El Salvador cuenta en estos momentos con 11 partidos políticos legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y siete más están en organización, según datos publicados en agosto de 2022. De concretarse en tiempo y de forma efectiva estos trámites, los comicios de 2024 podrían contar con la presencia de 18 grupos políticos, una cifra considerablemente mayor a lo registrada en los últimos tres eventos electorales (2015, 2018 y 2021), en donde participaron un total de 10. Aunque la legalización de nuevos partidos políticos podría generar una falsa percepción de más democracia e inclusión, en realidad puede representar un reciclaje de viejas opciones, la posibilidad de lucrarse o simplemente la validación de un sistema plural ficticio. Ya que, si bien compiten, no tienen oportunidad real de ganar. La atomización partidaria se vuelve un riesgo para la construcción de un sistema democrático con partidos políticos fuertes e institucionalizados.
Los siete partidos que actualmente están en organización deberán hacer un esfuerzo extra si realmente quieren competir en las elecciones de 2024, dado que la fecha límite para convocar a elecciones internas está programada para inicios de marzo de 2023, momento en que los partidos deberían estar legalmente constituidos. Pero la participación en la contienda electoral no solo depende de superar el proceso de inscripción, si no también de su capacidad de reclutar candidaturas, completar las listas de las circunscripciones en las que busquen correr y conseguir recursos suficientes para competir.
De concretarse esta ampliación de la oferta, resulta conveniente explorar los potenciales impactos sobre las elecciones y el funcionamiento del sistema político. Por ejemplo, valorar en qué medida una oferta más amplia podría convertirse en un factor que incida en la participación electoral ante la incapacidad de las personas electoras de decidirse por una de las opciones partidarias. A eso debe agregarse que entre más opciones haya más aumenta la fragmentación de la representación y se dificulta la necesaria diferenciación que los partidos deben alcanzar entre sí.
El crecimiento del abanico de opciones partidarias depende del proceso de conformación de nuevos partidos políticos. Las decisiones –técnicas y políticas– sobre los requisitos para la creación de nuevos institutos políticos inciden en la configuración del sistema de partidos. Una barrera de entrada baja abre la puerta para la incorporación expedita de partidos políticos, lo que pudiera llevar a una atomización de la oferta y provocaría una alta dispersión del voto, e incluso un mayor nivel de indecisos. Mientras que una barrera alta mantiene el statu quo, dejando por fuera partidos que representan otros segmentos de la población, favoreciendo así - en principio - la gobernabilidad.
En El Salvador, los partidos políticos en formación necesitan presentar al menos 50 000 firmas ciudadanas que respalden su inscripción. Esta cuantía puede significar un reto en términos de recursos y alcance de los potenciales competidores. Por ejemplo, los datos de las elecciones presidenciales de 2019 muestran que 10 municipios obtuvieron más de 50 mil votos. Si se toma como base el padrón electoral, bajo el principio que este incluye el número total de personas de las que pueden conseguir respaldo los partidos en formación–, solo 24 municipios contaban con más de 50 mil. Lo anterior demuestra que el parámetro a cumplir demanda un nivel de esfuerzo grande y que implícitamente impide o limita la formación de partidos locales.
Cuando se piensa en el diseño y el establecimiento de barreras de entrada para los partidos políticos, disyuntivas como: ¿estabilidad o pluralismo?, ¿gobernabilidad o representación?, ¿nuevos actores o consolidación de élites? surgen en la discusión. Si bien la fijación de lo requisitos debe discutirse a la luz de salvaguardar los derechos políticos de asociación de la ciudadanía, también debe tomarse en cuenta el tipo de sistema de partidos que se busque construir. La decisión de reformar debe partir de un proceso integral que diagnostique, defina los objetivos y estudie las condiciones políticas y sus consecuencias. Una hiperfragmentación de la oferta electoral que, en lugar de favorecer al pluralismo, genere una alta dispersión del voto y mayor nivel de indecisos es un riesgo para la democracia. Es por eso que no existe una correlación de causalidad entre un mayor número de partidos y un sistema democrático más fuerte. La democracia se fortalece al tener partidos institucionalizados, modernos y respetuosos del Estado de derecho.
* Luisa Solano es economista y politóloga. Es investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Puedes seguirla en Twitter como @Solano_Luisa y en @ReformasLATAM
