En julio pasado, Manuel Zelaya, asesor de la presidenta Xiomara Castro, declaró que una constituyente no está entre las prioridades del nuevo Gobierno, pese a que días antes de esa afirmación este fue el punto principal de la conmemoración del décimo tercer aniversario del golpe de Estado, un foro que la Presidencia de la República organizó bajo el título “Una nueva Constitución democrática”. Pese a esta evidente contradicción, que busca calmar ansiedades en algunos actores nacionales e internacionales, es claro que una nueva constitución está en el radar del Partido Libre. Asegurar una mayoría en la selección de las autoridades de los organismos operadores de justicia y de los órganos electorales, todas a llevarse a cabo este período de Gobierno, será la piedra angular para abrir el camino hacia un proceso constituyente sin muchas piedras en el camino, faltando solamente el ingrediente más importante: el respaldo popular de las consultas ciudadanas, algo que nunca se ha hecho en el país.
El foro sobre la nueva Constitución se produjo seis meses después de que el texto constitucional en vigor cumpliera 40 años después de haber sido promulgado, el 20 de enero de 2022. Este aniversario fue eclipsado por el cambio en la titularidad del poder Ejecutivo con la llegada de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta en la historia política del país. Su victoria en las elecciones generales de 2021 simboliza la reivindicación del proyecto político del Partido Libre después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que resultó en la destitución del expresidente Zelaya. La salida del poder se dio, precisamente, en el marco de la organización de una consulta ciudadana para dar paso a un proceso constituyente en el país. Desde entonces, el debate sobre una nueva Constitución ha estado en la órbita política, y el Partido Libre ha sido su principal abanderado, pero la propuesta no ha tenido eco en las otras fuerzas políticas hegemónicas. Aunque eso no ha implicado que el texto de la Constitución se haya mantenido libre de reformas o de inaplicación a conveniencia de quienes estaban en el poder.
Después del golpe de Estado, el Partido Nacional ejerció la titularidad del poder Ejecutivo durante doce años, y en el Legislativo logró una mayoría de diputaciones que le sirvió para controlar las negociaciones e implementar su agenda política. Un actor importante para el afianzamiento en el poder del Partido Nacional fue Juan Orlando Hernández, como titular del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y de la presidencia de la República entre 2014 y 2022. Con Hernández a la cabeza, el Congreso Nacional destituyó cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012, garantizando el control del Partido Nacional sobre el Poder Judicial y, en general, sobre los tres poderes del Estado. Este dominio se reforzó en el 2015, cuando la CSJ manejada por el oficialismo declaró inaplicables las prohibiciones constitucionales en materia de reelección presidencial. Esta declaratoria, en claro contradicción con el artículo 374 de la Constitución, que califica estas como cláusulas irreformables de su texto, abrió la puerta para que Hernández fuera reelegido para un segundo período de gobierno en las elecciones generales de 2017, un proceso caracterizado como “carente de integridad” por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La búsqueda de un cuarto período consecutivo del Partido Nacional en el poder se desvaneció con la conformación de una alianza política entre diferentes liderazgos opositores que respaldaron la candidatura de Xiomara Castro de cara a las elecciones generales de noviembre de 2021. La nueva presidenta tomó posesión de su cargo con una crisis política pendiente en el Congreso Nacional, debido a la juramentación de dos Juntas Directivas unos días antes, una respaldada por Castro y los partidos que integraron la alianza política presidencial; y otra por el Partido Nacional y la mayoría de diputaciones del Partido Liberal, que vieron una oportunidad de conservar una cuota de poder por medio de las nuevas autoridades del Congreso. La crisis fue superada dos semanas después por medio de un acuerdo político suscrito a lo interno del Partido Libre, con el que se reconoció la Junta Directiva respaldada por Xiomara Castro.
Tres semanas después de haber finalizado su mandato, Hernández fue solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por cargos de conspiración para importar cocaína a ese país entre 2004 y 2022. Fue extraditado el 21 de abril de 2022. El Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos explicó que Hernández utilizó sobornos estimulados por el tráfico de cocaína para asegurar su victoria en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017.
¿Por qué son importantes todos estos hechos para el debate sobre una nueva Constitución en Honduras? Porque después de trece años desde que se produjo el golpe de Estado, este debate ya no pasa solamente por una propuesta liderada por el Partido Libre, sino a un análisis de fondo sobre si el actual orden constitucional, con los hechos que han resultado en una vulneración a sus disposiciones, los acuerdos políticos y las reformas constitucionales que se han aprobado después de 2009, sigue siendo la base para democratizar el sistema político.
Sobre todo porque en el período en el que el Partido Nacional gobernó, se realizaron reformas constitucionales con la participación del Partido Liberal o el Partido Libre, dependiendo del tema, que fueron regresivas al Estado de derecho y que después fueron declaradas inconstitucionales o derogadas; y otras que, teóricamente, promueven la rendición de cuentas en el marco de una democracia representativa, como el juicio político, y la ampliación en la promoción de los derechos humanos, pero que además no han sido aplicadas o su garantía no ha sido lograda.
Entre las reformas constitucionales aprobadas en el período de 2010 a 2021 destacan la creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en 2011, cuya ley orgánica fue declarada inconstitucional en el 2016; la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), también en 2011, que después fueron declaradas inconstitucionales en el 2012, previo a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; la ampliación de los derechos fundamentales a la salud y educación en 2012; la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en 2013, en sustitución de las RED, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ en 2014, y que actualmente están en proceso de ser derogadas por el Congreso Nacional. La penúltima reforma constitucional, en la que sí participó el Partido Libre, fue la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en enero de 2019, parte de un nuevo diseño institucional en materia electoral en sustitución del extinto Tribunal Supremo Electoral. Esta reforma abrió la puerta a la integración de las tres fuerzas políticas mayoritarias en la dirección de los procesos electorales. La reforma más reciente fue la prohibición de la interrupción del embarazo a nivel constitucional y el reforzamiento de la prohibición del matrimonio igualitario, ambas en 2021, ante lo cual se han presentado recursos de inconstitucionalidad que están siendo evaluados en la CSJ actualmente.
Cualquier reforma estructural que pretenda hacer este Gobierno también requerirá de la participación del Partido Nacional o el Partido Liberal. Aun con las secuelas que el golpe de Estado le dejó al Partido Liberal, que desde entonces no ha regresado al poder, y el impacto de la extradición de Hernández sobre el Partido Nacional, ambos continúan siendo partidos políticos con cuotas de poder suficientes tanto en el Congreso Nacional como en las 298 Corporaciones Municipales. El Partido Nacional obtuvo 44 de las 128 diputaciones y el control sobre 142 municipios. Por otra parte, el Partido Liberal aseguró 22 diputaciones y el control sobre 90 alcaldías. Para aprobar y ratificar una reforma a su texto, la Constitución exige por lo menos 86 votos, y al Partido Libre no le son suficientes sus 50 diputaciones.
¿Qué tan probable es que el Partido Nacional y el Partido Liberal accedan a un proceso constituyente? La respuesta a esta pregunta dependerá, en gran medida, de la posición en la que el Partido Libre se encuentre después de los procesos de selección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, todos a llevarse a cabo en 2023. Lo que sí queda claro es que, mientras se encuentre en el poder, para el Partido Libre una nueva Constitución estará en el radar porque así lo establece su Plan de Gobierno, pero también cuando las demandas sociales crezcan y los esfuerzos del actual Gobierno por llevar a cabo los cambios que prometió se enfrenten al legado del Partido Nacional y a los candados institucionales y políticos que condicionan el actual orden constitucional.
Tarde o temprano, cuando el debate sobre una nueva Constitución tome forma, no podrá estar ausente la pregunta sobre la idoneidad del uso de las actuales reglas electorales en un proceso constituyente, los elementos que rodearán los acuerdos entre fuerzas políticas para abrir la puerta hacia este camino y la necesidad de la integración de nuevos liderazgos que participen en la redacción de un nuevo texto constitucional.
* Rafael Jerez es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y maestro en derecho por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos de América. Investigador Asociado del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirlo en Twitter como @RafaJerezHn y en @ReformasLATAM, o en Facebook: https://www.facebook.com/rafaeljerezhn
