El estreno en cine de Nuestra Libertad (Fly So Far) en El Salvador estaba planeado para el pasado 18 de agosto de 2022, el documental que dirigí entre 2016 y 2021, que relata la historia de cuatro mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas. El cine, sin embargo, decidió retirar nuestra película de cartelera ante las amenazas de parte de grupos antiderechos y el régimen de excepción, pese a que el Gobierno ya había autorizado, por medio de la Dirección de Espectáculos Públicos, su proyección. Desde hace siete meses no hay garantías constitucionales ni seguridad jurídica, no hay presunción de inocencia ni el derecho a un abogado, y eso garantizó la censura en esta ocasión. Pero la gran pregunta que permanece es, ¿por qué estos grupos le tienen tanto miedo a esta película?
Nuestra Libertad es una producción salvadoreña galardonada internacionalmente. Desde su estreno en 2021, se ha proyectado en las pantallas de más de 50 festivales de cine alrededor del mundo, ha obtenido 18 premios y se ha mostrado en televisoras internacionales. Hacer lo mismo en El Salvador, aunque sería lo más lógico, ha resultado imposible. Al menos una docena de grupos conservadores que se oponen al derecho de las mujeres a decidir mandaron una carta de amenaza y difamatoria al cine, la cual no tenía ningún sustento legal. Amenazaron veladamente con denunciar a la cadena de cine de hacer apología del delito, ya que, según las organizaciones, el documental promueve el aborto.
La película, por el contrario, es una obra que invita a nuestra sociedad a reflexionar y dialogar sobre las consecuencias de la total penalización de la interrupción del embarazo a las mujeres salvadoreñas. Las protagonistas son las mujeres encarceladas injustamente, quienes, con la frente en alto, cuentan sus propias historias, alzando su voz para desafiar al sistema que las oprime y criminaliza. Esto es lo que los grupos de poder conservadores no quieren mostrar.
A inicios de 2015, yo no sabía de los casos de Las 17, el grupo de mujeres por las que se pedía indulto. Me enteré por medio de las noticias y fue entonces que me di cuenta de que en mi país, El Salvador, hay mujeres que son sentenciadas a 30, 40, 50 años de prisión por haber tenido un parto extrahospitalario, una emergencia obstétrica. Como mujer salvadoreña, cineasta, documentalista sentí una profunda indignación que me motivó a hacer esta película para que todo el mundo pueda escuchar, ver y sentir las injusticias hacia las mujeres empobrecidas en El Salvador.
Durante la filmación pude entrar a Cárcel de mujeres, en donde vi las terribles condiciones de sobrepoblación, falta de agua y acceso a la salud. Ellas han vivido tantas injusticias. Desde ser acusadas injustamente por haber perdido su embarazo, algo que le puede suceder a cualquier mujer, ser arrestada de manos y pies a las camillas de los hospitales, perder a sus otros hijos, ser separadas de sus familias y, sobre todo, perder su libertad.
Al censurar nuestra película, no solo se nos limita el derecho a la libertad de expresión, sino que se niega a la población el acceso a la obra, la posibilidad de verla en el cine y elaborar su propia opinión sobre las consecuencias de la total penalización de la interrupción del embarazo en El Salvador y qué implicaciones ha tenido para las mujeres y niñas.
Las protagonistas de Nuestra Libertad no se indujeron un aborto, tuvieron emergencias obstétricas. Mientras los grupos conservadores enfocan sus energías en cancelar una película que expone estas situaciones, decenas de mujeres y niñas mueren cada año como consecuencia de la penalización total del aborto. Por ello, nuestra obra reivindica las historias de las mujeres salvadoreñas víctimas de un sistema conservador y de la negligencia en la atención en salud pública, mujeres de las zonas rurales, mujeres que trabajan la tierra, vendedoras del centro, pupuseras, estudiantes, madres solteras, que cada día luchan por sus familias y se sacrifican para que sus hijas e hijos puedan tener una vida digna, educación y salud.
Mujeres a quienes, como Manuela, se les niega la atención médica y se les criminaliza, a pesar de vivir en condiciones de pobreza y exclusión creadas por el mismo sistema que las acusa.
Manuela murió esposada a una camilla del hospital a causa de cáncer linfático para el que el Estado le negó tratamiento. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humano dictaminó que el Estado salvadoreño es culpable de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Manuela y recomendó que El Salvador cambie su legislación sobre la interrupción del embarazo y que se garantice el acceso a la salud para las mujeres. El Estado no ha hecho nada para cumplir con esa sentencia.
¿Queremos ser el país donde las leyes son las más extremas contra las mujeres? ¿Por qué tanto odio hacia las mujeres que viven en pobreza? ¿Por qué quieren mantener el control sobre sus cuerpos?
Negar la exhibición de la película es intentar silenciar las voces de sus protagonistas, borrar su historia, sus testimonios; es limitar el derecho a la libre expresión. Por ellas, por su derecho a alzar su voz y a ser escuchadas, continuaremos difundiendo sus historias. No nos dejaremos silenciar.
