Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, quien fue amigo, asesor cercano del expresidente Mauricio Funes y empresario que ganó millonarios contratos en seguridad privada durante el primer Gobierno del FMLN (2009-2014), no se inmutó cuando el Tribunal Primero de Sentencia lo condenó a ocho años de cárcel por un caso especial de lavado de dinero. “Don Miguel, no tenemos ninguna duda de que usted ha cometido el delito”, le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano. La reacción de Mecafé apenas fue un susurro a su abogado.
“El avión lo obtuvo de manera ilegal”, insistió el juez. El financista de campaña, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) y acompañante frecuente en vuelos privados del expresidente, es la primera persona del círculo de confianza de Funes que enfrenta un juicio y que es declarado culpable. Según el tribunal, Mecafé recibió el avión Beechcraft King Air 90, placa TG-ADL, a cambio de beneficiar al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía con un contrato en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por un monto de 8.4 millones de dólares.
Aunque la Presidencia de la República declaró reservados los vuelos y Funes utilizaba una pista militar para no dejar registros en El Salvador, en julio de 2014, El Faro reveló que el expresidente realizó 80 viajes en aviones privados y con fines turísticos, algunos de ellos patrocinados total o parcialmente por Mecafé. Entre los aviones utilizados por el exmandatario estaban dos con placas guatemaltecas, el TG-ADL y el TG-JLG. El juez Marroquín Medrano aseguró que hay 'indicios' que involucran a Funes en la trama de corrupción y que entre enero de 2013 y octubre de 2016, el expresidente viajó 16 veces en ese avión hacia Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Honduras y Costa Rica.
Mecafé recibió el TG-ADL por manipular una licitación a favor de Servicios Calificados de la Construcción (SERDELCO SA). Esta empresa pertenece al guatemalteco Aparicio Mejía, primo de Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones de Guatemala entre 2012 y 2014, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina. Este empresario fue condenado el siete de mayo de 2021 a cinco años de cárcel por pagar sobornos a su primo, el exministro Sinibaldi, quien cobraba por acelerar el pago de deudas que el Estado guatemalteco tenía con unas constructoras. Pese a la condena, Aparicio Mejía tenía la posibilidad de pagar $23,285 para recuperar su libertad. Este periódico consultó en el Registro Penitenciario de Guatemala, pero su nombre no aparece en el sistema.
El 17 de diciembre de 2020, El Salvador giró una orden de captura contra Aparicio Mejía, cuando la Fiscalía aún era dirigida por Raúl Melara. Sin embargo, durante el juicio, el empresario guatemalteco declaró por videoconferencia como testigo criteriado. Un exasesor de la Fiscalía dijo que la administración Melara no otorgó ningún beneficio al guatemalteco; es decir que todo apunta a que Aparicio Mejía pasó de imputado a testigo durante la gestión del oficialista Rodolfo Delgado. Ayer por la tarde, al finalizar el juicio, los fiscales no dieron ninguna declaración a la prensa y, por lo tanto, es un secreto por qué uno de los protagonistas del caso de corrupción fue convertido en testigo.
Mecafé trabajó oficialmente para el Gobierno de Funes dos años. Renunció el 9 de junio de 2011, pero investigaciones de El Faro demostraron que mantenía el control de CIFCO, lugar que convirtió en su centro de operaciones. Además, junto a Herbert Saca, era uno de los operadores del presidente. La investigación judicial confirma estos datos. El juez Marroquín Medrano dijo que aunque Mecafé ya no era el presidente de CIFCO, en el 2013, se reunió en ese lugar con Juan Manuel Bolaños Barrios, alias El Chele Bolaños, y el guatemalteco Aparicio Mejía para negociar el pago de un porcentaje, entre el 8 y el 10 por ciento, por la facilitación de contratos de obras públicas.
Según el tribunal, el Chele Bolaños es primo de Mecafé. Este periódico ha documentado que Bolaños, un importador de autos, es uno de los familiares que Mecafé usó para controlar instituciones públicas. Directivos propietarios y suplentes de CIFCO, el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y el Banco Hipotecario eran familiares, empleados o amigos de confianza de Mecafé. El control sobre estas instituciones permitió, entre otras cosas, una trama de corrupción relacionada con un spa.
Apartar la LACAP
Saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), realizar compras directas o de emergencia, facilitaron en la administración Funes un caso de corrupción a gran escala y que ha dejado a Mecafé condenado a ocho años de cárcel. En el actual Gobierno de Nayib Bukele, la práctica ha seguido siendo costumbre para, por ejemplo, comprar servicios y productos durante la pandemia o construir la nueva cárcel prometida por el presidente.
El 14 de marzo de 2013, la administración Funes se saltó la LACAP y contrató de manera privada a SERDELCO para la construcción del puente San Isidro, ubicado entre San Pablo Tacachico, en La Libertad, y Nueva Concepción, en Chalatenango. La contratación privada, dijo el juez Marroquín Medrano, permitió una “selección arbitraria” de la empresa ganadora.
El Gobierno debió aplicar las normas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el financista del proyecto. Las licitaciones privadas estaban permitidas para obras menores al millón de dólares, pero la inversión en el puente era de $8.4 millones. Una Comisión Evaluadora recomendó declarar desierta la licitación porque la empresa no tenía experiencia en ese tipo de obras y no tenía el equipo necesario.
Pese a las advertencias de la Comisión Evaluadora, el Gobierno le adjudicó la obra. El propietario de SERDELCO, el guatemalteco Aparicio Mejía, confesó que la obra le fue adjudicada porque tenía un acuerdo con Mecafé: el gobierno le otorgaba el contrato, pero debía entregar el avión. El empresario objetó que el avión estaba valorado en más de un millón de dólares y que el contrato no compensaba ese monto, pero asegura que Mecafé le prometió “darle más obras”. El acuerdo se concretó.
'A pesar que ya no era funcionario, usted se mantuvo cerca del señor Funes. Usted era muy allegado al presidente y no hay prueba de que adquirió el avión de manera lícita', le dijo el juez a Mecafé. Según el tribunal, Mecafé utilizó el avión 47 veces para viajar a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.
