periodistas mujeres que han sido blanco de acoso digital y en, algunos casos, persecución física por el ejercicio de su profesión y de fiscalización del poder en los últimos tres años.
A los hombres se les cuestiona su ética, su forma de hablar o su manera de vestir, se les califica de pandilleros, violadores y reciben mensajes homofóbicos. Cuando se refieren a las mujeres, además de estos calificativos, las atacan también por su apariencia física, cuestionan sus habilidades para haber llegado a la posición que ocupan en sus lugares de trabajo y se les intenta aleccionar con amenazas de violación y muerte, para ellas y sus familiares mujeres.
Las consecuencias, pues, no se miden de la misma manera. Según la Unesco, esto tiene que ver con que las amenazas que enfrentan las mujeres periodistas, a diferencia de sus colegas hombres, son altamente sexualizadas, centradas en sus características físicas, su origen étnico o cultural, más que en el contenido de su trabajo. Si la cárcel o el exilio son el destino final, las mujeres experimentan distintos tipos de violencia antes de llegar hasta esa última consecuencia.
Solo en 2021, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó 209 denuncias acumuladas, de las cuales, una tercera parte fueron realizadas por mujeres.
Que la mayoría de los objetivos de los ataques contra periodistas sean periodistas hombres tampoco es irrelevante. La mayoría de puestos de toma de decisiones y poder en los medios y con mayor exposición mediática son hombres versus el número de mujeres que ejercen el periodismo. Las que han sido más visibles han perdido sus espacios o han optado por la autocensura para evitar la acumulación de mensajes condescendientes, machistas y estigmatizantes. Actualmente hay solo cinco mujeres al frente de medios de comunicación, tres de ellas de medios que no se presentan como feministas. Las tres forman parte de este reportaje.
El caso de Karen es apenas uno de los ataques en redes hacia periodistas mujeres que ha sido más visible y en el que el presidente fue protagonista o el origen.
Karen Fernández es una periodista reconocida por su trabajo en radio y televisión desde hace 10 años. Es también profesora tiempo completo en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y educadora sobre argumentación, comunicación en público, entre otras, para empresas. Antes de dirigir la entrevista en Focos, también dirigió entrevistas en la radio Punto 105, canal TVX y El Faro Radio. Su rostro y su nombre han sido visibles en mupis y vallas publicitarias en San Salvador y en promocionales que salían en los medios impresos a nivel nacional.
El tsunami de notificaciones que inundaron a Karen en junio 2019, si bien fueron desconcertantes por su contenido, no fueron tan sorprendentes en cuanto a cantidad. La primera vez que recibió insultos y amenazas en redes sociales fue el 21 de agosto 2018, posterior a una entrevista con el entonces candidato a la vicepresidencia Félix Ulloa.
Karen y Saúl Hérnández, con quien entonces conducía la entrevista, fueron acusados por Ulloa en Twitter de tenderle una emboscada luego de que la grabación saliera al aire. “Ante preguntas sesgadas y malintencionadas sobre temas que no conozco lo correcto es decir NO SÉ. El político tradicional se inventa cualquier respuesta para salir del paso. Yo contestare y actuare (sic) con la honestidad de siempre”, escribió el hoy vicepresidente en su cuenta de Twitter.
De inmediato los seguidores de la fórmula presidencial empezaron a atacarlos a ambos, pero hubo un especial enfasis en Karen, a quien le hicieron calificativos denigrantes.
“Él ciertamente no puso ‘odio a Karen’ ni nada de eso, sino que simplemente dijo que lo habíamos emboscado. Y la respuesta fue particularmente contra mí, eran cosas como ‘cómo ladra esa perra’ o ‘calladita te ves más bonita’ o ‘niña malcriada’”, explica.
Las menciones hacia el otro conductor de la entrevista, en cambio, tenían que ver con la ética, no con su actitud ni con su lenguaje corporal durante la entrevista. Al igual que Bukele, Ulloa no dijo ni escribió nada para detener los comentarios de quienes, en su defensa, lanzaban improperios en contra de la periodista.
En un primer momento, Karen dice que prefirió no darle importancia a las amenazas aduciendo que se trataba de un ejército de troles, pero todo cambió cuando en uno de esos tuits en respuesta a sus entrevistas y análisis en redes sociales alguien escribió que conocía su lugar de residencia. “En ese momento fue claro para mí lo indefensa que yo era frente a esta gente que tiene información mía, pero sobre la que yo no sé nada”.
A la fecha, Karen no reporta seguimiento a sus movimientos. Pero su temor está lejos de ser producto de la paranoia. Una mañana de 2018, un empleado del Ministerio de Medio Ambiente que se presentó como alguien que quería invitarla a moderar un evento, la ubicó en su lugar de trabajo. Este empleado público le había mandado mensajes telefónicos a la radio y a El Faro, le mandó correos electrónicos. Karen dice que tenía bien claro que este no pretendía ubicarla para una invitación oficial, ya que su cargo no tenía nada que ver con comunicaciones, prensa o protocolo. “A mí esto nunca me había pasado y me loqueé. No quería salir ni nada. Ahí entendí el riesgo de la asimetría de información que la gente tiene sobre mí”.
Este hombre burló a los guardias de seguridad de la oficina de Karen y logró infiltrarse en el lobby para esperarla a la hora que llegara. El incidente no pasó a más, pero quedó claro que él conocía el vehículo, el lugar de trabajo y el horario de Karen. Esa experiencia le hace ahora reflexionar sobre el peligro de la exposición pública, sobre todo en tiempos como los actuales en los que hay un ataque sistemático y dirigido contra algunos medios y periodistas.
Con el paso del tiempo, y mientras más se acumulaban los insultos y amenazas, Karen empezó a dudar de su capacidad como periodista. “De tanto leer que me trataban de tonta y de parcializada me convencí de que la que estaba haciendo mal las cosas era yo”, explica.
El trabajo principal de Karen es de catedrática universitaria, mientras que el trabajo que desempeñaba como periodista era uno que hacía en sus horas libres. Estos cuestionamientos a su capacidad multiplicaron sus horas de trabajo. “Me sentía superada por la presión que yo misma me había puesto como resultado de esos comentarios y no estaba satisfecha al 100 % con lo que estaba haciendo en ninguno de mis trabajos”, recuerda. Fue entonces que las recomendaciones de dejar su trabajo como periodista llegaron de parte de su familia e incluso de su psicóloga.
Karen dice que tenía claro que dejar la entrevista sería beneficioso para su salud mental, pero tomar la decisión no era algo sencillo. El periodismo, si bien es su segunda profesión, es una carrera que siempre quiso desempeñar desde que se graduó de bachiller. Previo a salir de la transmisión en televisión, convencida de que el problema era ella, se privó incluso de tener una opinión en redes sociales. Dice que optó, en su lugar, por tuitear análisis que ella pedía a sus fuentes para citarlos.
Pero los insultos no cesaron, seguían multiplicándose sin importar lo que tuiteara. El hartazgo llegó a tal grado que, eventualmente, Karen dejó de tuitear por cuenta propia y se limitaba a dar retuits. “Es una forma de autocensura que yo he escogido como respuesta a
los dos últimos años. No era sano para mí estar leyendo constantemente tanto odio por hacer bien mi trabajo. Acoso que además es propiciado por el mismo Gobierno”.
Bukele y Ulloa han sido protagonistas por el peso de sus cargos, pero hay otros voceros del Gobierno en redes sociales que protagonizan ataques y desprestigios contra mujeres periodistas.
“Me autoexilié por razones de seguridad”
Mariana Belloso tiene más de 20 años de experiencia como periodista de economía y en los últimos diez se desempeñó como editora de la sección de Economía de La Prensa Gráfica. Se ha ganado cierto reconocimiento en la red social Twitter por la manera en la que explica de manera más digerida temas relacionados a las finanzas, tanto públicas como las del salvadoreño de a pie. Esa popularidad que hace que sus mensajes lleguen a distintos públicos la hizo foco de atención para los seguidores del presidente. Al igual que en el caso de Karen, Bukele también fue el origen de cientos de mensajes de odio que recibió en su contra.
Además de Bukele y Ulloa, hay otros voceros de Nuevas Ideas que son promotores del acoso digital en contra de mujeres periodistas. Uno de ellos es Walter Araujo, un político que ha estado vinculado a la derecha partidaria desde los años 90. Ha militado en tres partidos: fue diputado y presidente de Arena y luego pasó a convertirse en magistrado del TSE durante 10 años. Ha estado aproximadamente 30 años en cargos públicos. En 2015 se lanzó como candidato a la alcaldía de San Salvador por Gana, y perdió ante el entonces efemelenista Nayib Bukele. En las elecciones 2021 trató de postularse como candidato de Nuevas Ideas, el partido creado en torno a la figura del ahora presidente Bukele. Bertha María Deleón, también candidata a diputada, impidió que compitiera. Lo demandó por expresiones de violencia en su contra. Hoy, Deleón está exiliada por persecución del bukelismo.
Araujo, que además ha gozado del apoyo público de Bukele en distintas ocasiones en las que ha sido señalado de irregularidades, fue el principal promotor de una campaña en Twitter que incluía las fotos de Karen Fernández y Mariana Belloso (periodista entonces de La Prensa Gráfica) con un signo de eliminado en el rostro, junto a la palabra “malqueridas”. Este adjetivo, explica Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, limita la expectativa de logro de las mujeres a las relaciones de pareja. Es decir, “Que no actuamos por una agenda propia, si no que todo gira alrededor de venganzas ante ese entorno sentimental. Es básicamente reducir cualquier capacidad de las mujeres de tomar decisiones o de participación política. Es regresarla al entorno doméstico”, explica.
No es la primera vez que el término “malquerida” ha sido utilizado para atacar mujeres en un contexto político. En 2018, un grupo de diputadas de Arena denunciaron al diputado Juan José Martell (quien también se convirtió en aliado del bukelismo) por expresiones de violencia contra la mujer para referirse a ellas.
Mariana salió del país el 26 de enero 2022 y es consciente de que su decisión fue un autoexilio. Así lo define. “Fue por motivos de seguridad mía y de mis hijas”, explica. Una serie de eventos previos la llevaron a tomar la decisión.
El 30 de junio de 2019, como parte de las obligaciones de su turno, estaba dando cobertura a la conferencia de prensa de Bukele por medio de su cuenta de Twitter. En uno de esos trinos, que iba publicando a medida que el presidente hacía anuncios, escribió: “Presidente @nayibbukele pide a la población dejar de pagar renta a las pandillas. Siga la conferencia de prensa en Radio Nacional 96.9 fm”. Inicialmente las reacciones a este tuit eran de desconcierto ante tal declaración. Cinco horas más tarde, el presidente citó el tuit de Mariana para señalar que su tuit era “una verdad contada a medias” y para acusarla de desinformar. “Cada vez me convenzo más, qué (sic) hay periodistas que desean que nuestro plan de seguridad falle y que nuestra gente siga sufriendo”, sentenció.
A partir de ese momento las notificaciones en la cuenta de Mariana se multiplicaron por cientos en insultos y acusaciones a su labor periodística. Este evento fue para ella lo que marcó un antes y un después respecto a las interacciones en su cuenta de Twitter, pese al antecedente de 2017, cuando era parte del equipo que dio cobertura al caso del troll center, un caso en el que se reportó evidencia que vinculaba a Bukele con el ataque a La Prensa Gráfica. Los acusados fueron absueltos. “Nosotros no sabíamos cómo, porque las primeras entregas no las firmamos, pero ellos sabían quiénes habíamos estado trabajando esas notas y a mí me empezaron a atacar bastante”, recuerda.
Minutos después del tuit del presidente, ella le dio la razón en un comentario en respuesta a su tuit, asegurando que la intención era que las personas siguieran la cadena nacional en directo, pero que nunca hubo mala intención de su parte. Los insultos no dejaron de llegar y el presidente no dijo nada tampoco al respecto. Esto ocurrió, además, apenas dos días después de que Bukele promoviera el ataque en esa misma red social contra Karen.
Los mensajes que empezaron a llegar a partir de entonces tenían un contenido violento y misógino: “a ese nivel de ataque nunca habían llegado, poniéndome fotos de mareros y diciendo ‘ojalá a esta y a sus hijas las embolsen’, unas cosas bien espantosas”, cuenta.
Pese a la disculpa pública de Mariana, Walter Araujo y Silvio Aquino –otro vocero del bukelismo– se sumaron como incitadores de los ataques al decir que no creían que su disculpa fuera honesta. Eso multiplicó los mensajes intimidatorios que tuvieron como consecuencia visible la suspensión de la cuenta de Mariana en Twitter por tres días. Esta primera etapa del acoso e intimidación en redes sociales se extendió tres meses. “Fue un período horroroso en el que llegué a considerar irme del país. Tuve que estar en terapia psicológica”, recuerda.
Walter Araujo ha mencionado al menos tres veces a Mariana en su programa de Youtube; la última vez que lo hizo fue en septiembre de 2021, luego de que se publicara el pódcast de la periodista en donde hablaba de las particularidades de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
Walter Araujo y toda la verdad es un programa que su autor define como “el programa de opinión político número 1 de El Salvador”. Cuenta, hasta la fecha de publicación de este reportaje, con 129 mil suscriptores, y cada vez que está en vivo alcanza un promedio de entre 2000 y 3000 espectadores, según el reporte de visualizaciones que él mismo hace al aire. Tiene dos anunciantes fijos: GQ Racing Sport y el hotel Lauriol Plaza (en Washington D.C.), pero también se ha trasmitido pauta gubernamental, como anuncios del Ministerio de Salud. El programa, ha asegurado Araujo en las transmisiones, es autogestionado y ha ido mejorando aspectos técnicos gracias a la donación de equipo de sus seguidores y por medio de donaciones vía la Chivo Wallet y la plataforma Strike.
En su programa número 38, del 2 de julio de 2019, Araujo se refirió a los mensajes estigmatizantes que recibió Mariana el 29 de junio. “Qué bueno que la chapió (sic) el pueblo salvadoreño. Aquí las disculpas no sirven de nada. [...] No me importa lo que dice Mariana Belloso. Lo que ellos digan ‘a la gaver, nos valen gaver’”, dijo.
En el programa siguiente, tres días después, y ante los señalamientos de hacer y promover comentarios misóginos en contra de Mariana, Araujo soslayó diciendo: “Ahora resulta que soy misógeno (sic) porque le digo a la periodista sus errores y sus verdades. Dejen esa pajita de las políticas de género. Aquí nadie ha venido a atacar mujeres”. Los ataques a periodistas son una constante en el programa de Araujo. Aunque no siempre dedica parte de su programa a insultar a periodistas con nombre y apellido o a medios específicos, Araujo usualmente hace al menos alguna mención despectiva al trabajo periodístico.
Para Mariana, las consecuencias de estos mensajes trascendieron a lo profesional. Bajo un Gobierno que ataca y castiga cualquier tipo de disidencia, las fuentes de Mariana, como han hecho las de muchos periodistas, prefirieron alejarse y cerrarle la puerta a alguien que tenía el reflector encima de manera tan negativa. “Hubo un montón de fuentes que me dijeron ‘Mire, yo prefiero ya no hablar con usted. Yo no quiero que la agarren así conmigo”.
El acoso persiguió a Mariana de lo digital a lo físico. La periodista reportó a la Apes haber sido seguida en dos ocasiones, ambas después de estar reunida con fuentes, y de ser vigilada afuera de su casa. La primera vez fue en agosto de 2020, iba camino hacia su casa cuando se percató de que la iba siguiendo una camioneta polarizada con placas particulares. Mariana pensó que era su paranoia la que le estaba haciendo creer que estaba siendo perseguida. “Después de entrar a mi casa salí a ver qué se había hecho (el vehículo) y vi que había dado vuelta en U y venía de regreso hacia mi casa”. Mariana empezó a tomarle fotografías para tener registro y para alertar a quien estaba manejando de que ella se había dado por enterada del seguimiento. En la segunda ocasión, casi un año después, la periodista iba camino a recoger a su hija al colegio cuando notó que una camioneta polarizada y sin placas la estaba siguiendo. Esta vez decidió tomar tres rutas alternas para intentar perderlo, pero no lo logró. Fue entonces que decidió meterse en un centro comercial en donde permaneció al menos dos horas. “Tuve que llamar para avisar que iba a llegar tarde a recoger a la niña. Fue bien descarado porque agarré una ruta toda loca”.
A estos seguimientos se suma la vigilancia de una tercera camioneta afuera de su casa el 2 de diciembre de 2020, de la que se dio cuenta porque una vecina que necesitaba salir le preguntó si el vehículo era suyo. Mariana salió y acto seguido el vehículo se retiró; una vez que la vecina salió de la calle, la camioneta volvió para estacionarse afuera de la casa de la periodista. Ella salió a tomarle fotos y fue hasta entonces que la camioneta se fue. El Faro corroboró la existencia de estas fotos y la fecha en la que fueron tomadas.
El acoso e intimidación del que Mariana ha sido objetivo no encontró palabras de confort en su familia, que además vive en el exterior. “La reacción inicial de mi familia fue recomendarme no opinar sobre política”, recuerda. Su apoyo principal, explica, han sido sus dos hijas y las organizaciones feministas y de apoyo a la libertad de prensa. La hija mayor de Mariana desarrolló un cuadro de ansiedad a partir de los mensajes denigrantes que estaban en todas las redes sociales, razón por la que decidió sacarla del país.
El 23 de noviembre de 2021, a estos actos de intimidación se sumó la alerta de espionaje patrocinado por el Estado que envió Apple a algunos de sus usuarios. Mariana, que se reconoce desconocedora de temas de seguridad y tecnología, contactó a la organización Access Now para ser asesorada. Después de un diagnóstico realizado a su teléfono, se confirmó la infección y que habían ingresado en tres fechas distintas al dispositivo en septiembre, octubre y noviembre 2021. En las tres ocasiones extrajeron información y activaron de manera remota la cámara y el micrófono. “No te puedo explicar lo desnuda, violada, todo lo que me sentí en ese momento. Estaban mis fotos ahí, mi información, fotos de mi hija midiéndose ropa”, relata.
Mariana vive ahora fuera del país junto a su hija menor. Las razones de su traslado, aunque son personales, también estuvieron mediadas por motivos de seguridad. Además de su trabajo como editora de la revista feminista Alharaca, Mariana es creadora de contenido por medio de un boletín informativo, un canal de Youtube y un pódcast sobre economía. Su trabajo depende, pues, del uso constante de redes sociales. Y aunque por ahora no ha decidido darse de baja de Twitter, que es de donde más provienen los hostigamientos digitales, no está dispuesta a soportar otra oleada de amenazas e insultos como la que generó el tuit de Bukele a finales de junio de 2019. “Cuando yo sienta que esto es insostenible, estoy dispuesta a cerrar mi cuenta. No tengo madera de mártir ni creo que ningún periodista debería de tenerla”, asegura.
En enero 2022, El Faro publicó un reportaje sobre el caso de los 22 miembros del equipo del periódico que fueron infectados por el software de espionaje Pegasus. La secretaria de prensa de la Presidencia Sofía Medina dijo a The New York Times en ese entonces que el Gobierno estaba investigando “el posible uso de Pegasus”. Hasta la fecha, sin embargo, no se han dado detalles ni convocado a los periodistas ni a las personas de organizaciones de sociedad civil que fueron víctimas de espionaje entre 2020 y 2021. El Gobierno se excusó de los señalamientos y denunciaron ser víctimas de espionaje. Apenas unos días después de esta publicación, distintos periodistas empezaron a notificar en redes sociales que sus cuentas habían sido hackeadas o que hubo intentos de hackeo. La vulneración de las cuentas escaló hasta la apropiación de los grupos de prensa en Whatsapp administrados por instituciones gubernamentales a manos de Yoni Azenón.
“Me cerraron un espacio a mí y a todas las mujeres periodistas”
Una de las periodistas mujeres que reportó un intento de hackeo a su cuenta fue Wendy Monterrosa, conductora de Teleprensa (Canal 33) y cofundadora del portal digital de noticias Voz Pública. “Yo recibí un mensaje de la cuenta de Yoni Azenón en mi Whatsapp con contenido pornográfico. Hemos llegado a un nivel en el que no te podés sentir segura ni con un objeto personal”, explica. Wendy no fue una de las periodistas cuyos teléfonos fueron confirmados de haber sido vulnerados con el software de espionaje en noviembre, pero los ataques a su trabajo periodístico han incluido desde el cierre de fuentes hasta la cancelación de su programa de entrevistas.
Wendy tiene una larga trayectoria trabajando en televisión. Inició en Grupo Megavisión en 2004 y, antes de llegar a Canal 33, trabajó para Casa Presidencial y Canal 10 entre 2012 y 2019. Ese pasado como comunicadora institucional y presentadora y conductora del canal oficial durante los gobiernos del FMLN han sido la razón principal del hostigamiento en redes sociales en su contra desde que inició el actual gobierno.
“Yo nunca he sido de un partido político en mi vida, jamás”, explica Wendy, y justifica que su trabajo de fiscalización del poder ha sido equitativo y que eso incluso le trajo problemas mientras trabajaba en el canal nacional. “Cuando estaba en el 10 tuve numerosos problemas. Hubo incluso diputadas (del FMLN) que se quejaban diciendo que cómo era posible que yo estuviera ahí”, recuerda.
Actualmente es conductora del noticiero Teleprensa en la emisión del mediodía, pero su llegada al canal tuvo, en principio, una misión distinta. “Yo de alguna manera, ya me imaginaba un poco que con el gobierno actual iba a ser bastante difícil trabajar en el 10. Entonces tomé la decisión de irme a estudiar fuera del país y estando afuera me llaman de Canal 33 para conducir República”.
Desde 2019, cuando empezó a producir y conducir la entrevista, su trabajo consistió en cuestionar las versiones de las figuras políticas que pasaban por su programa, verificando la información con fuentes previo –y en un par de ocasiones durante– la transmisión en vivo.
Wendy apareció la primera vez en Canal 33 en agosto de 2019, cuando empezó a conducir República, un programa de entrevistas matutinas por el que regularmente desfilaban funcionarios gubernamentales. El escenario cambió en apenas dos meses y medio. El 25 de octubre, una de las invitadas al programa fue la entonces ministra de Salud Ana Orellana Bendek. Durante 35 minutos, Wendy la cuestionó sobre los resultados del programa nacional de Salud al cabo de los primeros 100 días de Gobierno, un plan que el presidente aseguraba que estaba en ejecución, pero que la ministra aseguraba que estaba en la fase de validación.
Hablaron también sobre el presupuesto para la cartera de salud y sobre el alza en las cifras registradas de enfermedades respiratorias. Una entrevista en la que se hizo ciertos cuestionamientos, pero no confrontativa, según la revisión de vídeo consultado por El Faro. El programa terminó sin problemas, pero su jefe de ese entonces –y que ahora trabaja en el Gobierno– le llamó la atención por las preguntas que había hecho.
“Me dijo que desde Casa Presidencial le habían dicho que yo respondía a un sector. Esa fue la última vez que la ministra y que todos los funcionarios de Gobierno llegaron al canal”. El señalamiento de parte de su jefe le pareció extraño, pues ese “sector” al que la estaban vinculando era una fuente con la que ella había hablado el día anterior en preparación para la entrevista. Es decir, el llamado de atención de su jefe y de Casa Presidencial surgió por consultar a una fuente a la que consideraron no oficial para hablar de los temas que se trataron en la entrevista. Un ejercicio de contraste que todos los periodistas independientes hacen.
Evitar o rechazar con frecuencia entrevistas a medios o periodistas que al Gobierno le parecen incómodos es una práctica que han tenido todos los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz, pero cuya brecha se ha ampliado cada vez más desde el inicio la administración actual.
Los funcionarios y funcionarias Bukelistas, en cambio, aparecen cada semana en aquellos medios de comunicación en donde en lugar de fiscalizar su trabajo tienen micrófono abierto para hablar, sin interrupciones. Una investigación publicada el 4 de marzo de 2022 estableció que Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, dirige el Noticiero El Salvador, transmitido en el estatal Canal 10, y que Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia, dirige Diario El Salvador. Ambos se encargan de designar la aparición de funcionarios en medios aliados.
Privilegiar espacios cómodos es una conducta que los funcionarios, sin importar el partido, han tenido a la hora de conceder entrevistas. El Faro habló una persona que forma parte de la redacción de Canal 33, quien confirma que en el último año ha habido cambios notables en la cobertura de noticias relacionadas con el Gobierno. “Se evitan coberturas relacionadas con críticas al Gobierno, víctimas del régimen de excepción o violaciones de derechos humanos, incluso algunas se han cubierto y luego sacado del noticiero. Hay acciones sistemáticas para desanimar a los periodistas o entrevistadores que pretenden hacer un trabajo balanceado”. Esta persona solo accedió a hablar bajo anonimato por temor a perder su empleo.
El episodio de la ministra de Salud en 2019 cerró espacios para entrevistas a fuentes gubernamentales en Canal 33. Pero la interacción más agresiva que Wendy recibió de manera pública la protagonizó Ernesto Muyshondt, el exalcalde de San Salvador por Arena y exaliado del bukelismo.
El 13 de enero de 2021, en el marco de las elecciones municipales de ese año, el funcionario –que buscaba la reelección– la acusó de haberlo emboscado en vivo. Muyshondt se pasó la última parte de la entrevista acusándola de “falta de profesionalismo y objetividad” y antes de despedirse dijo, aún al aire, que iba a hablar con el dueño del canal, sugiriendo que iba a poner queja sobre ella. Cuando esto ocurrió, medios ligados al oficialismo, como La Página y Diario El Salvador, retomaron la agresión y publicaron notas denunciando el hecho.
Araujo es un personaje protagónico en los ataques a todas las mujeres periodistas consultadas, como uno de los principales voceros del Gobierno. Y, al igual que con Karen y Mariana, ha incitado ataques contra Wendy. La agresividad ha ido escalando, al igual que las respuestas y comentarios que sus mensajes estigmatizantes generan. Entre los comentarios que ha hecho contra ella se leen acusaciones de hacer “campaña política contra el Gobierno del Presidente @nayibbukele y contra @nuevasideas en el 33”, de “antiprofesional” y “antidemocrática”. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el publicado el 20 de mayo de 2021, después de la transmisión de República. Araujo posteó una fotografía de la entrevista tomada del televisor en donde Wendy tiene un semblante serio. En el tuit, la llamaba “anticyan” y se burlaba de ella. La interacción tuvo 37 comentarios y 467 me gusta.
A los intentos por deslegitimar el trabajo de Wendy en Twitter se ha sumado también la cuenta @sociedadcivilsv, una cuenta que desde el anonimato da apoyo al gobierno de Bukele y ha también publicado mensajes estigmatizantes contra periodistas. En el afán de desprestigiarla a ella y su trabajo, ha publicado tuits que incluyen la captura de distintas entrevistas que ella realizó mientras trabajó en el canal 10 a distintos miembros del gabinete del FMLN.
Los ataques contra Wendy han alcanzado, incluso, a su esposo y al restaurante del que son dueños, al que Araujo llamó “un café chuco” y contra el que inició en redes sociales una campaña de no consumo.
La interacciones de Araujo hacia Wendy no siempre han sido violentas. El 13 de enero de 2021, por ejemplo, Araujo se pronunció respecto al ataque que hiciera en vivo Muyshondt en contra de la periodista y dijo que el entonces alcalde, además de insultarla a ella, había insultado a la audiencia. Esta interacción tuvo 126 retuits y 467 me gusta. Un ejemplo de cómo puede usarse la plataforma para visibilizar en lugar de atacar.
Los ataques de estos personajes hacia Wendy pueden resumirse en bullying, desprestigio. Y aún así, lo más grave para ella en esta coyuntura no es el bullying, si no el cierre de espacios independientes. La entrevista República fue cancelada el 29 de julio 2021. Cuando lo anunció, Wendy dijo que las razones que le había dado el canal eran “de tipo económica”. “Lo del cierre de República sí me afectó mucho y eso lo experimenté semanas después, casi meses. Me sentía deprimida, con ansiedad. [...] Me cerraron un espacio a mí y a todas las mujeres periodistas en espacios como este en televisión”, dice.
Pese al acoso en redes y las limitaciones que hacer la entrevista le significaron por el simple hecho de hacer preguntas, Wendy se terminó incluso culpando por el cierre del programa. “Llegué un momento a decir ‘Quizás no hice lo suficiente’, porque para mí, como mujer, era una enorme responsabilidad llevar una entrevista como esta en un país donde casi nunca ha habido mujeres en televisión haciendo entrevistas políticas”, recuerda.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en un informe que el silenciamiento era uno de los efectos que los actos de violencia contra periodistas tienen sobre el ejercicio de su profesión. “Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”, se lee. Esto se evidencia en los casos de Karen, quien optó por autocensurarse, y en el Wendy, a quien el canal decidió cerrar su espacio.
“Estar tan expuesta te quema”
En El Salvador, el registro de los ataques a periodistas, incluso antes de la llegada al poder de la actual administración, ha sido un trabajo liderado por la Asociación de periodistas de El Salvador. Sin embargo, fue la presidencia de Angélica Cárcamo (2019-2021) la que incorporó de manera expedita el enfoque basado en género. “Cuando hacemos la diferenciación no es porque queramos victimizarnos. Es totalmente válido que como mujeres periodistas elevemos la voz. No hacerlo es invisibilizar el riesgo”.
El acoso gubernamental hacia mujeres periodistas, explica Angélica, profundiza las desigualdades que ya enfrentan en sus lugares de trabajo: como la segregación salarial, la condescendencia a la hora de asignar coberturas, la manera en la que son juzgadas por su apariencia, la normalización de la violencia machista en las redacciones.
Su mandato al frente de la Apes hizo de Angélica, quien hasta entonces trabajaba en la red comunitaria de radios Arpas, alguien de perfil público que daba entrevistas en televisión y su foto aparecía en distintos medios impresos y digitales. Su trabajo de defender el derecho de los periodistas a informar hizo que los ataques e insultos hacia ella en su cuenta de Twitter se multiplicaran.
Cuando terminó su segundo mandato al frente de la Apes, Angélica fundó Infodemia, un medio que se dedica a la verificación del discurso de los funcionarios. Autodenominarse en su biografía de Twitter como periodista feminista, sin embargo, la ha expuesto a la deslegitimación de su trabajo por ser considerarla activista y “feminazi”, según se lee en algunos de los mensajes estigmatizantes que han sido publicados en respuesta a sus tuits.
En un contexto antiprensa generalizado, a Angélica le daba temor incluso ser reconocida en el Uber o en el supermercado.
Ese temor estaba lejos de ser producto de la paranoia. En mayo de 2021, recuerda, una patrulla de la Policía se mantuvo frente a su casa por varias horas; un mes después denunció que frente a su casa encontró apostados a dos efectivos de la Fuerza Armada. “Yo vivo en una zona que es abierta, pero yo tengo una entrada independiente a mi casa y ahí fue donde me encontré a los militares. Después de que yo entré se fueron”.
Angélica dice que estos episodios la hicieron tomar algunas medidas. Como medida preventiva, ante el riesgo de sentirse expuesta, Angélica decidió, por ejemplo, dejar de frecuentar a su familia para no exponerla. “Mi familia vive en una zona de alta vulnerabilidad de pandillas, entonces, si me están pinchando yo no voy a comprometerlos”. Si bien reconoce que fue una medida un poco extrema, prefiere haberlo hecho así a que ellos sufrieran consecuencias directas por el trabajo que ella realizaba al frente de la Apes.
En su historia de más de 80 años desde su fundación, la Apes ha tenido solo cuatro mujeres como presidenta. El peso de la responsabilidad que Angélica sentía por demostrar su capacidad para llevar el cargo la hizo asumir trabajo a deshoras para evitar reproches por no dar abasto. “Es un cargo donde no está permitido equivocarse, sobre todo cuando sos mujer”, Angélica en ese momento estaba liderando una Asociación de Periodistas que se estaba transformando y esto le había acarreado algunos detractores en esta organización.
La suma del riesgo de su trabajo para su bienestar personal y el de su familia, más el desgaste interno dentro de la Apes, más la presión de estar disponible 24/7 para atender las emergencias de otros periodistas y demostrar que podía con todo, sometieron a Angélica a un desgaste físico y mental que terminaron desencadenando en ansiedad, agotamiento, aumento de peso y problemas para dormir.
La Apes ha hecho en los últimos tres años un esfuerzo importante por dar seguimiento a los ataques y mensajes estigmatizantes contra periodistas. Recientemente, el interés del Gobierno en la prensa ha escalado hasta denuncias interpuestas ante la misma Asociación. El pasado 9 de junio, el ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegaín Hananía anunció que demandaría a la periodista Loida Avelar ante el Tribunal de Ética periodística de la Apes por supuesta violación al Código de Ética de Periodistas. Loida publicó el 31 de enero de 2022 un reportaje titulado Corte negó dos veces la extradición del ministro de Gobernación sobre la solicitud de extradición para ser juzgado en Guatemala por el delito de maltrato a menores.
Los casos de las cuatro periodistas que El Faro ha ampliado en este reportaje son apenas una pequeña muestra de los riesgos, insultos y amenazas que las mujeres periodistas han vivido en los tres años de lo que va del gobierno de Nayib Bukele. Pero hay más. A la periodista Julia Gavarrete –entonces de Gato Encerrado– le sacaron la computadora de su casa mientras atendía una conferencia de prensa en Casa Presidencial en 2020. La periodista Valeria Guzmán, de El Faro, decidió dejar el país en febrero de 2022 para cuidar de su salud mental por las amenazas al periódico, a su trabajo y tras la confirmación de que su celular fue intervenido con Pegasus. Una periodista más, que prefirió mantener el anonimato para no causar preocupación en su familia, también salió del país desde enero 2022 después de que sus fuentes fiscales le confirmaran que hay un expediente abierto contra ella por las investigaciones publicadas en el último año. Las amenazas han empezado a trascender de lo digital y ante un Estado controlado por el presidente que se dedica a dirigir ataques contra periodistas, la opción más segura para algunos ha sido irse.
