Las recientes elecciones en Colombia ratificaron una tendencia que se viene manifestando en América Latina desde 2018: el retorno o la llegada al poder de gobiernos progresistas, de una nueva “ola rosa” latinoamericana. A pesar de este cambio político, las dificultades económicas que América Latina enfrenta desde mediados de la década pasada están lejos de superarse. Las tendencias a la concentración del ingreso y el aumento de la pobreza, que se habían revertido durante la “ola rosa”, regresaron potenciadas por los efectos de la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania. En este marco, la integración regional y el papel de China en la región son dos desafíos fundamentales.
Desde el 2018, con la victoria de Andrés López Obrador en México, ha emergido una “nueva ola rosa”, que se completa con la llegada al poder de Gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, Colombia y, posiblemente, Brasil en lo próximo.
Hasta el momento, este segundo ciclo muestra una diferencia con respecto a la experiencia anterior: sin las condiciones externas positivas de principios de siglo y bajo la herencia de una estructura productiva desintegrada, los gobiernos no parecen encarar grandes proyectos transformadores.
En efecto, más allá de la reducción de la pobreza y las mejoras distributivas del ciclo 2002-2015, las modalidades de generación del excedente, sobre todo la extracción de rentas primarias o la intensificación de actividades de bajo valor agregado, débiles en encadenamientos productivos e innovación tecnológica, se mantuvieron prácticamente inalteradas. Sí se modificó de manera parcial la apropiación de ese excedente a través de mejoras en los ingresos salariales directos e indirectos y, menos intensamente, su destino, ya que la fuga de capitales dio un salto desde la crisis de 2008.
En una situación externa y desfavorable, los gobiernos de este segundo ciclo progresista enfrentan el doble desafío de hacer lo que ya hicieron —mejorar la distribución del ingreso y ampliar derechos— y, a la vez, hacerlo distinto, y no solo incidir en cuanto a la apropiación del excedente, sino también en lo referente a su generación.
Hasta el momento, dadas las circunstancias, ha primado la moderación en materia económica a través de políticas monetarias y fiscales prudenciales, después del shock de gastos durante la pandemia. Sí aparecen en agenda modificaciones en el sistema tributario para dotarlo de mayor progresividad. En tanto, las aspiraciones para modificar la matriz productiva parecen haberse archivado ante una apuesta por la intensificación de las actividades extractivas primarias.
La necesidad de divisas conspira entonces contra la redefinición de los mecanismos de obtención de esos recursos. No solo la intensificación de actividades primario-extractivas tiene la desventaja de conllevar menores entramados productivos locales o regionales que otras tareas, sino que además ha sido cuestionada por su impacto ambiental. En esta tendencia se vuelve de mayor importancia la presencia de China, la potencia ascendente que más invierte en ellas.
En esta perspectiva abierta por los gobiernos progresistas, reemerge la apuesta por la integración. La recreación de los organismos de coordinación que fueron apartados durante el periodo de gobiernos conservadores aparece como una primera respuesta. También, la novedad de México como una potencial pieza central. Sin embargo, aún prima la descoordinación entre países, aspecto que se vio de manifiesto en las estrategias frente a la pandemia.
El desafío de la integración se enlaza, geopolíticamente, en un contexto en el que China y su capacidad de inversión, financiamiento y despliegue comercial marcan un nuevo escenario. La iniciativa de la Franja y la Ruta, hecha por Pekín, suma 21 países latinoamericanos. Sin embargo, esta posibilidad surge en un momento en el cual la propia China ha decidido no otorgar préstamos a la región desde 2020 ante su propio proceso de desaceleración económica y la creciente rivalidad con Estados Unidos.
Si bien la iniciativa de la Franja y la Ruta podría abrir oportunidades para el desarrollo de infraestructura en la región, requiere una estrategia coordinada en la que se potencien complementariedades regionales. Nuevamente se podría alinear el escenario político. ¿Habrá una estrategia común esta vez?
*Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM.
Leandro M. Bona es investigador en el área de Economía y Tecnología de FLACSO. Doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Becario posdoctoral en el Instituto de Historia Económica Paul Bairoch, de la Universidad de Ginebra (Unige). Profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.
